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GUACAMAYA LEAKS

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La Policía de El Salvador habría contratado en 2020 equipo y software para espionaje por 2.2 millones de dólares a una empresa “que pertenece a un amigo israelí del presidente Nayib Bukele”, según publicó este lunes El Faro.

“Documentos y correos oficiales revelan que la Policía Nacional Civil de El Salvador adquirió equipo y software para espiar a ciudadanos al margen del control judicial”, indicó el medio, que cita documentos obtenidos por DDoSecrets, a través del grupo de hackers Guacamaya.

El medio indicó que “el proveedor de estos productos es una empresa que pertenece a un amigo israelí del presidente Nayib Bukele” y que la contratación fue asignado directamente, sin concurso o licitación.

La información detalla que la Policía supuestamente contrató a la empresa Eyetech Solutions un “sistema de inteligencia Web Tangles con almacenamiento en la nube y tres usuarios” por 680,000 dólares, un “sistema de geolocalización celular” por 480,000 dólares y un “equipo de identificación y localización de última milla de teléfonos celulares” con un costo de 793,000 dólares.

“El contrato de ‘equipo tecnológico para la plataforma integral de investigación y análisis’ asciende en total a 2,206,890 dólares y fue aprobado por el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas”, publicó El Faro.

La publicación sostiene que el servicio Web Tangles permite “descifrar la identidad de una persona que está detrás de un perfil de redes sociales”.

El equipo de localización de “última milla”, añade el texto, son “antenas móviles que pueden transportarse en vehículos y funcionar como receptoras de señal para capturar información como la ubicación de una persona e inferir con quién está reunido”.

En febrero de 2022, más de una año después de la asignación del contrato, el Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, aprobó una polémica reforma al Código Procesal Penal para, entre otras cosas, crear la figura del “agente encubierto digital”, lo que el gremio periodístico señaló de legalización del espionaje.

En enero de 2022, Amnistía Internacional (AI) informó que una investigación conjunta de las organizaciones Access Now y Citizen Lab “identificaron el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador”, fueron más de 30 las personas afectadas.

Apenas en noviembre pasado, un grupo de 15 periodistas y administrativos de El Faro presentaron una demanda en una corte federal en California, Estados Unidos, contra la empresa tecnológica NSO, creadora del software Pegasus, a la que acusan de violar leyes de fraude y de abuso informático.

El software Pegasus ha sido usado por gobiernos como Arabia Saudí o la India para espiar a activistas y periodistas, según reveló en 2021 la investigación Pegasus Project. México también lo utilizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Documentos de la Sedena extraídos en el hackeo del Colectivo Guacamaya revelan que el crimen organizado ha extendido su presencia en el estado de Morelos y en la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En una revisión que hiciera la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los Guacamaya Leaks a los informes militares de febrero del 2019 sobre la situación delictiva en la entidad, se señala a Samuel Sotelo Salgado, actual Secretario de Gobierno y ex consejero jurídico del estado, con vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, ambos grupos criminales que operan en Morelos.

Respecto a Sotelo Salgado, uno de los reportes lo señala como el propietario de un inmueble donde fue detenido un líder del grupo delictivo “Los Viagra”, por el homicidio del encargado de despacho de la alcaldía de Michoacán, según información de una carpeta de investigación.

También ligados a Los Rojos y/o Gente Nueva y al Cártel Jalisco Nueva Generación aparecen José Manuel Sanz Rivera, ex Jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien dejó el cargo en mayo pasado, y José de Jesús Guízar Nájera, Subsecretario de Gobierno, quien renunció en agosto del 2019.

En el caso de Sanz Rivera, refiere que de acuerdo con un alcalde habría pactado con Los Rojos para cederles el control de tres áreas del Ayuntamiento, entre ellas el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca y Desarrollo Social, lo que detonó un conflicto con Comando Tlahuica.

A Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, actual Secretario de Desarrollo Social y ex presidente del Congreso local, también se le vincula en el reporte con Los Rojos y/o Gente Nueva, al igual que al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara.

En los reportes también figuran cuatro diputados locales emanados del PRI, con nexos con Los Rojos y/o Gente Nueva. Y se incluye a un Senador también ligado a distintos grupos delictivos.

En tanto, sobre el Poder Judicial, en los reportes aparecen identificados un magistrado y siete jueces orales, que han liberado a delincuentes por supuesta falta de pruebas, vinculados a Guerreros Unidos y al CJNG, así como abogados ligados al crimen.

Sin embargo, en uno de los informes se señala que al menos una docena de jueces han liberado criminales judicializados por delitos de alto impacto, entre ellos a 46 secuestradores.

“En Poder Judicial del Estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto”, resume un reporte militar. “Se han documentado 17 caso en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”.

Investigación completa en MCCI