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Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Grupo Marhel, filial de una empresa ‘fantasma’ investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex por más de 67 millones de pesos.

Marhel es una división de B-Eminent Inc. de México, que en junio de 2020 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones, mejor conocidas como empresas fantasma.

Los contratos de Segalmex se otorgaron a Marhel en 2020 para surtir toneladas de azúcar, res y pollo para el programa de abasto rural del gobierno federal. Además, ocurrieron cuando su filial B-Eminent ya era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero en una red que enviaba alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Otro dato que llama la atención, revelado por MCCI, es que en Marhel, creada en 2019 en Mazatlán, Sinaloa, participa Martín Armando Botello Ruvalcaba, quien fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) entre 2003 y 2011. El propio ex funcionario ha sido también apoderado de B-Eminent, según consta en actas del Registro Público de Comercio.

Como parte de la indagatoria, la UIF detectó transferencias por 7 millones 936 mil dólares de una empresa de Tussef Smaill Abou Nassif, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, a B-Eminent Inc. de México, según publicó el diario Reforma en julio del 2019.
Desde octubre del 2019, el SAT incluyó a B-Eminent en el listado de empresas con presuntas operaciones inexistentes, y el 29 de junio de 2020 la incluyó en el listado negro definitivo de empresas fantasma, con operaciones simuladas, difundido en el Diario Oficial de la Federación. 
Apenas ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el estado que guarda la supuesta investigación por actos de corrupción y desfalco en Segalmex, que se le indicó por uno de los reporteros, asciende a 9 mil millones de pesos.
“Hay una investigación del gobierno, hay denuncias desde hace más de un año, están ya procesos abiertos en la Fiscalía General de la República y le voy a pedir al secretario de la Función Pública que venga y explique sobre este fraude, y la forma en que se está actuando”, respondió el mandatario.

Investigación completa en MCCI

La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa ‘fantasma’ que presuntamente operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esta empresa fue utilizada por Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

MCCI adelantó este martes que el rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta última que también investiga a una red de 11 empresas ‘fantasma’ ligadas con Blunderbuss, con la que presuntamente compartían socios, representantes y apoderados legales.

Los más de 6 millones de dólares se habrían transferido a México entre 2009 y 2011 y ese monto, según MCCI es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

Documentos consultados por esa organización no gubernamental exponen que cuatro de las 11 empresas investigadas participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos.

En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.

También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en ningún caso fueron localizadas en los domicilios en que supuestamente operan.

El pasado 30 de marzo de 2019, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de empresas ‘fantasma’.