Ana Paula Ordorica
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In HOY RECOMIENDO

El gobierno mexicano controla los medios de comunicación con dinero: NTY

Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a venerar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

La mayoría de los medios han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

Texto completo en The New York Times

escrito por: AZAM AHMED

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In HOY RECOMIENDO

El peligro de la ley de seguridad interior

VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

 

La Cámara de Diputados está por discutir un par de iniciativas de algo llamado seguridad interior. Se trata de un concepto que se inspira en las leyes patrióticas de los Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. En México, el concepto proviene de la época en la que aún existían revueltas locales armadas en regiones que requerían ser pacificadas por el Ejército. Ahora, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aún más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son”necesarias” para garantizar la seguridad de la sociedad, ante peligros “mayores” a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos.

 

El dictamen que circula no contempla la salida paulatina de los militares de las calles; por el contrario, garantiza las condiciones para su permanencia, por lo que será todavía más difícil la construcción de un sistema nacional policial. La ley no va a mejorar la seguridad del país, eso sólo puede suceder con prevención del delito, fuerzas de seguridad cercanas a las comunidades y enfocadas a reducir los niveles de violencia y la investigación eficaz de los delitos. Todo eso no va a suceder si el poder civil renuncia a esas responsabilidades en favor del poder militar.

 

La ley se puede aprobar por una razón incorrecta: el reconocer la labor del Ejército en las tareas de seguridad. Es evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas hacen un enorme servicio al país, eso todos los reconocemos. Es también verdad que se les han encomendado tareas que no están preparados para realizar, porque en realidad no les corresponden. El resultado no ha sido bueno. Es imposible reducir la violencia cuando el combate al crimen se le encarga al Ejército, entrenado para maximizar el uso de la fuerza. El resultado son índices de letalidad similares a los de las guerras; entonces se genera una espiral de violencia y contantes afectaciones a la población en los operativos. El número de militares en las calles generó, casi de manera inevitable, violaciones constantes a los derechos humanos. En realidad, quienes sacaron al Ejército a las calles son los responsables de poner a los militares en riesgo, porque los enviaron a una misión imposible de cumplir con éxito.

 

La labor del Ejército tiene que ser valorada y reconocida, pero también analizada de manera crítica y, sobre todo, asignarle las tareas que pueden y deben realizar. Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo retiramos, de manera ordenada y paulatina, a los militares, les encargamos las tareas para las que fueron entrenados y construimos un sistema policial nacional eficaz, transparente y bien evaluado. En realidad, la ley de seguridad interior es el resultado del fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, que no solamente permitió el crecimiento de los homicidios del país, sino que no avanzó en mejorar las policías, algo que era su responsabilidad coordinar. Desgraciadamente no hay atajos, mejorar la policía es un elemento esencial para reducir la violencia crónica, con la ley de seguridad interior se evade esa responsabilidad y se incurre en enormes riesgos.

 

Pocas veces una ley ha generado un rechazo tan amplio por parte de organizaciones sociales, pero que no se limita a ellas. Los cuestionamientos también provienen, por ejemplo, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su aprobación sería un cambio de dirección en la tendencia que ha tenido el Congreso mexicano de legislar para garantizar los derechos de los ciudadanos, para ahora legislar para restringirlos. La legislación en torno al papel del Ejército tendría que darse, necesariamente, junto a la que se requiere para cambiar el modelo policial y el de procuración de justicia. La idea de que se puede utilizar al Ejército cuando las instituciones están en riesgo genera una ambigüedad extremadamente peligrosa. Me parece que, en el fondo, la prisa por aprobar este dictamen responde a la estrategia de utilizar el Ejército como arma electoral. Jugar la irresponsable carta de mostrar un supuesto compromiso con la seguridad, con pasar una ley que supuestamente quiere el Ejército, pero que no resolverá ninguno de nuestros enormes problemas en la materia. Una salida para justificar los resultados respecto al enorme fracaso de las políticas de seguridad de Peña Nieto.

 

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In HOY RECOMIENDO

El juego del tapadismo

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

REFORMA

 

 

 

 

Una corte es una institución para la reverencia. La servidumbre vuelta ceremonia. La brújula de la corte apunta al norte del poderoso. Los cortesanos se orientan siempre hacia él. Lo miran para rendirle homenaje. Le agradecen al cielo la oportunidad de respirar el oxígeno del mismo cuarto. Qué afortunados somos de tener tan clemente soberano, dirán de mil maneras. El homenaje que los cortesanos rinden al rey, dice Elias Canetti es estar ahí frente a él, en el círculo que rodea al poderoso. Agrupados en torno a él, deslumbrados por él, esperándolo todo de él. No pueden moverse con independencia. Por eso están atentos a cualquier gesto, a cada palabra, a la mínima modulación de su voz. Los cortesanos saben que su posición depende sólo de la voluntad del jefe. No tienen vida fuera de la corte, no son nada fuera del círculo de lealtad. Esas marcas de la política mexicana se acentúan en tiempos sucesorios. La restauración priista ha sido la restitución de la cortesanía.

 

Con la cortesanía ha regresado el tapadismo. Se ha rehabilitado el más sagrado de los rituales priistas. El Presidente aseguró el control absoluto de su partido y se dispone a usar el índice. Tiene el margen más amplio para designar al candidato de su partido. Nadie le hará oposición. No tenemos el lápiz de Abel Quezada para dibujar las capuchas de los tapados pero hemos regresado a ese tiempo. ¿Vivimos en 1975? De pronto hemos retrocedido cuarenta años. Los ambiciosos desfilan con capucha. Buscan la Presidencia pero no lo dicen; quieren ser candidatos pero no pueden reconocerlo. Es la política embozada de la vieja disciplina. Todos repiten lo mismo: se sienten honrados por la mera mención; dicen que no son todavía tiempos para declarar abiertamente su deseo, repiten que se debe esperar al calendario que fije el partido, aseguran que aceptarán la decisión del partido y aprovechan para felicitar el patriótico gobierno del Señorpresidente.

 

El rito tiene efectos perniciosos en nuestra conversación pública. Se acepta implícitamente la regla de la verticalidad y se juega a la especulación como si fuera un entretenimiento inofensivo. La reflexión política se degrada a niveles vergonzosos. Tratemos de imaginar quién le inspira confianza al Señorpresidente. ¿Quién minimiza los riesgos? ¿Quién le cuidará mejor las espaldas? Leemos las hojas del té, buscamos pistas en los astros, lanzamos dados a la mesa. Todo parece una señal. El Señorpresidente ha enviado a fulano a representarlo. El abrazo del Señorpresidente al secretario A duró 4 segundos más que el que le dio al secretario B. En la reunión reciente se vio la enorme confianza que el Señorpresidente tiene en su colaborador X. Confieso que el juego que propone Héctor Aguilar Camín para adivinar el nombre del tapado no me parece divertido. (“Instrucciones para adivinar quién será el candidato del PRI”, Milenio, 10 de noviembre). Hágase una lista de precandidatos, multiplíquese por cinco criterios relevantes, dóblese el papelito en cuatro partes y el nombre del tercero será el elegido. O algo así. Más aún, el timbiriche tapádico me parece nocivo porque acata el dictado del patrimonialismo, porque condona su existencia o tal vez la celebra, porque da la bienvenida a su “lógica”. Apostemos al vaticinio de un capricho y divirtámonos un poco. Jugar a la especulación del tapadismo es celebrar que una institución pública tenga dueño y que esté puesta al servicio de un amo. La aberración se legitima cuando encuentra razonadores que disciernen sobre el sentido de una voluntad sin restricciones. Elaborar una teoría general del tapadismo es celebrarlo como simpática curiosidad nacional. Ofrecernos claves para anticipar la indicación del presidencial dedo es aprobar el uso personal de las instituciones públicas. Cierto: el PRI no es ya toda la política ni el candidato del PRI será necesariamente el ganador de las elecciones. Sin embargo, el PRI, aunque lo abominemos, es una institución pública desde su definición constitucional hasta su financiamiento.

 

Cuando Enrique Peña Nieto busca trivializar lo aberrante, lo llama cultura. La corrupción es cultura porque es anécdota, porque así somos nosotros. El tapadismo es cultura porque es una costumbre de partido que nadie tiene derecho a cuestionar. Cada quien administra su casa como le da la gana. Respeten nuestra liturgia, exige. Pues no… el tapadismo no merece respeto. Es una práctica arcaica, grotesca, indefendible. El patrimonialismo en instituciones públicas -sea en Morena, en el llamado “frente” o en el PRI- no merece ningún respeto.

 

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In Internacional

La ONU condena ataques de Trump contra la prensa

Tal parece que las cosas no terminan de pintare bien al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues este viernes el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye, condenó los ataques del magnate hacia los medios de comunicación.

 

Kayne aseguró que cualquier persona que escuche al Presidente podría “tomarse la licencia para actuar en contra de ‘los enemigos del pueblo estadounidense'”, pues es el tipo de pensamiento que se ha propagado tras los ataques de Trump.

 

El funcionario internacional sostuvo que Trump ha decidido atacar a los medios para “intimidar a los periodistas” y en su parecer, poder condicionar y controlar lo que estos publican sobre él y sobre la administración que encabeza, pues indicó que el discurso del republicano sigue “un patrón de mentira y desinformación, ambos con el objetivo de limitar la accesibilidad de la información veraz”.

 

“El propósito de Trump es privar al público de historias del más alto interés público (…)  los ataques a la prensa se han extendido a toda la clase política”, por lo que alertó de una ola de violencia en contra de los medios de comunicación estadounidenses.

 

 

Con información de EuropaPress / Foto: Archivo APO 

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