La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la conformación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la inminente creación de una Guardia Nacional con mando civil, son un paso fundamental para desafiar los problemas de inseguridad que golpean al país, aunque dijo, no es suficiente.
Señaló que México necesita un rediseño integral de las instituciones responsables del fortalecimiento del Estado de Derecho, que permita restablecer la convivencia social, considerando que brindar seguridad a los ciudadanos, es una función indeclinable del Estado.
“La Guardia Nacional con mando civil es un paso firme, pero sólo inicial en el combate contra la delincuencia. A esta figura se debe sumar una reingeniería estructural y administrativa que permita dignificar el papel de los cuerpos policiales y que agilice y mejore el proceso de impartición de justicia en todos sus niveles”, dijo la Coparmex.
Aplaudió que el Gobierno Federal solicitara que el mando de la Guardia Nacional fuera civil y no militar, como se había planteado inicialmente. Calificó dicha decisión como un triunfo del debate público que se ha generado entre sociedad civil, legisladores y el gobierno federal.
Sin embargo, la Confederación pidió trabajar en otros aspectos para lograr una verdadera estrategia contra la inseguridad, tales como que los militares que pertenezcan a la Guardia Nacional renuncien a la milicia con el fin de asegurar la preponderancia del mando civil. Pidió también establecer las atribuciones de los estados y municipios en materia de combate a la delincuencia y seguridad pública.
Ante la necesidad de fortalecer las policías en el ámbito federal, estatal y municipal, abogaron por crear una Academia Nacional para Policías, la cual deberá garantizar que en el mediano plazo, los elementos de todas las corporaciones de seguridad cumplan con el perfil deseable para el cumplimento de sus tareas.
Finalmente la Coparmex pidió seguir acrecentando la participación ciudadana para restaurar el vínculo de confianza entre la población y las corporaciones policiales que se ha visto afectado por acciones de corrupción, extorsión, mal manejo de recursos y la falta de respuesta en la prevención e investigación de los delitos.
