Luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, la minuta ha sido avalada por 21 Congresos locales, con lo que se cumple el requisito que marca la ley, de 17 legislaturas estatales, para que pueda ser promulgada por el titular del Ejecutivo.
Al respecto, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que será el próximo domingo cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial, con lo cual a partir de junio de 2025 se elegirá por voto popular a jueces, ministros y magistrados, así como a los integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sancionará a juzgadores por sentencias irregulares.
Y aunque el avance de la reforma judicial en los Congresos locales y por ende su inminente entrada en vigor es un logro para la 4T, las reacciones en contra de los cambios constitucionales no han dejado de aparecer.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “grave preocupación” por la aprobación de la reforma constitucional y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho.
La reforma al Poder Judicial fue planteada por el presidente López Obrador como parte de su paquete de reformas denominado ‘Plan C’, y es respaldada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
“La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho”, indicó el organismo en un comunicado.
La CIDH destacó “lo precipitado de las profundas modificaciones que podrían tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”.
Llamó a las autoridades “a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación”.
Frente a los conflictos, manifestaciones y las protestas públicas, la CIDH exhortó a garantizar instancias de diálogo real, que aseguren la participación de todos los sectores interesados.
Trabajadores del Poder Judicial y opositores han advertido de una posible “dictadura” o “autocracia” porque la iniciativa permitirá que el Ejecutivo postule candidaturas para todos los juzgados del país y reciban apoyo del oficialismo para las campañas, mientras que el Tribunal de Disciplina sancionaría a los jueces disidentes.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que está en huelga desde el 21 de agosto, anunció esta semana que acudirán a instancias internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya se expresó, para frenar la iniciativa aprobada esta semana.
Quien también comentó sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial en la mayoría de los Congreso estatales, fue la presidenta electa.
“Ya es un hecho la Reforma Constitucional. Es un buen momento, dado que estamos por celebrar la Independencia de México, y es muy bueno para el país, como lo he dicho. Muy bueno para la nación que el Poder Judicial se renueve, se democratice, y esté al servicio del pueblo de México y de la nación”, dijo Claudia Sheinbaum.
Envió un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial para asegurar que sus derechos y prestaciones serán respetados, aunque advirtió que los privilegios y la corrupción serán desterrados con un nuevo sistema de impartición de justicia.
