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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes como un triunfo la aprobación en el Senado del acuerdo modificatorio del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario estimó que Estados Unidos podría aprobar el protocolo modificatorio antes del 20 de diciembre, es decir, la próxima semana.

“Esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo, ellos tienen hasta el día 20, al parecer hay acuerdo entre Republicanos y Demócratas; quedaría pendiente Canadá para principios del año próximo”, indicó López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

Resaltó que el acuerdo comercial ayudará mucho al crecimiento de la economía nacional y beneficiará a Norteámerica; afirmó que aunque no es lo único, ni la panacea, “sí es un eslabón muy importante el que se tenga este acuerdo con la economía más fuerte del mundo, con el comercio más importante del mundo”.

Insistió en que se trata de un triunfo para México porque fomentará condiciones para la inversión, generará fuentes de trabajo y el fortalecimiento de la industria.

El presidente destacó la votación que se dio en el Senado, donde hubo 107 a favor y sólo uno en contra, ante lo cual expresó: ya mejor no puede darse una situación con estas características.

Recalcó que con este hecho se refrenda que se trató de una muy buena semana para México e insistió en que en el Congreso de Estados Unidos pueda aprobarse la semana próxima, lo que ayudaría a la región de América del Norte en el ámbito económico, comercial, pero también político.

AMLO aprovechó para indicar que este fin de semana visitará Chiapas, Tabasco y Veracruz para supervisar los trabajos del programa Sembrando Vida, el cual dijo ya se encuentra en más de 500 mil hectáreas en el sureste, donde se da trabajo a 200 mil campesinos.

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, eligió a Ernestina Godoy como la primer fiscal de la capital, esto luego de que la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobara el decreto por el que se designaba a Godoy Ramos titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con 60 votos a favor y solo uno en contra, Godoy se convirtió en la primer fiscal de la entidad; y aunque rindió protesta al cargo esta tarde, su periodo iniciará a partir del 10 Enero de 2020, y será por cuatro años.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Eduardo Santillán Pérez, detalló previamente que con base en las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna, la Comisión Dictaminadora evaluó a los aspirantes de la siguiente forma:

  • Ernestina Godoy Ramos, 9.36
  • Carlos Juan Manuel Daza Gómez, 8.14
  • Fernando Vázquez Herrera, 7.76.

“Como resultado de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada, esta Comisión Dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de Justicia conforme lo establece el artículo 44 numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la ciudadana Ernestina Godoy Ramos”, leyó del dictamen el legislador Santillán Pérez.

Resaltó que se analizó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos a Godoy Ramos, mismos que fueron aprobatorios y que fueron:

  • Tener ciudadanía mexicana, acreditada con el acta de nacimiento correspondiente.
  • Tener cuando menos 35 años de edad.
  • Contar con título y cedula en Derecho, con experiencia mínima de cinco años.
  • No haber sido condenado por delito doloso.
  • Someterse y acreditar en los términos de la ley las evaluaciones y certificación de confianza.
  • Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
  • No haber desempeñado cargo de elección popular o de dirección de un partido político.

La secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, presentó el paquete económico 2020 ante el Congreso local.

La presentación del documento generó diversas reacciones entre las fracciones parlamentarias. Entre los principales reclamos están el subejercicio y la reducción a acciones en movilidad y seguridad.

Mauricio Tabe Echartea, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el paquete económico registra una importante caída de ingresos, lo cual es una situación crítica para la capital si se considera que también hay recortes de la federación.

Criticó que existen reducciones en diversos rubros: más del 10% para el sistema de Desarrollo para la Familia; 5% para la Secretaría de las Mujeres; 20% para la Secretaría de Movilidad; 15% para Medio Ambiente: casi 10% al sistema de aguas y 40% al C5.

En su oportunidad, Valentina Batres Guadarrama, de la bancada de Morena, defendió el paquete económico y aseguró que el paquete económico es congruente con las acciones que hasta ahora realiza el gobierno capitalino, ya que prioriza programas sociales y de servicios.

La morenista rechazó que se pretendan aumentar impuestos e indicó que vigilarán que se implementen acciones para un sistema tributario más justo que vaya más allá de la actualización de tarifas.

El diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del PRI, sostuvo que se requieren medidas ante la “recesión técnica” por la que atraviesa el país. Recordó que en el primer semestre, la CDMX solo ejerció 37.2% para proyectos de infraestructura, por lo que, aseguró, este tema no ha sido atendido en la ciudad.

El priísta reconoció la intención de aumentar la inversión en movilidad, ya que el transporte público de la capital requiere de mayor calidad, pero señaló que la seguridad se requiere de mayor voluntad e inversión para garantizar una ciudad segura.

Por su parte, Víctor Hugo Lobo, del PRD, reconoció esfuerzos de finanzas sanas, pero aseguró que en el paquete “no observamos una distribución equitativa y señaló el tema de subejercicio como de urgente atención por la dependencia de finanzas y administración.

El perredista advirtió que no aceptarán un presupuesto en el que se redujo el presupuesto para el sistema de agua, para protección civil y para algunas alcaldías, a excepción de las gobernadas por Morena, pues algunas, dijo, tuvieron 50% de subejercicio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte, difirieron de manera “respetuosa y fraterna” durante la conferencia matutina, sobre si el T-MEC​ será aprobado antes de que concluya 2019.

Todo comenzó cuando el canciller Marcelo Ebrard reiteró que México ha cumplido con cada una de las observaciones del legislativo estadounidense, como la asignación de recursos para la aplicación de la reforma laboral y la libertad sindical para la ratificación del acuerdo comercial, por lo que su votación depende exclusivamente de una valoración política de la Cámara de Representantes.

Al ser cuestionado sobre su pronóstico de ratificación del T-MEC en el congreso de Estados Unidos, Jesús Seade se dijo poco optimista de que el acuerdo sea ratificado este año, debido a las presiones políticas que se viven en ese país, de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Ha sido un diálogo oral, entre ellos no ha habido documentación por escrito donde digamos esto es lo que se está haciendo. Todo es discutir ideas. Todo lo que necesitan es llegar ya a una decisión que podría darse en unos cuantos días para poder tener un documento claro. No excluyo que en diciembre podría salir, pero estoy pesimista porque en días recientes, o sea hace dos o tres semanas, el tono era muy positivo hacia el acuerdo, pero el último día que era el cierre del congreso ya empezaron a surgir ideas que ya estaban descartadas”, expuso Seade.

Ante ello, López Obrador difirió de dicha postura y se dijo optimista de que el congreso del país vecino logre un acuerdo y se apruebe el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México.

El mandatario federal dijo que con el exhorto respetuoso que enviará a los demócratas en la Cámara de Representantes y a su líder Nancy Pelosi, el T-MEC logrará tener una vía rápida para su aprobación antes de que concluya el año.

“Yo estoy optimista y creo que antes de que finalice este año se va a aprobar en el Congreso y es una diferencia muy fraterna, democrática, Jesús Seade es de lo mejor que hay, de lo mejor que tenemos, es un orgullo contar con un servidor público como él”, señaló el presidente de la República.

En ese sentido dijo que confía en que Nancy Pelosi y los legisladores del partido demócrata van a ayudar en el proceso. Adicional señaló que tienen la información de que el presidente Donald Trump y legisladores del partido republicano están de acuerdo en que se apruebe pronto el tratado.

Finalmente, el Ejecutivo federal exhortó a las autoridades legislativas de ese país a no mezclar los asuntos políticos que por la coyuntura electoral se viven, con temas económicos y comerciales.

Ante el recorte aprobado al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), al cual se le disminuyeron mil 071 millones 562.96 mil pesos, para quedar en 11 mil 421 millones 793 mil 365 millones de pesos, fue el propio Instituto quien se manifestó al respecto.

Indicó que el recorte se hace al presupuesto operativo del INE, por lo que no afectará los recursos que se entregan a los partidos. Sin embargo, advirtió que al tener el equivalente al 9% menos de lo solicitado, podría entrar a una zona de riesgo, pues se está de cara a la organización del Proceso Electoral Federal 2020-2021, que será el más grande de la historia.

“Este sería el recorte más grande de la historia del INE, justo cuando se comienza a organizar la elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021 en relación con 2018, en la que se elegirán casi 3 mil 200 cargos en disputa (15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 entidades se renovarán los ayuntamientos)”, detalló la autoridad electoral.

Y aunque dijeron reconocer la importancia de los programas sociales que puedan verse beneficiados con los recursos recortados al Instituto, enfatizaron que la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica dependen de que haya elecciones confiables, bien realizadas, con condiciones de equidad, como las que ha organizado el INE en los últimos años.

El INE indicó que el recorte aprobado y las propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral.

“Sin un INE funcional, sin un INE capaz de brindar servicios ni de arbitrar elecciones equitativas, en condiciones de equidad, bien fiscalizadas, la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica se ponen en riesgo”, finalizó el Instituto.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, envió ayer al Congreso un proyecto de ley para convocar a nuevas elecciones generales, un mes después que los cuestionados comicios y la posterior renuncia de Evo Morales desataran una violenta crisis política.

El anuncio llegó horas después de que la fiscalía elevara a ocho el balance de muertos en enfrentamientos de manifestantes leales a Morales y fuerzas de seguridad en una planta de combustible cerca de La Paz el martes pasado, con lo que el número total de fallecidos subió a 32 desde la elección.

El texto, que debe ser aprobado en el Congreso, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales es mayoría, anularía las elecciones realizadas el 20 de octubre, en las que Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato. La bancada de Morales había entregado más temprano al Senado un proyecto similar, que está bajo análisis de una comisión.

También permitiría la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de definir fecha para los comicios. Ese organismo estuvo en el centro de una polémica sobre el recuento de votos favorable a Morales y sus anteriores autoridades están detenidas.

Áñez, que mantiene también la posibilidad de emitir un decreto presidencial para convocar elecciones, declaró en una conferencia de prensa que busca con el proyecto legal “generar un consenso nacional”.

En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA), que detectó irregularidades en el escrutinio de octubre, aprobó este miércoles una resolución llamando “urgentemente” a la convocatoria de nuevas elecciones.

Desde México, donde está asilado desde la semana pasada, Morales señaló que en tanto el Congreso no acepte o rechace su renuncia, él sigue siendo presidente.

“No permiten que vuelva a Bolivia, si la Asamblea (Congreso) no ha evaluado mi renuncia yo soy presidente, además soy presidente electo en primera vuelta” en las elecciones de octubre, reclamó.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aseguró este jueves que espera la aprobación, antes de finales de año, del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México, y Canadá, conocido como T-MEC.

“Me gustaría que fuese aprobado este año”, señaló Pelosi en rueda de prensa. “Creo que si lo podemos llevar a donde necesita estar, lo cual es inminente, puede ser un patrón para futuros acuerdos comerciales. Un buen patrón”, agregó.

Para lograrlo, sin embargo, deberían acelerar las conversaciones ya que la Cámara de Representantes entra en receso por las festividades navideñas el 12 de diciembre.

El gobierno del presidente Donald Trump ha estado conversando, a través de la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR), con la oposición demócrata en el Congreso para lograr aprobación del nuevo pacto.

Trump ha criticado a Pelosi por haber ralentizado el proceso y no haber sometido el pacto a voto.

“No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté moviendo más rápidamente el T-MEC. Su gente lo quiere, no saben por qué ella no lo somete a un voto bipartidista. ¡Está tomándose demasiado tiempo!”, se lamentó el mandatario a finales de octubre en su cuenta de Twitter.

Tras más de un año de negociaciones, los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron el 30 de noviembre de 2018 la negociación del T-MEC, que debe sustituir el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.

Los republicanos y grupos empresariales han presionado al Congreso para sacar adelante el T-MEC para reducir la incertidumbre comercial, mientras que varios asociaciones sindicales estadounidenses han exigido reforzar las garantías de aplicación de los estándares medioambientales y laborales.

México ya ha ratificado el acuerdo, mientras que en el caso de Canadá, que celebró sus comicios presidenciales recientemente, se espera que el acuerdo sea aprobado en breve.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato. El dictamen se avaló en lo general con 372 votos a favor y 75 en contra.

El documento señala que las consultas populares podrán ser sobre temas de trascendencia nacional y regional. Se establece que se realizarán el primer domingo de agosto. Para temas nacionales tendrán que ser respaldadas por al menos dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Las consultas de trascendencia regional competencia de la Federación, tendrán que impulsarse por los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.

Aclara que no podrá ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni las obras de infraestructura en ejecución.

También se establece que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión.

En lo que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será convocado por el INE a petición de la ciudadanía, en número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Además, el INE, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional. Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha señalada, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

Dicha consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación sólo procederá por mayoría absoluta.

Igualmente, el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Sala Superior del TEPJF realizará el cómputo final del proceso de revocación, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitiría la declaratoria de revocación.

En caso de haberse revocado el mandado del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la Presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.

El documento también indica que el mandato de los gobernadores de los estados podrá ser revocado; por ello, las constituciones locales establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador. También será sujeto de la revocación de mandato el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La Constitución de esta entidad establecerá las reglas para ese proceso.

El Congreso de Estados Unidos votó esta mañana a favor de avanzar en el proceso de investigación con la que se busca la destitución del presidente Donald Trump, estableciendo un marco que permitirá a los legisladores interrogar públicamente a testigos.

“Hoy la Cámara tomó el siguiente paso estableciendo los procesos para unas audiencias abiertas conducidas por la Comisión de Inteligencia de la Cámara para que el público pueda ver los datos por sí mismo”, dijo antes de la votación la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Por su parte el presidente denunció mediante sus redes sociales “la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”.

Incluso dijo que el proceso de destitución iniciado está afectando la economía de su país, y lamentó que a los demócratas no les importa el daño que puedan ocasionar con tal de atacarlo.

“Esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense”, afirmó La Casa Blanca en una declaración, en la que acusó a los demócratas de la oposición de tener una “obsesión desquiciada con esta destitución ilegítima”.

La Cámara de Diputados avaló la minuta que recibió del Senado que reforma la Constitución para establecer que el Presidente de la República pueda ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones. El documento fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Recordemos que el Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

El gobierno del Baja California interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de la próxima administración estatal de dos a cinco años.

Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, informó que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, presentó el pasado lunes el recurso legal, junto con un equipo de asesores, contra la ley que extiende la administración de Jaime Bonilla hasta el 2024.

Explicó que “en el caso del gobierno de Baja California, el instrumento jurídico por el que podemos impugnar este tipo de actos es la controversia constitucional, la cual fue ingresada. Esperamos que en un escenario óptimo resuelvan, antes de que inicie el nuevo gobierno, para dar certeza jurídica”.

El juicio fue turnado al ministro Fernando Franco y se prevé que la Corte resuelva antes del próximo 1 de noviembre, cuando Bonilla Valdez rinda protesta como gobernador.

Hay que recordar que la #LeyBonilla fue publicada el jueves 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor el día 18; también después de la consulta ciudadana realizada el 13 de octubre por el Congreso, en la que el 84.25% de los participantes avaló que la próxima gubernatura se amplíe en cinco años.

El mismo viernes 18 de octubre, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, por separado, interpusieron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley.

La #LeyBonilla ha provocado duras críticas de organismos como la Coparmex o el Instituto Nacional Electoral (INE). Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “chicanadas” los obstáculos del Congreso de Baja California para la publicación de dicha ley, e indicó que le daba pena meterse en ese asunto.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que el próximo 27 de octubre clausurarán de manera simbólica la sede del Congreso de Baja California para exigir que publiquen la llamada #LeyBonilla, y dejen de responder a los “intereses mezquinos” de Jaime Bonilla y de Morena.

Indicó que dicha decisión se toma con el fin de defender la democracia, mediante resistencia civil y legal.

Explicaron que junto con organizaciones ciudadanas se manifestarán de manera pacífica para acusar “que el Congreso de Baja California está capturado políticamente por intereses económicos y trasnacionales. El PRD va a encabezar la lucha ciudadana, el llamado es a una resistencia civil y pacífica”.

Asimismo, rechazó los resultados de la consulta “patito” y sin representatividad que se realizó el pasado domingo en la entidad para justificar “a modo” la ampliación del período de gobierno de dos a cinco años.

Indicó que se llevó a cabo con escasa participación y con supuestas mesas de votación encabezadas por militantes de Morena y pagados por ese partido, para tratar de generar un supuesto consenso de ampliación de mandato. Acusó que todo es una estrategia de Morena, de su presidenta Yeidckol Polevnsky y tolerada incluso por el propio presidente de la República.

Reiteró que ya tienen tiene lista una acción de inconstitucionalidad, misma que una vez que sea publicada la reforma, acudirán a las instancias legales necesarias para “echarla abajo”.

La presidenta de la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana, la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, informó que 84.25% de los participantes votó por la opción de que sea por un periodo de cinco años que Jaime Bonilla Valdez gobierne en Baja California.

De acuerdo con la diputada Cano Nuñez, hubo una participación total de 53 mil 419 ciudadanos, con una votación a favor del mandato de cinco años de 45 mil 30 votos (84.25%), mientras otros ocho mil 186 votos sufragaron por el periodo de dos años; se registraron 203 votos nulos.

En conferencia de prensa la noche de ayer, la diputada indicó que integrantes del Colegio de Abogados Emilio Rabasa fueron los encargados de contabilizar los votos de las 250 urnas instaladas en todo el estado.

Además, señaló que tuvieron la presencia del titular de la Notaría número 13, Gabriel González Mejía, quien dio fe de los hechos.

En la conferencia realizada en las instalaciones del Congreso, también participaron integrantes de la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana, los diputados Juan Manuel Molina García, Fausto Gallardo García, Eva Gricelda Rodríguez, Rosina del Villar Casas, María Luisa Villalobos vila, Julio César Vázquez Castillo y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez.

De acuerdo al presidente del Congreso estatal, Catalino Zavala, los resultados de la consulta serán enviados junto a la reforma para que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid la publique en el Periódico Oficial del Estado.

El Congreso del Estado de Baja California informó que hoy lunes se darán a conocer los resultados de la consulta ciudadana realizada ayer, para saber la opinión de los ciudadanos sobre la ampliación del próximo gobierno de Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

Y es que convocada por el Legislativo local, ayer se llevó a cabo en los cinco municipios del estado: Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, la llamada consulta ciudadana, para conocer la “opinión” sobre la duración del próximo gobierno.

El ejercicio inició a las 09:00 y concluyó a las 17:00 horas, la cual según informes del propio Congreso, terminó con saldo blanco y sin incidentes.

El Congreso de Baja California informó que anoche se instaló en Sesión Permanente, la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana que preside la diputada Miriam Cano Núñez, para la recepción, cómputo y emisión de resultados de las mesas receptoras instaladas en la entidad.

Destacaron que un notario público dio fe del inicio del conteo.

Cano precisó que fueron 250 mesas de consulta en 17 distritos electorales, en las que recibió la opinión de las y los bajacalifornianos sobre el próximo gobierno que iniciará el 1 de noviembre.

Señaló que como parte de los trabajos, se aprobó designar el edificio del Congreso estatal como sede oficial para recibir los resultados de las mesas de votación, además de acordar que abogados del Colegio de abogados Emilio Rabasa, A.C., funjan como garantes del conteo de los resultados.

De acuerdo con versiones periodísticas y una encuesta de salida realizada por Consulta Mitofsky, el 71.1% de los ciudadanos que participaron en el ejercicio, apoyó que el morenista amplíe su mandato de dos a cinco años.

En tanto, en redes sociales, habitantes reportaron que algunas casillas no fueron instaladas y varias mesas de votación que tenían como sedes escuelas no funcionaron. Incluso, señalaron que carecían de información sobre la consulta.

Entre los aspectos de la jornada, resaltó la falta de tinta indeleble para aplicarse en un pulgar, con la que se diferencia si un ciudadano votó o todavía no. Además, se denunció que hubo casillas en las que no exigieron la credencial de identificación.

Al acudir a votar en Tijuana, Jaime Bonilla dijo que “la gente de Baja California va a responder este día, estoy seguro que van a salir las cosas muy bien. Se va a hacer lo que los bajacalifornianos quieran que se haga”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se abstuvo de fijar una postura respecto a la legalización de la marihuana, pues consideró que antes se deben atender otras prioridades para el país.

En su conferencia de prensa matutina se le mencionó al mandatario el hecho de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió a que se acelere o contemple esa propuesta y que incluso una diputada, Lucía Riojas, le regalara un “churro”.

AMLO dijo que se trata de parte de un proceso y de momento no lo están tratando;

Al respecto, definió a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) como una persona responsable, muy buena servidora pública y libre de expresar su punto de vista.

El presidente de la República recordó que una de las características de su gobierno es que se garantizan las libertades y todos pueden expresarse y manifestarse, porque no hay línea.

En ese sentido recordó el caso del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien ha expresado su postura respecto al incremento de la edad para que los mexicanos se puedan jubilar, opinión con la que no coincide.

Remarcó que así como Herrera, Sánchez Cordero puede tener su opinión, “pero es suya”.

En todo caso, dijo, se debe tener presente que dicho tema se debe resolver a partir de una estrategia y que implica primero la atención a las adicciones, así como el cuidado de la salud.

López Obrador recordó que “Política es tiempo”, por lo que “todo se dará a su tiempo y vamos poco a poco avanzando en esos temas, primero siendo congruente y trayendo bienestar a la población”.

Aclaró que, desde luego, si el Poder Legislativo determina la aprobación de esa normativa, lo correcto será aceptar su determinación.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la Consulta Ciudadana que se celebrará el próximo domingo en esa entidad.

La Consulta Ciudadana preguntará a la ciudadanía si la duración de la próxima gubernatura en el estado será de dos o cinco años.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se declaró incompetente porque la Consulta Ciudadana, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, y no corresponde a las que se organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación ciudadana de aquella entidad.

Las impugnaciones habían sido interpuestas por la Coparmex local, y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Lla Sala Superior tomó en cuenta que no se trata de una Consulta Popular como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el Instituto Electoral del estado.

Aclaró que su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo.

Recordemos que el pasado 22 de agosto, el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar una Consulta Ciudadana y conformó la comisión especial para realizarla con el fin de que se conozca el sentir de la ciudadanía de Baja California respecto a la ampliación del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.