Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que pretenden restringir las concesiones en la industria minera son contrarias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió este miércoles el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, expuso el CCE en un comunicado.
El Consejo consideró que tanto la reforma minera como la de distintas leyes en materia administrativa sobre las contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, ambas en proceso legislativo en el Congreso, están vinculadas directamente con el desarrollo del país.
“Esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria minera y de la infraestructura pública, en perjuicio del país”, expuso la cúpula empresarial.
Esta valoración se sustenta, aseguró el comunicado, en análisis jurídicos y técnicos de especialistas del organismo y de su experiencia en la minería, que representa el 2.5% de la economía nacional, y la infraestructura.
Por su “intensa actividad en ambos temas” y “la relevancia de los mismos para el desarrollo del país y para la certeza de la inversión”, el CCE solicitó que se abra en el Congreso una discusión al respecto en el que esté incluido.
Y es que la reforma de la Ley Minera, presentada por López Obrador el pasado 28 de marzo, propone otorgar concesiones de minas solo mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar la duración de los permisos de los 50 años actuales a 15 con posibilidad de una sola prórroga.
Los riesgos que el presidente niega han sido señalados no solo por la CCE, sino también por la Cámara Minera de México (Camimex), que argumentó que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos.
“Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”, expuso por su parte un reporte de la agencia Moody’s Investors Service.
Al respeto, esta mañana el presidente López Obrador negó que existan riesgos para la inversión por la reforma que propone para restringir los permisos para la minería.
“No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, (sino de) cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no de forma simulada”, expuso en su conferencia de prensa matutina.
El mandatario insistió en que “no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras”.
“Vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones, con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de 1,000 años”, añadió AMLO..
Fiel a su discurso, denunció que durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra para la explotación minera.
Señaló que, durante un momento, el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas, estaba concesionado para alguna actividad extractiva.
“Con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada, especulaban, como no pagaban impuestos porque Salinas les quitó el impuesto de extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo”, reclamó.
