Ante la orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, el Congreso del Estado interpuso una controversia Constitucional contra la Fiscalía General de la República (FGR) y del Juez de Distrito que la concedió.

El Congreso local manifestó que se trata de un acto que afecta la esfera constitucional del Poder Legislativo local.

La orden de aprehensión, dijeron los legisladores, afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 14 de mayo por el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El Congreso recordó que se determinó en su momento, no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con dicha decisión, se determinaba que el Gobernador del Estado mantenía su fuero y por lo tanto no se podía girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.