Primero que nada hay que aplaudir el Plan México que presentó la presidenta Sheinbaum esta semana en el marco de sus primeros cien días de gobierno. El objetivo es captar 2 mil proyectos de inversión por 227 mil millones de dólares para el país. Se pretende además llegar al top 10 de las mayores economías del mundo, avanzando del actual duodécimo lugar.
El Plan México habla justo de las oportunidades únicas que tiene el país actualmente, en especial del nearshoring dada nuestra geografía y el conflicto comercial China-Estados Unidos. Agrega el objetivo de que nos convirtamos en una potencia científica; de turismo e innovación.
¡Bravo!
Esto es justo lo que muchos mexicanos queremos. Que a México le vaya bien para que a todos nos vaya mejor. Solo que hay un problema. Por un lado la presidenta extiende la mano a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, al reconocer la importancia de su capital. Pero por el otro les da una bofetada cuando impulsa y aplaude la aprobación de la Ley al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.
En el Seminario de Perspectivas Económicas que organizó el ITAM la semana pasada estuvo Alejandro Werner, actual director del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown y quien antes tuvo cargos importantes en el FMI y la Secretaría de Hacienda. Ahí Werner dijo que los principales problemas que tiene México actualmente no están fuera. Son problemas creados por el gobierno que se ha encargado de deteriorar las instituciones.
La llegada de Trump a La Casa Blanca es sin duda un reto enorme, pero palidece frente a los problemas que vendrán por la aprobación de reformas que erosionan el Estado de Derecho y con ello ahuyentan las inversiones. Y las inversiones que sí lleguen van a reclamar un rendimiento mucho mayor precisamente por la incertidumbre que implica a partir de ya invertir en un país como México.
¿Quiénes serán los valientes empresarios que quieran traer dinero fresco para invertir en el sector energético, por ejemplo, cuando se tendrán que sentar a la mesa con un actor – el Estado mexicano – que tendrá el 54 por ciento de la participación y que actualmente no le está pagando a sus proveedores? A ello hay que sumarle que con las nuevas reglas del Poder Judicial será imposible ganarle un solo juicio a ese socio, ya sea Pemex o CFE.
Bajo esas circunstancias ¿de dónde van a salir los 227 mil millones de dólares de inversión que promete atraer el Plan México?
En la presentación se mencionó que la cristalización del Plan México depende de la fortaleza institucional, certeza jurídica a las inversiones, así como de garantizar las atribuciones autónomas de transparencia y competencia económica. Altagracia Gómez, la Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, le dio al clavo cuando declaró ante los empresarios asistentes al Museo de Antropología que “para aterrizar el Plan México los necesitamos, piensen en grande, protejan a los trabajadores mexicanos, apostemos en la integración regional y confíen en México, está es la única apuesta que en el largo plazo nunca nos va a hacer perder.”
La situación es esquizofrénica. Claro que se quiere confiar en México. Claro que se quiere que al país le vaya bien. Pero ¿cómo? El principal obstáculo para que estas inversiones y este crecimiento llegue no está del lado del empresariado ni de los inversionistas sino de un gobierno que da señales de que entiende, pero actúa como si no.
Columna publicada en El Universal