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Un juez decidió vincular a proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por su responsabilidad en el incendio en un centro migratorio de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

“Estoy vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Me sigo acogiendo a la garantía constitucional”, dijo el funcionario a la salida de la audiencia que se realizó ayer en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.

Pese a la decisión del juez, Francisco Garduño aseguró que seguirá al frente del INM, mientras no se decida lo contrario.

“Seguiré trabajando en el INM mientras no se determine lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, precisó el funcionario.

Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, argumentó que el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incidente, debido a que delegaba la responsabilidad del cuidado de migrantes a otros funcionarios.

Asimismo, explicó que el nivel probatorio “es bajo” y aseguró que presentarán un amparo “no para que no se continúe el proceso sino para que se revise la actuación del juez en esta vinculación”.

El representante legal dijo que no les fue posible presentar algunas pruebas como videos y testigos, por lo que en los próximos 15 días se presentará el amparo.

Garduño enfrenta así la acusación de La Fiscalía General de la República (FGR) quien presentó cargos contra él por el ejercicio ilícito del servicio público, pues según la Fiscalía, no garantizó la seguridad de los migrantes que estaban en la estación migratoria.

El juez consideró que Garduño fue omiso en sus funciones ya que tenía que desempeñar protocolos de actuación contra incendios y hacinamientos.

Fue la semana pasado, el martes 25 de abril, cuando el juez imputó a Francisco Garduño, titular del INM, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La audiencia inicial estaba programada para el 21 de abril, sin embargo, esta se pospuso debido a que su defensa argumentó que no tuvo acceso a la carpeta de investigación.

En la audiencia, que duró poco más de 10 horas, el juez no dictó prisión preventiva al funcionario, sin embargo, tendrá que acudir a firmar cada 15 días.

La semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en un incendio y a quienes resultaron heridos.

Tras la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó que Garduño permaneciera en su cargo, pero señaló que cuando concluya la investigación de la FGR decidirá si lo mantiene o no en el puesto.

Un juez federal de Estados Unidos concedió que las once empresas armamentísticas estadounidenses acudan y se defiendan en bloque en la demanda de reparación presentada por el gobierno de nuestro país, al considerar que han contribuido al clima de violencia y al tráfico ilegal con sus “prácticas negligentes”.

“Los demandados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte”, señala el documento sellado por el Tribunal del estado de Massachusetts al que tuvo acceso Milenio.

Las autoridades estadounidenses, en un intento por aligerar la carga de trabajo de ambas partes, han fijado para el 22 de noviembre la fecha en la que estas once empresas pueden presentar sus alegaciones, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tendrá derecho a replica el 31 de enero de 2022, que a su vez podrá ser respondida nuevamente por los acusados un mes después.

El tribunal permitirá, además de la defensa conjunta, réplicas individuales a lo largo del proceso judicial, en el que las empresas ya han comenzado a mostrar sus movimientos en bolsa e información sobre sus filiales.

Recordemos que a principios de agosto, el Gobierno de México anunció que había presentado una demanda civil de daños en Estados Unidos contra varias empresas de armamento por el comercio “negligente” que habrían estado cometiendo en territorio nacional, contribuyendo “al tráfico ilegal de armas” y ocasionando “daño directos” al país.

Además de una cantidad económica que será fijada en el juicio, las autoridades de nuestro país también reclaman a estas empresas que establezcan nuevos y refuercen sus protocolos de seguridad para evitar que se siga produciendo este mercado negro de armas de fuego que está “íntimamente vinculado con la violencia en México”.

“Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de Estados Unidos”, denunció recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entre lo demandados están los fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo “rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga”, señaló Ebrard.