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La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados informó que buscará que en las propuestas para reducir en 50% el financiamiento de los partidos políticos, haya “piso parejo” de forma tal que los recursos públicos se distribuyan de forma igualitaria entre todas las fuerzas políticas.

El diputado Benjamín Robles Montoya fue el encargado de explicar que su bancada presentará una iniciativa por la cual se buscará que el financiamiento público se distribuya en porcentajes iguales a todos los partidos y así garantizar procesos democráticos en las próximas elecciones.

“En la propuesta que presentó Morena, a través de Tatiana Clouthier Carrillo, resulta que el único partido que tendría más recursos, de los que tuvo en el 2018, sería Morena, y eso, de entrada, me parece inequitativo para todos los partidos políticos, incluido el PT”, dijo el legislador.

El partido aliado de Morena dijo que apoyan la disminución del financiamiento público, aunque consideran que se debe revisar la forma de su distribución. Dijo que se debe transitar de un sistema de distribución proporcional que pondere los resultados electorales, a uno igualitario que privilegie un mejor aprovechamiento de los recursos.

“La propuesta es muy concreta, que haya piso parejo real, que se distribuya de forma igualitaria, no solamente hablamos de este tipo de recursos económicos, sino también queremos que se revisen los tiempos de radio y televisión” durante procesos electorales, detalló.

El ex pelotero mexicano Esteban Loaiza fue sentenciado este viernes en un juzgado de San Diego, California en los Estados Unidos, a tres años de prisión por posesión y distribución de drogas.

En una audiencia celebrada en el sur de California, Loaiza, de 46 años y que el pasado agosto se había declarado culpable, recibió además cinco años de libertad condicional, aunque se espera que una vez cumplida su condena el mexicano sea deportado del país.

El deportista fue detenido el 9 de febrero de 2018 en la ciudad de Imperial Beach, también en California, en posesión de un cargamento de más de 20 kilogramos de cocaína.

Y es que recordemos que según lo reportado por el Departamento de Policía del Condado de San Diego, los paquetes que se le hallaron alcanzarían un valor de 500 mil dólares.

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que del 27 de diciembre del 2018 al 23 de enero, periodo en que ha estado activo el estrategia del gobierno federal en contra del robo de combustible, han sido detenidas 133 personas relacionadas con huachicoleo.

La paraestatal informó que se han presentado 41 denuncias en las que están involucradas 63 estaciones de servicio por el delito de comercialización ilícita de hidrocarburos.

Detalló que en 2016, fueron detenidas mil 24 personas; en 2017, dos mil 61; el año pasado, dos mil 86 y en lo que va de 2019, 58 personas.

Adicional señaló que en 2016 fueron sometidos a proceso 414 personas; en 2017, mil 225; en 2018, mil 375, y en en el año en curso 25, además de que se han sentenciado a 216 personas en el primer año referido; 349 en 2017; 42 en 2018 y ninguna en el primer mes de 2019.

Sobre si México ha dejado de importar crudo ligero en los meses de diciembre y enero, Pemex indicó que en Diciembre de 2018 se importaron 701 mil 266 barriles de petróleo crudo ligero, mientras que en enero no se realizaron importaciones de petróleo crudo aunque aclaró que “estas acciones no tienen ninguna relación con la situación actual de suministro de gasolina provocando por las acciones anti-huachicol”.

Pemex admitió que se revisará el impacto que tendrá en el precio de las gasolinas el uso de medios alternos de distribución, esto luego de que en la estrategia del gobierno federal se optara por transportar el combustible en pipas y ya no por ductos.

Pemex explicó que no se han presentado nombres ni fotografías de los detenidos, “por el Principio de Presunción de Inocencia y para cuidar el debido proceso”, porque “es necesario realizar las investigaciones para acreditar su probable responsabilidad y la existencia de la conducta delictiva”.

 

Durante la reunión de trabajo que sostuvo este lunes con Diputados y Senadores para exponer la estrategia contra el robo de hidrocarburos que implementó el gobierno federal, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), indicó que el robo por tomas clandestinas es un problema que se originó desde el año 2000.

Especificó que de acuerdo a registros, en 2002 se tuvo conocimiento de 180 tomas; en 2007, después de que se conoció el Atlas de ductos de Pemex se registraron 323; para el 2011 se contabilizaban 800; en 2015, 6 mil 260 tomas; en 2016 aumentaron a 6 mil 873; en 2017 la cifra fue de 10 mil 363 y se terminó 2018 con 14 mil 894.

Indicó que con el propósito de fortalecer la producción y suministro de energéticos, el gobierno tomó la decisión de cerrar las válvulas en diferentes tramos de los ductos, lo que generó deficiencias en la distribución de combustibles en algunas zonas. Señaló que los estados con mayor problema fueron Guanajuato, Jalisco y el Estado de México, “justo donde más ataques a los ductos se manifiesta”.

Subrayó que el 20 de diciembre se tomó control de los ductos que distribuyen gasolina a todo el país, pues “quedó en evidencia prácticamente una empresa paralela dedicada a robar y vender en un mercado negro el combustible ilegal, ocasionando un quebranto a las finanzas de Pemex y del país”.

Aclaró que en las 74 terminales de abastecimiento de Pemex se tenían altos inventarios de combustibles y las importaciones de gasolina estaban garantizadas para atender el mercado nacional, por lo que enfatizó que “en todo momento se ha garantizado cubrir la oferta nacional de gasolina y diésel”.

La secretaria de Energía apuntó que antes de la intervención del nuevo gobierno, se estaban robando 10 millones de litros por día de gasolina, aproximadamente 190 millones de pesos por día. “Desde que se implementó (el cierre de ductos) a la fecha se han dejado de robar, desde lo operativo, aproximadamente cinco mil millones de pesos”, añadió.

Al respecto informó que el 1 de diciembre se recibieron dos refinerías en producción, y resaltó que para finales de diciembre, Pemex ya tenía cinco en plena actividad; para la primera semana de enero las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación de Pemex estaban en función.

Dijo ante los legisladores que también se dio seguimiento a los precios para evitar abusos y especulaciones, y aunque se identificaron concesiones que fijaron cantidades por arriba del promedio nacional, en general se logró mantener el mercado en los límites estables en todos los estados.

Ante los retrasos en la distribución, relató que se incrementó la entrega a través de pipas y carro-tanques, tanto de Pemex y como de servicio privado. “Se movilizaron mil 600 pipas de Pemex, tres mil 400 privadas y todos los carro-tanques disponibles, y empresas privadas con concesiones y permisos de importación coadyuvaron al abastecimiento”.

Sobre el tema de la importaciones de gasolinas, dijo que en enero de 2018, se importaron en promedio 593 mil barriles diarios y en diciembre se alcanzó la cifra de 601 mil por día; para los primeros días de enero de 2019 se importaron 814 mil por día, tanto de Pemex como de empresas que tienen permisos.

Explicó que entre 2015 y 2018 la dependencia otorgó mil 73 permisos de importación de gasolina, y aunque para el año pasado había 587 vigentes, solo se emplearon 41; “es decir, 546 no se utilizaron, por lo que se está ordenando y revisando el padrón de permisionarios”.

 

Ante la problemática que se está presentando en diverso estados del país respecto al suministro de combustibles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la voluntad del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos, pero lamentó que dichas acciones vulneren los derechos de las personas.

Señaló que ante el cierre de ductos y otras acciones que desde el Ejecutivo Federal se han emprendido para combatir el robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, se debe garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos a los mexicanos.

La Comisión aprovechó para hacer un “respetuoso exhorto” a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que tienen las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles.

Enfatizó que adicional al servicio, los mexicanos deben contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán.

“Se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”, dijo la CNDH.

La Comisión se manifestó a favor de que se haga una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos, que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que dicha actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad.

 

Luego de que trascendiera la información de que Excellence Freights, subsidiaria del Grupo Idesa, una compañía fundada por Pascual Gutiérrez Roldán, el suegro del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, recibió contratos por adjudicación directa para transportar el combustible de Pemex, la compañía negó estar participando en el proceso de distribución.

“Grupo IDESA informa que su filial, Excellence Freights de México S.A. de C.V., no ha participado en la entrega de gasolinas a las estaciones de servicio, con motivo del cambio en la estrategia de distribución de hidrocarburos, que el Gobierno Federal ha implementado recientemente”, señaló la empresa a través de un comunicado.

Y afirmó que su giro de negocio es principalmente el transporte de materias primas, productos químicos y similares, para las empresas del Grupo IDESA, además de que únicamente transporta los combustibles necesarios para su auto consumo y aquellos relacionados con sus clientes.

El comunicado concluye reiterando: “Señalamos que no es verdad el que Excellence Freights de México, S.A. de C.V. haya participado, o este participando, en la transportación de combustibles propiedad de Pemex para su entrega a estaciones de servicio para el público en general.

Cabe destacar que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, fue Consejero de Grupo Idesa hasta abril del 2018, y su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez, es accionista de la compañía.

Esta no es la primera vez que relacionan a la empresa con el Gobierno, hace unos días trascendió que Grupo Idesa recibió permisos de la Secretaría de Energía para la importación de millones de litros de gasolina y turbosina entre 2016 y el 2018.

Además, a través de una sociedad estratégica con otra empresa, Grupo Idesa ganó la Ronda 1.3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para la extracción de petróleo en Tecolutla, Veracruz, por lo que desde principios del 2018 inició la perforación del campo.

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso una multa de 418 millones 309 mil pesos a la división Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) por incumplir uno de los compromisos que asumió ante dicha autoridad para restaurar la competencia en el mercado de comercialización y distribución de diésel marino especial y otros petrolíferos.

La Comisión indicó que dicho compromiso lo asumió Pemex TRI cuando solicitó el cierre anticipado del expediente que se le seguía, respecto a una investigación por una posible práctica anticompetitiva.

En 2015, Pemex TRI fue denunciada ante la Comisión por la posible realización de prácticas monopólicas relativas, específicamente por discriminación de trato. Es decir, por no brindar las mismas condiciones de suministro y venta de primera mano de diésel marino especial a distribuidores de este combustible que se encontraban en igualdad de circunstancias.

Detalló que antes de que la Autoridad Investigadora emitiera el Dictamen de Probable Responsabilidad, la empresa solicitó en septiembre de 2016, el cierre anticipado del expediente. A cambio se comprometió a ejecutar acciones para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia.

Dentro de los compromisos establecidos se estipulaba la presentación anual de un informe realizado por un auditor externo sobre los beneficios que Pemex TRI otorga respecto de la venta de primera mano y comercialización de todos sus petrolíferos, con el objetivo de verificar que la empresa da el mismo trato en la venta de primera mano a todos los competidores que participan en estos mercados.

Sin embargo señaló que el primer informe se entregó de manera extemporánea, con prácticamente un año de retraso, por lo que se desatendió “un elemento necesario y fundamental para que la COFECE pudiera verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”.