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Steve Bannon, ultraderechista y antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se entregó este jueves a las autoridades de Nueva York para enfrentar cargos estatales en una acusación relacionada con el esfuerzo de Trump por construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Se espera que los cargos sean anunciados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Bannon, de 68 años, y otros tres hombres habían sido acusados por los fiscales federales en agosto de 2020 de defraudar a los donantes en una campaña privada de recaudación de fondos por valor de 25 millones de dólares, conocida como “We Build the Wall”, para ayudar a construir el emblemático muro de Trump.

Bannon se declaró no culpable de esa acusación, incluso de las acusaciones de haber desviado cerca de un millón de dólares para gastos personales.

Pero su acusación fue desestimada después de que Trump perdonara a Bannon en enero de 2021, en las últimas horas de su presidencia. Los indultos presidenciales, sin embargo, cubren los cargos federales y no prohíben los juicios estatales.

Antes de entrar en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Bannon describió la situación a los periodistas como “una ironía”.

“El mismo día que el alcalde de esta ciudad tiene una delegación en la frontera, están persiguiendo a la gente aquí por tratar de detenerlos en la frontera”, anotó el hombre de 68 años.

Se espera que Bannon sea procesado por los cargos estatales esta misma tarde en un tribunal penal de Nueva York en Manhattan.

Se le acusa menos de dos meses después de haber sido condenado por desacato al Congreso por desafiar una citación de una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Por esta acusación podría ser condenado hasta a un año de prisión y a una multa de hasta 200,000 dólares.

Una grupo de unas 200 personas linchó hasta la muerte a un exasesor de la Cámara de Diputados, en el estado de Puebla, tras acusarlo de que intentar raptar a menores, informaron este domingo las autoridades.

“La justicia por propia mano, no es justicia, sino barbarie. Las autoridades competentes ya investigan lo ocurrido a fin de determinar responsabilidades”, indicó en un comunicado el gobierno del municipio de Huachinango.

Daniel Picazo, de 31 años, fue golpeado y calcinado el viernes pasado en la comunidad de Papatlazolco, perteneciente al estado Huachinango, a unos 180 kilómetros de Ciudad de México, detalló  el gobierno local.

La policía intentó rescatarlo pero vecinos lo impidieron, al insistir en que era un secuestrador de menores.

Cuando los oficiales intentaron ponerlo a resguardo adentro de una patrulla, habitantes de esa comunidad lo sacaron y se lo llevaron por la fuerza a las canchas deportivas locales, en donde aproximadamente 200 personas lo golpearon, le rociaron gasolina y le prendieron fuego aún con vida. La camioneta en la que se trasladaba Picazo también fue quemada.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ingresaron y retiraron el cuerpo luego de que los pobladores abandonaron el lugar.

La movilización de la gente y la acusación contra Picazo se originaron en grupos de mensajería, en los que se advertía que un supuesto delincuente se encontraba en el pueblo para secuestrar menores, se añade en el comunicado.

Picazo se desempeñó hasta marzo de 2022 como asesor en la Cámara de Diputados, informó esa institución mediante una esquela que publicó en redes sociales para lamentar el asesinato. Trabaja principalmente con legisladores de Acción Nacional (PAN), que también difundió en redes condolencias a la familia de Daniel Picazo y exigió justicia.

Este tipo de crímenes no son nuevos en el país, y se registran en localidades alejadas, donde las fuerzas de seguridad estatales tardan en llegar.

Uno de los casos más comentados ocurrió en 2019 también en Puebla, cuando siete hombres fueron golpeados y quemados hasta la muerte. Ese año 43 personas murieron y 173 habían resultado heridas en linchamientos, reportó en un informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos.