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Julian Assange, que lleva casi 14 años en cautiverio en el Reino Unido, deberá esperar varias semanas más para saber si es extraditado a Estados Unidos o puede apelar su caso ante la Justicia inglesa, después de que el Tribunal Superior de Londres decidió aplazar su decisión y pedir garantías a Washington.

La Corte tenía que pronunciarse este martes sobre si autorizaba la apelación del periodista australiano o daba luz verde a su entrega a Estados Unidos, que lo solicita por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a través del portal que él fundó, WikiLeaks.

Sin embargo, los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson optaron por pedir a Estados Unidos una serie de garantías antes de tomar un decisión final, por lo que el informático no será extraditado inmediatamente.

Según un extenso dictamen divulgado hoy por escrito, los magistrados han otorgado al Gobierno de Estados Unidos tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, relativa a la protección de la libertad de expresión.

También pidieron garantías de que Assange no se verá perjudicado en el juicio por razón de su nacionalidad, de que se le concederán las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense y de que no se le impondrá la pena de muerte.

En caso de que los jueces no reciban tales garantías, se concederá al periodista el permiso para apelar, pero si EUA ofrece los avales requeridos, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una audiencia el próximo 20 de mayo, a fin de tomar una decisión sobre la apelación.

No obstante, los jueces desestimaron en su dictamen de hoy algunos motivos de la solicitud de apelación, incluidos los argumentos de Assange de que su caso responde a sus opiniones políticas.

La extradición del fundador de WikiLeaks fue firmada en junio de 2022 por la entonces ministra británica de Interior Priti Patel.

Tras conocerse la decisión de hoy, la esposa del periodista, Stella Assange, dijo que su marido es un “prisionero político”. “Él es periodista y es perseguido porque expuso el verdadero coste de la guerra” y este caso “es una señal a todos de que si expones los intereses que impulsan la guerra, vendrán a por ti”, agregó.

Stella Assange consideró que el proceso contra su marido es “una vergüenza para cualquier país democrático” y que “Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día”.

Recordemos que Washington pide la entrega de Assange tras sus revelaciones de su portal, que entre los años 2010 y 2011 dio a conocer supuestos crímenes de guerra de EE.UU. en Irak y Afganistán. Según la defensa de Assange, esos delitos están penados con 175 años de prisión en Estados Unidos.

Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que ha quedado archivado. En 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, pero fue arrestado en 2019 por la Policía británica, una vez que ese país le retiró su estatus de asilo, y desde entonces ha estado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica.

Las autoridades estadounidenses indicaron que no se darán garantías de que permitirán que los abogados contratados por Joaquín “El Chapo” Guzmán cobren sus honorarios, tal como lo solicitara su nuevo despacho de abogados privados que el capo mexicano decidió contratar.

 

Estados Unidos reclama a Guzmán más de 14.000 millones de dólares por sus actividades como supuesto líder del Cártel de Sinaloa, por lo que, antes de asumir oficialmente el caso, los abogados quieren asegurarse de que no se confiscará el dinero de su contrato.

 

Sin embargo, las autoridades se oponen por ahora a dar una garantía de ese tipo. “El Gobierno ha notificado a los abogados privados que no dará una garantía general y futura de que renuncia a la confiscación de alguno o de todos los fondos recibidos del acusado”, señalaron las autoridades en su escrito.

 

La postura fue reprobada por el equipo defensor, que denuncian que el Gobierno está siendo hipócrita, pues anteriormente ha criticado que Guzmán sea defendido por abogados públicos cuando tiene dinero de sobra para pagar su defensa.

 

“El Gobierno lleva meses diciendo que los contribuyentes estadounidenses no deberían pagar la defensa del señor Guzmán porque tiene fondos para pagar abogados privados. Sin embargo, ahora que hemos sido contratados, el Gobierno de pronto cambia de postura y no garantiza que no buscará confiscar nuestros honorarios”, dijo a agencia Efe Jeffrey Lichtman, uno de los abogados.

 

Lichtman, conocido por su exitosa defensa del mafioso John A. Gotti, subrayó a través de un correo electrónico que las autoridades no pueden mantener esas dos posiciones y tienen que elegir. “¿De qué tiene miedo el Gobierno ahora que buscamos representar al señor Guzmán?”, se preguntó el abogado.

 

Otro de los letrados contratados por “El Chapo”, Eduardo Balarezo, se expresó en la misma línea y dijo que las autoridades están infringiendo el derecho de Guzmán a elegir su defensa. “El Gobierno ha dicho que el señor Guzmán no tiene derecho a la representación de un abogado público por su supuesto fortuna. (…)  Sin embargo, ahora que ha elegido abogado privado, el Gobierno se niega a asegurarnos que los honorarios legales no serán embargados”, señaló a Efe.

 

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO