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SEGOB y el PJ dan seguimiento a recursos para damnificados de Guerrero

Tal como lo instruyó el presidente Andrés Manel López Obrador (AMLO), la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estableció un canal de diálogo con el Poder Judicial, donde reconoció la sensibilidad y disposición de la presidenta de la Corte, Norma Piña, de trabajar de manera conjunta al adherirse a la propuesta del presidente para destinar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la atención de los damnificados por el huracán Otis.

La secretaria indicó que el canal se estableció con el propósito de instalar una comisión conformada por los tres Poderes de la Unión, que permita administrar los recursos de los fideicomisos a través de un fondo de ayuda.

Y es que recordemos que el martes pasado, el presidente López Obrador lanzó la propuesta para que los cerca de 15 mil millones de pesos de los13 fideicomisos se destinaran a ayudar a los afectados por el huracán Otis.

Rápidamente, la ministra Norma Piña indicó que dicha propuesta era una “alternativa real” para canalizar los recursos de los fideicomisos que según había dicho, eran necesarios para cumplir con los derechos labores de los trabajadores del Poder Judicial.

En su carta, se dijo a la espera de conocer los canales institucionales que se manejarían para concretar la canalización de dichos recursos.

Fue el pasado 18 de octubre, cuando el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de extinguir 13 fideicomisos y fondos equivalentes a 15 mil millones de pesos no contemplados en dicho ordenamiento.

Una semana después, el 24 de octubre, el Senado aprobó la minuta y un tres días después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que su desaparición entró en vigor. Sin embargo, esta semana un juez concedió un amparo para evitar que los recursos fueran transferidos a la Tesorería.

Luisa María Alcalde informó además que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados respaldaron el planteamiento del presidente para que el dinero de los fideicomisos se asigne a un fondo para apoyar a las personas damnificadas de Guerrero.

Explicó que, dado que es la Cámara de Diputados la que está a cargo del presupuesto, los representantes del Poder Legislativo serán quienes integrarán el comité de seguimiento y vigilancia que el presidente propuso para el traslado de los recursos.

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AMLO y Alcalde presentan iniciativa para “terminar con los abusos de la subcontratación”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó este jueves una iniciativa para prohibir la subcontratación de trabajadores, el llamado outsourcing, una práctica de la que acusó el gobierno, se ha abusado en el país  y con la que las empresas evitan cumplir con las prestaciones de ley a sus trabajadores.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicó que hay empresas que suelen subcontratar empleados a agencias temporales o empresas externas con el fin de evitar gastos. Esos trabajadores laboran frecuentemente en las instalaciones de la compañía pero reciben de otra empresa su salario, que muchas veces está por debajo del de mercado. A su vez, es común que sean despedidos cada cierto tiempo para no generar derechos.

En este sentido, el presidente López Obrador denunció que la tendencia es el despido masivo de trabajadores a fin de año para que no tengan antigüedad.

Luisa Alcalde explicó que la propuesta prohibirá la subcontratación de trabajadores salvo que sea para servicios u obras especializadas y establecerá que las agencias de empleo sólo puedan reclutar o formar a trabajadores pero no contratarlos en sustitución de sus clientes.

“El trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, por ello proponemos una reforma integral en beneficio de los trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública”, dijo Alcalde.

La funcionaria enfatizó que habrá multas para quienes no cumplan la norma y hasta acusaciones de defraudación fiscal.

Alcalde ofreció dos ejemplos reales aunque no identificó a las compañías: un grupo empresarial que tiene más de 250,000 trabajadores que no se dedican a ninguna actividad y sólo se transfieren a otras empresas y un hotel del Caribe con 802 trabajadores de los cuales sólo dos tienen contrato directo con dicho hotel.

La secretaria del Trabajo detalló que según estimaciones oficiales hay alrededor de 4.6 millones de ciudadanos trabajando bajo ese esquema, que calificó de “simulación en la relación laboral” y que les perjudica en su antigüedad, pensiones, indemnizaciones por despido y bajas por maternidad o accidente.

Recordemos que el presidente López Obrador ya había adelantado hace semanas su intención de terminar con esta modalidad de contratos. Con la propuesta se busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La iniciativa que firmó esta mañana en Palacio Nacional será enviada este mismo jueves a la Cámara de Diputados. AMLO confió en que los legisladores aprobarán la propuesta “ojalá se pueda hacer pronto para evitar estos abusos”.

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No ha habido quejas por el decreto que baja salario y elimina aguinaldos: STPS

A nivel nacional, el 87% de las empresas cumplen con la operatividad y medidas sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria del COVID-19, informó este lunes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la funcionaria reveló que derivado de los operativos de inspección federales del trabajo en el marco de la emergencia, se detectó que el 13% de las empresas no cumplen con las medidas.

En otros resultados, el 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

“El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia”, señaló Luisa Alcalde.

La funcionaria reveló algunos nombres de las empresas que sí cumplen con las medidas de sana distancia, tales como Dentix México Health; Juguetron; Grupo Calzado Flexi; SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.  Mientras que las empresas que se negaron a cerrar son Andrea, Carnival, Coppel y Bolim.

La titular de la STPS afirmó que no ha tenido quejas de alto funcionarios públicos por el decreto que baja su salario y elimina la prestación del aguinaldo.

La funcionaria enfatizó que todos los integrantes del gobierno federal están conscientes de la crisis económica que está generando el COVID-19 y han accedido voluntariamente a bajar sus sueldos.

“Se tratan de medidas voluntarias que serán determinadas por cada funcionario que la mayoría, todos, al ser parte de un proyecto de nación entienden lo que significa lo que estamos viviendo”, aseguró Alcalde.

Y es que el pasado 24 de abril, el mandatario federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que de manera voluntaria, se pedía a altos funcionarios reducir su salario en un 25% y renunciar al aguinaldo.

Esta medida forma parte de las acciones que el gobierno federal impulsa para hacer frente a la crisis económica que genera la pandemia del COVID-19 en el país.

Sin embargo, voces como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo se han manifestado en contra de esta medida ya que es violatoria de lo contratos colectivos.

Al respecto, Ana Paula Ordorica platicó con Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sobre si la medida es legal y efectiva.

 

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Contingencia sanitaria por Covid-19 ha dejado a 346 mil mexicanos sin empleo

En el país se han perdido poco más de 346 mil puestos de trabajo formales durante la contingencia sanitaria por el coronavirus, informó este miércoles la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“A partir del 13 de marzo comenzamos a ubicar una caída en el empleo formal”, dijo la secretaria durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alcalde dijo que del 13 al 31 de marzo se perdieron 198,000 empleos y otros 148,000 del 1 al 6 de abril.

Los estados del país más afectados son Quintana Roo, donde se localiza Cancún, uno de los principales destinos turísticos del país; la Ciudad de México; Nuevo León y Jalisco.

La funcionaria aseguró que no existe fundamento legal que permita a las empresas despedir trabajadores por la contingencia. “No existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época”, indicó.

Por su parte, el presidente López Obrador, dijo que las empresas pequeñas “están actuando de manera muy responsable, heroica” al no despedir a sus empleados y acusó que las grandes empresas de ser las que principalmente están despidiendo a sus trabajadores, a las que pidió rectificar esa decisión.

Su llamado llega a pesar de que ha rechazado la solicitud del sector privado de impulsar un plan de apoyo a los empresarios que han tenido que parar la producción y los servicios por la contingencia sanitaria.

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No se ha reconocido a ningún nuevo dirigente del sindicato petrolero. Deberán organizar elecciones: Alcalde

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha reconocido a Manuel Limón como nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), aclaró esta mañana la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alcalde desmintió los señalamientos que comenzaron a circular en la prensa este lunes, y aseguró que el sindicato petrolero deberá organizar elecciones, de acuerdo con la nueva Reforma Laboral, para definir quién será su nuevo secretario general.

“El próximo secretario general del Sindicato Petrolero deberá de ser electo de manera democrática, a través del voto personal, libre, directo y secreto. La STPS en coordinación con Segob verificará que la convocatoria se emita este mismo año y la elección se realice conforme a la nueva ley”, explicó la funcionaria.

Adicional, informó que el 80% de los contratos colectivos en el país que se firmaron en años pasados fueron realizados a espaldas de los trabajadores, entre líderes sindicales y los patrones.

Alcalde Luján detalló los cambios que se establecerán a partir de la nueva Reforma Laboral y dijo que se trata de “un cambio profundo para pasar a un modelo de democracia en los sindicatos”.

Alcalde explicó que son tres pilares fundamentales: el primero tiene que ver con la impartición de justicia, en donde se eliminaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crearon los Tribunales Laborales; el segundo es la democracia sindical, que tiene que ver con el voto libre, directo y secreto para elección de dirigentes sindicales; y el tercero es la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Foto: Twitter Canal Catorce

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Titular de la STPS niega relación entre su padre y Romero Deschamps

Luego de que en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hablara de una presunta relación entre Carlos Romero Deschamps, y el papá de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), fue la funcionaria quien salió a aclarar el tema.

A través de sus redes sociales, Luisa Alcalde indicó que es absolutamente falso que su padre, Arturo Alcalde Justiniano, tuviera una relación laboral con el líder sindical petrolero.

“Ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar”, enfatizó Luisa Alcalde.

Y es que en la conferencia matutina, se le cuestionó al presidente sobre la presunta inacción de su colaboradora respecto a la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex, Mario Rubicel Ross García, debido a que, supuestamente, su papá era  el abogado personal de Romero Deschamps desde 1993.

Al respecto, AMLO dijo que a reserva de corroborarlo, podría asegurar que Arturo Alcalde no era abogado de Romero Deschamps.

López Obrador se comprometió a revisar el tema de la toma de nota de diversos líderes sindicales por parte de la secretaria del Trabajo, púes dijo, “hay el derecho, no es un asunto ilegal, hay libertad de asociación y libertad sindical”.

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Fue tan rápido que no fui consultada, justifica Alcalde falta de tránsito

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, se disculpó luego de que la motocicleta que la llevó al aeropuerto circuló en sentido contrario en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Y es que tras acudir a la reunión que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la secretaria federal salió de prisa para llegar a un vuelo que tendría; utilizó una motocicleta que estaba estacionada frente a Palacio Nacional.

“Ya me tengo que ir porque se los juro no llego al vuelo”, dijo Alcalde a los reporteros que se encontraban ahí. Tan pronto arrancó, la motocicleta dio la vuelta y circulo en sentido contrario al circuito del Zócalo capitalino.

Luego de que se filtrara el video, las críticas no se hicieron esperar, pues usuarios de las redes sociales aseguraron que a pesar del puesto que ocupa en el gobierno, tenía que respetar las reglas de tránsito.

Más tarde ocupó sus redes sociales para disculparse y asegurar que solicitó la multa correspondiente.

“Respecto al video que circula: Ofrezco una disculpa. La verdad es que fue tan rápido que no fui consultada. Solicitaré que se aplique la multa correspondiente. Los servidores públicos, con mayor razón, debemos cumplir con los reglamentos y la ley en todo momento”, sostuvo.

Según un análisis hecho por el diario El Financiero, la multa que tendría que imponérsele a la secretaria, podría ser de hasta mil 689.80 pesos.

 

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