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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

“Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”, dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

“Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”, señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

“Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad”.

La Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que exige revisiones de antecedentes a nivel federal para todas las ventas y transferencias de armas de fuego, la primera medida de control de armas en ser considerada por el Congreso en casi 25 años.

Los demócratas dijeron que la votación de 240 a favor y 190 en contra fue un paso importante para poner fin al control que tienen los cabilderos de la industria de las armas en Washington y comenzar a hacer frente a una epidemia de violencia de armas, incluido el tiroteo en una escuela secundaria de Florida que dejó 17 muertos el año pasado.

El proyecto de ley es el primero de dos que los demócratas presentarán en la Cámara de Representantes esta semana como parte de un plan para hacer más estrictas las leyes de armas luego de ocho años de que ambas cámaras del Congreso tuvieron mayorías republicanas.

La otra medida extenderá el periodo de revisión de antecedentes de tres a 10 días.

Ambas propuestas enfrentan perspectivas poco prometedoras en el Senado, con mayoría republicana, y amenazas de veto por parte del presidente Donald Trump, quien declaró que impondrían requisitos irrazonables a los propietarios de armas.

Los proyectos de ley solo cerrarían los vacíos legales para garantizar que las revisiones de antecedentes se extiendan a las ventas privadas y por internet, las cuales a menudo pasan desapercibidas, comentaron los demócratas.

La Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), presentaron este viernes una iniciativa para apoyar a los dreamers, que buscar “generar sinergias de apoyo para alentar el reconocimiento y respeto de los derechos de los jóvenes Dreamers, así como reiterar la importancia de que se les garantice su certidumbre jurídica”.

 

Desde la ciudad de New York, las organizaciones indicaron que se ha creado un programa de apoyo que consta en ofrecer a los Dreamers orientación y, en su caso, representación jurídica pro bono, personalizada. “Esto se hará a través de una plataforma tecnológica que vinculará a los interesados con los especialistas que les brindarán la asesoría”.

 

Añadieron que trabajarán en una estrategia posterior para atender los casos especiales de Dreamers que decidan o se vean forzados a volver a México; estimaron que 20 mil jóvenes que gozaban del programa de Acción Diferida para la Llegada en la Infancia (DACA), y que son los que están en situación crítica al no poder renovar su permiso, serán a los que en primera instancia se les dará la asesoría, pero afirmaron, se considera a todos los jóvenes a nivel nacional.

 

“Nuestro mensaje es de solidaridad y apoyo para todos aquéllos que así lo requieran y reiteramos el compromiso de la comunidad de empresarios y profesionistas del derecho que representamos hacia nuestros connacionales que actualmente están enfrentando esta difícil situación”.