Israel Vallarta es, al mismo tiempo, víctima y beneficiario de un sistema de justicia profundamente roto. Su caso es emblema de las fallas del proceso penal en México, pero también del olvido en el que caen las víctimas reales cuando el foco se coloca únicamente en los errores del Estado.
La historia es conocida, pero conviene recordarla: Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca. Ahí se encontraban secuestradas Cristina Ríos Valladares, su hijo y Ezequiel Elizalde Flores. Este último ha relatado que Cassez le inyectó un sedante para amputarle un dedo y enviarlo a su familia como presión para el rescate.
El caso estalló mediáticamente por el montaje que la entonces AFI organizó para la televisión. El arresto fue recreado frente a las cámaras y transmitido como si ocurriera en tiempo real. Fue tal la violación al debido proceso que, en 2013, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de Cassez. Vallarta, sin embargo, permaneció preso, bajo prisión preventiva y entre denuncias de tortura. Nunca fue sentenciado. Pasó 18 años tras las rejas sin que se acreditara su culpabilidad ante un juez. No es justicia. Pero tampoco es del todo inocencia.
En múltiples declaraciones judiciales, al menos cuatro víctimas lo identificaron como parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco, que operó en el Estado de México y la Ciudad de México. Una de ellas también lo señaló por violación. Su familia tuvo un rol activo en la organización, y aunque algunas pruebas fueron cuestionadas, no todas fueron declaradas inválidas.
Pudo beneficiarse de las irregularidades procesales que en su momento permitieron la liberación de Cassez, pero su defensa eligió otra ruta: buscar probar su inocencia en lugar de acogerse a los mismos argumentos que ya habían sido validados por la Corte. Eso alargó su tiempo en prisión.
Finalmente, la jueza Mariana Vieyra Valdés dictó sentencia absolutoria. En una resolución de 465 páginas, argumentó que el “efecto corruptor” del montaje televisivo contaminó las pruebas y que, por “cosa juzgada refleja”, debía aplicar el mismo criterio que liberó a Cassez. La decisión se da a semanas de que ella ganara la elección en la que apareció en los acordeones como candidata para seguir en el cargo en el nuevo modelo judicial que impulsó el gobierno de Sheinbaum.
Curiosamente, esta misma jueza ha negado liberar a Martha Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, quien también ha estado en prisión sin sentencia por un presunto secuestro. ¿Doble rasero? ¿Conveniencia política? Son preguntas que exigen respuestas.
Hoy vivimos en un México donde puedes pasar dos décadas en prisión sin sentencia… y también en un México en donde un presunto secuestrador y violador puede quedar libre sin que se aclare su inocencia. Un país que ignora a las víctimas mientras convierte en mártires a quienes han sido parte del engranaje criminal, pero fueron mal procesados por el Estado.
La narrativa dominante apunta a las fallas del pasado, al sensacionalismo mediático y a los errores judiciales. Todo muy conveniente para un gobierno que, en menos de un mes, pondrá en marcha un nuevo sistema de justicia que promete ser aún peor que el actual.
Mientras tanto, Israel Vallarta ya es visto como víctima… y algunos incluso lo perfilan como futuro senador.
Una pena.
Columna publicada en El Universal