La congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar presentaron este martes un proyecto de ley de reforma migratoria que incluye vías para regularizar a los más de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos.
La propuesta legislativa, presentada ante la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, incluye también más fondos para seguridad fronteriza, reformar la manera en la que las personas pueden pedir asilo, al igual que reforzar la seguridad en la frontera.
Salazar, quien representa al distrito 27 de Florida, dijo que el paquete legislativo representa un momento “histórico” en el que “dos legisladoras deciden trabajar en uno de los temas más polarizadores para el país”.
La idea, dijo la republicana, es “dar dignidad a los indocumentados”.
Bajo la propuesta, las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular en Estados Unidos, que hayan vivido por cinco años el país y que no tengan antecedentes penales pueden entrar a un programa que les ofrece permiso de trabajo y de viaje por siete años.
En ese periodo, deberán pagar una suma de 7,000 dólares en “restitución” al gobierno. Estos fondos, explicó la congresista, se usarán para “asegurar la frontera” y para compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados.
Durante el periodo del “estatus de dignidad”, como se le llama al tiempo que gozarán delpermiso, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales, explicó Salazar y, después de completar los siete años, deberán esperar otros cinco para solicitar la ciudadanía estadounidense.
El proyecto de ley contempla a su vez ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (dreamers) y los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS).
Con respecto a la situación en la frontera sur, la propuesta de ley propone la creación de unos “campus humanitarios” para detener a quienes buscan pedir asilo en Estados Unidos, y donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días.
A su vez, contempla destinar más fondos para la seguridad fronteriza, incluyendo unos 10 mil millones de dólares para expandir y mejorar los puertos de entrada.
Este proyecto de ley llega dos semanas después de que la administración de Biden levantara el Título 42, que permitía las expulsiones exprés en la frontera, e impusiera mayores restricciones al acceso al asilo para los migrantes que llegan mediante la aplicación del Título 8.
