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La irrupción a la embajada mexicana en Ecuador “debe tener consecuencias”, dijo este martes México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al cierre del primer día de audiencias por el caso.

“El ingreso por la fuerza de Ecuador a nuestra embajada y el ataque contra el personal y la dignidad de nuestro personal diplomático debe tener consecuencias”, dijo Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de los alegatos.

México presentó este martes sus argumentos en la demanda contra Ecuador ante la CIJ, principal tribunal de la ONU, y en su ponencia dijo que la actitud de las autoridades ecuatorianas eran una “grave amenaza” a las relaciones internacionales.

El asalto a la embajada “plantea una grave amenaza al mantenimiento de las relaciones internacionales y es motivo de grave preocupación para la comunidad internacional”, añadió Celorio Alcántara.

“Hay líneas en la legislación internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, Ecuador las ha cruzado”, expresó el diplomático mexicano.

La invasión de a embajada “muestra el desprecio del Ecuador por las normas fundamentales, universalmente aceptadas y de larga data. Esta conducta crea un riesgo inminente de que pueda ocurrir otra violación”, expresó.

Mañana será el turno de la delegación de Ecuador de presentar sus alegatos orales ante la Corte de La Haya. A partir de eso, el tribunal deberá agendar una fecha para pronunciarse sobre el caso.

Recordemos que la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, fuerzas armadas ecuatorianas invadieron la embajada de México en Quito, algo sin precedentes en la región. Los hombres armados, elementos de seguridad, se llevaron por la fuerza al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, procesado por la justicia de Ecuador y a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado.

En su demanda, México pide a la CIJ que declare que Ecuador violó sus obligaciones internacionales, y que suspenda la membresía ecuatoriana a la ONU hasta que las autoridades de ese país emitan un pedido público de disculpas.

México también pide que la Corte siente como precedente que un país que actúe “como lo hizo Ecuador (…) será expulsado de la ONU, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo VI de la Carta de las Naciones Unidas”.

Además, solicita que la CIJ ordene a Ecuador “tomar los pasos inmediatos y adecuados para la protección de la sede diplomática, su propiedad y archivos, evitando toda intromisión en ellos”.

Ha solicitado que la CIJ ordene que Ecuador permita al gobierno mexicano desalojar las instalaciones diplomáticas y las residencias de su personal. Solicita que “Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que puedan perjudicar los derechos de México con relación a cualquier decisión que la Corte pueda emitir”.

Sin embargo, el caso tuvo ayer lunes un inesperado giro cuando Ecuador formalizó ante la misma Corte de la ONU una demanda contra México por el asilo concedido a Glas.

Ecuador alega que México “ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios”, como es el caso de Glas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó hace una semana que tiene “cero arrepentimiento” por haber ordenado la invasión a la embajada mexicana.

Con relación a la contrademanda ecuatoriana, una fuente de prensa de la CIJ explicó que los dos casos son “legalmente diferentes”, y en principio las audiencias de esta semana se concentran en las demandas mexicanas.

“Legalmente son dos casos diferentes en esa fase, son casos separados”, dijo.  La Corte podrá más adelante, añadió la fuente, decidir fusionar las dos demandas.

La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia comenzaron este lunes en Bielorrusia, que estarán centradas en los corredores humanitarios.

Según la agencia bielorrusa BELTA, el jefe negociador de Rusia, Vladímir Medinski, dijo que está dispuesto a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles, que de momento no ha podido ser implementada con éxito.

El gobierno ucraniano rechazó hoy como “inaceptable” el plan ruso para evacuar hacia ciudades rusas a la población civil de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy.

Según la oficina de la ONU para los derechos humanos informó que ha podido confirmar que han muerto 406 civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a ese país.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) agregó que hasta la medianoche de este domingo se han confirmado otros 801 civiles heridos. La agencia utiliza una metodología estricta y solo reporta muertes que ha logrado confirmar.

Sin embargo, la ACNUDH cree que las cifras reales son considerablemente mayores, “especialmente en territorio controlado por el gobierno y en días recientes”.

Los enfrentamientos han retrasado su recepción de información y muchos reportes aún requieren ser corroborados.
Las autoridades ucranianas han presentado cifras mucho más altas.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que el número de personas que han huido de la guerra en Ucrania ha aumentado a más de 1.7 millones. Unos 1.03 millones llegaron a Polonia, de acuerdo con la agencia. Unos 180,000 fueron a Hungría y 128,000 a Eslovaquia.

El gobierno ucraniano argumentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la invasión de Rusia iniciada el pasado 24 de febrero viola una convención internacional contra el genocidio, un argumento con el que espera convencer al alto tribunal de la ONU para que intervenga e intente detener la guerra.

Durante tres horas, la delegación de Ucrania dio argumentos legales a los jueces de la corte con sede en La Haya para que soliciten a Moscú “la suspensión inmediata de las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022”, tanto del Ejército ruso como de “las personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia”.

Kiev ha buscado una vía legal poco habitual para llevar el conflicto armado a la CIJ, que juzga litigios entre Estados.

Ucrania asegura que Rusia malinterpreta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión por un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

Para que la CIJ intervenga en el conflicto, Ucrania debería demostrar que existe una disputa sobre la interpretación de la convención contra el genocidio y que, por lo tanto, la corte tiene “en principio” jurisdicción para juzgar el caso.

Los abogados de Ucrania citaron al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que ha dicho que el propósito de Moscú con la invasión es “proteger a la gente del genocidio” en territorio ucraniano, especialmente en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, parcialmente controladas por milicias prorrusas.

Sobre la invasión y lo que ocurre en terreno, el asesor de la Presidencia ucraniana, Oleksiy Arestovich, informó este lunes que Rusia no ha registrado avances en “ninguna línea del frente” durante las últimas 24 horas.

En rueda de prensa, Arestovich señaló que durante el último día “el enemigo no ha logrado avanzar en ningún sector”, e incluso dijo que por el contrario, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían logrado liberar algunas zonas de la región de Járkov previamente ocupadas por el Ejército ruso.

Aunque indicó que los datos deben todavía ser “clarificados”, aplaudió la resistencia ofrecida por Ucrania ante los ataques con misiles llevados a cabo contra zonas de Kiev, Járkov, Mariúpol, Sumy, Charnígov y Yitomir, entre otras.

“Las Fuerzas Armadas han logrado liberar Chuguev, (…) junto a la cual se encuentra un importante aeródromo militar”, señaló. En este sentido, ha asegurado que el Ejército ucraniano está sacando adelante acciones de contraataque.

En tanto, el gobernador de Mikolaiv, Vitaly Kim, aseguró que el Ejército de Ucrania se ha hecho de nuevo con el control del aeropuerto de la ciudad homónima, en el sur del país.

“Los soldados rusos huyeron a los arbustos, ahora están siendo capturados”, ha explicado Kim en un vídeo recogido por la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

El gobernador ha explicado que aunque los aviones aún no pueden utilizar la infraestructura para aterrizar o despegar, el aeropuerto es un enclave que Ucrania “necesita”.

La presidencia ucraniana también informó que las fuerzas rusas han destruido o dañado más de 1,500 edificios de viviendas, más de 200 escuelas y una treintena de hospitales desde que comenzó la guerra hace doce días.

Además, en el país más de 900 localidades se han quedado sin agua, electricidad y calefacción, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

Este domingo se registró una explosión en la ciudad de La Haya, Países Bajos, cuya causa por el momento se desconoce.

De acuerdo con Reuters, la explosión provocó el colapso de un edificio de viviendas en Jan van der Heijdenstraat en el distrito de Laakkwartier.

Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar de los hechos y se reporta que bajo los escombros podría haber gente atrapada.

Los residentes de las casas circundantes están siendo evacuados por que existe el peligro de que otra parte del edificio también se derrumbe.

En las imágenes que han circulado se puede ver que la fachada del edificio ha sido arrasada por la explosión.

 

La ex Fiscal venezolana Luisa Ortega, acudió este jueves ante la Corte Penal Internacional en La Haya  para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en donde urgió a la ONU a liberar una orden de captura internacional en contra del mandatario.

 

 

“Han cometido crímenes de asesinatos, torturas, encarcelamiento así como ataque sistemático y generalizado contra la población civil (…) Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por esos delitos de lesa humanidad y también deben pagar por el hambre, miseria y las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela”, señaló Ortega.

 

Añadió que “estamos solicitando que se libre una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y las demás personas que denunciamos el día de hoy y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad”.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Las cosas para Nicolás Maduro parecen no dejar de complicarse, pues a pesar de su decisión de mantener la convocatoria para la formación de la Asamblea Constituyente en su país luego del plebiscito de la oposición, ahora el mandatario se enfrenta a una denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.

 

La denuncia llega de parte de congresistas colombianos y chilenos quienes acusan a Maduro de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional” a partir de 2008, cuando fungía como ministro de Exteriores; y por “la comisión de crímenes de derecho internacional” desde que fue elegido en 2013. Los demandantes aseguran que su denuncia se basa en informes de organismos internacionales: agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudios de ONG e información oficial que ha sido documentada.

 

De acuerdo a información revelada por el diario El País, las acusaciones que se manifiestan en la denuncia son ocho, entre los que se encuentran:

 

  • El crimen de asesinato por instigación directa e indirecta”. “Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”
  • “Imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.
  • “deportación o traslado forzoso de población”,

 

Los demás cargos que se detallan en un documento de 56 páginas son: encarcelación de opositores; tortura; “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”; “desaparición forzada de personas” y “el crimen de apartheid, es decir, “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.

 

Con información de El País / Foto: Archivo APO