La Sección Instructora de la Cámara de Diputados resolvió esta tarde dar luz verde al proceso de desafuero contra los diputados Saúl Huerta, que recientemente se separó de la bancada de Morena, y de Mauricio Toledo, de la bancada del Partido del Trabajo (TP).

En el caso de Huerta, el dictamen se expresa en el sentido de que “ha lugar a proceder penalmente” en contra del diputado, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en diversos ilícitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales, mismos que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La resolución se tomó por el voto unánime de las integrantes de la Sección Instructora.

En el caso de Toledo, ek dictamen expresa que “ha lugar a proceder penalmente” en contra del diputado, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que de las probanzas aportadas por las partes, las obtenidas por la Sección mediante solicitudes a diversas autoridades, así como las declaraciones patrimoniales del investigado, que obran en el expediente, se dieron por acreditados elementos que señala la legislación penal de la Ciudad de México.

Esta resolución se tomó por dos votos a favor del desafuero, uno en contra y otro en abstención, quedando plasmado, a petición de la diputada Claudia Pastor (PRI), que el sentido de su voto tuvo como propósito exclusivamente acompañar a la mayoría para que el dictamen pueda ser discutido por el Pleno de la Cámara, a efecto de que todas las y los diputados puedan expresar su posición sobre del asunto.

Se informó que con lo resuelto esta tarde, se solicitará a la Mesa Directiva que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario, en el que se votará en el Pleno su posible desafuero, esto al instalarse los legisladores como jurado de procedencia.

Recordemos que Saúl Huerta es acusado por violación, mientras que Toledo es señalado de enriquecimiento ilícito.

La votación y resolución de la Sección Instructora llega después de 158 días desde que se presentó la primera solicitud, cuando la Ley establece un plazo de 60 días; ambas solicitudes fueron presentadas por separado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).