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Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, que estaba separada del cargo de manera temporal, logró un acuerdo reparatorio con los policías que la acusaban de robo, abuso de autoridad y discriminación, informó este jueves la Fiscalía capitalina.

“La mañana de este jueves 24 de marzo se autoriza un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc, lo anterior en estricto apego a lo establecido en el código Nacional de Procedimientos Penales y a los principios de justicia restaurativa”, informó en un mensaje el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara.

Lara precisó que tras una audiencia que se llevó a cabo en el Reclusorio Norte, a petición de la defensa de la alcaldesa, Cuevas reconoció que los hechos “ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó”.

Debido a ello, ahora la funcionaria deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular; ofrecer una disculpa pública por su conducta y someterse a seis meses de tratamiento psicológico, orientado al manejo de la ira y de sus emociones. Del mismo modo, la funcionaria deberá pagar 30,000 pesos a cada una de las víctimas.

“La alcaldesa deberá también abstenerse de realizar cualquier manifestación, opinión, por medios de difusión o redes sociales con relación al hecho, a instituciones y mandos policíacos, con excepción de la disculpa pública”, dijo Lara.

Agregó que tras la disculpa pública cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas por los delitos de los que era acusada, “principalmente por la suspensión del cargo de alcaldesa en Cuauhtémoc”.

 

Minutos más tarde, Cuevas, ofreció la disculpa que e pactó como parte del acuerdo reparatorio, aunque dijo que no reconocía los hechos, contradiciendo así a la Fiscalía de la CDMX.

Recordemos que Sandra Cuevas, que llegó al poder como abanderada de la alianza opositora PRI-PRAN-PRD, fue acusada en febrero pasado de agredir a dos policías auxiliares de la Ciudad de México, por lo cual el 17 de marzo fue procesada y suspendida de sus funciones como alcaldesa.

Cuevas, quien le arrebató la alcaldía Cuauhtémoc al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, ha estado en medio de la polémica desde su llegada al puesto. Y en este caso ha acusado persecución política por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ante el pleno del Consejo Universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestó la inconformidad e indignación de la comunidad universitaria ante los recientes hechos que violentaron los derechos humanos del alumno Marco Antonio Sánchez.

 

El rector aseguró que la UNAM ha acompañado a la familia del alumno desde que tuvo conocimiento de su desaparición; y reiteró que apoya el proceso de recuperación del joven, además de que continuará orientando a los familiares a través de la Oficina de la Abogada General de esta universidad.

 

Informó que ayer se comunicó con el director del Instituto Nacional de Pediatría, en donde se encuentra hospitalizado el alumno, para conocer su estado de salud, quien de acuerdo a los informes va mejorando.

 

Graue reconoció que el caso de Marco Antonio Sánchez generó con debida razón, mucha indignación, no sólo entre la comunidad universitaria sino también entre la sociedad en general.

 

Al cumplirse tres años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de la República emitió un comunicado en el que refrendó su compromiso con las víctimas y en el que reiteró que continuará “agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares”.

 

Se indicó que la Procuraduría General de la República ha continuado avanzando en las investigaciones y la búsqueda de los 43 estudiantes, proceso en que ha procurado mantener una amplia comunicación con los familiares y representantes, e informa lo siguiente:

  • La PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que se encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
  • De las recomendaciones y peticiones (973) que hiciera en su momento el GIEI, puede afirmarse que se han atendido casi en su totalidad.
  • En todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la Procuraduría General de la República. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman.
  • Hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes. Si bien no se cuenta aún con sentencias, ello se debe principalmente a dos razones sustantivas: 1) los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; y, 2) no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas. La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible.
  • En atención a las líneas de investigación planteadas por los familiares de las víctimas directas y sus representantes, se han venido dilucidando aspectos centrales de los hechos, siguiendo un cronograma de once puntos entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas.
  • De los once puntos o temas de referencia, a la fecha se ha dado cumplimiento a los siguientes:
  1. La situación específica de elementos policiacos municipales que han pedido se proceda contra ellos.
  2. Lo relativo al denominado quinto autobús.
  3. Lo concerniente a la telefonía de los estudiantes desaparecidos.
  4. Los detalles sobre la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.
  5. El esclarecimiento sobre la identidad de personajes que era imperativo aclarar (El Caminante y El Patrón).
  6. La definición sobre la existencia o no de responsabilidades de elementos policiacos estatales y federales.
  7. La obtención de información mediante una solicitud de asistencia jurídica internacional al gobierno de los Estados Unidos, sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.
  • En este proceso de atención al caso, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, que es parte fundamental de las acciones en marcha, como lo contemplan las medidas cautelares de la CIDH, se emprendió con múltiples acciones, en terreno, en instituciones y con uso de tecnología avanzada (Lidar). Actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas. Este es el ejercicio con empleo de esa tecnología.
  • Toda la información sobre avances y resultados se han hecho del conocimiento de los familiares en las reuniones que periódicamente se sostienen con ellos y sus representantes.
  • Por último, a la CIDH se le mantiene informada mediante la atención a solicitudes de información, así como en las audiencias públicas y privadas que periódicamente son celebradas con ese propósito. Además, se comparte esa y cualquier tipo de información sobre el caso a través de los encuentros con la Comisionada para México y personal técnico de la CIDH en las visitas oficiales y técnicas que se realizan en el marco del Mecanismo de Seguimiento sobre el caso.