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Bucarest, Rumanía.- Sigo sin entender qué ganan los que cuestionan a quiénes están detrás de la movilización del sábado 15 de noviembre. Las motivaciones declaradas para salir a marchar fueron el hartazgo ante la inseguridad, la corrupción, la impunidad y en específico lo que generó tanta indignación fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Parece que fue eso la gota que derramó el vaso de agua.

Con 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, México está muy por encima del promedio mundial, que es de 5.8, y también por encima del promedio regional latinoamericano (19.6).

Esto nos coloca entre los países con una de las tasas más altas de homicidios del mundo. El hecho de que existan más de 125 mil desaparecidos añade otra dimensión de violencia. Implica impunidad, violencia organizada y desaparición forzada.

Desde la óptica de la demanda de seguridad de quienes marcharon estos números muestran que su exigencia no es un “malestar” menor sino una protesta fundada en una realidad estadística severa y persistente. Entonces ¿cómo puede el gobierno y sus comentaristas pensar que es buena idea cuestionar la legitimidad de la marcha? ¿Cuestionar qué es lo que a la Generación Z le importa?

Si algo sorprende de México – a muchos mexicanos, pero a muchos extranjeros también – es la pasividad con la que reaccionamos (o la falta de reacción) a la creciente violencia. Ahora que me encuentro en un viaje con periodistas de otros países de América Latina en el Este de Europa, me preguntan varios de ellos qué es lo que ha ocurrido en México. Las imágenes de gases lacrimógenos y gente violentada en el Zócalo el sábado pasado han dado la vuelta al mundo.

La duda que yo y creo que no me equivoco cuando digo que otros también se hacían era: ¿En dónde está la indignación por los 200 mil homicidios y más de 53 mil desaparecidos en México que ocurrieron en el sexenio de López Obrador? Duda que se resolvió el sábado. Finalmente se tomaron las calles. Se vio indignación. La ciudadanía busca acciones y respuestas de parte de los servidores públicos. La pregunta entonces no es ¿quiénes están detrás de la marcha del sábado sino por qué no se había visto esta indignación antes?

Además hay otra pregunta que la presidenta Sheinbaum debería poder responder. Antes de estar cuestionando a quiénes convocaron la marcha, sería mejor para ella y para su gobierno entender quiénes están detrás del bloque negro. ¿Quiénes y por qué salieron a reventar una marcha que se convocó como un acto pacífico? ¿O es que el gobierno federal sabe y no quiere actuar en contra de ese bloque negro porque algunos de sus impulsores son cercanos al ´movimiento’?

La violencia en el Zócalo, lejos de confirmar lo que la presidenta decía, que la marcha estaba convocada por bots, la contradice. Los bots no pueden salir a tirar las vallas metálicas de protección para Palacio Nacional. Lo que sí hizo la presencia de este bloque negro ha sido abonar un problema más para su presidencia. A la violencia en Michoacán; Sinaloa y otros estados, ahora hay que sumar las dudas de quiénes son y por qué salieron los del llamado bloque negro a reventar la marcha.

Valdría la pena que en lugar de pensar si es la Generación Z la que impulsó la marcha o de estar pagando a plumas para que escriban columnas que mienten con gráficas sobre lo que esta generación busca, quiere o procura, mejor se investigue y se aclare quién es es bloque negro que revienta marchas que hace que imagenes de un México desastrozo circulen por el mundo cuando lo que se exigió el sábado tiene un sustento legítimo: seguridad para un país plagado de homicidios y desaparecidos.

Columna publicada en El Universal

En su libro Los ingenieros del caos, Giuliano Da Empoli abre con una cita de Woody Allen: “Los malos saben algo que los buenos claramente desconocen”. Hoy me parece que esta frase describe perfectamente lo que acaba de suceder en Washington con el cierre del gobierno de Estados Unidos y la capitulación de los demócratas para reabrirlo a cambio de…NADA.

Tras 41 días dolorosos para muchos ciudadanos por el cierre del gobierno federal, el Senado estadounidense aprobó una resolución para reabrir con el voto decisivo de ocho senadores demócratas que rompieron filas y votaron con los republicanos. ¿Por qué avalaron tal retirada política sin negociar mantener la extensión de subsidios sanitarios del Affordable Care Act (Obamacare) que fue el motivo por el cual se cerró el gobierno?

En un momento en que los republicanos acababan de sufrir un fuerte golpe electoral el 4 de noviembre que incluso llevó a Trump a admitir que los malos resultados de su partido se debían al shutdown, los demócratas doblaron las manos.

El cierre provocó despidos de trabajadores, recortes de servicios, caos en aeropuertos por escasez de controladores que llevó a la cancelación de miles de vuelos y un golpe reputacional para Trump que empezó a erosionar la imagen del Presidente. En el índice RealClearPolitics, que aglutina las principales encuestas políticas, solo un 32 por ciento de los estadounidenses siente que el país va por buen camino. Y la aprobación de Trump bajó a los suelos para colocarse por primera vez hasta un 42 por ciento, con la desaprobación del 54 por ciento. Por primera vez parecía que el teflón de Trump sufría un buen raspón.

Y es que mientras millones de estadounidenses sufrían el cierre y sus consecuencias, como la falta de ayuda alimentaria o los vuelos cancelados, Trump se dedicaba a remodelar La Casa Blanca con un salón de baile de cientos de millones de dólares y a pasársela en la frivolidad en Mar‑a‑Lago.

Trump empezaba a reconocer el daño y por ello les pidió a los republicanos que reabrieran pronto el gobierno, pero no accediendo a negociar con los demócratas, sino buscando cambiar la regla del filibusterismo en el Senado que obliga a juntar 60 votos para aprobar el presupuesto.

El acuerdo para reabrir, aprobado en el Senado y que hoy se votará en la Cámara de Representantes, simplemente financia el gobierno hasta el 30 de enero de 2026 y posterga la decisión sobre los subsidios del Obamacare hasta diciembre. Esto dejó al Partido Demócrata con las manos vacías en un momento de ventaja electoral, mientras el presidente Trump recupera aire y legitimidad.

¿Por qué doblaron las manos los demócratas justo cuando traían buen momentum?  Y ¿Por qué lo hicieron a cambio de nada?

Supongo que tiene que ver con que, como dijo Woody Allen, los malos saben algo que los buenos claramente desconocen. Los “malos”, o los que como Trump, usan las reglas del juego sin escrúpulos, operan sabiendo lo que los “buenos” no contemplan: el desgaste, el tiempo como arma, la rendición que se convierte en derrota. Los “buenos”, por su parte, actúan con causa y convicción, pero sin una lectura estratégica del tablero.

Parece que, como en México, en EUA también está en serios problemas la oposición.

Columna publicada en El Universal

Pobre presidenta Claudia Sheinbaum. El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la obligó a posponer la conferencia mañanera desde Los Pinos en la que presentaría los planes rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ni modo de hablar de fútbol cuando acaban de asesinar a otro alcalde, uno más, y en Michoacán.

Pobre presidenta, que los carroñeros de los medios de comunicación se atreven a cuestionarla por esta violencia. Violencia, lo que se dice violencia, es la que ocurre en las redes sociales, según ella misma ha dicho, y que promete investigar. Eso sí indigna: que se usen las redes para preguntar por qué van siete alcaldes asesinados durante el mandato del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, según cifras del INEGI y reportes de la organización Causa en Común. La indignación de la presidenta es comprensible. ¿Quién pagó por esos trending topics? ¿Quién financia esos TikToks? ¿Quién está detrás de las movilizaciones en Michoacán donde incluso han salido estudiantes a las calles? Seguro son políticos de oposición buscando sacar raja del dolor.

Pobre presidenta. En el México más democrático de la historia, tendrá que gastar tiempo, dinero y esfuerzo en investigar a la prensa carroñera. Recursos que podrían destinarse a hospitales o medicinas deberán usarse para señalar a quienes osan dudar de su estrategia de seguridad. Tendrá que distraerse de lo importante para averiguar quién se indigna por el homicidio de un político que se atrevió a desafiar al crimen organizado.

Y es que, pobre presidenta: Michoacán está como está por culpa de Felipe Calderón. Fue él quien —según repite el guion oficial— desató la guerra contra el narcotráfico. Han pasado tres sexenios y trece años desde que dejó el poder, pero sigue siendo el villano favorito. No bastó con que catorce elementos de la Guardia Nacional custodiaran al alcalde de Uruapan; aun así lo asesinaron a quemarropa. Maldito Calderón.

Pobre presidenta que quiere, sinceramente o no, acabar con la violencia, pero está rodeada de quienes la perpetúan. Ahí está el propio Ramírez Bedolla, gobernador morenista. Y también otros de su partido, como Rubén Rocha Moya en Sinaloa o Alfonso Durazo en Sonora, que muestran cuando menos tolerancia al crimen organizado. ¿Y qué decir de Adán Augusto López y los múltiples señalamientos de corrupción y vínculos turbios en su entorno? La presidenta promete “cero impunidad”, pero ¿cómo hacer limpieza cuando al mismo tiempo Andy López Beltrán busca afiliar a diez millones de nuevos militantes a Morena? La realpolitik pesa más que la justicia. Pobre presidenta: su “cero impunidad” choca con la realidad.

Pobre presidenta. Este homicidio ha sido utilizado, dice, por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, vinculadas, según su versión, con grupos empresariales “que ya no tienen mucho reconocimiento social”. Lo que buscan, asegura, es manipular a los jóvenes de la Generación Z para que marchen el 15 de noviembre, fecha ya convocada en redes. Para contrarrestarlo, Sheinbaum advirtió que se analizarán las cuentas que promueven la protesta y sostuvo que “no tiene nada que ver con una manifestación legítima”, sino con un movimiento artificial “para ver si de casualidad los jóvenes se enganchan”.

Pobre presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es la víctima. No los michoacanos que viven entre balaceras. No los alcaldes asesinados. No los periodistas ni los policías que caen cada semana. La víctima, según su narrativa, es ella: la presidenta que tiene que cargar con los errores de otros, con una oposición malvada, con redes sociales crueles y con un país que no entiende su transformación.

Pobre presidenta. Ella es la víctima de toda esta situación.

Columna publicada en El Universal

El gobierno de Claudia Sheinbaum repite una promesa que suena bien en los discursos: no subir los impuestos. Pero lo que omite decir es que, aunque no haya una reforma fiscal, los costos para los mexicanos sí están subiendo por otras vías.

Ahora que el SAT y las compañías de seguros han llegado a un acuerdo tras años de litigio, el gobierno recaudará más y los clientes de las aseguradoras pagaremos extra.

Durante meses, el SAT y la Secretaría de Hacienda sostuvieron una batalla con el sector asegurador. La autoridad acusó a las aseguradoras de no haber entregado correctamente el IVA que cobran a sus clientes al momento de vender una póliza. En pocas palabras, lo que hacían las aseguradoras era esto: cuando el cliente pagaba su seguro, por ejemplo uno de coche o de gastos médicos, dentro del precio venía el IVA. Las aseguradoras cobraban ese dinero, pero en lugar de entregarlo completo al SAT, lo usaban para compensar otros gastos que también generaban IVA, como los pagos a talleres, hospitales o ajustadores. Es decir, mezclaban el IVA que cobraban a sus clientes con el IVA que ellas mismas pagaban, y al final mandaban menos dinero al gobierno.

Según el SAT, ese dinero pertenece al fisco, no a las empresas. El pleito era porque el SAT quería hacer el cobro de manera retroactiva. Las aseguradoras, por su parte, alegaron que el gobierno estaba reinterpretando la ley, porque durante años ese esquema fue permitido y supervisado sin objeción.

El conflicto escaló hasta convertirse en un problema de casi 200 mil millones de pesos. Finalmente, el gobierno y las aseguradoras llegaron a un acuerdo: las empresas pagarán alrededor de 20 mil millones y el SAT retirará los litigios. Ahora las aseguradoras deberán entregar todo el IVA que cobren a sus clientes y ya no podrán compensarlo con el IVA que pagan a terceros —por ejemplo, hospitales o talleres mecánicos— como hacían antes.

En términos técnicos, es una aclaración contable. En términos reales, es un aumento de costo. Porque lo más probable es que las aseguradoras trasladen ese ajuste a las primas, es decir, al precio de los seguros.

México es uno de los países con menor nivel de aseguramiento privado del mundo: apenas 8% de la población (en las mejores estimaciones) cuenta con algún seguro de salud privado, frente a 65% en Estados Unidos.

En México, la gran mayoría depende del (deficiente) sistema público, y los seguros de gastos médicos mayores son un lujo reservado para unos pocos. Si las primas suben, aún menos personas podrán o querrán contratar uno, ampliando la brecha de protección financiera en caso de enfermedad o accidente.

El gobierno logra recaudar más sin asumir el costo político de decir que sube impuestos. No incrementa el IVA ni el ISR, pero impulsa decisiones que terminan haciendo más caro el costo de vida en México: gasolina con IEPS ajustado al alza, alimentos y bebidas con impuestos especiales crecientes, servicios con nuevos costos fiscales.

En el fondo, lo que se busca es tener más dinero para alimentar el gasto social. Porque ese es el motor político de este gobierno: entregar más transferencias directas a más personas. Es un modelo de redistribución que descansa cada vez más en un Estado que reparte, pero que al mismo tiempo encarece los bienes y servicios que pagan quienes producen y consumen.

En teoría, no hay aumento de impuestos. En la práctica, hay un aumento silencioso del costo de la vida. El gobierno que presume no subir impuestos ha encontrado una fórmula más cómoda: subir los costos.

Columna publicada en El Universal

La gran pregunta en este arranque del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum es si manda ella o manda él.

Aunque ha intentado marcar distancia de su antecesor con un giro de 180 grados en la estrategia de seguridad en la que el Ejército y la Marina han recuperado protagonismo operativo, la sombra de Andrés Manuel López Obrador sigue presente. El dilema de fondo no es solo político, sino simbólico: ¿cuándo se convierte una heredera en mandataria plena?

En su discurso del domingo pasado en el Zócalo, la presidenta pareció responder a esa pregunta con una reverencia. Se desvivió en elogios hacia quien llamó “un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo”. Dijo que el camino actual del país, enfocado en la justicia social y la garantía de derechos, “es también la herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Luego añadió: “Fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México”. En otras palabras: los escándalos de corrupción y ostentación que siguen golpeado a figuras cercanísimas al expresidente, serían ajenos a él.

La presidenta reconoció que ha habido intentos por separarla de AMLO y “acabar con el movimiento de transformación”, pero aseguró que eso no ocurrirá porque ambos comparten valores como la honestidad, la justicia y el amor al pueblo. Reafirmó así su adhesión al proyecto del llamado Humanismo Mexicano, que el propio López Obrador definió como “la doctrina moral de la Cuarta Transformación”.

El problema es que esa lealtad inquebrantable alimenta la duda. En un país donde se suele decir que nunca se han sentado dos en la silla presidencial, el reto de Sheinbaum es histórico: lograr gobernar sin romper con quien aún mueve las riendas del partido-movimiento que la llevó al poder.

Y lo hace desde una posición privilegiada. Con niveles de aprobación superiores al 65 por ciento, Sheinbaum es hoy más popular que Morena. Por eso el partido busca capitalizar su figura en las elecciones intermedias. Bajo el argumento de la austeridad, los diputados morenistas impulsan una reforma electoral que unificaría las elecciones legislativas, las de 17 gubernaturas y la del Poder Judicial con la revocación de mandato presidencial.

La Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse en octubre de 2027, pero si se adelanta a junio, Sheinbaum aparecería en la boleta justo cuando Morena enfrenta desgaste por los múltiples casos de corrupción y su creciente colusión con el crimen organizado, que incluso ha sido portada del New York Times.

En Palacio Nacional saben que la presidenta es su mejor activo político. Pero su mayor fortaleza —la popularidad— puede ser también su límite si sigue subordinada a la narrativa de su mentor.

Así, mientras Sheinbaum intenta consolidarse como la mandataria de la estabilidad y la continuidad, su segundo año arranca con la misma pregunta que marcó el primero: ¿manda ella o manda él?

Apostilla: El Foro Económico Mundial, encabezado por Børge Brende, celebró ayer un encuentro en la Ciudad de México y hoy sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá que este acercamiento motive a la mandataria a asistir al Foro de Davos en enero de 2026. Sería una oportunidad para posicionar a México en la agenda global y, de paso, para encontrarse —fuera del territorio estadounidense— con Donald Trump, el hombre que de nuevo puede redefinir la relación bilateral.

Columna publicada en El Universal

México está ubicado junto a Texas y sus enormes reservas de gas natural. ¿Por qué, entonces, los mexicanos no cuentan con mejor infraestructura de ductos para aprovechar este privilegio que otorga la geografía?

Esto fue, palabras más palabras menos, lo que planteó hace unos días el exembajador de Estados Unidos en México y hoy subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante el Concordia Summit en Nueva York. A su lado estaba François Poirier, CEO de TC Energy, compañía canadiense de infraestructura energética que desde hace casi un siglo opera ductos, instalaciones de almacenamiento y plantas de generación en Norteamérica. Landau recordó que desde su paso por la embajada, en tiempos de AMLO, ha hecho esta pregunta al gobierno mexicano. Y nada ha cambiado.

Poirier habló entonces del ducto submarino que TC Energy construye junto con la CFE en el sureste: el proyecto Puerta al Sureste. Este transportará gas natural desde Tuxpan, Veracruz, hasta Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Landau celebró que al fin se hiciera algo en esa región: “Nunca entendí por qué López Obrador se quejaba tanto de la falta de desarrollo en el sureste y, al mismo tiempo, dejaba pasar estas oportunidades para México. Los mexicanos hablan de desarrollar el sureste, justo Tabasco. La energía es catalizador del desarrollo y del crecimiento, pero no hacen nada por mejorar su infraestructura. Necesitan proyectos de infraestructura”, insistió Landau.

Poirier remató: gracias a ese proyecto conjunto, el abasto de gas natural en la zona podría duplicarse. Y, con la inversión adecuada, México podría volver a duplicarlo después.

Puerta al Sureste es un ejemplo claro de los beneficios de la integración energética en Norteamérica. Esta infraestructura clave fue posible gracias a una alianza entre una empresa canadiense, TC Energy, y el gobierno de México, a través de la CFE, para llevar gas natural estadounidense al sureste del país.

Este tipo de proyectos deberían de ser música para los oídos para la presidenta Sheinbaum en un momento tan complicado en las relaciones con Estados Unidos, donde Trump amenaza con cerrar fronteras e imponer aranceles.

En especial cuando la presidenta Sheinbaum ha reiterado que dentro del Plan México está la necesidad de aumentar la autosuficiencia energética como paso estratégico hacia la seguridad y la sostenibilidad. Coincido. Pero sin infraestructura esa meta es imposible.

En el Foro Energético que se llevó a cabo hace unos días en el Senado, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, dijo que el gas natural “es más importante que el petróleo y que el aceite, porque es el combustible de la transición: nos permite tener generación eléctrica con muy alta eficiencia. El gas convertido en electricidad es lo que sostiene a la economía mexicana”.

Las reservas nacionales de gas natural son significativas, pero no de acceso inmediato. De hecho, la producción cayó 35 por ciento entre 2010 y 2024. Nuestra capacidad está limitada. Por eso es urgente pensar en un plan energético de Norteamérica. No como dádiva de Estados Unidos, sino como integración que beneficie a los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El modelo debería de ser claro: TC Energy pone la infraestructura; EUA, el gas natural; y México, la ventana para usarlo y exportarlo. Así ocurrió ya con el proyecto Altamira LNG, en Tamaulipas, desde donde New Fortress Energy comenzó a enviar gas a Europa. Dado que EUA carece de terminales de gas natural licuado en la costa oeste, México ha sido su vía hacia Asia.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Vamos a aprovechar de verdad estas oportunidades que nos presenta le geografía?

Columna publicada en El Universal

Está por cumplir un año en la presidencia Claudia Sheinbaum y si algo ha quedado claro en estos primeros meses es que su gobierno no ha podido gobernar en clave de continuidad, sino de corrección. Ha tenido que enmendar algunos de los errores más costosos de su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador.

Tan solo en estos días se ha visto obligada a actuar en contra de una enorme red de corrupción que nació y creció durante el sexenio pasado: el del contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.

Y es que aquí no hay manera de voltear para culpar a los villanos favoritos del pasado. La presidenta ya no puede señalar a Calderón; a los neoliberales; a los medios de comunicación… de ser los artífices del huachicol fiscal. Este es un delito incubado y tolerado bajo la administración de López Obrador.

Los señalados como cabezas de este contrabando son Rodolfo y Fernando Farías Laguna. El primero ya está detenido en el Altiplano, el segundo continúa prófugo de la justicia. Ambos son sobrinos del Secretario de la Marina en el sexenio de López Obrador, Rafael Ojeda, quien recibió el control de las aduanas —que antes llevaba la SCT— en 2020, cuando el entonces presidente aseguró que la Marina era incorruptible.

Las denuncias de que los sobrinos del titular de Semar andaban por malos pasos comenzaron desde 2023. El 21 de octubre de 2024 fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, tras haber denunciado la corrupción de los hermanos Farías. Un mes después fue asesinado el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había enviado una carta al propio Secretario de la Marina con acusaciones similares.

Así que aquello de que los uniformados son menos corruptos que los civiles comenzó a resquebrajarse bien rápido. Hoy el nuevo titular de la SEMAR, el Almirante Raymundo Morales, junto con la presidenta y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han decidido actuar en contra de este delito que tiene proporciones enormes.

Pemex, que se supone es la empresa consentida del Estado, enfrenta una competencia brutal de este huachicol. Algunas estimaciones de gremios gasolineros ubican el contrabando en 23–30 por ciento del mercado. Es descomunal. AMLO lo dejó pasar. Sheinbaum ha tenido que corregir el pasado.

Pero no solo en materia de corrupción enfrenta este reto. También en economía ha tenido que poner la casa en orden. Esta semana presentó el Paquete Económico del 2026, en el que la primera corrección fue al déficit insostenible heredado de AMLO. El elevado déficit público del año pasado, el más alto en 40 años, dejó al actual gobierno un entorno complicado y con escaso margen de maniobra.

Si bien el Paquete fue bien recibido, el panorama no es sencillo. El entorno internacional y la debilidad estructural del país implican un margen reducido si los ingresos resultan menores a los previstos. Y hay señales que apuntan en esa dirección.

Primero, la expectativa de crecimiento que presenta Hacienda es mucho más optimista que la del consenso. Para 2025, el gobierno prevé 1.1% frente al 0.5% de los analistas. Para 2026, proyecta 2.3% frente al 1.4% del consenso. Segundo, los ingresos petroleros: el Paquete estima un aumento de más del 20% en la producción, un supuesto que raya en el voluntarismo.

La buena noticia es que la presidenta está demostrando que quiere corregir el pasado, en especial en materia de corrupción —donde todavía hay un largo camino por recorrer— y en economía, donde más vale poner los pies sobre la tierra. Corregir los errores heredados no garantiza el éxito de su administración, pero ignorarlos la condenaría al fracaso. Entre la inercia del pasado y las decisiones del presente se juega el verdadero reto de Claudia Sheinbaum.

Columna publicada en El Universal

Las palabras importan. Y en la Cuarta Transformación importan tanto que pareciera que si cambian las palabras, cambian la realidad. Por eso conviene conocer el diccionario oficial de la Real 4T, para no confundirnos y pensar que una cosa es una cosa cuando, en realidad, es otra.

Bache (sustantivo, masculino): lo que en el resto del mundo se llama bache, en la Real 4T es un registro mal intervenido. Así quedó claro en el Maratón de la Ciudad de México 2025, cuando el atleta colombiano Francisco Sanclemente cayó de su silla de ruedas al topar con uno de estos registros, provocando además la caída de otro competidor, Gonzalo Valdovinos. No era un bache, nos dicen, sino una falla técnica menor que ya se arregló. El lenguaje es generoso; las lesiones, no tanto.

Elección popular (sustantivo, femenino): lo que se llevó a cabo para designar a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo urnas, sí, pero también un raquítico 13 por ciento de participación ciudadana y, dentro de ella, un 22.8 por ciento de votos nulos. El nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, obtuvo menos sufragios válidos que los votos anulados. Aun así, en el diccionario de la Real 4T, fue una victoria avalada por el pueblo. Y si en su primer discurso dijo que los ministros fueron “impuestos” y luego tuvo que corregir, no es lapsus: es simplemente que olvidó el glosario oficial.

Acordeón (sustantivo, masculino): no es acordeón, sino guía ciudadana. Los impresos que circularon con los nombres de los aspirantes “idóneos” para la Corte no eran instrucciones, sino trabajos académicos colectivos. Que un 45.7 por ciento de los votantes haya llegado a la exacta misma conclusión que el acordeón proponía es pura coincidencia, no copia. La democracia de la 4T tiene un sonido peculiar, pero insiste en que no viene de la música de un acordeón.

Asesinato (sustantivo, masculino): lo que para la Real 4T puede ser un infarto fulminante. La violencia homicida, que dejó sin vida a la taxista y maestra jubilada, Irma Hernández Cruz, después de ser secuestrada y violentada, puede rebautizarse con un eufemismo médico. Un país en donde los muertos son estadísticas o víctimas de padecimientos naturales resulta, sin duda, más habitable… al menos en el papel.

Austeridad republicana (locución sustantiva): no es vivir con doscientos pesos en la cartera ni con un par de zapatos remendados. Significa hablar en nombre del pueblo, pero viajar con todos los lujos o comprar mansiones despampanantes… siempre que se pueda alegar que se pagó con “recursos personales” o gracias a un crédito hipotecario. Si el origen de esos recursos no cuadra con lo declarado, ese ya es problema de quien pregunte. En Morena, la austeridad se respeta: digan lo que digan, viajen como viajen, vivan en donde vivan.

El diccionario de la Real 4T es claro: no hay baches, sino registros; no hay imposiciones, sino elecciones; no hay copias, sino coincidencias; no hay asesinatos, sino infartos; no hay lujos, sino austeridad. Lo que sí hay es un país donde, a golpe de palabras, se pretende cambiar la realidad. En esta narrativa oficial no existen las crisis, sólo relatos alternativos. Y así, con definiciones hechas a modo, se construye un México maravilloso.

Columna completa en El Universal

Florida, EUA.— Hace un mes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cedió al presidente Donald Trump la pista aérea abandonada de Ochopee, en los Everglades, para abrir un centro de detención que sus promotores llaman “Alligator Alcatraz”. El objetivo, admiten, es simple: aterrorizar al migrante para que se auto-deporte.

 Treinta días después, la crueldad es palpable. Al menos cien personas ya fueron expulsadas en vuelos opacos, según la ACLU, una asociación defensora de los derechos y libertades individuales garantizados por la Constitución de Estados Unidos. Quienes aún duermen en carpas sobre pasarelas de madera narran historias de calor sofocante, muy poca comida y la imposibilidad de hablar con un abogado: sus nombres ni siquiera figuran en los registros de ICE. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió visitar la instalación pero recibió dos negativas porque ni el estado ni el gobierno federal reconocen responsabilidad.

El Arzobispo de Miami, Thomas Wenski, ha buscado poder proveer servicios religiosos a los detenidos y también se ha topado con pared. Ante la pregunta ¿quién manda aquí?, Tallahassee apunta a Washington y Washington responde que es asunto estatal.

Ese limbo jurídico se refleja también en la imagen: torres de vigilancia improvisadas, cercas metálicas y pantano hasta donde alcanza la vista. La promoción de los cocodrilos no es inocente: en el sur de EUA esa bestia ha sido símbolo racista desde el fin de la Guerra Civil; hoy se reutiliza pero para deshumanizar al migrante.

Florida es uno de los estados de mayor recepción de migrantes. La descripción que he encontrado aquí sobre el Alcatraz de los Cocodrilos es que es un lugar que deshumaniza a los migrantes y que busca normalizar el odio y una retórica de violencia. De hecho, ONGs que trabajan ayudando a migrantes piden que no se use ese nombre propagandístico y se le llame por lo que es: un centro de entierro (la traducción exacta de internment center).

Las protestas crecen. Carteleras sobre la autopista 836 muestran la leyenda Not in our name (No en nuestro nombre). Parroquias recolectan agua y bloqueador para los detenidos; ambientalistas advierten que el diésel de los generadores del centro de detención está contaminando estos manglares que son tan importantes para la diversidad del ecosistema.

Todo esto de un lado, pero los defensores de la mano dura replican que “no es un hotel”. Alcatraz busca normalizar la barbarie.

Lo peor es que todo indica que esto es apenas el comienzo. Para alcanzar la meta de detener a 3 mil personas al día, La Casa Blanca desvió fondos de FEMA, la agencia dedicada a la atención de emergencias por desastres naturales, para el manejo de este centro en Florida y dará dinero a otros estados para que puedan detener a más migrantes. Por su parte el Pentágono adjudicó un contrato de mil 260 millones de dólares a Acquisition Logistics para levantar un megacampo de detención de cinco mil camas en la base de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Al mismo tiempo, Florida licita otro centro en Camp Blanding con capacidad para 2 mil detenidos.

La narrativa oficial presume eficacia; la realidad huele a miedo. En Alligator Alcatraz los reptiles son parte del espectáculo, pero el mensaje central es causar miedo a quienes han buscado El Sueño Americano.

Columna publicada en El Universal

Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional acompañada de un equipo que no escogió: la guardia pretoriana que Andrés Manuel López Obrador dejó estratégicamente acomodada antes de mudarse a Palenque. Ahí están las ex corcholatas —Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en el Senado, Ricardo Monreal en San Lázaro— y, como cereza en el pastel, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, flamante secretario de Organización de Morena. Con semejante corte, el poder que Sheinbaum recibió llegó en versión compartida, empaquetado con candados y vigilantes que le recuerdan quién es el verdadero patriarca.

Desde la campaña se repite que, tarde o temprano, la presidenta tendrá que dar un “manotazo” para adueñarse de la silla. Ernesto Zedillo se estrenó encerrando a Raúl Salinas para emanciparse de Carlos Salinas; el propio Salinas hizo lo mismo con Joaquín “La Quina” Hernández Galicia. La duda es si veremos un golpe similar o si Sheinbaum apostará por la erosión pasiva: quedarse quieta y permitir que las piezas heredadas se autodestruyan.

Andy López Beltrán ofrece la primera evidencia. Su deficiente operación en las elecciones de junio significó derrotas en Durango y Veracruz. Dolido, subió un video exigiendo que lo llamen Andrés Manuel —como si el nombre garantizara oficio— y, para colmo, se ausentó de la sesión extraordinaria de Morena el pasado fin de semana porque, dicen, estaba de vacaciones. Vacaciones: esa palabra que no existe en el diccionario de su padre.

Ricardo Monreal tampoco asistió. Alegó asuntos familiares, pero las redes lo fotografiaron en el restaurante del Villa Magna en Madrid. Derecho tiene, faltaba más; sin embargo, su gusto por el lujo lo deja vulnerable frente a la austeridad franciscana que predica la 4T y contrasta con una presidenta que, pudiendo, prefiere pasar los fines de semana de gira acumulando kilómetros —y poder— en los estados.

Y llegamos a Adán Augusto. El senador quedó herido de muerte cuando su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue acusado y se dio a la fuga. Los Guacamaya Leaks describen a Bermúdez como líder de la célula “La Barredora”. Ayer, Omar García Harfush informó que se le busca por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. ¿Podemos creer que López Hernández ignorara las andanzas de su lugarteniente si él mismo exigía que Felipe Calderón conociera los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, so pena de complicidad?

Para Washington, siempre dispuesto a ver la mano del narco detrás de los gobiernos de Morena, el escándalo es gasolina pura. Las raquíticas porras de “¡No estás solo!” que recibió Adán en la convención partidista envían un mensaje devastador: el partido hegemónico arropa a un político bajo sospecha, exactamente la narrativa del Secretario de Estado nortemaericano, Marco Rubio y del presidente Donald Trump.

La mesa, pues, está servida para que el manotazo ocurra casi sin que la presidenta mueva un dedo. Entre la indisciplina de los alfiles que heredó y la longitud de sus respectivas colas, Sheinbaum puede acomodarse cómodamente en la silla principal si sabe leer —y aprovechar— el momento.

Solo falta que quiera. Tendrá que decidir si desplaza con sutileza el poder que todavía se reparte desde Palenque o si se resigna a convertirse en una presidenta provisional, al estilo de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes permitieron que Plutarco Elías Calles siguiera mandando mientras ellos firmaban los decretos.

Columna publicada en El Universal

En cualquier país que se precie de valorar la vida de sus ciudadanos Hugo López Gatell estaría cuando menos enfrentando demandas importantes por su gestión de la pandemia de COVID-19 como subsecretario de Salud en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pero en México, un país en el que claramente la vida humana vale muy poco, López Gatell está empacando maletas para irse a Ginebra a representar a México ante la Organización Mundial de la Salud.

El “científico” que ignoró los lineamientos de la OMS para mitigar los efectos del virus, como usar cubrebocas y realizar pruebas para aislar a los contagiados, ahora se va a ese organismo a representar a México.

Según la OMS, México representó el 4.1 por ciento de las muertes en exceso en el mundo en 2020 y 2021, a pesar de tener solo el 1.6 por ciento de la población mundial. Esto significa que el exceso de mortalidad en México fue 2.6 veces mayor que su peso en la población global.

Además, de nuevo con datos de la OMS, México se ubicó en el cuarto lugar mundial en exceso de mortalidad entre países con más de cinco millones de habitantes, detrás de Perú, Bolivia y Ecuador.

Se estima que al menos el 37 al 39 por ciento de las más de 800 mil muertes en exceso que hubo no fueron atribuibles a condiciones preexistentes (como enfermedades crónicas, desarrollo económico, informalidad), lo que implica que alrededor de 300 mil muertes pudieron haberse evitado si México hubiera tenido un desempeño promedio en la gestión de la emergencia.

Por ello, Hugo López-Gatell pasó muy rápido de ser el Rock Star de la 4T a ser el Dr. Muerte.

¿Con qué cara se presentará López-Gatell en Ginebra ante estos datos? Y ¿qué pensarán los familiares de todos estos muertos de que ahora López-Gatell seguirá teniendo chamba en el gobierno y será nuestro representante en la OMS?

Algunos excusan la gestión de la pandemia que hizo López-Gatell diciendo que es un científico que hizo errores de político. El problema es que esos errores costaron cientos de miles de vidas. Y ahora premiarlo con un nuevo puesto político en el cual podría repetir errores, es demostrar que la vida de quienes murieron o quedaron con secuelas por COVID no valen nada.

En su perfil de X López-Gatell tiene una foto de él caminando con AMLO en Palacio Nacional. Ahí publicó un mensaje agradeciendo a Sheinbaum: “Es un gran honor haber sido designado… Esta distinción me compromete a seguir trabajando por la salud pública y el bienestar social… ¡Gracias por su confianza, querida presidenta!”.

Que López- Gatell agradezca la confianza de Sheinbaum, con quien tuvo una relación muy mala cuando ella gobernaba la CDMX, no deja de llamar la atención. En 2020 la entonces jefa de Gobierno se desmarcó de la estrategia federal: impuso pruebas masivas, defendió el uso obligatorio de cubrebocas y hasta tejió su propio sistema de datos mientras Gatell minimizaba la utilidad de estas medidas.

¿Por qué, entonces, este nombramiento? ¿Es de nueva cuenta Sheinbaum queriendo complacer a López Obrador al darle este nombramiento a pesar de que no es afín a López Gatell? O ¿es Sheinbaum abriendo una embajada de lujo para un actor incómodo en casa y evita así que se convierta en crítico desde la trinchera académica nacional?

Sea cual sea la respuesta, la señal para los mexicanos es inequívoca: en el servicio público puedes hacer mal tu trabajo y esto puede costar vidas, pero la lealtad a AMLO se precia y se premia por encima de todo.

Columna publicada en El Universal

Era cuestión de tiempo. Nadie debería sorprenderse y, sin embargo, somos muchos —me incluyo— los que estamos saboreando este reality show en tiempo real: Elon Musk contra Donald Trump; la dupla que conquistó Wall Street, Twitter y, de paso, el Despacho Oval, ahora se da con todo en prime time.

El conflicto estalló cuando Trump se molestó porque Musk impulsó al multimillonario Jared Isaacman para dirigir la NASA pese a haber donadomucho dinero a los demócratas. Pero fue en X donde se rompió el disfraz: Musk calificó de “abominación” el Big, Beautiful Bill (BBB) que el Senado votará en estos días —la Cámara de Representantes ya lo aprobó— e instó a sus 220 millones de seguidores a presionar a los senadores para echarlo abajo. El BBB, alega, disparará el déficit y, para colmo, borra los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos sobre los que ha construido Tesla. Para Trump, el BBB representa la columna vertebral de su gobierno. De su aprobación depende que le cumpla a sus seguidores sus principales promesas de campaña.

El hecho es que lo que empezó como diferencias presupuestales escaló a vendetta personal. Trump, desencajado, contraatacó: “Lo de Elon se agotó; le pedí que dejara sus atribuciones de adelgazar el gobierno. ¡Se volvió LOCO!”. Musk respondió acusándolo de estar en los archivos del depredaro sexual, Jeffrey Epstein; pidió revocar la presidencia a la que —presumió— nunca habría llegado sin su ayuda y, para rematar, vaticinó recesión por los aranceles trumpistas.

La popularidad no es el fuerte de ninguno, pero los números hablan: el índice fav/unfav de Musk es –13.8; el de Trump, –3.7, según Nate Silver. Es decir, Trump es “menos impopular”. Y Musk arriesga más: un reporte de la congresista Elizabeth Warren estima que, en 130 días de trumpismo, regulaciones a modo y contratos para Tesla, Neuralink, X y SpaceX hicieron crecer su fortuna en más de cien mil millones de dólares. Trump ya amagó con cerrar la llave si el pleito sigue.

Herido, Musk coquetea con fundar un nuevo partido. Eso fracturaría la base MAGA justo cuando muchos simpatizantes constatan que la “era dorada” sólo ha beneficiado a los amigos billonarios del presidente, mientras al estadounidense promedio le suben los precios y le bajan los empleos. Para Trump, el dinero que Musk meta —o saque— en las intermedias y el uso que dé a X son amenazas reales.

Cada uno sostiene la dinamita cerca de su pólvora. Si fueran racionales —virtud escasa en ambos— enfriarían el conflicto y volverían a una relación meramente transaccional: tú lanzas cohetes, yo te otorgo contratos. Musk ya borró varios tuits y se alineó con Trump en los disturbios de Los Ángeles; mientras tanto, en la Casa Blanca abundan halcones —Srio del Tesoro, de Estado, Stephen Miller, Steve Bannon— que no quieren ver a Musk de regreso en el círculo íntimo de Trump.

La guerra de titanes involucra mucho poder y mucho dinero. Los dos tienen capital de sobra pero cuando de calmar los ánimos se trata, a ambos les gana usar sus redes sociales como un arma letal. La lucha de titantes seguramente ha dejado muy sonrientes a líderes que se benefician de un Estados Unidos cada vez más caótico como Xi Jinping y Vladimir Putin.

Columna publicada en EL UNIVERSAL

Estamos en México más militarizados de lo que queremos reconocer. La más reciente señal de ello vino el domingo pasado mientras se desarrollaba la elección del Poder Judicial con la presencia de tres militares sentados en la mesa del Consejo General del INE, esa que los Consejeros llaman “la herradura de la democracia”.

La Consejera Carla Humphrey salió a preguntar a la Secretaria Ejecutiva del INE sobre la presencia de tres militares dentro de la mesa de la Sala de Consejo y se quejó por no haber recibido respuesta.

Resulta que en estas elecciones no hubo presencia ni de partidos ni pudieron ser los ciudadanos quienes contaran los votos, pero sí hubo presencia de militares. Y por alguna razón esto no es un escándalo.

Parece que nos esta pasando como a la rana a la que le calientan el agua poco a poco sin darse cuenta que la están cocinando, que la están matando.

Porque la presencia de militares en la vida cotidiana es cada vez mayor. Unos días antes, en la Ciudad de México, militares entraron a un concierto que se llevaba a cabo en el Multiforo Cultural Alicia, lo desalojaron y es la fecha que nadie sabe por qué lo hicieron ni quién les dio la orden.

Cuando era candidato en 2012, Andrés Manuel López Obrador prometió devolver a los soldados a sus cuarteles en medio año. Trece años después, no solo siguen fuera: tienen, según un recuento del CIDE, al menos 246 funciones de carácter civil, desde repartir libros de texto hasta administrar aeropuertos.

Hoy la Sedena dirige 12 terminales aéreas, incluido el Felipe Ángeles (AIFA). Mexicana de Aviación renació en 2023 como aerolínea del Estado bajo control militar. En 2024 perdió 3.4 millones de pesos diarios y en enero de 2025 cerró 8 de sus 17 rutas. Así que además de una mayor presencia, su desempeño administrativo deja mucho que desear.

En el Tren Maya, la Sedena tiene a su cargo tres tramos férreos, seis hoteles y cuatro edificios, con un presupuesto de obra que creció más de mil por ciento en un año. Y es que ahí hay otro foco rojo: la cantidad de dinero adicional que ha recibido el ejército en estos años. Dinero que obtiene sin licitación pública de por medio bajo el argumento de seguridad nacional. El gasto militar se disparó 150 por ciento desde 2018 y para 2024 las Fuerzas Armadas controlaron una quinta parte de toda la inversión pública federal.

Claudia Sheinbaum prometió revisar protocolos tras el episodio del Foro Alicia pero también recalcó que va a mantener la Guardia Nacional bajo la tutela de Sedena “por eficacia”.

El Ejército mexicano ha pasado de ser invitado ocasional de la esfera civil a dueño del salón. Y como buen propietario, coloca sus propios muebles: aeropuertos, aduanas, trenes, aerolíneas y ahora asientos en la herradura electoral. La pregunta ya no es si los uniformados deben regresar a los cuarteles, sino quién les pedirá las llaves cuando hayamos normalizado que todo México es, de facto, una zona militarizada.

Apostilla: La presidenta Sheinbaum celebra un ejercicio que fue sucio de principio a fin. Dice que hubo más votación que los votos que recibieron en la pasada elección el PRI o el PAN, lo que es una métrica tramposa por varias razones.

Primero porque si sumamos los votos del PRI y del PAN en 2024, dan casi 15 millones 400 mil votos, ósea recibieron más votos estos dos partidos que la totalidad de votos emitidos para todos los cargos del Poder Judicial.

Segundo, por el tamaño de votos nulos. El 22.5 por ciento de los votos fueron anulados, no sabemos en qué proporción fue como protesta a la elección y en qué proporción por lo complejo que resultaba votar. El tema aquí es que ese porcentaje de votos nulos no tiene precedente. En las elecciones presidenciales anteriores el voto nulo ha sido de menos del 3 por ciento.

Columna publicada en El Universal

La razón que da el fondo para sacar su dinero de Pemex no es la corrupción. O no solo es la corrupción. Es la corrupción, sumado a la falta de interés por combatirla. El Consejo de Ética del Fondo Global de Pensiones del Gobierno Noruego que tiene inversiones en Pemex ha encontrado numerosas denuncias y sospechas de corrupción, pero, a pesar de contar con políticas anticorrupción, el Consejo considera que Pemex carece de la transparencia necesaria y una respuesta adecuada a los casos de corrupción.

La falta de información detallada sobre la implementación de sus programas anticorrupción y la respuesta a denuncias específicas llevó al Consejo Noruego a concluir que no hay garantía razonable de que Pemex tenga medidas efectivas para prevenir y abordar la corrupción. Es decir, la empresa mexicana es demasiado pasiva con respecto a la corrupción.

Para un movimiento, Morena, que se precia de haber llegado al poder para limpiar las escaleras de arriba para abajo, la corrupción está presente más que nunca y además el gobierno no demuestra tener el más mínimo interés por ponerle un freno.

Apenas hace diez días presentó el partido sus lineamientos ético-políticos de comportamiento. Muy rápido han sido puestos a prueba estos lineamientos y la calificación es absolutamente reprobatoria. En Cuautempan, Puebla, tienen a su Alcalde, Gerardo Cortés Caballero, fugado porque se le encontraron armas, drogas, cartuchos y vehículos en su domicilio. El partido no ha dicho nada sobre su militante-alcalde para condenar o reprobarlo.

Tienen a una gobernadora y a su esposo a quienes se les ha revocado la visa estadounidense – y esto no ocurre como un proceso meramente administrativo, como lo han querido vender y minimizar. Querer meter el problemita debajo de la alfombra con un “el amor al pueblo no entiende de visas ni de fronteras”, como dijo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es un abuso retórico que pretende hacer la vista a otro lado, como si le hubieran quitado una paleta de limón a un niño mal portado.

¿Cómo va a liderar Ávila la relación con California ahora con sus contrapartes en Estados Unidos? Tijuana y San Diego son ciudades pegadas, hermanas, en donde el cruce de la frontera ocurre de manera cotidiana. ¿Alguien dentro de Morena se puso a pensar en las consecuencias para los bajacalifornianos al momento de redactar su respaldo inmediato e incuestionable a la gobernadora?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha estado reaccionando a todos estos escándalos de corrupción y/o colusión. Reaccionando, no actuando. No reprobando. Simplemente reaccionando y pidiendo tiempo y explicaciones a los involucrados. Al fondo Noruego, en el caso de Pemex, y a Estados Unidos en el caso de la visa de la gobernadora Ávila. Y de paso, pidió que el gobierno de Trump le avise si hay otros gobernadores en casos similares, a los que se les pueda también retirar la visa.

Sheinbaum dice que el caso de la gobernadora es un tema personal. ¿Personal? Vuelvo a preguntar ¿cómo va a manejar la relación bilateral de un estado fronterizo sin su visa? Y en el caso del fondo de pensiones del gobierno Noruego la culpa no puede ser solamente del pasado, como lo quiso minimizar la presidenta. En el periodo que menciona el documento hay casos que comprenden del 2019-2023 en los que se le pidió informes a Pemex y la paraestatal simplemente ignoró el tema. Quizás en Pemex pensaron que como solamente se trataba de 140 millones de dólares no tenía tanta importancia atender el asunto pero ¿y la reputación de Pemex? ¿Y las preguntas que esta acción del fondo pueda generar para otros inversionistas en Pemex?

Lo que vemos actualmente es que en México el problema no es solo la corrupción. Queda claro que el problema también está en la respuesta que da el gobierno a ella.

Columna publicada en El Universal

Ya se impusieron los aranceles. Ahora es el momento para que el gobierno piense y actúe para hacer de la economía mexicana más fuerte y competitiva porque el modelo de desarrollo de los últimos 30 años se terminó con el manotazo de ha dado Donald Trump.

Como bien sabemos, nuestra economía depende de la estadounidense. Pero ahora tenemos que ponernos las pilas y salir adelante sin ese enorme motor de desarrollo.

Sin embargo, en lugar de pensar en fortalecer el Estado de Derecho y en hacer del país uno atractivo para las inversiones a pesar de Donald Trump, tenemos a un gobierno que va derecho y no se quita en el intento por complicar las cosas a quienes aún le siguen apostando a México.

Un sector fundamental es el de las manufacturas. Mientras en Canadá el Primer Ministro Justin Trudeau anuncia medidas para ayudar a los sectores productivos que se verán afectados por los aranceles, aquí en México el sector maquilador y manufacturero tiene que lidiar con el SAT que los quieren hacer pagar un doble IVA y además busca cobrarles 44 mil millones de pesos tan solo por los periodos del 2019 al 2023 por cambios en las reglas del pago de impuestos.

Estamos hablando de 6 mil 800 empresas que, a pesar de ser formales, de pagar impuestos y de generar empleo para 3.3 millones de personas, ahora tienen que defenderse del cambio de reglas que el SAT decidió aplicar. El asunto ha escalado hasta la Suprema Corte.

Conforme a las reglas definidas por las autoridades, por años las empresas maquiladoras tenían que hacer algo conocido como ‘La vuelta en U’ que les permitía importar insumos para fabricar productos libres de impuestos pero implicaba sacar su mercancía a Estados Unidos y regresarla a México literalmente dando una vuelta en U en la frontera.

Como ’La vuelta en U’ era muy costosa, la autoridad introdujo una facilidad administrativa para que pudiera hacerse de manera virtual (en una computadora) y no física (sube las televisiones a un camión, paséalas del otro lado de la frontera y regrésalas a México). El llamado retorno virtual funcionó como un mecanismo sumamente exitoso que permitió a las maquiladoras crecer hasta ser parte fundamental del motor de desarrollo para México.

De pronto, el SAT decidió cambiar las reglas y definió que se debe de pagar impuestos tanto a la importación como a la venta, ósea una doble tributación. El tema ha estado en litigio y, como decía, ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte. La semana pasada la Ministra Yazmine Esquivel presentó dos proyectos -cosa por demás rara – uno a favor del SAT y otro en favor de las empresas manufactureras.

La votación no logró una definición y ahora habrá que esperar a que la Ministra Esquivel presenté un nuevo proyecto y éste se vote. Mientras eso sucede el sector manufacturero está atorado en medio de dos enormes incertidumbres. La primera es la que nada tiene que ver con México: el desplante de Trump de ponernos aranceles. La segunda pieza de enorme incertidumbre es esperar a ver qué pase en la Suprema Corte.

¿Será la actual Corte la que vote el asunto, en donde hay expertos en temas fiscales como Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez? O ¿decidirá Esquivel esperar a que se vayan los expertos en junio para entonces poder presentar su proyecto ante la nueva Corte? Esto le daría un golpe muy fuerte a la industria maquiladora pero, una vez más, el SAT le estaría dando un triunfo (pírrico) al gobierno para poder sacar recursos de donde puedan para sus arcas cada vez más vacías.

¿De verdad creemos que el horno está para estos bollos?

Apostilla: la respuesta a los aranceles de Trump de “nos vemos el domingo en el Zócalo” son la mejor señal de que el gobierno auténticamente cree que el horno está para bollos.

Columna publicada en El Universal

Mientras en México el gobierno actual se ha dedicado a desmantelar la independencia del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que sí cree en los tribunales independientes. Es por eso que en la disputa que ha amenazado abrir con Google por haber cambiado el nombre del Golfo de México a Golfo de América, Sheinbaum ha dicho que el gobierno mexicano acudirá a tribunales internacionales para dirimir esta acción que le parece injusta.

Sheinbaum ha reiterado que el cambio de nombre solo es válido para la plataforma continental de Estados Unidos y no para todo el Golfo de México, y ha expresado su intención de defender el nombre histórico del golfo mediante acciones legales.

Hasta el momento no ha aclarado Sheinbaum a cuál tribunal internacional acudiría, pero el que más lógica haría es la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene competencia para resolver disputas entre Estados sobre cuestiones legales, incluyendo controversias territoriales o de soberanía. Sin embargo, para que la CIJ tenga jurisdicción, México y Google (o el país donde está registrado Google) deberían aceptar su competencia, lo cual puede ser complicado dado que Google es una empresa privada y no un Estado.

Dejando de lado si procediera o no en la CIJ, suena maravilloso que la presidenta Sheinbaum vea el valor de los tribunales para defender a México de una acción que le parece injusta. Para eso es el Poder Judicial, en lo local y en lo internacional. Para defensa de un acto arbitrario, así provenga este del más poderoso gobierno del mundo.

El problema es que en México, con la reforma judicial aprobada, nos están dejando indefensos a los ciudadanos y empresas, en especial para protegernos como particulares de acciones en las que la autoridad abuse de su poder y/o viole la ley.

No solamente eso. Como se promulgó la reforma judicial con prisas, esto ha generado una andanada de errores. Ahora es el mismo gobierno el que viola las reglas que ellos mismos aprobaron. Primero cuando le quitaron al Poder Judicial la nominación de sus candidaturas por incumplir los tiempos, aunque lo hiciera para acatar una suspensión judicial. Ahora, por tener el tiempo encima, se quieren publicar las boletas electorales con errores. Nombres que deben estar no están. No hay datos completos de los que sí deben estar; se quiere meter después del plazo legal los nombres de las tres Ministras afines a Morena y un largo etcétera en un intento por tener todo listo para imprimir 600 millones de boletas antes del 20 de febrero.

En el estira y afloja están el Poder Legislativo y el Ejecutivo ahora culpando al INE de ser el encargado de corregir los errores. Así le están pagando su sumisión.

Por lo anterior, el país atraviesa por momentos de incertidumbre jurídica absoluta. A pesar de que tenemos a una presidenta que, como demuestra cuando quiere acudir a tribunales internacionales para defender el nombre del Golfo de México, reconoce la importancia de tener instituciones jurídicas sólidas e independientes.

¿Le serviría a México acudir a la CIJ si sus jueces fueran sumisos a Trump, como ocurrirá con los jueces electos en México en junio que le deberán su cargo a Morena? Claro que no.

Columna publicada en El Universal