Tag

corrupción

Browsing

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sancionar a quienes están saqueando a las y los mexicanos, incluidos sus hijos.

Lo anterior, luego de que Latinus diera a conocer una investigación periodística que evidenció que los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, hijo del presidente, fueron favorecidos en el proyecto que se lleva a cabo en los terrenos que habría ocupado el aeropuerto de Texcoco, mediante concursos públicos simulados.

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete, acusó en la sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, “el nepotismo grotesco” en el gobierno de quien se asume como incorruptible y que, entre sus consignas están el “no robar, no mentir y no traicionar.

Acusó que en los hechos, la familia y allegados del presidente son beneficiados con negocios turbios a costa del país.

“El esquema favorito de corrupción de este gobierno de cuarta es, sin duda, los contratos mediante las Fuerzas Armadas, que van a un ‘cártel inmobiliario’ de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán y, en este caso, lo que se supone que va a ser un Parque Ecológico en Texcoco, se ha convertido en la caja grande del hijo del presidente, junto a una red de empresas de amigos, contratos millonarios y obras de dudosa calidad”, enfatizó el diputado.

A las críticas también se suma lo que reveló Latinus y MMCI, acerca de la casa que ahora habita en México otro de los hijos del presidente.

José Ramón López Beltrán vivió en Houston en una mansión de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Tras perder su visa de trabajo de Estados Unidos, el hijo mayor del presidente se regresó con su familia a México y ahora se sabe que vive en una casa que es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada, medio cercano al gobierno federal y que es el que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio.

En ese sentido, el diputado del PRD sentenció que, dada la información recién difundida, queda claro que la “Casa gris” de José Ramón López Beltrán fue pagada desde México, en compensación con las obras otorgadas a una filial de Baker Hughes.

“La hipocresía de esta mayoría es sorprendente, que suben a la agenda a un supuesto ‘cártel inmobiliario’ local (contra integrantes del opositor Partido Acción Nacional); pero haciendo oídos sordos ante la misma corrupción donde, miles de millones de pesos que este gobierno ha significado, siguen siendo parte de programas clientelares sin un padrón consolidado”, acusó.

Enfatizó que el PRD, la única y verdadera izquierda de México, no será cómplice de la corrupción, y nunca estarán del lado de los corruptos. “Entendemos que los ladrones siempre serán ladrones y la corrupción siempre será la corrupción. Si quieren ser exonerados, afíliense a la Cuarta Transformación”, remató.

En Broojula, te presentamos un resumen sobre los recientes escándalos que alcanzan a la familia presidencial.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una de las corcholatas de Morena rumbo al 2024, participó este jueves la primera Cumbre de Ciudades de las Américas, organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La mandataria capitalina indicó, en su primera participación, que cuando acabe su mandato dejará una capital con menos deuda y menos corrupción que la que se encontró cuando asumió el cargo.

Desde Denver, Colorado, Sheinbaum Pardo destacó los logros de su administración, iniciada en 2018.

“Vamos a dejar una ciudad menos endeudada de lo que recibimos y no hemos aumentado en términos reales los impuestos”, dijo Sheinbaum y destacó otros logros como las becas para estudiantes, la construcción del trolebús elevado, y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en Ciudad de México, una de las urbes más grandes del mundo.

Presumió el programa, “muy agresivo”, de electromovilidad en el transporte público; destacó la construcción de los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo; el mejoramiento y ampliación del Sistema Metrobús y los trabajos que se realizan en el Metro.

“Invertimos 2 mil millones de dólares en la modernización del Metro”, indicó, y resaltó también los 250 kilómetros de ciclovías que se han trazado.

Se detuvo para mencionar la instalación de una planta solar de 18 megawatts en los techos de la Central de Abasto, el mercado más grande de América Latina. “Hemos alcanzado 50 mil viviendas con captación de agua de lluvia y trabajamos en manejo sustentable del agua y nuestro Programa de Calidad del Aire”.

Aseguró que la financiación de sus proyectos se ha logrado gracias a la “austeridad republicana” que instauró el presidente López Obrador y que se ha replicado en la CDMX, una política que canaliza los recursos obtenidos de la “erradicación de la corrupción”.

“Tenemos la visión de que reduciendo la corrupción y los privilegios, nos alcanza para destinar recursos”, afirmó Sheinbaum.

La jefa del Gobierno capitalino lanzó un mensaje a los jóvenes al asegurar que “no es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo, el racismo y el tener más dinero” lo que convierte a la gente en “mejores personas”.

Sheinbaum pidió no olvidar que la lucha contra la crisis climática va ligada a la lucha por la igualdad social. “La justicia ambiental y la social siempre van de la mano”, sostuvo. Advirtió además que la “profundización de las desigualdades” en las ciudades “llevará siempre a la violencia, la degradación y a un mundo sin esperanza”.

La Cumbre de las Ciudades de las Américas es foro regional creado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la Cumbre de las Américas de 2022 en Los Ángeles. En su primera edición, la cumbre acoge a más de 200 alcaldes del continente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que “no sirve para nada” el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), órgano autónomo que está inoperante después de que vetara los nombramientos que el Senado había hecho.

El INAI no puede sesionar desde el pasado 1 de abril porque solo tiene cuatro integrantes, uno menos que el necesario para alcanzar quórum legal.

“Los nombren o no los nombren (a los comisionados), ¿para qué sirven? No sirven para nada. Era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas”, afirmó López Obrador.

La polémica sobre la inoperancia del INAI creció tras un audio filtrado por el portal Latinus en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijera a senadores que AMLO consideraba “un mundo ideal” y lo que “más conviene” al gobierno que haya un periodo de impás en el Instituto.

El mandatario evadió confirmar estos dichos, pero insistió en revivir sus críticas a los órganos autónomos creados en sexenios anteriores para regular al gobierno, al señalar que tan solo el INAI cuesta 1,000 millones de pesos anuales.

“No, no, no, yo no me meto en eso (sobre lo dicho en el audio). Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción, pero además cuesta”, insistió.

El presidente ha criticado antes la existencia de otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los órganos reguladores de energía.

El Inai, creado en 2014, ha exigido al gobierno de López Obrador revelar información de alto perfil, como los contratos del Tren Maya o los bienes decomisados al crimen por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

También ha pedido publicar el expediente sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotiznapa que el mandatario dijo haber recibido de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht.

En cambio, López Obrador ha acusado al INAI de ocultar información sobre presidentes anteriores e, incluso, le exigió el año pasado revelar el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mora, crítico con su gobierno.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al presidente dejar de proteger al exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, para que pueda ser detenido y enjuiciado.

El líder de la oposición acusó a López Obrador de no combatir la corrupción y, por el contrario, haber propiciado que florezca y se ramifique con mayor fuerza, como ocurrió en Segalmex, organismo creado bajo su mandato y el cual ha representado la burla más grande a los mexicanos.

“A López Obrador nunca le ha interesado combatir la corrupción, todo ha sido una farsa, les mintió a los mexicanos, les mintió a sus simpatizantes y le mintió al pueblo bueno, que creyó en sus falsas promesas”, acusó Cortés Mendoza.

Segalmex, dijo, es la dependencia federal que en 4 años ha presentado mayores irregularidades, 22 por la Secretaría de la Función Pública; 15 carpetas de investigación abiertas y desvíos e irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.

Lo que significa que de 2019 a 2021 se han desviado o malversado cada día 18,804,656 pesos, cada hora 783,527 pesos y cada minuto 13,058 pesos.

Además, acusó que el gobierno prometió alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2021, pero en lugar de eso la importación de granos aumentó a 17 mil 700 millones de dólares en 2022, una cifra sin precedente histórico.

El panista señaló que solamente en Segalmex, los desvíos y fraudes superan por mucho al escándalo de corrupción más notable del sexenio pasado, la Estafa Maestra.

El Presidente nacional del PAN lamentó que el Presidente de la República con total cinismo solape a funcionarios corruptos como Ovalle, al cual defendió la semana pasada simplemente porque tiene una buena opinión de él al considerarlo “un hombre honesto”, pues fue su jefe cuando López Obrador era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco.

Marko Cortés exigió que no quede impune el desvío millonario y la red de corrupción en Segalmex, y demandó que metan a la cárcel a los implicados, comenzando por el exdirector de la dependencia, que hoy goza de la protección presidencial y de impunidad en Segob.

“Una vez más queda en evidencia que el discurso anticorrupción del gobierno es puro cuento. Mientras más tiempo transcurre de este gobierno se siguen acumulando sus escándalos de corrupción y no hay un sólo sentenciado”, concluyó Marko Cortés.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con  Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, sobre la corrupción millonaria en Segalmex, que ha implica desfalcos del doble del monto de la famosa Estafa Maestra, y ha derivado en 22 órdenes de aprehensión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue consultado esta mañana sobre los perfiles que integran las quintetas para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE, a quienes se acusa, de guardar cercanía con Morena y el gobierno federal.

“Pues es que van a cuestionar todo. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están”, respondió.

Ocupó el tema para criticar al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien señaló de haber viajado a Estados Unidos a hacer turismo político conservador, donde sostuvo encuentro con diversos líderes, a quienes tachó de “supuestamente de intelectuales independientes, internacionalistas, preocupados por la democracia, el desarrollo, el medio ambiente. Toda una gran simulación, un grupo de simuladores que no se pronuncian cuando se trata de los daños que causa la oligarquía en el mundo”.

Sobre la cercanía de algunos de los perfiles en las quintetas, López Obrador lo justificó señalando que “más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento”, por lo que dijo que todos tiene posibilidad de participar.

“Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos si no lo prohíbe la ley, es decir, si en los requisitos no está establecido”, añadió.

Rápidamente dijo que si moralmente es válido, un planteamiento que él mismo ha hecho en otros casos. “Sí, sí es válido, porque tienen derecho, como cualquier otro ciudadano”.

Sobre si eso representaría un riesgo para garantiza la imparcialidad del INE, dijo que no, pues lo importante para el él, es que quienes lleguen al INE sean personas íntegras y honesta, aunque no tengan experiencia en la materia.

“Eso de la experiencia es… Además, se hace un examen, se hace un examen. Y por lo general, miren, de manera muy sincera y con todo respeto, los conservadores son muy hipócritas y muy corruptos. Bueno, fueron los que saquearon el país. ¿Qué más pruebas queremos? Y son los que se resisten a que haya cambios”, añadió.

El mandatario fue cuestionado sobre el perfil de Bertha María Alcalde Luján, a quien se refirió como una “muy buena abogada, joven”, quien apoyó su gobierno en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Cofepris.

Y aunque se refirió a su experiencia como abogada, AMLO defendió que sí tiene experiencia electoral.

Eso de la experiencia es muy relativo, lo que se requiere es honestidad, integridad. No, hay unos… Bueno, este que se amparó bajo la máxima de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, Edmundo Jacobo, 30 años ahí, imagínense cuánta experiencia”, lanzó el mandatario.

“Lo más importante de todo para el servicio público es la honestidad, eso es lo más importante, que la persona, hombre o mujer, sea incorruptible, no que se las sepa, de todas, todas y que sea aun corruptazo, como ha sucedido”, remató.

El Congreso peruano aprobó el viernes una denuncia constitucional contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

La denuncia constitucional será trasladada ahora al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron el informe, presentado
por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.

Y es que la Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Durante el debate, el abogad de Castillo, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso también aprobó las denuncias contra dos exministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.

Los corruptos de hoy, los que son de Morena y/o cercanos al presidente López Obrador, son muy distintos a los corruptos que antes estaban en el poder.

Cuando salen audios de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, hablando de, por ejemplo, como compraba a periodistas cuando era gobernador de Campeche, se muestra el modus operandi de los Priístas. Pero cuando salen videos como los que exhibió mi compañero Enrique Acevedo en el noticiero que conduce en Televisa, En Punto, que involucra a tres políticos del actual gobierno de Layda Sansores recibiendo fajos de billetes en las oficinas del gobernador interino un mes antes de la elección en Campeche de la que ella resultó ganadora, ahí se trata de una venganza política, no de un acto de corrupción.

El reportaje de Fátima Monterrosa es impecable. No solamente se trata de los videos en los que aparecen Raúl Pozos Lanz, Rocío Abreu Artiñano y Armando Toledo Hamid recibiendo millones de pesos en efectivo. Además muestra con fechas los brincos de estos personajes de sus anteriores partidos a Morena y a formar parte del gobierno de Sansores una vez que ella ganó la gubernatura. Para rematar, llamó a cada uno de estos personajes para preguntarles para qué era ese dinero.

Raúl Pozos Lanz recibe los fajos de dinero un mes antes de las elecciones, en mayo del 2021. Él fue integrante del PRI hasta diciembre 7 del 2020 cuando publica un video renunciando al partido. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Layda Sansores publica otro video en el que le da la bienvenida a Morena. Un mes después, cuando gana la elección, nombra a Raúl Pozos Secretario de Educación del Estado. Cuando la reportera le llama para preguntar sobre los videos, su respuesta es que era dinero para cumplir las demandas de la ciudadanía. ¿Pues qué demandas debe cumplir pagando en efectivo? ¿Están registrados como gastos de campaña?

Rocío Abreu era senadora del PRI-PVEM. En 2018 renuncia y se va a Morena. Aparece en los videos en la misma oficina que Pozos Lanz, solo que ella lo hace en dos ocasiones. A la pregunta de Monterrosa sobre los fajos de billetes, la hoy senadora Morenista no sabe ni qué inventar. A duras penas alcanza a decir que era para pagar unos impuestos. Hasta donde sé, los impuestos no se pueden pagar en efectivo.

El otro hombre que aparece en los videos ni le tomó la llamada a Monterrosa. Armando Toledo Hamid acude a la misma oficina a recibir fajos de billetes. En septiembre del 2021, cuando Sansores asumió la gubernatura, fue nombrado Jefe de la oficina de la gobernadora.

Todo esto ocurre en la oficina de Carlos Miguel Aiza González, quien era gobernador interino de Campeche. Hoy es el Embajador de México en República Dominicana. Su hijo, Carlos Aysa Damas renunció al PRI y ahora es Diputado por Morena.

Así o más claro. Pero qué responden desde el gobierno a estos videos: que son producto de una venganza. Lo mismo que ha dicho el presidente cuando hemos visto a sus hermanos recibiendo videos. Ahí además la justificación fue que eran aportaciones para el movimiento.

Cuando se ha documentado el desfalco en la Secretaría de Educación Pública los pocos meses que estuvo al frente Delfina Gómez, el presidente la defiende diciendo que ella es impecable y la prueba es que vive en la misma casa de siempre.

Queda claro que cuando salen videos de “los otros”, son la prueba fehaciente de cuan corruptos son los conservadores. Cuando salen a la luz videos de los de Morena, los corruptos de este gobierno, éstos son producto de una venganza política.

Los corruptos de antes y los de ahora son diferentes solo en el grado de cinismo al pretender los de ahora darse baños de pureza y pretender justificar lo indefendible.

Si realmente hubiera un compromiso con combatir la corrupción, Delfina no sería la candidata de Morena en el Edo Mex y los tres personajes de los videos difundidos estarían ya fuera del gobierno de Campeche.

Columna completa en El Universal

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves que ha sancionado al exmandatario de Paraguay, Horacio Cartes, y al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, a ambos por corrupción, además de designar a cuatro empresas por estar bajo el control del exgobernante.

La entidad, desde su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tomó las medidas contra Cartes y Velázquez por su participación en “la corrupción desenfrenada que socava las instituciones democráticas en Paraguay”, dijo en un comunicado.

Cartes, de 66 años y quien gobernó el país entre 2013 y 2018, es el actual líder del Partido Colorado, en el poder, y un importante apoyo para su candidato a las elecciones presidenciales de este año.

En un comunicado separado, la embajada estadounidense en Asunción, la capital paraguaya, señaló que Cartes y Velázquez “tienen vínculos” con miembros de Hezbolá, organización que fue designada por Washington como entidad que ha cometido actos de terrorismo.

Velázquez dijo en declaraciones a la radio local ABC Cardinal que las acusaciones eran falsas y que no iba a dimitir.

“Mientras no me presenten realmente algo que tenga contenido (…) entonces voy a renunciar. Pero (por) estas denuncias volátiles, que encima son falsas, no voy a renunciar”, afirmó. “Eso es un invento, una falsedad”, agregó sobre los supuestos vínculos con Hezbolá.

El Partido Colorado gobernó en forma ininterrumpida Paraguay durante las últimas siete décadas con la excepción del período 2008-2013, en el que la oposición ocupó el gobierno. Cartes era un desconocido en la política antes de ganar las elecciones en 2013 para devolver a su grupo al poder.

Por su parte, Velázquez llegó a anunciar su renuncia en agosto pasado después de las acusaciones iniciales en su contra por parte de Estados Unidos de haber ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario, pero por el momento continúa en el cargo.

“No puedo especular ahora sobre otras acciones contra estas personas”, dijo el embajador de Estados Unidos en Asunción, Mark Ostfield, en una conferencia de prensa al ser consultado sobre la posibilidad de un pedido de extradición contra Cartes o Velázquez.

Agregó que las sanciones fueron resultado de un proceso multidisciplinario, que involucró a varias instituciones estadounidenses.

Luego de que se eligiera a la ministra Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la polémica que ha generado el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, quien aspiraba a encabezar la Corte.

Se le preguntó al mandatario si la polémica en torno a la autoría de su tesis “salpicó” de alguna manera a los ministros de la Corte, así como si afectó la credibilidad y honor de la UNAM.

El presidente se limitó a decir que el supuesto plagio lo tiene que decidir la instancia correspondiente, es decir, a la Universidad Nacional Autónoma de México, así como las instancias judiciales que ameriten tras las denuncias presentadas.

Sin embargo, fiel a su estilo, López Obrador dirigió sus palabras a señalar un supuesto ataque en contra de la ministra, que es sabido cuenta con el respaldo del gobierno federal.

“A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. O sea, yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así pues no me gusta, o sea, porque es politiquería. Por lo general los que acusan no tienen autoridad moral”, criticó el presidente.

Acusó que quienes ahora se han empeñado en señalar el supuesto plagio, son lo que se quedaron callados ante los robos que se cometieron por años en el país y ante los actos de corrupción que tanto han dañado a México.

“Nada más que si no les parece algo y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole, los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas, pero también vivimos en una democracia y somos libres”, añadió el presidente.

Se le insistió al presidente si una conducta de plagio no era incurrir en corrupción, algo que tanto ha criticado él.

“Sí, sí, sí, además es deshonestidad, pero a lo que voy es que el que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero como son muy hipócritas, son finísimas personas, se les olvida todo”, recriminó.

López Obrador finalizó señalando que se debe investigar todo, y que no quede nada pendiente, aún tratándose de una ministra de la Corte, que él mismo propuso.

Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate

México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos para fortalecer los marcos jurídicos nacionales.

Para contribuir con el diseño y evaluación de políticas públicas en la materia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera información que permite analizar el fenómeno de la corrupción en nuestro país, particularmente el soborno, así como conocer la percepción que la ciudadanía tiene a este problema.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, el 57.1% de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad pública.

En cuanto a las prácticas de corrupción, en 2021, 14.7% de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. Y si bien en ese año se observó una disminución respecto a 2019, la prevalencia continuó por arriba de la estimada en 2015.

En el caso de las empresas, la experiencia de corrupción registró una tendencia a la baja desde 2017, año en el que se estimó una prevalencia de 5.4%, la más alta desde que se realiza la encuesta. Los sectores Industria y Servicios han sido los más afectados a lo largo de los años.

En 2021, la prevalencia más alta de corrupción en trámites y servicios se observó en Quintana Roo, con 20.4% de la población afectada; siguieron Puebla, Baja California, Durango y Estado de México que presentaron prevalencias superiores a 17%.

Por el contrario, la menor prevalencia se encontró en Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala, donde menos de 9% de la población que solicitó algún trámite o servicio público fue víctima de corrupción.

Entre 2013 y 2021, en 25 entidades federativas aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas de soborno. El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1% a 16.9%. San Luis Potosí registró la mayor disminución.

En cuanto al tipo de trámite o servicio donde hay corrupción, 65% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública la experimentó. Estas interacciones fueron las de mayor nivel de corrupción en 2021, seguidas de los trámites ante el Ministerio Público y la gestión de permisos relacionados con la propiedad

Sobre los costos directos de la corrupción que se generan por el dinero, regalos o favores que se apropian los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio, se estimó que, a nivel nacional y durante 2021, el costo promedio fue de 3,044 pesos por persona en términos reales.

La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien lo mismo ha dicho que se logró acabar con la corrupción, y en otros momentos ha reconocido que es un problema que sigue presentándose por lo arraigado que estaba.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, como parte de su sentencia por un caso de corrupción conocido como “Vialidad”.

Aunque la peronista no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme, pues ya ha sido anunciada una apelación, además de que actualmente cuenta con fuero, la decisión de la Justicia generará una gran incertidumbre a una Argentina que lidia con una crisis económica y un fuerte antagonismo político.

En la lectura del veredicto, el Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires consideró a la dirigente “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En tanto, el tribunal absolvió a la dirigente del delito de “asociación ilícita”, en un caso en el que se investigaba un mecanismo de corrupción durante sus gobiernos anteriores, cuando se le acusó de que se entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, Lázaro Báez, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner.

“Está claro que la idea era condenarme (…) esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, señaló la vicepresidenta tras conocerse el veredicto, quien consideró que no se respetaron las garantías constitucionales en el proceso y anunció que apelará el fallo.

Cristina Fernández es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque todo el proceso podría demorar años tras la apelación que se anunció. Hasta entonces, la vicepresidenta podría postularse para cualquier cargo de elección popular según lo establece la ley.

Sin embargo, la vicepresidenta dijo que “la condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos”, y afirmó que “en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”. “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me vuelvo el 10 de diciembre a la misma casa de donde salí”, agregó.

La dirigente peronista grabó su reacción en su despacho en el Senado, desde el cual siguió de forma virtual el momento en el que un tribunal federal integrado por tres jueces leyó el veredicto.

Esta es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones.

Decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído. El edificio se encontraba rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías.

El tribunal también dictó penas de seis años de prisión para otros acusados, como Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, quienes ya cumplen condenas de cárcel por corrupción, y penas menores para varios exfuncionarios. Tres de los 13 acusados fueron absueltos o sobreseídos por falta de pruebas.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría recibir este martes una condena de hasta 12 años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, si la Justicia la encuentra culpable de corrupción, lo que según expertos, sacudiría el tablero político de Argentina.

La peronista, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque se espera una apelación del fallo, que podría demorar años.

“Es evidente que va a haber una condena (…) La sentencia estaba escrita”, señaló Fernández de Kirchner en una entrevista con el periódico brasileño Folha de Sao Paulo publicada ayer, en la que destacó que durante el proceso del caso conocido como “Vialidad” se violaron garantías constitucionales.

El fiscal a cargo del caso, Diego Luciani, consideró que Cristina Fernández cometió los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita agravada al mantener durante los años de su gobierno un mecanismo de corrupción por el que se le entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner.

Según Luciani, la estructura delictiva la montó Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández, quien falleció en 2010 tras gobernar el país entre 2003 y 2007.

Mientras que los detractores de Fernández de Kirchner señalan los casos de corrupción, los defensores de la vicepresidenta, que aún cuenta con un respaldo cercano al 25% de la población, consideran que la exmandataria es víctima de una persecución judicial.

Al respecto, seguidores de la vicepresidenta se movilizan este martes hacia los tribunales donde se leerá la sentencia.

A partir de las 17:30 hora local (14:30 hora México), el Tribunal Oral Federal 2 dará su veredicto. Por ello, las fuerzas federales reforzaron la seguridad en el Congreso y en los tribunales, según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

El partido Miles y la Federación Tierra Vivienda y Hábitat encabezaron esta mañana una movilización hasta los tribunales donde están los jueces que dictarán sentencia con la consigna de parar “el golpe” y liberar a Cristina Fernández.

El líder de la convocatoria, Luis D´Elía, llamó a que hoy sea “un nuevo 17 de octubre”, en referencia al de 1945, cuando Juan Domingo Perón fue liberado tras ser detenido por opositores militares luego de que miles de obreros se movilizaran para exigir su liberación.

En tanto, la delegación en Buenos Aires de la Asociación Trabajadores del Estado prevé hacer una vigilia para esperar el veredicto y, ante una condena, movilizarse y declarar un paro activo garantizando todos los servicios esenciales.

La vicepresidenta escuchará de forma remota el veredicto, pues recordemos que en medio de una de las manifestaciones en su apoyo, el pasado 1 de septiembre, Fernández sufrió un atentado a las puertas de su casa, del que salió ilesa.

Tras la lectura de la sentencia, Cristina Fernández hablará a través de sus redes sociales, anticiparon sus portavoces.

Si se emite una condena contra Fernández – que como vicepresidenta goza de inmunidad de arresto-, el fallo deberá transitar un largo proceso hasta ser refrendado o rechazado por la Corte Suprema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó esta mañana de “histórica” la Inversión Extranjera Directa (IED), que de forma preliminar se reportó en poco más de 27,500 millones de dólares en el primer semestre de 2022.

“Son históricos (los datos). Desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ayer, la Secretaría de Economía (SE) reportó la captación de 27,511.6 millones de dólares en el primer semestre de 2022 de IED, un aumento de 49.2% frente al mismo periodo de 2021. En esta cifra se considera la fusión de Televisa Univisión y la reestructura de Aeroméxico.

Dichos movimientos fueron reconocidos por el presidente, quien los calificó como “movimientos extraordinarios”. Aún así, dijo que al descontar ese monto quedaba una cantidad superior a cualquier periodo anterior.

El mandatario atribuyó la inversión extranjera a la confianza que existe en el país porque, argumentó, existe un “auténtico” Estado de derecho, gobernabilidad y estabilidad. En ese sentido defendió las políticas de su gobierno, pese a las críticas que han recibido.

López Obrador cuestionó las “campañas” de algunos sectores que apuntan a que “con las decisiones que se toman de no permitir la corrupción se ahuyenta la inversión extranjera, como si la inversión extranjera viniera porque hay corrupción”, expresó López Obrador.

De igual forma señaló la geopolítica, al opinar que la guerra entre Rusia y Ucrania, y las tensiones entre China y Taiwán motivan a invertir en México. “Todo eso hace a México un país muy atractivo para la inversión, seguro”, mencionó.

“Nosotros desde que llegamos siempre ha estado creciendo la inversión extranjera, se redujo por los efectos de la pandemia, pero de todas maneras estuvo arriba del 2018, el último año del gobierno del licenciado (Enrique) Peña”, sostuvo López Obrador.

El canciller Marcelo Ebrard llegó este jueves a Bolivia invitado por el presidente Luis Arce, para discutir una eventual alianza bilateral para la industrialización del litio boliviano.

“Este viaje corresponde al interés de lograr una extensa colaboración en litio, para lo cual fui invitado a conocer Uyuni, el mayor desierto de sal en el mundo con importantes reservas de litio… Este metal estratégico coloca a Bolivia en primer lugar mundial de reservas y a México en el décimo”, escribió Ebrard el jueves en una columna publicada en el diario boliviano La Razón.

Ebrard tenía previsto una rueda de prensa con su colega boliviano Rogelio Mayta antes de viajar a la ciudad de Sucre, la capital histórica de Bolivia, para participar de una celebración patria como invitado de honor.

El titular de la SRE recordó que Bolivia y México tienen una relación diplomática de 190 años que alcanzó su pico cuando el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le concedió el asilo al expresidente boliviano Evo Morales en 2019 tras su renuncia después de unas fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos.

A su vez, Arce fue un aliado de su par mexicano en el reclamo por la exclusión de los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por parte de Estados Unidos a la Cumbre de las Américas celebrada en California en junio pasado.

A pesar de sus enormes reservas, Bolivia no ha podido consolidar una industria del litio. Arce se ha propuesto activarla tras 14 años de escasos avances que han rezagado a Bolivia frente a sus vecinos Chile y Argentina.

El gobierno boliviano impulsa la construcción de una planta para producir carbonato de litio a nivel industrial hasta 2024 para lo cual ha seleccionado como eventuales socios a seis compañías transnacionales: una estadounidense, cuatro chinas y una rusa.

El encuentro con Ebrard se pridujo luego de que Castillo acudió al Ministerio Público para declarar ante la Fiscal General en un caso de presunta corrupción.

Rodeado de sus abogados y decenas de policías antimotines Castillo acudió a la cita de la Fiscal General, Patricia Benavides, quien lo investiga por supuesta corrupción en el manejo de ascensos de oficiales de las fuerzas armadas en 2021.

Previamente, a través de sus abogados, Castillo pidió ser interrogado en el palacio presidencial, pero la Fiscal General aclaró más tarde que el presidente era un investigado, por lo que no podía escoger dónde ser interpelado y debía acudir a la fiscalía.

El presidente dijo en su cuenta de Twitter que se dirigía a la fiscalía para defender su “inocencia y colaborar siempre con la justicia”. En su caminata el mandatario saludó a decenas de simpatizantes que gritaban “Cierra el Congreso” y “Prensa corrupta”. En otro extremo, otro grupo menos numeroso lo abucheaba y coreaba “Castillo ya fuiste, por rata te jodiste”.

La investigación por la que el mandatario es interrogado partió de una denuncia de irregularidades presuntamente cometidas en 2021 en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

En noviembre el ahora exjefe del Ejército, José Vizcarra, dijo en el Parlamento que recibió presiones de los entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno. Castillo ha negado las acusaciones.

Sobre el mandatario pesan cinco investigaciones fiscales, la mayoría por corrupción y una por el presunto plagio de su tesis de maestría. La Fiscal General sostiene la hipótesis de que el presidente es el líder de una organización criminal que recibía dinero de licitaciones de obras públicas.

La Fiscal incluye en el grupo al exsecretario presidencial y al sobrino del mandatario y a un exministro de Transportes que están prófugos.

Castillo es el primer presidente peruano investigado mientras está en funciones. Casi todos los expresidentes de las últimas décadas están bajo investigación judicial, un exmandatario está sentenciado y otro en proceso de extradición desde Estados Unidos.

La constructora española OHLA dijo este miércoles que colaborará con las autoridades de nuestro país para esclarecer cuestiones relacionadas con las investigaciones contra el expresidente Enrique Peña, esto luego de que la FGR indicara que hay diversas denuncias que involucran a OHL México.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que investigaba al exmandatario por delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales internacionales, precisando que una de las pesquisas estaba vinculada a OHL por delitos electorales y patrimoniales.

“Los hechos referidos se remontan al año 2017 y a OHL México. En dicho año, se anunció la venta de OHL México y de toda la división de concesiones (…) a Aleática”, detalló la compañía en un mensaje vía correo electrónico, con lo que OHL México ya no es parte del grupo.

“Grupo OHLA colaborará en todo lo necesario con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado”, agregó en su comunicado.

Recordó que grupo OHLA mantiene una política de cero tolerancia contra la corrupción, y tiene, desde el 2002, códigos éticos que supervisan y atienden estos temas. Destacó que en sus 110 años de historia, la empresa no ha sido condenada por ningún supuesto de corrupción.

El mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que entregó a la Fiscalía una carpeta de investigación que se aperturó desde octubre de 2021, en la que se detallaban varias transferencias millonarias a Peña Nieto, quien se encuentra en España, por parte de familiares.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Pablo Gómez. titular de la UIF, al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

Tras lo dado a conocer por el funcionario, el expresidente respondió a través de un mensaje en Twitter señalando que esperaba se le permitiera “aclarar cualquier cuestionamiento” a su patrimonio, que dijo, era legal.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Grupo Marhel, filial de una empresa ‘fantasma’ investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex por más de 67 millones de pesos.

Marhel es una división de B-Eminent Inc. de México, que en junio de 2020 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones, mejor conocidas como empresas fantasma.

Los contratos de Segalmex se otorgaron a Marhel en 2020 para surtir toneladas de azúcar, res y pollo para el programa de abasto rural del gobierno federal. Además, ocurrieron cuando su filial B-Eminent ya era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero en una red que enviaba alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Otro dato que llama la atención, revelado por MCCI, es que en Marhel, creada en 2019 en Mazatlán, Sinaloa, participa Martín Armando Botello Ruvalcaba, quien fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) entre 2003 y 2011. El propio ex funcionario ha sido también apoderado de B-Eminent, según consta en actas del Registro Público de Comercio.

Como parte de la indagatoria, la UIF detectó transferencias por 7 millones 936 mil dólares de una empresa de Tussef Smaill Abou Nassif, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, a B-Eminent Inc. de México, según publicó el diario Reforma en julio del 2019.
Desde octubre del 2019, el SAT incluyó a B-Eminent en el listado de empresas con presuntas operaciones inexistentes, y el 29 de junio de 2020 la incluyó en el listado negro definitivo de empresas fantasma, con operaciones simuladas, difundido en el Diario Oficial de la Federación. 
Apenas ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el estado que guarda la supuesta investigación por actos de corrupción y desfalco en Segalmex, que se le indicó por uno de los reporteros, asciende a 9 mil millones de pesos.
“Hay una investigación del gobierno, hay denuncias desde hace más de un año, están ya procesos abiertos en la Fiscalía General de la República y le voy a pedir al secretario de la Función Pública que venga y explique sobre este fraude, y la forma en que se está actuando”, respondió el mandatario.

Investigación completa en MCCI