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COHECHO

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María Eugenia Maru Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada, luego de que un juez acreditara el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero por una “nómina secreta”.

Además de Maru Campos, también fueron vinculados a proceso una exdiputada del PVEM, María Ávila Serna  y Rodrigo de la Rosa, exdiputado del PRI, quienes presuntamente participaron en los hechos.

Para emitir su falló, el juez tomó en cuanta las pruebas que presentó el Ministerio Público y que dijo, la defensa no logró aclarar. Entre ellas estuvo un contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa con licencia quien recibió un millón 67 mil pesos en transferencias. También aparece un informe sobre cómo Maru junto a los dos exlegisladores aprobaron y firmaron diversas iniciativas en beneficio del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. También se presentaron 34 recibos de dinero firmados por Campos Galván.

La candidata panista es acusada de recibir más de 9 millones de pesos, entre 2014 y 2015.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, Maru Campos ofreció un mensaje a los medios de comunicación, en el que reiteró que el proceso al que fue vinculada no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia, por lo que sus derechos políticos se encuentran a salvo.

“La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal”, dijo la chihuahuense.

Indicó que apenas comienza el proceso formal de investigación, por lo que pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones correspondientes.

“Esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el gobierno del estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a MORENA”, sostuvo la candidata.

Un juez de Distrito concedió este miércoles una suspensión definitiva a Emilio Lozoya, que impide su aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y cohecho.

Erik Zabalgoitia Novales, juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó al ex director de Petróleos Mexicanos la medida cautelar luego de imponerle un pago de garantía por 50 mil pesos.

De acuerdo con el diario La Jornada, Lozoya Austin ya había obtenido a principios de junio otra suspensión definitiva que lo protege en caso de que las autoridades busquen arrestarlo por el delito de lavado de dinero.

Hace unas semanas, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin y algunos de sus familiares por uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Semanas atrás, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda había congelado sus cuentas bancarias.

En aquella ocasión, también se congelaron cuentas de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa que habría dado sobornos a Lozoya a cambio de permitir la compra-venta de una planta de fertilizantes.

El pasado viernes 15 de febrero, el ex aspirante a la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, presentó una denuncia penal ante la FGR en contra de diversos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Órgano Interno de Control (OIC) en la propia dependencia, por los delitos de cohecho, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, cometidos en el año de 2016, bajo la jefatura de Aristóteles Núñez.

La denuncia penal, explicó el abogado, se fundamenta en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

De acuerdo a lo informado por el abogado, los funcionarios a quienes la Auditoría Superior de la Federación señala como responsables son los titulares en el año de 2016 de la Administración General de Recursos y Servicios del SAT, de la Administración General de Tecnologías de la Información del SAT y del Órgano Interno de Control en dicha dependencia. Sin embargo, como la vigencia del contrato es por 42 meses, las responsabilidades se extienden a 2017.

Con la denuncia presentada, dijo, la Fiscalía tendrá que investigar el caso a partir de los datos objetivos y ciertos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación, y en función de ello determinar la responsabilidad penal de los funcionarios responsables.

“La relevancia del caso estriba en el monto del contrato por $1,176 millones de pesos, y en el hecho de que sea el SAT en donde se prohíjen este tipo de conductas”, enfatizó el abogado.