JAVIER TEJADO DONDE
Con tristeza vemos cómo aumenta la inseguridad en muchas partes del país. Y también con preocupación hemos sido testigos de cómo se empieza a hacer costumbre asesinar a periodistas que escriben sobre inseguridad y crimen organizado. Ambos temas están relacionados: el crimen organizado no quiere que se conozcan las zonas en las que ostenta el control, ni con qué autoridades se colude.
Terminar con la vida de periodistas que hacen reportajes de denuncia e investigación inhibe que comunidades enteras sepan lo que está pasando y sean, con mayor facilidad, víctimas de la delincuencia.
En México, en lo que va de este año se han asesinado a seis periodistas y desde el año 2000 a la fecha ya van más de 100. Las autoridades no parecen encontrar solución, a pesar de los reclamos de la prensa nacional e internacional. Aunque el gobierno federal ha nombrado a un nuevo fiscal en la Procuraduría General de la República —alguien que cuenta con antecedentes impecables— y está destinando más apoyos económicos y humanos para atender estos delitos, no parece que vaya a existir un resultado favorable.
En buena medida las investigaciones fracasan porque los policías locales y los fiscales de cada entidad no hacen nada, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, están coludidos con la delincuencia. Para ellos, que el gobierno federal asuma todo el compromiso de investigar las agresiones contra periodistas es un respiro pues les da un pretexto para lavarse las manos. Y desde el centro es prácticamente imposible dar con los asesinos.
Los medios de comunicación mexicanos, desde el año 2011, se juntaron y lanzaron el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”. Lo suscribieron más de 700 medios y a la par de reconocer la situación sin precedentes que se vivía por los niveles de inseguridad, creó una serie de “lineamientos” para “lidiar” con el crimen organizado. De hecho, es a partir de este acuerdo que la mayoría de los medios dejaron de publicar mantas y recados del crimen organizado para no convertirse en voceros involuntarios de la delincuencia organizada. También es a partir de este momento que los medios comenzaron a tomar una mayor responsabilidad editorial para cuidar sus coberturas y proteger a sus propios periodistas.
Sin embargo, tal parece que lo que los medios hicieron en 2011 y el nuevo esfuerzo gubernamental por investigar delitos contra la libertad de expresión adolece de un tema básico: la coordinación entre medios y autoridades. Por razones de todo tipo, el sector oficial y el de los medios han mantenido distancia uno del otro en este tema y mientras esta coordinación no suceda no podrá existir avance alguno.
El ejemplo más claro es Colombia, en donde el narcotráfico estaba asesinando a periodistas. Frente a ello, tanto el Estado, como los medios de comunicación y la sociedad civil se pusieron a trabajar de la mano, estableciendo un mecanismo a través de la Fundación Libertad y Prensa (www.flip.org) en la que se apoya la reubicación de periodistas a otros lugares de Colombia, pero siempre a un medio de comunicación para que puedan continuar con su labor. Esta reubicación del periodista y su familia está apoyada no sólo por los medios, sino también por el Estado que da recursos para ello. El único requisito para la reubicación y obtención de recursos es uno: presentar la denuncia ante la fiscalía general colombiana como señal de confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
En Colombia, medios de comunicación, sociedad civil y autoridades lograron salir adelante, pero operando coordinadamente. Hoy, la Fundación FLIP tiene uno de los portales más robustos para informar sobre el estatus de la libertad de expresión en Colombia y ha ganado el reconocimiento de organismos internacionales y periodísticos.
Ojalá pronto en México medios y gobierno(s) logren coordinarse de mejor manera.
“OUR LIBERTY DEPENDS ON FREEDOM OF THE PRESS. AND THAT CANNOT BE LIMITED WITHOUT BEING LOST” — THOMAS JEFFERSON
Cambiando de temas…
¿Usted tiene ROKU? Tenga cuidado: esta semana, el gobierno federal está iniciando acciones luego de denuncias de creadores de contenido —nacionales y extranjeros— que acusan que sus contenidos son vistos, sin pagar derecho alguno, desde la plataforma conocida como ROKU. Y es que en México hay una red de delincuentes cibernéticos que se roban contenidos de varios países y lo insertan al software que usa ROKU.
Las acciones irán contra distribuidores, vendedores y hasta suscriptores. El tema dará mucho de qué hablar pues va mucho más allá de aprovechar las ventajas de los contenidos en internet. Aquí se están robando contenidos protegidos y se están re-vendiendo en violación a varios tratados internacionales, incluso con la permisividad de ROKU. Ya nada más falta que ahora México sea ejemplo de la piratería cibernética. De hecho, esta semana el Instituto Internacional de las Telecomunicaciones (www.iicom.org) y AT&T tendrán en Miami un seminario en el que estudiarán este tipo de temas.
Tecnoradio: el día de ayer, noche, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó de los ganadores de la licitación de radio que acabaron haciendo el pago comprometido. El dato es que 31% de las frecuencias licitadas no fueron pagadas como se debía, con lo que 56 estaciones cayeron en impago (incluidas las 37 de Tecnoradio). El monto que el IFT dejó de ingresar a la Hacienda pública es tambien relevante: en su boletín No. 17/2017 se informó que se recaudarían 1,578 millones de pesos y apenas ingresaron 783 millones (un 50% menos de lo esperado). Con esto queda claro el impacto que la simulación de Tecnoradio ha hecho en la primera licitación (subasta) de radio en la historia del país, ya sea por las que ellos dejaron de pagar al verse descubiertos, o las que otros concursantes dejaron de pagar al ver que se habían incrementado los precios por un jugador (Tecnoradio) que nunca debió de haber tenido aceso a la licitación. Además, falta saber el número de concursantes que pagaron y estarán amparándose para recuperar lo que pagaron.
Así que la licitación de radio está acabando en un tremendo fracaso para el Estado mexicano. Habrá que ver cómo ahora el IFT persigue las violaciones a las bases de su licitación y a la Ley Federal de Competencia, y cómo procesa las declaraciones falsas ante la autoridad. La semana entrante le daremos más información.
