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Los doce miembros del jurado del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se retiraron este jueves a deliberar sobre la inocencia o culpabilidad del exfuncionario, que volvió a estar acompañado en la sala del tribunal por su esposa, Linda Cristina Pereyra, y su hija Luna.

Antes de comenzar su deliberación, el juez Brian Cogan empleó casi dos horas en instruirlos sobre los cinco delitos que se le imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.

García Luna está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Pero además, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna en 2012 abandonó la conspiración en la que participaba.

En caso de determinar que en ese año dejó de conspirar y así se lo hizo saber a sus supuestos socios, entonces sus delitos habrían prescrito y solo sería condenado por el último de los cargos: no decir la verdad cuando se le preguntó si había cometido un delito por el que no había sido procesado.

El jurado no tiene una fecha límite para tomar una decisión, que, tanto si es la de culpabilidad como la de no culpabilidad, deberá ser unánime.

Desde el pasado 23 de enero, sus miembros escucharon los testimonios de 26 testigos convocados por la Fiscalía, entre ellos exnarcotraficantes, policías de México y agentes estadounidenses, así como el de la esposa de García Luna, el único testigo de la defensa.

Ayer se dio paso a los alegatos finales de ambas partes, donde se buscó convencer al jurado de la culpabilidad más allá de la duda razonable, como sostiene la Fiscalía, o de su inocencia como argumenta la Defensa.

En una larga exposición de tres horas, la fiscal Saritha Komatireddy les pidió a los 12 miembros que usaran el sentido común y unieran las piezas del rompecabezas que la Fiscalía presentó en las últimas cuatro semanas.

La Fiscalía defiende que su relato, junto al de otros narcotraficantes y el del resto de testimonios levanta un edificio consistente que demuestra la culpabilidad del acusado.

El abogado de García Luna, César de Castro, intentó echar abajo los argumentos de la fiscalía, señalando que los principales testigos, todos exnarcotraficantes, son criminales a los que no se puede creer porque buscan su propio beneficio al colaborar con la Fiscalía y también vengarse de quien fue el rostro de la lucha contra el narcotráfico durante la administración de Felipe Calderón.

El juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, concluirá este miércoles con los alegatos finales, casi cuatro semanas antes de lo previsto.

A partir de mañana los doce miembros del jurado tendrán que deliberar si es culpable o no el exfuncionario federal de ayudar al cartel de Sinaloa a traficar droga a Estados Unidos.

A lo largo de un mes de juicio, los más de 20 testigos que han subido al banquillo llamados por la fiscalía han esbozado el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.

El llamado “superpolicía” ya llevaba varios años monetizando su influencia con “El Chapo” Guzmán, según lo acusó el Departamento de Justicia estadounidense en 2020. Ahora ha  insistido en que se convirtió a partir de 2001 en “miembro de la conspiración del cartel de Sinaloa”.

El exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, uno de los testigos que declaró, mencionó en la Corte de Brooklyn el nombre del expresidente Felipe Calderón, quien habría dado órdenes de apoyar a la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Jesús “El Rey” Zambada, mano derecha de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, que seguiría liderando el cártel de Sinaloa, aseguró haber pagado 5 millones de dólares a García Luna, además de que confirmó otras acusaciones que han salido a la luz durante el juicio, como la complicidad de autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para traficar droga.

Según varios testigos, García Luna, que rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección.

Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, otro protegido de la justicia estadounidense, dijo que su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva le hacía igualmente pagos mensuales de al menos 1.5 millones de dólares directamente a García Luna o a través de su mano derecha Luis Cárdenas Palomino.

Óscar “El Lobo” Valencia también afirmó haber pagado más de 10 millones de dólares al excolaborador de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La defensa del acusado, dirigida por el abogado César de Castro, ha tratado a lo largo del juicio de restar credibilidad a los testigos que a menudo han caído en contradicciones y que, sobre todo, pese a su historial criminal, se han beneficiado de fuertes reducciones de pena en Estados Unidos a cambio de colaborar con la justicia.

Genaro García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, periodo en el que colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles.

Está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre diez años y cadena perpetua.

Su destino está en manos de 12 jueces que luego de la audiencia de hoy se retirarán a deliberar, siguiendo las pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa.

Tendrán que determinar si García Luna, que se trasladó en 2012 a vivir a Estados Unidos en busca de tranquilidad y seguridad, como aseguró su esposa Cristina Pereyra, es o no culpable. Sería este mismo viernes cuando pudiera tenerse un veredicto.