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La economía entrará en un ciclo político en los próximos dos años ante las elecciones presidenciales y el cambio de Gobierno en 2024, lo que propiciará una desaceleración en 2025, estimó un análisis de Moody’s Analytics.

El director de la agencia para América Latina, Alfredo Coutiño, explicó en su último reporte que existe un tradicional ciclo político en la economía mexicana al final de cada sexenio.

Por un lado, la economía se ve altamente influenciada por una fase de expansión y, posteriormente, entra en una contracción causada por la transición política.

“Esto significa que la economía resultará beneficiada en el 2024 y afectada en el 2025”, advirtió el analista, quien añadió que “este ciclo ha estado presente en las últimas cuatro décadas y no hay razón para creer que esta vez será diferente, aunque ahora tendrá una pequeña variante”.

Anticipó que la primera fase expansiva sucederá en los primeros seis meses del último año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que termina su mandato en octubre de 2024.

La política fiscal, previó, se usará para financiar el proceso electoral, completar las obras de infraestructura, y estimular la economía para generar un sentimiento de bienestar social, con la intención de impulsar a los votantes hacia el partido en el poder, Morena.

Una segunda “fase contractiva” empezaría con el retiro del estímulo fiscal tras las elecciones y se extendería hasta la primera mitad del primer año del nuevo Gobierno. Señaló que al comienzo de la nueva Administración se presentará un retraso en el ejercicio del gasto público que introducirá un atraso en las decisiones de consumo e inversión privada.

A lo anterior, se sumaría la incertidumbre alrededor del nuevo equipo económico y político en el Gobierno mexicano, lo que ocasionaría una desaceleración de la actividad económica en el país.

Dijo que el “efecto contraccionario” se extenderá desde el cuarto trimestre de 2024 y hasta el primer trimestre de 2025.

“La magnitud de dicha desaceleración que afectará el inicio de 2025 dependerá del grado de certidumbre en torno al programa económico del nuevo gobierno y de la confianza que se tenga en el nuevo equipo económico”, sostuvo.

El senador Zoé Robledo de la bancada PT-Morena exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) proceder o desistir de alguna acción legal en contra del candidato a la Presidencia por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, y no prestarse más a utilizar este caso con fines políticos.

 

Robledo sostuvo que para evitar el uso faccioso de las instituciones públicas del gobierno priista en contra de opositores, la PGR debería actuar parejo e investigar por igual a Ricardo Anaya y José Antonio Meade; el primero, por supuesto lavado de dinero; y el segundo, por ser omiso o cómplice sobre desvíos millonarios desde la Sedesol antes y durante su gestión.

 

Anunció que presentará un punto de acuerdo para exhortar a la PGR a cesar la manipulación de los procedimientos ministeriales y aplicar la ley sin raceros políticos”. Señaló que la Procuraduría debe definir a la brevedad la situación jurídica de Ricardo Anaya Cortés respecto a la investigación sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la que se le involucra.

 

“En caso de contar con elementos que permitan establecer la existencia de ese delito y la probable participación de Ricardo Anaya, se ejercite la acción penal que en Derecho corresponda; pero si no hubiese elementos que permitan sustentar una acusación apegada a Derecho en su contra, se decrete el no ejercicio de la acción correspondiente”, planteó.

 

Dijo que las acusaciones contra Ricardo Anaya están afectando todo el proceso político-electoral, pues la ciudadanía lo único que observa es a un candidato que en vez de salir a dar propuestas, sale a dar explicaciones y presenta alegatos de prueba de su inocencia.

 

Zoé Robledo aseguró que nunca será saludable para un proceso electoral la utilización de las instancias de gobierno para atacar a los opositores; “ahora lo enfrenta Ricardo Anaya, pero esto también ya lo vivió en carne propia Andrés Manuel López Obrador, cuando el gobierno del PAN pidió su desafuero en 2005”.