El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de que si queda en manos de otra dependencia, se ‘echará a perder’, tal como ocurrió con la Policía Federal.
Recordaron que cuando López obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, no quería una corporación civil, quería una institución militar a cargo de los militares, que permitirán su uso irrestricto en tareas de seguridad pública; sin embargo, destacaron que en ese momento la oposición en el Congreso no lo permitió, y por el contrario, dieron voz a los colectivos de víctimas, y organizaciones que expusieron los riesgos de tener una organización militar a cargo de la seguridad pública.
Destacaron que la Guardia Nacional nació como una corporación de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual evitó que tuviera fuero militar.
Señalaron que la reforma de 2019 contempló un plan de desmilitarización para que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, continuaran haciendo labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, aunque de forma extraordinaria, acotada, fiscalizada y subordinada al poder civil.
Con el paso de los meses, señalan que López Obrador ha ignorado la Constitución y las obligaciones internacionales, al grado de que hoy la Guardia Nacional está formada en 80% por soldados y marinos, además de que más del 90% de los elementos desplegados en el país no están certificados como policías. Lamentaron que la capacitación, reclutamiento y mando de la Guardia Nacional están a cargo de la Sedena.
Enfatizaron que con el anuncio del pasado martes, López Obrador dejó claro que buscará una reforma constitucional que le permita concretar su plan original: entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, y con ello la seguridad pública.
Ante sus intenciones, exigieron a AMLO respetar la Constitución, y le recordaron que las leyes no pueden modificarse a discreción bajo una lógica reduccionista de construcción de mayorías, y con ello pasar por encima de los principios y obligaciones internacionales de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.
Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad y las controversias relacionadas con la participación militar en ámbitos que no les corresponden. Acotaron que se debe escuchar la voz de víctimas, organizaciones y expertos.
Finalmente, solicitaron a los líderes de los partidos políticos suscribir una “boleta civil de seguridad” para rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Les exigieron el cumplimiento de lo establecido en la reforma vigente de 2019, que señala un uso acotado de las fuerzas armadas, la construcción de una Guardia Nacional civil, y de cuerpos de seguridad locales civiles.
“Tanto quienes prometieron transformación, como quienes prometieron ser un freno de lo autoritario, tiene la oportunidad de demostrar que no todo eran promesas de campaña. El presidente ha mostrando su desprecio por la constitución, las víctimas y la evidencia”.
Advirtieron que si la seguridad pública queda, desde la Constitución, en manos de militares, no habrá retorno en la vía civil: habrá fuero militar, opacidad y cuerpos militares que operen más allá del poder civil.
