Luego de que el Senado avalara la extinción de fideicomisos que hasta ahora manejaba el Poder Judicial (PJ), el Sindicato de Trabajadores determinó ampliar el paro nacional que había sido declarado hasta ayer 24 de octubre.
En asamblea urgente celebrada la noche de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios de los comités locales avalaron la extensión del paro, que se acordó, sea hasta el próximo domingo 29 de octubre, reconociendo que los trabajadores que deseen seguir laborando estarán en su derecho.
Recordemos que los trabajadores se han manifestado desde hace varios días en distintas ciudades del país, las mayores movilizaciones en la Ciudad de México en diversos centro de trabajo, así como en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Los trabajadores aseguran que lo que está en juego no son privilegios, sino sus derechos. El líder sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presentarán.
La reforma, ya aprobada en ambas Cámaras, fue remita al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que cuando suceda, entrarán en vigor los cambios al día siguiente.
El Poder Judicial ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55,000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.
Asegura también que si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.
La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva. El presidente lo considera un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios; considera que sus miembros son parte de lo que llama la “mafia del poder”.
El hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración hayan sido echadas para atrás en los tribunales, ha incrementado el enfrentamiento. López Obrador incluso ha llegado a proponer que los jueces, ministros y magistrados, sean elegidos en elecciones populares.
El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte; hasta finales de 2022 la Corte estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno, Arturo Zaldívar.
Foto: Twitter @XochitlGalvez
