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El Partido Acción Nacional (PAN) urgió al gobierno federal cambiar su política migratoria para evitar tragedias ante el posible ascenso del flujo migratorio por el fin del Título 42 de Estados Unidos, que retornaba a migrantes con el argumento de la pandemia de la COVID-19.

La dirigencia del partido criticó al gobierno por su manejo de la crisis humanitaria, señalando que se debe evitar un incidente similar al ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes en marzo pasado.

El PAN lamentó el reciente cierre de 33 estancias migratorias temporales del INM, con capacidad de albergar a 1,300 migrantes.

“Las recientes noticias, especialmente la suspensión de 33 estancias migratorias por parte del INM, que coincide con la entrada en vigor del Título 8 en los Estados Unidos, evidencian la falta de compromiso y negligencia de Morena en la protección de los derechos de las personas migrantes”, expresó el PAN en un comunicado.

Aunque este viernes concluyó el Título 42, Estados Unidos aplica ahora el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración y que incluye deportaciones y medidas de detención del flujo migratorio menos flexibles.

El PAN señaló que el discurso de “Quédate en México” por parte de agentes migratorios estadounidenses, acentúa la crisis migratoria en el país.

Por otro lado, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, advirtió que con la extinción de esta medida se espera el incremento de migrantes en la frontera norte.

“Hoy llega a su fin el Título 42, una política antimigratoria que justificaba la violación de derechos humanos y la separación de familias de migrantes indocumentados, bajo supuestos motivos de salud pública”, comentó en su cuenta en Twitter.

Frente a este panorama, añadió, urge que el gobierno federal corrija la “desastrosa” política migratoria para evitar repetir una tragedia más. “La vida de las y los migrantes no puede seguir siendo moneda de cambio”, apuntó.

Por su parte, el senador sin partido del Grupo Plural en el Senado, Emilio Álvarez Icaza, criticó el despliegue de Fuerzas Armadas para tareas migratorias.

“EEUU militariza su frontera sur. México militariza su frontera sur. Título 8 o Tercer País Seguro, la migración se queda en México”, manifestó en sus redes sociales.

Se informó que Estados Unidos repatrió ayer, a México, un total de 942 migrantes ante el fin de la política migratoria, mientras que en la frontera común se contabilizó la presencia de 26,560 migrantes.

Al respecto, esta mañana el canciller Marcelo Ebrard aclaró que México no recibirá a más de 1,000 migrantes al día deportados de Estados Unidos, pues no tiene la capacidad para atenderlos ni tampoco la voluntad de aceptarlo.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó este viernes que el flujo migratorio ha descendido tras el fin del Título 42 de Estados Unidos, la noche de ayer.

“En pocas palabras, para sintetizar, el flujo va bajando al día de hoy, por lo menos hasta esta hora, no hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera”, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller se refirió al fin del Título 42, una medida que inició el expresidente Donald Trump y continuó el presidente Joe Biden para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de la COVID-19, una declaración de emergencia que ya terminó en Estados Unidos.

Aunque se esperaba un aumento de migrantes, que acamparon en los últimos días en la frontera con Estados Unidos con la esperanza de cruzar, Ebrard señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó un decremento en las primeras horas.

Sobre los principales puntos fronterizas, las autoridades registran 10,000 migrantes en Ciudad Juárez, 5,500 en Matamoros y 500 en Tijuana, que están justo en el límite con Estados Unidos.

También señaló que la Guardia Nacional, que se añadió a los más de 25,000 elementos de las Fuerzas Armadas que participan en el plan migratorio en las fronteras, ha actuado con “estricto apego a los derechos humanos”.

“El personal de la Guardia Nacional, como se informó, se encuentra desarmado. Continúa realizando patrullajes disuasivos con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes. No se realizan actividades de ningún otro tipo”, informó el titular de la SRE.

Tras el fin del Título 42, con el que se expulsaron a 2.8 millones de migrantes, Estados Unidos aplica a partir de este viernes el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración, además, Washington anunció nuevas medidas que restringen el acceso a pedir asilo en la frontera con México.

Aún así, el secretario de Relaciones Exteriores recordó que los traficantes de personas o “polleros”, quienes cobran hasta 10,000 dólares a los migrantes, los engañan con la promesa de llevarlos a Estados Unidos ahora que terminó la medida.

“Se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias. Es falso lo que les dijeron que se van a quedar, que si llegas ya te quedas porque ya no hay Título 42”, apuntó.

Por otro lado, el canciller de México respaldó las vías legales que ha promovido el gobierno de Biden para dar asilo.

“Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por medio de esta app (CBP One), llevan más de 100,000 (otorgados)”, remató.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ariel Ruiz, analista de políticas públicas en el Instituto de Política Migratoria, sobre el fin de la aplicación del Título 42, y la implementación del Título 8, que impondrá consecuencias más severas a los migrantes que intenten cruzar la frontera.

Autoridades de México y Estados Unidos acordaron nuevas políticas migratorias, para detener los cruces ilegales en su frontera común y abrir otras vías para el esperado incremento de migrantes que se espera emprendan el viaje tras el final de las restricciones de la pandemia la próxima semana.

La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otros funcionarios de alto rango, donde concretaron  plan de cinco puntos, según comunicados de los dos países.

Según el acuerdo, México seguirá aceptando migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que sean rechazados en la frontera y hasta 100,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que tengan familia en Estados Unidos podrán optar a vivir y trabajar allí.

Pese a compartir una frontera de más de 3,100 kilómetros con Estados Unidos, México era una ausencia notable en la presentación la semana pasada de un nuevo paquete de medidas que incluía habilitar lugares fuera de Estados Unidos a los que podrían ir los migrantes para solicitar permiso para instalarse legalmente en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros abrirían en Guatemala y Colombia.

Las restricciones del COVID-19, específicamente el Título 42, han permitido a las autoridades estadounidenses rechazar a decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera sur, pero esas restricciones se levantarán el 11 de mayo y los funcionarios fronterizos se preparan para una oleada de personas.

Analistas señalan que el apoyo de México resulta crucial para que Estados Unidos mantenga el control sobre la frontera sur, especialmente en un momento en el que personas de lugares tan lejanos como Haití hacen el camino a pie a través de México y es difícil devolverlos a sus países de origen.

Ahora que nuestro país se ha sumado al plan, y tras el anuncio de ayer referente a la movilización de 1,500 tropas en activo a la frontera donde prestarán apoyo administrativo, entre otras medidas, las autoridades fronterizas creen que podrán gestionar la sobrecarga y otros posibles problemas que puedan surgir cuando terminen las restricciones asociadas al COVID-19.

Los elementos en activo del Ejército y la Infantería de Marina se desplegarán en la zona de la frontera durante 90 días.

Biden, que anunció hace una semana que aspirará a la reelección, intenta transmitir el mensaje de que su gobierno está haciendo un esfuerzo serio por reducir el número de cruces ilegales, que ha sido una fuente importante de críticas republicanas. También intenta disuadir a la gente de cruzar la frontera.

Estados Unidos seguirá rechazando a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que crucen de forma ilegal. México seguiría aceptando hasta a 30,000 migrantes al mes de esos cuatro países, que suponen la mayoría de los cruces ilegales.

Entre tanto, Estados Unidos aceptará 30,000 personas al mes de esos cuatro países durante dos años y les ofrecerá la posibilidad de trabajar de forma legal siempre que entren de forma legal, tengan patrocinadores aptos y superen las comprobaciones de antecedentes.

El gobierno también tiene previsto acelerar los trámites para filtrar a los migrantes que piden asilo en la propia frontera, deportar con rapidez a los que no se consideren cualificados y sancionar a la gente que cruce de forma ilegal o atraviese otro país de forma ilegal en su camino hacia Estados Unidos.

El Pentágono aprobó el martes una solicitud de tropas presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona la frontera.

El senador demócrata, Bob Menéndez, presentó este martes un plan en el que pide al gobierno del presidente Joe Biden abrir más vías de migración legal al país para aliviar la escasez laboral, al igual que dar mayor ayuda humanitaria a los países del continente, entre otras medidas.

El legislador, crítico con las políticas migratorias tomadas por la administración Biden, ha informado ya tanto a la Casa Blanca como al Departamento de Seguridad Nacional de sus propuestas para gestionar “la migración y los refugiados en el hemisferio occidental”.

El también presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado apuntó en un comunicado que el plan incluye “en gran medida políticas que el presidente Biden puede llevar a cabo sin el Congreso, hasta que los republicanos decidan trabajar con la Administración para abordar el desafío actual”.

Entre ellas está “ampliar las oportunidades laborales para los migrantes que no calificarían para el asilo”, extendiendo el uso del permiso migratorio (parole) que concede entrada a una persona extranjera a Estados Unidos.

Esto permitiría que migrantes tanto fuera como dentro de EUA puedan ocupar “puestos que enfrentan escasez laboral según lo determinen” los gobernadores de los diferentes estados del país, detalló el documento.

El senador también propone ampliar el programa de visas de trabajo temporales H-2, conceder un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Guatemala y destinar más recursos para reducir la acumulación de casos de asilo.

A su vez, pide al gobierno dar más ayuda humanitaria a los países de la región que acogen migrantes y refugiados, como Colombia, México o Brasil.

La difusión de este plan llega el mismo día que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró ante un comité del Congreso que Estados Unidos espera un aumento en la llegada de migrantes en la frontera el próximo mayo.

En ese sentido, Mayorkas pidió a los legisladores actuar para reformar el sistema migratorio y de asilo en el país que, en sus palabras, está “roto”.

Y es que recordemos que el próximo 11 de mayo se levantará el Título 42, una norma sanitaria instaurada en el gobierno de Donald Trump, que permite a las autoridades migratorias llevar a cabo expulsiones exprés en la frontera con México.

Desde que entró en vigor en 2020, la medida ha permitido la expulsión de más de 2.5 millones de migrantes, según datos del International Rescue Committee.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que “va a esperar”, antes de tomar decisiones, los resultados de la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

El mandatario evadió responder durante su conferencia de prensa matutina si Garduño permanecerá en el cargo, pese a la investigación que la FGR abrió en contra del titular del INM, que estaba a cargo de la estación en la que murieron los 40 migrantes el pasado 27 de marzo.

“Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento”, se limitó a responder.

Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra del director del INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno, por el incendio de Chihuahua.

La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

“En efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, no sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”, dijo López Obrador.

“Hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, añadió el mandatario.

El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

El gobierno de El Salvador ha sido el más crítico contra México, al calificar el hecho de un “crimen de Estado” y exigir la destitución de los titulares de la política migratoria en el país.

“Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos como antes”, añadió esta mañana López Obrador.

La FGR explicó que en, el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

La Fiscalía General de la República (FGR), acusó penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones (INM), entre ellos a su titular Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un incendio a finales de marzo en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía señaló directamente a Garduño, por el presunto delito de homicidio de 40 personas, así como por lesiones a otros 25 migrantes que resultaron heridos.

Junto a Garduño, la FGR acusó penalmente a otros directivos del INM: Antonio “N”, Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes de acuerdo a la Fiscalía, “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

Aunque no trascendió la identidad del resto de los acusados, ha trascendido que uno de los acusados es Antonio González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua.

Recordemos que el pasado 27 de marzo se registró un incendio en una estación del INM en Ciudad Juárez que dejó un saldó de 40 personas sin vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a los propios internos de originar el fuego al prender las colchonetas en señal de protesta ante una posible futura deportación.

Sin embargo, una grabación de las cámaras de seguridad mostró cómo algunos migrantes quedaron encerrados, en celdas cerradas con candados, mientras funcionarios del INM y de la empresa de seguridad privada, abandonaban las instalaciones.

Además de los hechos en Ciudad Juárez, a los acusados se les atribuye “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones” en otro incidente “semejante” registrado el 31 de marzo de 2020 en Tenosique, Tabasco, que dejó una persona muerta y 14 lesionados.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo”, recalcó la fiscalía en su comunicado.

Sin que se haya pronunciado al respecto, Francisco Garduño compartió en redes sociales que se encontraba en Ciudad Juárez desde el primer momento que tuvo conocimiento del “lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido”.

Los nuevos funcionarios acusados, se suman al migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres funcionarios del INM y un elemento de seguridad de la empresa privada que operaba en el lugar.

López Obrador ha garantizado que el caso no quedará en la “impunidad” y ha prometido que se actuará contra quien resulte responsable, aunque ha preferido no posicionarse sobre Francisco Garduño.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

El Gobierno italiano, que preside la ultraderechista Giorgia Meloni, decretó estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos seis meses, tras el desembarco en las costas italianas de más de 3,000 personas en los últimos tres días.

La medida, a propuesta del ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y con una financiación inicial de cinco millones de euros, se implementará en todo el territorio nacional debido al aumento excepcional del flujo de migrantes a través de las rutas del Mediterráneo.

La declaración, que fue aprobada en un Consejo de Ministros en el que también se adoptaron sanciones para quienes vandalicen el patrimonio cultural, se produce tras una conversación mantenida este lunes entre Musumeci y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

“Nos hemos adherido gustosamente a la petición de Piantedosi, muy consciente de la gravedad de un fenómeno que aumenta un 300%. Seamos claros, no estamos resolviendo el problema, cuya solución sólo está ligada a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea”, dijo Musumeci.

La medida, que permite derogar algunas normas del ordenamiento vigente, será nacional porque “necesitamos ayudar a las regiones porque existe el riesgo de enviar el sistema al colapso si continúa este ritmo de llegadas”, añadió, aunque insistió en la importancia de que Europa “se dé cuenta de que no hay mucho tiempo”.

“Si intervenimos en los países desde los que nos movemos, neutralizando la mafia de los traficantes, quizás podamos evitar lo peor”, enfatizó Musumeci.

En ese mismo sentido se había manifestado unas horas antes el vicepresidente del Gobierno y líder de la soberanista Liga, Matteo Salvini, al asegurar que Italia es “absolutamente incapaz” de gestionar “mil llegadas diarias” de migrantes y que “es crucial que Europa despierte e intervenga”.

Más de 3,000 migrantes han llegado a Italia en las últimas horas, en medio de una intensa actividad para los guardacostas italianos, que han socorrido este fin de semana numerosas embarcaciones en peligro en el Mediterráneo Central.

En dos complejas y largas operaciones, aún sin finalizar, la Guardia Costera interceptó este lunes dos barcos en los que viajaban 800 y 400 personas en aguas próximas a Sicilia y Calabria (sur), que se han sumado a las cerca de 2,000 personas que las autoridades italianas ya habían rescatado en otras operaciones desde el viernes.

Las llegadas a Italia superaron las 31,000 desde el inicio de 2023, casi cuatro veces más que las cerca de 8,000 de 2022, con 3,002 migrantes en los últimos tres días, y un récord de 1,389 el pasado viernes, 7 de abril.

El presidente Joe Biden anunció este viernes un acuerdo con Canadá para frenar la migración ilegal en la frontera común, durante su primera visita a su vecino del norte destinada a marcar la renovada amistad entre los dos países.

“Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para desalentar los cruces ilegales por la frontera”, dijo Biden durante un discurso en el parlamento en Ottawa.

Biden saludó además el compromiso de Canadá de acoger a 15,000 migrantes provenientes del continente.

Detrás de este entendimiento, está “Roxham”, una vía de paso irregular por la cual unos 40,000 inmigrantes llegaron desde Estados Unidos a Quebec el año pasado, esquivando los puntos oficiales de entrada.

Estas llegadas detonaron un sin fin de reacciones en el campo político de Canadá, un país donde este problema es relativamente nuevo. Además, provocó cierta tensión con Washington.

La Casa Blanca asegura entender las preocupaciones canadienses pero señala que el tema también es de actualidad en Estados Unidos, en proporciones diferentes.

En enero, las autoridades estadounidenses realizaron más de 128,000 arrestos por intentos de ingresar ilegalmente a territorio nacional desde México, y la derecha republicana no pierde oportunidad de acusar a Biden de laxitud ante el fenómeno migratorio.

Reportes previos al encuentro indicaban que, a cambio del cierre de Roxham Road, Ottawa aceptaría recibir a unos 15,000 solicitantes de asilo de América Latina a través de canales legales como terminó de anunciarse. La medida aliviaría la presión en la frontera sur estadounidense.

“Es un gran placer tener a un gran amigo aquí”, lanzó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, antes de una reunión bilateral en el propio Parlamento.

Biden fue aplaudido en el Legislativo, en particular cuando elogió el compromiso de los dos países de apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. Estados Unidos y Canadá, son “dos pueblos” que comparten un “mismo corazón”, y “en caso de desacuerdo” resuelven sus problemas “con amistad y buena voluntad”, añadió.

La relación entre Washington y Ottawa es infinitamente más cordial que durante la presidencia del republicano Donald Trump, pero hay algunos puntos conflictivos.

Otro tema de discusión fue Haití, un país azotado por la extrema violencia de las pandillas y una grave crisis humanitaria.

El gasto militar también estuvo en la agenda bilateral, en momentos en que Washington presiona por un esfuerzo de los miembros de la OTAN en medio de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con China.

Y es que Ottawa está lejos de dedicar el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto militar, el umbral fijado para los países de la alianza atlántica.

Finalmente, la economía fue otro tema en este encuentro, debido a que los dos países están muy integrados , quienes son socios con nuestro país en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este jueves un proyecto de presupuesto en el que pide al Congreso que apruebe una partida de 1,430 millones de dólares para reducir la inmigración procedente de Latinoamérica.

Cerca de 1,000 millones estarían destinados a ayudar a Centroamérica y otros 430 millones al resto del continente.

Así aparece en el proyecto presupuestario para el año fiscal 2024, que comprende del 1 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, que hizo público este jueves La Casa Blanca, y que suele ser visto como el inicio de las negociaciones del presidente con el Congreso,.

Recordemos que es el Congreso el órgano con autoridad para aprobar el presupuesto.

Una de las partidas lleva el título de “Construir seguridad y prosperidad en Centroamérica y Haití”. En ella, el gobierno de Biden pide que se destinen mil millones de dólares a abordar las “causas de raíz”, entre otras la violencia y la falta de oportunidades económicas, que provocan que millones de centroamericanos migren a Estados Unidos.

Recordemos que durante su campaña a la Presidencia y cuando llegó a La Casa Blanca en enero de 2021, Biden dejó clara que su intención era trabajar con el Congreso para aprobar 4,000 millones de dólares en asistencia a Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala, para acabar con la migración forzada.

Los mil millones que pide ahora Biden son un paso en esa dirección, argumenta el texto del proyecto.

Además, se solicitan 291 millones de dólares para Haití, uno de los países del que provienen gran cantidad de los migrantes que llegan a Estados Unidos de manera irregular y al que Washington quiere ayudar a recuperarse de la crisis que vive en materia de seguridad, salud, economía e instituciones democráticas.

El presupuesto incluye otra partida para implementar la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” que Estados Unidos y otros 19 países del continente americano suscribieron durante la Cumbre de las Américas del año pasado.

En concreto, Biden pidió al Congreso 430 millones de dólares para ayudar a los países del continente americano a gestionar los flujos migratorios con medidas que aumenten las oportunidades para migrar legalmente, mientras que al mismo tiempo se trata de contener la migración irregular.

Además, el presupuesto contiene una petición de 40 millones de dólares para programas de ayuda a migrantes en Latinoamérica y 75 millones para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que Washington ya es el máximo accionista.

Otra de las prioridades de Biden, según muestra el presupuesto, es aumentar las medidas de seguridad en la frontera con México, partida para la que pide una cantidad sustancial de dinero.

Específicamente, el gobierno pide 25,000 millones de dólares para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP), encargada de la seguridad en la frontera, y para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que gestiona entre otras cosas los centros de detención para migrantes.

También se incluye una solicitud de fondos para contratar a 350 nuevos agentes fronterizos de la CBP, 535 millones para mejorar con nueva tecnología la seguridad en los puntos de entrada en la frontera y 40 millones para la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han dado resultado para controlar el flujo migratorio.

“Estamos viendo que están dando resultados algunas políticas que está llevando a cabo el presidente Biden en materia migratoria, lo puedo probar”, afirmó el mandatario.

El presidente se refirió a la política migratoria implementada en enero pasado por Washington en la que extendió los permisos para personas con lazos en el país y que recibirá a 30,000 migrantes al mes procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.

Sin embargo, dicha política ha sido objeto de innumerables críticas, pues también implica la deportación exprés a nuestro país de quienes no se ajusten las directrices, bajo el Título 42.

“Están dando oportunidad a que los que quieren ir a Estados Unidos puedan, mediante un trámite, obtener una especie de visa de trabajo”, defendió López Obrador.

AMLO dijo el número de deportados por el gobierno estadounidense se ha reducido, pues se han venido otorgando visas temporales a extranjeros, lo que ha impactado en el flujo migratorio de nuestro país, según exhibió en una gráfica en el Palacio Nacional.

“Nosotros lo percibimos porque teníamos todo el istmo (del sureste de México) lleno de hermanos venezolanos y otros países, pusimos campamentos con brigadas médicas, se daba alimentación. Al momento que toman esta decisión pasa esto, esto es ordenar el flujo migratorio, esto es la opción”, añadió López Obrador.

Asimismo, afirmó que en México también ha bajado la emigración, principalmente porque en el sureste se construyeron parques industriales el año pasado que han empleado a muchas personas.

“Es mucho trabajo en México. Todos los parques industriales que se construyeron el año pasado se ocuparon, está llegando mucha inversión extranjera y hay afortunadamente oportunidades de empleo”, presumió el presidente.

Sobre el tema migratorio, AMLO afirmó que con motivo de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, el tema se ha convertido en “politiquería”.

En ese sentido, reiteró que no permitirá el maltrato a los migrantes en aquel país, pues de ser así llamará a no votar por quienes discriminan a los extranjeros.

“El maltrato a migrantes no se permite, Estados Unidos se convierte en una gran nación por los migrantes, además es un doble discurso, porque se van a necesitar trabajadores, Estados Unidos no tiene fuerza de trabajo suficiente, ni Canadá”, sostuvo.

Reiteró las acusaciones de hace algunos meses, de cara a las elecciones de medio término de noviembre pasado, al señalar que “ya empezaron a querer agarrar de piñata a los migrantes, con su conservadurismo de estos politiqueros, con su conservadurismo de siempre”.

López Obrador reiteró que le tiene mucho respeto al presidente Biden, pues insistió en que es el único de los presidentes de Estados Unidos de años recientes que no ha propuesto construir muros fronterizos, además de que ha hecho que no se lleven a cabo las famosas redadas.

Sobre la reforma migratoria que Biden prometió, así habló AMLO: “no se ha podido, porque hay una oposición fuerte en Congreso, la regularización de los migrantes, como se ofreció en campaña, pero cuando menos no hay redadas, no hay maltrato, eso lo agradecemos mucho”.

Líderes de la oposición acusaron este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de “doblarse” ante las peticiones migratorias de Estados Unidos, esto en relación a acceder a recibir a los migrantes que expulse Estados Unidos.

La dirigencia nacional del PAN afirmó que López Obrador “fue sometido y formalmente convirtió a México en el patio trasero de los Estados Unidos” al aceptar ser el receptor de América Latina de migrantes rechazados por el gobierno estadounidense.

“¿Dónde quedó algún mínimo acuerdo migratorio para nuestros paisanos que decidieron o deciden ir a los Estados Unidos de América? Al contrario, cedió el presidente como nunca había ocurrido, que nosotros vamos a ser el país que reciba a todos los migrantes que Estados Unidos no acepte de América Latina”, expresó Marko Cortés, líder nacional del PAN.

Las críticas surgen después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció públicamente a López Obrador, ayer durante el mensaje conjunto al término de las reuniones trilaterales, por recibir a los migrantes “que no sigan los caminos legales” establecidos por su país.

Esto en referencia a la nueva política migratoria de Estados Unidos, que el jueves pasado anunció la recepción mensual de 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero la deportación inmediata a nuestro país de quienes lleguen ilegalmente por la frontera.

“Decenas de miles de personas migrantes acampan, y serán miles más, en las fronteras mexicanas. El presidente mexicano perdió la oportunidad de proponer y lograr un acuerdo que se haga cargo de la mayor crisis migratoria del mundo”, señaló el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

En tanto, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, aseguró que López Obrador criticó la ausencia de una agenda clara para atender los “grandes problemas en común”.

“Lo que las y los mexicanas esperábamos eran acuerdos concretos para atender el tráfico de armas, la flagrante violación de derechos humanos en movimientos migratorios, la crisis climática, entre otros”, expresó el senador opositor en sus redes.

México abrirá un nuevo centro migratorio en el sur del país para recibir a migrantes refugiados, el cual estará apoyado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, según acordaron los mandatarios de los tres países en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

El anuncio se hizo público tras la celebración de la Cumbre, que reunió la tarde de ayer en la Ciudad de México al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); a su homólogo estadounidense, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“El Gobierno de México diseña un espacio de servicios de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas, en colaboración con organismos internacionales”, detallaron los tres países en un comunicado conjunto.

Dicho centro ofrecería servicios y alternativas de protección, documentación y movilidad laboral, así como tareas de control migratorio, señalaron.

Incluso antes de la reunión trilateral, La Casa Blanca había adelantado que los mandatarios pactarían la creación de “un nuevo centro en el sur de México” para tender a migrantes.

Sin embargo, en el mensaje a medios que ofrecieron los líderes, el presidente López Obrador negó que fueran a construir un centro migratorio, sino invertir en albergues.

“No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes”, sostuvo AMLO al ser cuestionado sobre el tema en la sesión de preguntas y respuestas.

De acuerdo con el comunicado conjunto, los mandatarios se comprometieron a aumentar las “vías regulares como alternativa a la migración irregular en América” y “fortalecer los procesos de asilo”.

Recordemos que antes de la cumbre, Estados Unidos anunció un programa migratorio acordado con México que prevé dar 30,000 visas humanitarios a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, pero deportar a nuestro país a aquellos migrantes que crucen la frontera de forma irregular.

En la rueda de prensa posterior a la cumbre, Biden agradeció públicamente a López Obrador por admitir a los migrantes que sean deportados de Estados Unidos.

“También queremos agradecerle, señor presidente (López Obrador), por haber recibido en México a aquellos que no están siguiendo caminos legales, que están tratando de cruzar ilegalmente la frontera entre nuestros países”, dijo Biden en su mensaje final.

El mandatario estadounidense reconoció que todo el hemisferio está experimentando niveles sin precedentes de migración, por lo que señaló que se mantiene el planteamiento hecho en la cumbre de 2021, de trabajar con un “enfoque regional, para un problema regional”.

“Para poder enfrentar estos retos tenemos que trabajar juntos haciendo que se cumplan las leyes de nuestros países y respetando la condición humana de los migrantes que buscan soluciones desesperadas”, añadió Biden.

El gobierno del presidente Joe Biden, anunció este jueves que aceptará a más de 30,000 migrantes al mes, provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, con lo que expandirá su programa por el que ya concede actualmente permisos humanitarios a venezolanos.

El presidente Biden, quien ofreció un discurso en materia de seguridad fronteriza, indicó que la idea es promover y alentar la migración ordenadas, por las vías legales, y sancionar a quienes busquen burlar la ley.

Como parte de las medidas anunciadas, Estados Unidos expulsará de inmediato a México, a través del Título 42, una normativa instaurada por Trump, a los migrantes de esos países que intenten cruzar a su territorio de manera irregular.

Una vez que que finalice el Título 42, se procederá a realizar las expulsiones ‘exprés’ a través del Título 8.

Biden anunció también que el domingo visitará la frontera sur de su país, específicamente en la zona de El Paso, Texas, por primera vez desde que es presidente. La visita se producirá antes de trasladarse a la Ciudad de México, donde participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Sobre el anuncio del presidente Biden, su antecesor, Donald Trump publicó un video en el que acusa al demócrata de estar “del lado de los carteles” de la droga debido a su política migratoria.

“Las políticas en la frontera de Biden son una traición mortal a nuestra nación. Cuando yo sea presidente, la política de Estados Unidos será la de acabar con los carteles, de la misma manera en que acabamos con el Estado Islámico”, dijo el exmandatario en su red social Truth Social.

El republicano, que en noviembre anunció que se presentaría como candidato a la Casa Blanca en 2024, defendió su política migratoria cuando estaba al frente del gobierno, asegurando que la frontera era mucho más segura que ahora.

Trump también dijo que, de ser elegido, pedirá al Congreso que permita aplicar la pena de muerte contra traficantes de drogas y de personas.

Y es que el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a una llegada sin precedentes de migrantes en la frontera con México, por las crisis económicas, sanitarias y políticas que viven en sus países de origen.

El secretario de Seguridad estadounidense, Alejandro Mayorkas, y el canciller colombiano, lvaro Leyva, anunciaron este viernes en Bogotá la realización de una conferencia latinoamericana sobre migración en el primer trimestre del próximo año.

“Se va a convocar en el primer trimestre del año entrante una conferencia latinoamericana que toca el tema de la migración (…) que involucra intereses de los Estados Unidos”, declaró Leyva, junto a Mayorkas, tras un encuentro en la sede de la cancillería.

Sin dar detalles sobre el lugar donde se llevará a cabo el encuentro ni la fecha exacta, el secretario de Seguridad estadounidense aseguró que su país participará en la discusión “para abordar lo que no es un desafío exclusivo para Estados Unidos” ni “para Colombia”, sino que “es el desafío hemisférico” de la migración.

La cancillería colombiana informó en un boletín que la conferencia tiene como “objetivo establecer unas reglas de juego claras para todas las partes que vayan a concurrir”.

“Lo que acordamos hoy es reunirnos todos y asegurarnos de que todos participen en desarrollar y ejecutar una solución para lo que es un desafío colectivo”, insistió Mayorkas.

El secretario de Seguridad estadounidense llegó a Colombia desde Ecuador en una visita sobre cooperación en la gestión de los flujos migratorios hacia Norteamérica.

Mayorkas y Leyva también discutieron sobre el proceso de regularización de 2.4 millones de venezolanos que migraron a Colombia, huyendo de la crisis en su país.

Los nuevos compromisos se dan luego de la Declaración de Los Ángeles sobre inmigración, adoptada en la IX Cumbre de las Américas en junio pasado en California.

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, su administración ha tenido que lidiar, tanto operativa como políticamente, con un número récord de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal.

Autoridades fronterizas estadounidenses realizaron 2.2 millones de detenciones de migrantes en la frontera en el año fiscal 2022, que finalizó el pasado 30 de septiembre, aunque muchas incluyeron a personas que cruzaron la frontera repetidamente.

Además, un juez federal estadounidense invalidó en noviembre una orden fronteriza de la era COVID-19 conocida como Título 42, implementada en marzo de 2020 bajo el mandato de Donald Trump, que permitía a las autoridades expulsar rápidamente a migrantes detenidos al cruzar la frontera sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

Un grupo de congresistas republicanos de Texas anunciaron este jueves que buscará reinstaurar el programa migratorio “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos, cuando su partido tome el control de la Cámara de Representantes el próximo año.

Los legisladores presentaron ante la prensa una hoja de ruta sobre inmigración, llamada “Un Compromiso para Proteger la Frontera”, que incluye medidas aplicadas por la Administración de Donald Trump como el programa “Quédate en México” o la construcción del muro fronterizo.

“La nueva mayoría republicana del Congreso usará toda las herramientas que tengamos a nuestra disposición para hacer rendir cuentas” al presidente, Joe Biden, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el legislador republicano Jodey Arrington.

En el documento señalaron su plan para el próximo periodo legislativo, que comenzará en enero, en el que piden que se destinen más recursos a las Patrulla Fronteriza y que se retiren los fondos a las agencias de Naciones Unidas y ONG que “apoyen a individuos en su travesía hacia la frontera” sur de Estados Unidos.

“Hay una crisis en la frontera causada por la Administración de Biden al abrir la frontera (…) es peligroso para los migrantes y es malo para nuestras comunidades”, señaló la congresista electa Mónica de la Cruz.

Varios de los legisladores subrayaron además que existe una “urgencia” para aprobar una legislación que refuerce la frontera ante un eventual fin del Título 42, la norma de salud pública instaurada por Trump que permite devolver a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera con México y que un juez ha ordenado suspender.

“La suspensión del Título 42 va a cambiar Texas para siempre, es por ello que tiene que haber un sentido mayor de urgencia”, dijo el congresista Jodey Arrington.

El líder republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, cuyo partido recuperará la mayoría parlamentaria en enero como resultado de las elecciones legislativas de noviembre pasado, anunció semanas atrás que buscará un juicio político contra Mayorkas por su gestión de la frontera.

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dificultaría la búsqueda de asilo en la frontera con México bajo varios planes que se están considerando y que tienen similitudes con las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump.

Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y una persona familiarizada con el asunto, que hablaron bajo anonimato con la agencia Reuters, dijeron que la administración está discutiendo una regulación de vía rápida para negar el asilo a los migrantes adultos solteros si no buscan primero protección en otros países.

Las fuentes dijeron que no habían visto una copia de la regulación propuesta, por lo que no podían dar más detalles.

Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, su administración ha tenido que lidiar, tanto operativa como políticamente, con un número récord de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal.

Autoridades fronterizas estadounidenses realizaron 2.2 millones de detenciones de migrantes en la frontera en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre, aunque muchas de ellas incluían a personas que cruzaban la frontera repetidamente.

Otro funcionario estadounidense dijo que el gobierno de Biden también está considerando otras medidas disuasorias de la era Trump que incluyen que los agentes de la Patrulla Fronteriza realicen revisiones aceleradas de asilo.

Otra posibilidad era aumentar una práctica conocida como “medición”, que limita el número de migrantes que pueden acercarse a un puerto de entrada para pedir asilo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo este viernes que no se había tomado ninguna decisión para hacer cambios en la política.

Biden venció a Trump en las elecciones presidenciales del 2020 prometiendo deshacer las políticas de inmigración de su predecesor y “reafirmar el compromiso de Estados Unidos con los solicitantes de asilo y los refugiados”.

Las políticas que se están considerando, si se adoptan, significarían un fuerte retroceso a esas promesas y ya han provocado la preocupación de defensores de la inmigración.

Recordemos que políticas similares de Trump fueron impugnadas en los tribunales y anuladas.

Para que se les conceda asilo en Estados Unidos, los inmigrantes que entran al país deben demostrar que buscan protección contra la persecución en otro lugar por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado.

El portal Axios informó por primera vez de las discusiones en torno a una nueva prohibición de asilo a principios de esta semana. No se ha informado previamente de las otras medidas que se están considerando.

Tras la noticia de Axios, un funcionario de Biden dijo en un comunicado que Estados Unidos trataría de acelerar los tiempos de tramitación del asilo, desarticular las redes de contrabando que se aprovechan de los inmigrantes y trabajar con otros países de la región para gestionar el flujo de inmigrantes.

Los republicanos, que tomarán el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en enero, han atacado la gestión de Biden en la frontera y han amenazado con destituir a su principal funcionario, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

El mes pasado, un juez federal estadounidense invalidó una orden fronteriza de la era COVID-19 conocida como Título 42.

Implementada en marzo de 2020 bajo el mandato de Trump, permitía a las autoridades expulsar rápidamente a migrantes detenidos al cruzar la frontera sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

El juez retrasó la fecha de entrada en vigor del fallo hasta el 21 de diciembre para dar tiempo a las autoridades fronterizas a prepararse. Una semana más tarde, una coalición de estados con fiscales generales republicanos lanzó un recurso legal para revertir la decisión.

La administración se está preparando para la posibilidad de que entre 9,000 y 14,000 inmigrantes al día intenten cruzar la frontera si se levanta el Título 42, según el Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente el doble del registro diario reciente.