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En una investigación especial hecha por el diario español El País, se da a conocer que el actual Embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1.2 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA), institución que en 2015 fue acusada de servir para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos.

 

El también priísta indicó que el dinero en cuestión fue por cobros a un despacho de abogados de Ciudad de México que encabeza Pedro Raymundo Salinas Arrambide, aunque sostuvo que “no puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional”.

 

 

Arroyo Vieyra, presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, y fue durante su función pública cuando contrató asesorías por adjudicación directa por 7.9 millones de pesos, de la cual 3.2 millones de pesos fueron para la firma de Salinas y Asociados.

 

El actual embajador explica que “fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.

 

Aseguró que “representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”, por lo que sostiene, el dinero es totalmente lícito.

 

 

 

 

Con información de El País / Foto: Twitter

Luego de que el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ofreciera una entrevista la semana pasada para dar a conocer detalles de la investigación que se sigue en contra de César Duarte y ex colaboradores en su administración, se informó que el priista interpuso una demanda en contra de Corral por presunta “persecución política”.

 

 
Se detalló que César Duarte presentó a través de sus abogados, una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que asegura que el actual mandatario hace uno de todo el aparato gubernamental en una persecución política “que no tiene fundamento”.

 

Por su parte José Luis Armendáriz, presidente del organismo estatal, dio a conocer que a partir del viernes pasado inició el plazo de 15 días para resolver si la queja procede, y subrayó que notificó al gobierno estatal sobre el inicio de la investigación y sobre la emisión de un informe final.

 

 

 

Con información de Proceso / Foto: Archivo APO