Un tribunal federal de apelaciones rechazó este viernes el recurso que presentó La Casa Blanca, contra la orden judicial que le obliga a reanudar la política de “Quédate en México” para quienes han solicitado asilo.
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito se da en respuesta a la decisión de una corte federal que falló a favor de los estados de Texas y Misuri, que demandaron a la Administración Biden por cancelar el programa.
La política de “Quédate en México”, cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) fue instaurada por el gobierno del ahora expresidente Donald Trump en 2019, y por ella decenas de miles de migrantes llegados a la frontera sur han sido devueltos a México y a países de América Central.
En lugar de esperar la audiencia de inmigración que estipula la ley en territorio estadounidense, esa política obliga a quienes buscan asilo a esperar afuera del país el proceso de adjudicación de sus solicitudes.
El día mismo de su investidura presidencial, en enero, Biden canceló el MPP pero la semana pasada el juez federal Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, ordenó al gobierno federal que, a partir del próximo sábado, vuelva a aplicar la norma de “Quédate en México”.
El gobierno de Biden recurrió al Tribunal de Apelaciones para que dejara en suspenso la orden de Kacsmaryk alegando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene recursos para reanudar el MPP.
Este no sería el único golpe para La Casa Blanca ya que ayer, mientras el Tribunal de Apelaciones rechazaba la gestión del gobierno, el juez federal Drew Tipton, también designado por Trump declaró nulas las prioridades establecidas por el gobierno del presidente Joe Biden para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detenga a migrantes indocumentados para su deportación.
El Congreso había ordenado a ICE que estableciera prioridades en la detención de inmigrantes indocumentados, y un memorando del gobierno Biden el 18 de febrero estipuló que se diera prioridad a la detención de individuos que hubieran cometido delitos graves o que presentaran una amenaza para la seguridad pública y nacional.