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Lava Jato

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El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue arrestado este jueves, en el marco del amplio proceso anticorrupción conocido como ‘Lava Jato, informó a la agencia Reuters una fuente implicada en el caso.

Temer fue presidente entre 2016 y 2018, en reemplazo de la mandataria electa Dilma Rousseff, quien fue destituida en un juicio político.

Una vocera de la fiscalía de Río de Janeiro dijo a The Associated Press que el juez Marcelo Breitas emitió la orden. La vocera habló bajo la condición reglamentaria de anonimato.

El juez Breitas supervisa una parte de la gran investigación de sobornos a políticos y funcionarios públicos.

Desde su inicio en marzo de 2014, la llamada investigación ‘Autolavado’ (‘Lava Jato’) ha enviado a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, además de prominentes empresarios y políticos.

En entrevista exclusiva con la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el juez brasileño que ha llevado las investigaciones sobre el caso Lava Jato, el escándalo de corrupción que ha sacudido a 12 países de América Latina y África, advirtió que aplicar la ley contra los intereses de los poderosos, acabar con la impunidad y hacer pública la información de los casos han sido las claves para enfrentar uno de los peores males de las democracias modernas.

 

Hace tres años, Brasil vivía sumido en la corrupción institucionalizada. Los sobornos eran una práctica común para obtener contratos en el Gobierno. Y lo peor, había un clima de impunidad: los poderosos podían transar a sus anchas, sin riesgo de castigo. Ese entorno cambió radicalmente, a partir de marzo de 2014, cuando se hizo pública la operación Lava Jato, que como cascada empezó a revelar el involucramiento de cientos de políticos, empresarios y funcionarios en una red criminal que tenía su origen en el saqueo de fondos en la petrolera brasileña Petrobras.

 

La red se extendió por el mundo y desató un terremoto en al menos 12 países; en Brasil, Perú, Panamá, Colombia y El Salvador, los delatores involucraron a ex presidentes y a mandatarios en funciones, a quienes habían financiado sus campañas electorales con dinero sucio. A la fecha se ha apresado a 160 involucrados y hay más de 500 órdenes de búsquedas de captura. Los sobornos en este caso superaron los 3 mil millones de dólares a nivel global.

 

El personaje central en esta sacudida internacional se llama Sergio Moro, quien encabezó la Operación Lava Jato desde la 13 sala criminal federal en la ciudad de Curitiba, considerada por los propios brasileños como la capital anticorrupción, porque fue en esta población al sur de Brasil donde se ha investigado, procesado y sentenciado a decenas de personajes influyentes, incluido el expresidente Luiz Inacio Lula.

 

Como caso especial, el juez decidió hablar con periodistas de América Latina y de África que integran la red Investiga Lava Jato. “Acepté dar esta entrevista especialmente en reconocimiento al trabajo de periodistas investigativos que resolvieron actuar de manera cooperativa”, explicó.

 

En el caso del operativo Lava Jato, el mayor logro fue el combate a la impunidad, afirma el juez. “La corrupción siempre va a existir. Pero lo importante es que la impunidad no sea más la regla para ese tipo de criminalidad tan dañina a la economía, a las arcas públicas y a la propia democracia (…) Cuando la impunidad de la corrupción era la regla en Brasil, eso también generaba un sentimiento de descrédito en la democracia”.

 

 

 

Con información de MCCI / Foto: Archivo APO

El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil abrió una investigación contra nueve ministros del gobierno del presidente brasileño Michel Temer, tres gobernadores y 71 parlamentarios, entre ellos los jefes de Cámara de Diputados y el Senado, a raíz de las delaciones de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht que confesaron haber corrompido a agentes públicos y financiado ilegalmente campañas políticas.

 

La decisión, informada este martes por la agencia de noticias Estado, fue tomada por el juez Edson Fachin, encargado en el STF de la operación Lava Jato, que investiga el desvío ilegal de fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras a través de varias contratistas, entre ellas Odebrecht.

 

Entre los ex mandatarios  se encuentran Fernando Henrique Cardoso, del Partido Socialdemócrata de Brasil; y Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores.

 

 Mientras que en el Congreso nacional se encuentran los nombres del senador Eunício de Oliveira y el jefe de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia.

 

 De los ministros, la nómina incluye a funcionarios claves del presidente de Brasil, Michel Temer como el de Relaciones Exteriores Aloysio Nunes Ferreira; el jefe del gabinete Eliseu Padilha; el secretario general de la Presidencia Wellington Moreira Franco y el Agricultura Blairo Maggi.

 

En el Senado están involucrados los principales líderes partidarios: Aécio Neves, de la socialdemocracia; Romero Jucá, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB, partido de Temer); Renan Calheiros (del PMDB); José Serra, quien fue también canciller hasta febrero último (del PSDB); Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores y su colega Humberto Costa (también del PT).

 

La llamada “Lista de Fachin” contiene, en su totalidad, los nombres de 98 personas y será la Corte Suprema la que juzgue a la mayoría. Otros como Cardoso, Lula y Dilma, deberán responder en la justicia federal ordinaria, por no contar con lo que aquí se denomina “foro privilegiado”, es decir la inmunidad que deriva de ser parlamentario, ministro, gobernador o intendente.

 

En el caso del presidente Michel Temer, este forma parte de los políticos sospechados de incurrir en “irregularidades” (corrupción). Pero no fue procesado por cuenta de una cláusula de la Constitución brasileña que impide juzgar a un jefe de Estado por delitos cometidos fuera de su mandato.

 

El ministro Edson Fachin decidió procesar de hecho a la crema del mundo político brasileño, y fue sobre la base de las profusas delaciones de los ejecutivos y ex ejecutivos del holding Odebrecht.

 

 

Con información de El Clarín y Agencias /Foto: Twitter

 

Luego de la publicación realizada por el semanario brasileño Veja, la constructora Odebrecht negó este domingo haber entregado dinero durante veinte años a las Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) para garantizar la seguridad de sus obras en Colombia.

 

 Con base en un comunicado emitido a la agencia de noticias AFP, la empresa desmintió esta publicación y asegura que la realización de pagos al grupo guerrillero de Colombia es sólo una especulación.

 

En días pasados, la publicación brasileña aseguró que  dos ejecutivos de la compañía brasileña admitieron ante el fiscal general de la República que pagaron entre 50 mil y 100 mil dólares por mes, a cambio de “permisos” –o impuesto guerrillero- para la realización de obras en las zonas controladas por la guerrilla.

 

La constructora multinacional Odebrecht  está bajo objeto de investigación por la operación “Lava Jato”, que reveló un sistema de corrupción montado por los grupos brasileños de ingeniería civil para obtener, a cambio de sobornos, contratos de la compañía petrolera estatal Petrobras.

 

 

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían recibido dinero de la empresa Odebrecht durante 20 años para garantizar la seguridad de sus obras en Colombia, así lo reveló el semanario brasileño Veja tras una confesión realizada por la constructora.

 

Los pagos se realizaron desde la década de 1990, en $ 50 mil dólares  y  100 mil dólares por mes, según informaron las autoridades de Brasil. Esta medida fue tomada en los años 90, después de que las FARC  secuestraran a dos ejecutivos de Odebrecht.

 

La empresa apeló a un grupo estadounidense especializado en zonas de conflicto, que negoció la liberación de los rehenes y sugirió luego una solución definitiva para evitar nuevos problemas de ese tipo, explica Veja.

 

La firma de construcción está salpicada en actos de corrupción y es investigada por entregar sobornos a funcionarios públicos de 12 países para la obtención de contratos.

 

Hasta el momento son 76 ejecutivos de la multinacional en el listado de colaboradores de la justicia de Brasil en donde hay 80 presos, incluido Marcelo Odebrecht, cabeza de la organización y 50 políticos señalados.

 

El caso  Odebrecht inició en 2015 en el marco de la operación  “Lava Jato”, cuando se descubrió que la firma que tenía operación en 21 países estaba inmersa en actos de corrupción. 

 

 

Con información de Agencias