El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege actualmente a 1,506 personas, un 88% más que al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a fines de 2018.
De ellos, 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres) y 1,011 defensores de derechos humanos (543 mujeres y 468 hombres) en un universo estimado de 203,700 periodistas y 39,000 organizaciones de la sociedad civil, según informó este martes la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
?Conferencia de prensa: Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. https://t.co/WWSGvbkEWx
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 5, 2021
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración detalló junto a Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los datos actualizados y el funcionamiento de dicho mecanismo.
El 54% de los periodistas incorporados al mecanismo se concentra en seis estados: Ciudad de México (76), Guerrero (56), Tamaulipas (46), Quintana Roo (41), Sonora (26) y Veracruz (26). El 57% (583) de los defensores de derechos humanos, se concentran en seis estados: Ciudad de México (126), Oaxaca (123), Chiapas (93), Michoacán (92), Jalisco (79) y el Estado de México (70).
Detallaron que entre 2017 y la fecha, fueron asesinados siete periodistas y dos defensores de derechos humanos que estaban incorporados al mecanismo. A nivel nacional, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021 se registraron 47 homicidios a periodistas y 94 a defensores.
Los funcionarios explicaron la ruta a seguir para implementar mejoras en el mecanismo. En primer lugar, buscarán la “modificación del marco normativo en la materia” así como “un sistema nacional de prevención y protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que establezca con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano en esta materia”.
También se enfocarán en impulsar en las fiscalías el seguimiento de las investigaciones de los casos de agresiones contra periodistas y defensores, y garantizar las sentencias por parte de la autoridad judicial. Por último, y de manera inmediata, firmarán convenios de colaboración con los gobiernos de los estados para generar prevención contra agresiones y amenazas y establecerán protocolos estrictos de seguridad que deben atender los beneficiarios.