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Las remesas en México crecieron en junio pasado, impulsadas tanto por un mayor número de envíos como por un avance en el monto promedio de las operaciones, según cifras divulgadas este lunes por el Banco de México (Banxico).

Los ingresos captados por este concepto durante el sexto mes del año sumaron 5,153 millones de dólares, un 15.6% más que en junio del año pasado, con lo que se ligaron  26 meses de crecimiento, de acuerdo con un reporte mensual de Banco de México.

Los 5,153 millones de dólares captados, se desprendieron de 12.6 millones de transacciones, con un envío promedio de 408 dólares, alzas del 11.4% en el número de envíos y del 3.8% en el valor de la remesa promedio.

En cifras acumuladas, las remesas se incrementaron un 16.6% interanual entre enero y junio a 27,565 millones de dólares, añadió Banxico.

El 98.8% del total de los ingresos por remesas en el periodo enero–junio de 2022 fue realizado mediante transferencias electrónicas, las cuales ascendieron a 27,240 millones de dólares. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron respectivamente el 0.9% y 0.3% del monto total, al alcanzar niveles de 240 y 85 millones de dólares, en el mismo orden.

Así, el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (julio 2021 – junio 2022) se ubicó en 55,504 millones de dólares, monto mayor al acumulado a doce meses en mayo previo de 54,809 millones de dólares (junio 2021 – mayo 2022).

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha utilizado este dato sobre el comportamiento de las remesas que recibe el país, para destacar que la economía del país avanza, pese a la  alta inflación que golpea el bolsillo de los ciudadanos.

Luego de que diera detalles de ella en su conferencia matutina, la Cámara de Diputados confirmó que recibió y turnó a comisiones la iniciativa enviadas por el presidente en materia electoral, junto a una más que recibió del Ejecutivo, por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

En la reforma electoral, señaló que fue remitido a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral. Entre los principales puntos destacan: trasformar al INE por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC); federalizar las elecciones; desaparecer los OPLES; elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión; eliminar 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado; limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario, entre otras.

Al respecto, el grupo parlamentario de Morena informó que propondrá un debate y análisis amplio de la iniciativa, por lo que se realizarán foros y asambleas informativas como sucedió con la reforma eléctrica.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada, resaltó que México requiere tener un organismo ciudadanizado, revisar todos los procedimientos para la elección de los consejeros que integran a la autoridad electoral, “porque se convierten en feudos, y lo peor, solo dos o tres son los señores feudales que tienen el control, guía y conducción del instituto”.

Los diputados de Morena también destacaron que la iniciativa de reforma significa ahorros “sustanciales” que se emplearían en favor del pueblo. “El fundamento principal de esta iniciativa es que el principio de austeridad republicana permee en nuestro sistema electoral”, señalaron.

El diputado García Almaguer, también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó que la propuesta se traduce en un ahorro de 11 mil millones de pesos en prerrogativas para los partidos políticos nacionales; un ahorro de 5 mil 300 millones de pesos en prerrogativas para los partidos políticos locales; y un ahorro de 13 mil 261 millones de pesos por la extinción de los 33 organismos públicos locales electorales, “que tiene una burocracia dorada”.

Las y los diputados de Morena llamaron a las y los integrantes de las bancadas de oposición a revisar la propuesta, antes de expresar su rechazó. El líder de la bancada enfatizó en que la coalición Morena-PT-PVEM invitará a todos los partidos a construir un dictamen que recoja todas las visiones.

Al respecto, la oposición recordó que siendo una reforma a la Constitución, requiere necesariamente de un diálogo con las fuerzas políticas pues se requiere de las dos terceras partes del Pleno para ser aprobada.

Luis Espinosa Cházaro, líder del PRD en San Lázaro, dijo que se debe hacer un análisis más profundo de dicha ley para que no desaparezca el Instituto Nacional Electoral (INE), no dejar fuera la representación proporcional de las minorías, y “lo demás se revisará con responsabilidad y cautela”.

El coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, reiteró que no hay condiciones para analizar la reforma electoral, porque “la mandan el último día de un periodo. Así la coalición Va por México reiteró que no habrá lugar a un periodo extraordinario para “albazos legislativos”, en referencia a la reforma electoral.

“Lo que hay en la mesa se tiene que reflexionar y, en todo caso, ver si se discute en el mes de septiembre lo que se pueda y lo que se deba discutir”, señalaron.

Sin embargo, las dirigencias de los partidos ayer sostuvieron que la reforma electoral no contará con el apoyo de sus diputados, y por el contrario, anunciaron que presentarán su propia iniciativa.

El coordinador de los Diputados de Morena, Mario Delgado, informó que recibieron hoy, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una iniciativa que tiene como finalidad expedir la Ley de Amnistía, la cual otorgará la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos, para que puedan reintegrarse a la vida en sociedad.

El legislador recordó que el 16 de septiembre de 1810, antes del icónico grito de independencia, Miguel Hidalgo liberó de la cárcel de la congregación de Dolores a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo, cuya pobreza o ignorancia era la causa común de su presidio. Y que hoy, los gobiernos de algunos estados tienen la tradición de indultar en estas fechas a presos cuya culpabilidad es dudosa, o es baja la cuantía del daño que produjeron, también a los que observan buen comportamiento, o bien, a quienes tuvieron un juicio injusto.

Aclaró que el indulto y la amnistía son distintos pero comparten el objetivo de conceder la libertad y ofrecer la oportunidad de la reinserción social. La amnistía, además, está respaldada por la voluntad popular representada en el Congreso.

Comentó que por ello, en el marco del 209 aniversario del Grito de Independencia, el Presidente de la República presenta la Ley de Amnistía, como expresión concreta del compromiso de aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, como la carencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y expedita íntimamente relacionada con la pobreza, la marginación y el flagelo de la corrupción.

Mario Delgado explicó que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia desatado bajo el pasado régimen e gobierno. O bien, a sentenciados por robo simple sin violencia.

También beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles.

Agregó que existen varios elementos o signos distintivos comunes en muchas de las personas presas, tales como la baja escolaridad o incluso analfabetismo, y en muchos casos su pertenencia a una comunidad o pueblo indígena. También, que diversos análisis arrojan una relación entre pobreza e injusticia, entre marginación y denegación de justicia.

La liberación procederá bajo ciertas condiciones: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional. La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas. La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos.

Además, adujo que el Ejecutivo Federal integrará una Comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía, misma que podrá solicitar el beneficio de la Ley cuando existan casos que lo ameritan.