La Suprema Corte inició el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), y por unanimidad de votos, se eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas.
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— Suprema Corte (@SCJN) April 4, 2022
El Pleno consideró que el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público, incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada.
El Pleno determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la LFAR no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez, y resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades implícitas para legislar en materia austeridad.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, encargada del proyecto, indicó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, señaló el texto de la ministra.
El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que el candado de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo.