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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a lanzar este lunes contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esto tras el fallo por el determinó que sí cometió violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez.

“Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen después de que el TEPJF consideró la semana pasada que en cuatro conferencias matutinas de julio, el presidente emitió expresiones que constituyen violencia política de género contra Gálvez, quien se perfila como la favorita para ser la candidata presidencial de la alianza opositora Va por México.

Al alcanzar esta conclusión, el Tribunal instruyó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) analizar de nueva cuenta el caso y emitir un nuevo acuerdo.

El viernes pasado, la Comisión del INE resolvió otorgar medidas cautelares en contra del mandatario, y le ordenó que “se abstenga” de “realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres”.

Pero López Obrador negó ahora haber declarado que “un grupo de hombres impusieron” a la senadora, así como otras expresiones que hacen referencia a su género o a que es un “títere”, y presentó un comparativo de lo que él afirma haber dicho.

“Me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia, es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo?”, indicó el presidente.

AMLO reclamó que “son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros, se tienen en este Tribunal Electoral”, añadió.

El conflicto entre López Obrador y Xóchitl Gálvez se han incrementado desde que la senadora anunció en junio pasado su intención de ser la candidata presidencial de la coalición Va por México en las elecciones del próximo año.

El mandatario ha cuestionado de manera frecuente en sus conferencias de prensa matutinas a la legisladora, a la que acusa de ser la elegida del empresario opositor Claudio X. González y de la “oligarquía” y “élite conservadora” del país.

Mientras que Gálvez ha acusado a López Obrador de “machista” al argumentar que “las únicas mujeres que respeta son las que impone”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas cautelares por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, atribuibles a Morena y a diversos servidores públicos federales y locales, esto de cara a los procesos electorales en Coahuila y Estado de México en 2023.

La Comisión declaró procedente la tutela preventiva y medidas cautelares solicitadas por el PRD y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano en contra de diversos servidoress públicas y miembros de Morena, al considerar que se actualizaban actos anticipados de campaña.

La queja se presentó respecto al evento ‘Unidad y Movilización para que siga la transformación-Asamblea informativa, que tuvo lugar el pasado 26 de junio en la explanada el Centro Cultural “Benito Macías”, en la ciudad de Francisco I. Madero, Coahuila.

Los consejeros del INE indicaron que el evento, con distintas figuras de Morena participando de forma activa, no se trató de un evento partidista a puerta cerrada, limitado a su militancia ni acotado a temas internos o exclusivos de la vida interna u organizativa del partido político, sino que, analizado en su integralidad, posiblemente tuvo una naturaleza proselitista con la finalidad de posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía de cara a los próximos procesos electorales locales y federales.

Así, la Comisión de Quejas ordenó a las y los dirigentes de Morena de que se abstengan de organizar, convocar y realizar, en cualquier lugar del territorio nacional, eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio del año en curso en el Estado de México y Coahuila.

Entre los dirigentes de Morena a los que se impusieron las medidas cautelares están: Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Dirigente en Coahuila; Eloísa Vivanco Esquide, comisionada presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; Tanech Sánchez Ángeles, delegado en funciones de Secretario de Indígenas y Campesinos; Rafael Barajas Durán, titular del Instituto Nacional de Formación Política, y José Alejandro Peña Villa, Delegado Especial para afiliación, credencialización y conformación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación

Asimismo, ordenó que se abstengan de asistir, participar, organizar, convocar y realizar actos o eventos iguales o similares, en cualquier lugar del territorio nacional, a: Armando Guadiana Tijerina, Senador de la República; Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora; Julio Menchaca, gobernador electo en Hidalgo; Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; Félix Arturo Medina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación; Zoé Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública Federal; Rabindranath Salazar Solorio, Coordinador General de Política y Gobierno de la República, entre otros.

El INE también declaró procedente ordenar el retiro de las publicaciones en redes sociales de personas servidores públicas y miembros de Morena, al considerar, en apariencia del buen derecho, que la difusión podría implicar una posible estrategia partidista, aparentemente ilegal. Se ordenó bajar las publicaciones en un  plazo no mayor a 6 horas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente el dictado de medidas cautelares a efecto de ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de difundir propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral hasta que se celebre la Jornada Electoral del próximo 6 de junio.

Y es que el PAN presentó dos quejas en contra de López Obrador por las expresiones que realizó durante sus conferencias matutinas del 5 de abril al 18 de mayo, así como los días 20 y 26 de mayo. El PAN consideró que en ellas se difundió propaganda gubernamental y se realizaron manifestaciones político-electorales dentro del periodo de campaña de los procesos electorales federal y locales en curso, violentado con ello los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, que deben imperar en la contienda.

Al analizar las conferencias matutinas denunciadas se evidenció que, al menos durante el periodo del 5 de abril al 26 de mayo, el Titular del Poder Ejecutivo se pronunció de manera reiterada y constante sobre temas y aspectos prohibidos por la Constitución, por lo que existe una base cierta y objetiva que permite considerar la inminente continuación o repetición de este tipo de actos en los días venideros.

De las 36 conferencias de prensa analizadas, al menos en 29 de ellas y durante un total de 469 minutos, AMLO hizo manifestaciones que podían catalogarse como propaganda gubernamental o información que pudiera influir en las preferencias electorales.

Así, en más del 80% de las conferencias analizadas se advirtió que el mandatario no ajustó su conducta a los límites y parámetros previstos en los artículos 41 y 134 de la Constitución, así como a los criterios que expresamente estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral tocante a este tipo de actos.

“Este análisis denota un patrón de conducta reiterado y sistemático que puede afectar de modo grave la equidad de la contienda, pues en la mayoría de las conferencias de prensa motivo de denuncia se abordaron temas electores. En razón de lo anterior, se consideró que la situación inmediata podría ser delicada y grave, sobre todo si se toma en cuenta que actualmente transcurre la etapa de campañas de los procesos electorales federal y locales, y está próxima la celebración de la Jornada Electoral”, dijo el INE.

Recordó que ayer, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que durante la conferencia matutina del 9 de abril se emitió propaganda gubernamental. Adicional, señaló que el pasado miércoles,  la Sala Superior del TEPJF determinó que se acreditaron infracciones de difusión de propaganda gubernamental personalizada y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido en el informe de los primeros 100 días de gobierno del tercer año del presidente.

Por todo ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente que, durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada a realizarse el próximo 6 de junio, se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias, obra pública, así como emitir cualquier tipo de manifestación que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

Dentro de esta medida se señalan: difusión de logros de gobierno o acciones gubernamentales que pretendan exaltar a un gobierno en particular; ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; manifestaciones a favor y/o en contra de candidaturas de partidos políticos e independientes; manifestaciones a favor y/o en contra de frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; manifestaciones a favor y/o en contra de plataformas electorales; o manifestaciones que impliquen la asociación de alguna fuerza política con logros del gobierno.

También, se ordenó que se eviten manifestaciones que impliquen la promoción personalizada de algún funcionario de gobierno, precandidatura, candidatura o candidatura independiente; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local; encuestas de intención de voto o preferencias electorales; así como cualquier mensaje que busque o genere tener un efecto persuasivo y de influencia en el electorado que pueda poner en riesgo los principios y valores tutelados por nuestra Constitución y el modelo electoral previsto en ella.