El Gobierno aumentó a 30 millones de dólares el pago que exige al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que salga de prisión, incremento que el exfuncionario calificó de intento de extorsión.
Lozoya, arrestado en España a comienzos de 2020 y extraditado a México a mediados de ese mismo año, tiene dos casos abiertos ante la Justicia, uno por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos.
Y el segundo por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y el posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
El aumento del pago provocó la inconformidad de la defensa, que acusó que el nuevo monto “raya en la extorsión”, aplazando de nueva cuenta el juicio por su presunta participación en la compra a sobreprecio de la planta fertilizantes Agronitrogenados.
“Nosotros hemos dicho, primero, que no queremos juicio, que queremos acuerdo, pero un acuerdo legal, proporcional, basado en derechos humanos”, señaló su abogado Miguel Ontiveros al salir de la audiencia en el Reclusorio Norte.
Por su parte, el juez de control, Genaro Alarcón, detuvo la audiencia luego de casi cinco horas y aplazó su continuación hasta el próximo 31 de agosto al mediodía.
En el juicio, la defensa de Lozoya también pidió que se justificara el nuevo monto pues insistió que el incremento de 200% era “pedir más de lo justo y lo correcto”.
“Acepté pagar el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño. ¿Por qué la exageración? ¿Por qué la cuasiextorsión? Estoy sentado aquí por una farsa. Parece que la política le gana a la justicia”, comentó Lozoya en su audiencia.
Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex pidieron, en enero del año pasado, “una cifra, ahora lo que piden es 200% más. Me parece que es inmoral e ilegal”, sostuvo el exdirector de Pemex.
En 2022, tanto la UIF como Pemex habían acordado una segunda suma de 10.7 millones de dólares como reparación del daño, luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara la primera cantidad de 3.4 millones de dólares ofertados como reparación del daño por los casos de corrupción en su contra.
Aunque el propio juez Alarcón cuestionó el aumento en el monto, los representantes de Pemex y la UIF alegaron que no se llegó a un acuerdo en meses pasados y que recibieron nuevas instrucciones de instancias superiores.
Además, mencionaron que se sentirían coaccionados si se les obligaba a fundamentar los motivos del alza en el monto reparatorio en el momento.
Es por ello que el juez concluyó que Lozoya está en su derecho de buscar la oportunidad para concretar un acuerdo, mientras que dijo no comprender por qué la FGR no participó en los diálogos.
Además, se le negó a Lozoya anular el delito de lavado de dinero que se le imputó por el caso Agronitrogenados, como solicitó su defensa.
En enero, López Obrador se mostró abierto a la reparación del daño para que Lozoya lleve su proceso en libertad, pero estimó que la compra de Agronitrogenados costó 200 millones de dólares al erario, de los que Ancira ya ha devuelto 100 millones.
