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Elementos de la DEA y el FBI, así como de la Policía Montada de Canadá, viajarán en unas dos semanas a Quintana Roo para apoyar en labores de análisis y seguridad, informó este viernes el gobernador Carlos Joaquín González.

“En dos semanas estaremos teniendo la visita de instituciones internacionales de Estados Unidos y Canadá que vendrán a trabajar con nosotros en materia de revisión, de intercambio de información y mejora para tratar de evitar situaciones” de inseguridad, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

El gobernador reconoció que los destinos turísticos de Quintana Roo se han convertido en un punto de atracción para muchos delincuentes, e incluso habló del incremento de armas de fuego.

“Las condiciones se prestan para eso, un aeropuerto en el que recibimos muchísimas personas que vienen de distintas partes del mundo, que tienen diferentes intereses y que provoca precisamente que se convierta en un lugar muy apetitoso en determinados momentos para ese tipo de acciones”, agregó.

Calificó los recientes sucesos de violencia que se han registrado de “extremadamente llamativos”, al tiempo que externó su preocupación por el incremento de armas en manos de los grupos delictivos, un hecho que calificó de “difícil y preocupante” al no conocer por dónde se introducen dichas armas.

Además, dijo, trabajan con organizaciones empresariales para establecer una línea de acción de 10 puntos para incrementar la seguridad en establecimientos privados y así darles mayor confianza a los turistas.

Recordemos que en días pasados, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Quintana Roo tras la actividad delictiva registrada en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Hace una semana, un tiroteo ocurrido al interior de un hotel ubicado en Playa del Carmen, de la cadena Xcaret, dejó dos canadienses muertos y un herido. Mientras que esta semana se produjo la muerte a balazos del argentino Federico Mazzoni, gerente del Mamita’s Beach Club.

“En todos los casos tenemos responsables, tenemos detenidos, tenemos casos resueltos, en el caso de Mamita’s, que está en proceso de investigación, se tiene detenidos ya a los posibles culpables, se trabaja muy intensamente en poder tenerlos”, afirmó el mandatario estatal.

La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en nuestro país generan preocupación en materia de respeto a los Derechos Humanos y de transparencia, declaró este miércoles el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México.

Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación en septiembre del año pasado, dijo que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.

“Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra”, declaró Fernández-Maldonado en entrevista con la agencia The Associated Press (AP).

A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los Derechos Humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses.

Fernández-Maldonado dijo que, ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de conferirle a las Fuerzas Armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

Recordemos que el gobierno federal ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; la administración de aduanas y de puertos; las operaciones y ganancias generadas a través de Tren Maya, entre otros proyectos.

“Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional”, agregó Fernández-Maldonado.

El exrepresentante adjunto de ONU-DH en Colombia reconoció que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de Derechos Humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por López Obrador y que está conformada principalmente por integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron transferidos a la agencia policial.

Fernández-Maldonado aprovechó para comentar sobre el tema migratorio que afecta a la región, Dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar de forma conjunta, a través de proyectos de inversión, para atender las causas que ocasionan el desplazamiento.

Al respecto, Amnistía Internacional alertó sobre el hecho de que pese a rechazar la militarización del país, el gobierno de López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón

En el apartado de las fuerzas de seguridad, la organización expresó su preocupación ya que se siguen realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.

El informe destaca que AMLO emitió en mayo del año pasado un decreto que permite mantener el despliegue de Fuerzas Armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales”.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD presentaron, junto a la bancada de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para regular el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Laura Rojas, diputada del PAN, explicó que se propone la expedición de una nueva “Ley Federal que regule la Colaboración de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, ya que no hay una adecuada regulación de las fuerzas armadas en tarea de seguridad.

Se busca revisar los principios mínimos, condiciones, procedimientos, límites, responsabilidades y sanciones en cuanto a la disposición de los integrantes de la Fuerza Armada permanente.

Recordó que durante la LXIV Legislatura se aprobó la creación de la Guardia Nacional y su permanencia en las tareas de seguridad, por lo que es necesario hacer una ley que “claramente regule todos los procedimientos por los cuales las Fuerzas Armadas van a participar en ese tipo de tareas, así lo ha señalado la CNDH y una serie de especialistas”.

La diputada Verónica Juárez Piña  del PRD destacó que la iniciativa pretende generar un instrumento por el que no sólo se establezcan reglas claras para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino para que la sociedad civil, la academia, los organismos públicos de derechos humanos establezcan una supervisión constante de las acciones que se implementen, así como un “proceso evaluativo que nos permite saber si estamos caminando en el sentido correcto o debemos reflexionar estas acciones”.

De esta manera, añadió, no sólo se evitarán las violaciones a los derechos humanos, también será más eficiente el proceso de diseño y planificación de las políticas públicas.

“Desde el PRD estamos conscientes de que dejar la problemática de la seguridad a las instituciones policiales en las lamentables circunstancias en las que se encuentran sería irresponsable, no podemos simplemente retirar a las y los militares en tareas, sería un alto costo, por lo que nos parece importante el que podamos contar con instrumentos necesarios para regular, cómo sería su participación”.

El diputado del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que esta propuesta de la oposición es clara, precisa, y otorga certidumbre, certeza jurídica, basamento legal, regulación, fronteras, observancia plena y respeto a los derechos humanos, para que las Fuerzas Armadas puedan seguir contribuyendo a la paz, a la tranquilidad y a la seguridad pública, pero también tengan la confianza y la certidumbre de que están actuando dentro del marco legal.

“Hoy lo que se pretende con esta iniciativa, es precisamente darle esa certeza jurídica, esa regulación necesaria, con plena observancia y respeto a los derechos humanos, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener ese sustento legal para cumplir con esta tarea que se les ha encomendado, de ayudar a la consolidación de la paz, a través de tareas de seguridad pública”.

Juan Carlos Romero Hicks del PAN sostuvo que cuando la legisladora Laura Rojas presentó una controversia constitucional en torno al acuerdo del Ejecutivo Federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Gobierno de la República dijo que harían una propuesta de legislación, la cual no llegó.

“En el camino nosotros fuimos construyendo lo que hoy estamos presentando, porque creemos que hay que llenar ese vacío”, dijo el panista.

La propuesta, detalló, tiene como fin darle certeza a la población y contar con todos los instrumentos viables para que la autoridad local como la federal, puedan estar interviniendo.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que la expansión del rol de las fuerzas armadas en México ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos y reveló que ha pedido al gobierno que dé marcha atrás en esta estrategia.

El entorno de seguridad se ha deteriorado en nuestro país por la proliferación del crimen organizado, el aumento del tráfico ilícito de droga y la alta incidencia de asesinatos de activistas, periodistas y mujeres.

La alta comisionada enfatizó que ha pedido al gobierno de México que reconsidere sus decisiones en relación con las fuerzas armadas ya que actualmente no se ajustan a las normas internacionales.

Sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “se ha caracterizado por un aumento en la atribución de poderes a las fuerzas armadas, incluyendo en asuntos de seguridad interna mediante la creación de la Guardia Nacional”.

Como parte de la misma estrategia, agregó, se han ampliado las competencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando su presupuesto y sus tareas en el desarrollo de infraestructura pública.

“Al haber sido yo misma ministra de Defensa (en Chile) entiendo que las fuerzas armadas pueden tener un rol importante en muchos asuntos, como por ejemplo en la respuesta a epidemias porque son muy buenas en logística e infraestructuras, pero tienen que ser guiadas por civiles. Son los políticos quienes tienen que dar las órdenes”, recalcó Bachelet.

En una rueda de prensa en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la alta comisionada también externó su preocupación por el gran número de periodistas asesinados o que han sufrido ataques en México.

Los primeros han llegado a veinte en lo que va del año, mientras que los periodistas agredidos o acosados se elevan a 224 en el mismo periodo, según las cifras reportadas a la ONU. Un total de 138 reporteros han muerto de forma violenta en la última década.

“Llamamos a que se tomen medidas para investigar y castigar estos ataques. La prevención y la protección es lo más importante para la libertad de expresión”, recalcó Bachelet, quien sostuvo que su preocupación en torno a la inseguridad en la que trabajan los periodistas se extiende a los líderes sociales.

Como aspecto positivo, la alta comisionada mencionó que México haya aceptado la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, lo que permitirá a las víctimas de este crimen, a sus familiares o representantes en caso de que sigan desaparecidos, denunciar sus casos ante dicha instancia.

“Creo que se trata de un paso muy importante para las familias y las víctimas. Les permite acceder a un mecanismo de protección internacional. Cuando fui a México me reuní con las madres de algunos desaparecidos y para ellas éste será un paso muy importante”, recalcó.

En la detención sorpresiva del General Cienfuegos el pasado 15 de octubre hay tres grandes perdedores:

Primero, evidentemente el General Cienfuegos, que aun cuando debe ser considerado inocente hasta no ser declarado culpable, ya ante la opinión pública es culpable de haber recibido sobornos a cambio de protección para Juan Francisco Patrón, conocido como El H2, miembro del cártel de los Beltrán Leyva.

Segundo perdedor, el Ejército, que parecía estar montado en caballo de hacienda en el actual gobierno. Tan solo en estos dos años que lleva López Obrador como presidente, el Ejército ha recibido más de 29 mil millones de pesos en recursos adicionales para desempeñar con honradez y disciplina las múltiples tareas que AMLO les ha asignado.

Ahora, con la acusación al general Salvador Cienfuegos, esta honradez y disciplina queda puesta entre signos de interrogación. Y en su lugar entra en la agenda la discusión de si el titular de la Sedena debe de ser un civil y no un militar.

Se abre a la discusión la autonomía que ha gozado el Ejército mexicano y la falta de contrapesos. Algo que varios investigadores han señalado desde hace décadas, la opacidad con la que opera el ejército que permite abusos e impunidad en materia de Derechos Humanos y cumplimiento del deber, vuelve con fuerza.

Y quedarán en el ojo público miembros del ejército que hoy son cercanos al presidente López Obrador pero que llegaron a sus actuales puestos impulsados por el General Cienfuegos. Ahí está el caso del actual oficial mayor, Agustín Radilla, sobre quien recae la responsabilidad de administrar el presupuesto millonario recibido por la SEDENA.

Un tercer perdedor es el presidente López Obrador por haber puesto casi todas sus canicas en dos bolsas: la buena relación con el Ejército y la buena relación con Donald Trump. Ambas quedan fuertemente dañadas con la detención del General Cienfuegos.

Por el lado del Ejército, el presidente López Obrador quiso lidiar con la detención de Cienfuegos como lo hace con todos los demás temas. Se declaró el triunfador de la lucha contra la corrupción del pasado – aun cuando no tuvo nada que ver con la detención de Cienfuegos – y amenazó con que quienes resulten involucrados en el asunto serían suspendidos o retirados y puestos a disposición de las autoridades. Sin embargo, unas horas más tarde tuvo que reconsiderar esta declaración y mejor decir que se va a esperar a que avancen las investigaciones en Estados Unidos.

Igual podemos esperar que reconsidere la intención de nombrar a un militar al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando Alfonso Durazo renuncie para contender por la gubernatura de Sonora. Así que este gran proyecto pro-ejército, queda seriamente dañado.

Por el lado de Estados Unidos, la insultante forma de proceder de la DEA en contra de un ex titular de la Sedena, sin al parecer haber dado aviso previo al gobierno mexicano, es un reflejo de lo que ese Departamento ve en la relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense. Si, Trump y AMLO podrán ser muy amigos, pero a Trump solo le interesa esa amistad para sus fines electorales. Ahora, a menos de dos semanas para que saber si Trump se reelige, su última preocupación es si su amigo Juan Trump, ósea AMLO, se siente ofendido con la DEA. Y la DEA sabe esto: Estados Unidos puede insultar al presidente de México y éste nada va a hacer al respecto.

Columna completa en El Universal

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) informó que un total de cinco mil 793 toneladas de sargazo han sido recolectadas durante las dos primeras semanas de septiembre en los siete municipios afectados por la presencia de la alga en Quintana Roo.

La dependencia indicó que con ayuda de bandas y barredoras también se ha recolectado 494 toneladas de sargazo en alta mar, lo que representa un volumen de 645.76 metros cúbicos.

Detalló que en el marco de la Estrategia del Gobierno de México para la contención del fenómeno atípico de esta alga marina, de mayo a septiembre del presente año se han recolectado 78 mil 757,000 toneladas de sargazo.

Subrayó que desde el inicio de la temporada, en este esfuerzo se han sumado los gobiernos estatales, municipales y concesionarios, con la ayuda de 16 mil 891 personas involucradas en las actividades de limpieza en las diferentes playas.

La Semar aseguró que se continúa con el apoyo con embarcaciones de esta institución, para la recolección del sargazo en las diferentes playas afectadas en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulúm, Cozumel, Isla Mujeres y Othón P. Blanco.

Actualizó la información de los municipios con afectación de hasta 40%: Othón P. Blanco y Tulúm; Puerto Morelos, con una invasión del 20%; Benito Juárez y Cozumel, 15% y Solidaridad, con 5%; en tanto, Isla Mujeres está libre.

Además, adelantó que ya se realizó la botadura de la primera de cuatro embarcaciones sargaceras que construyen en el Astillero de Marina número 3 en Coatzacoalcos, Veracruz.

Finalmente, en cuanto a la rehabilitación del buque Kelsol, explicó que ya se le asignó tipo, clase, nombre y numeral, denominándose Buque Sargacero Oceánico, ARM “NATANS” (BSO-101), el cual se encuentra en el puerto de Manzanillo, Colima, con la finalidad de reactivar sus equipos para su funcionamiento, así como mantenimiento al casco y maquinaria.

Personal de la Secretaría de Bienestar se trasladó a Chiapas para iniciar su participación en los trabajos de coordinación interinstitucional, acciones que se realizan como parte del plan integral para atender a los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur del país.

Entre los puntos del plan, explicó el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Regional, Javier May Rodríguez, la Secretaría de Bienestar se encargará de implementar la ampliación del Programa Sembrando Vida en la zona fronteriza del sur del país. El objetivo dijo, es generar fuentes de empleo para migrantes que buscan permanecer en territorio nacional.

El funcionario, quien encabeza al equipo de la Secretaría de Bienestar que se trasladó a la entidad para trabajar coordinadamente con otras dependencias y gobiernos estatales, precisó que además se prevé incorporar a jóvenes como becarios.

“Se trata de una política migratoria humanista, lo cual es una premisa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Javier May detalló que la Secretaría de Bienestar coordinará a los técnicos de Sembrando Vida y a los Servidores de la Nación, a quienes se les dará previamente capacitación en materia de derechos humanos.

Desde la tarde de ayer, el subsecretario visitó los predios donde el Ejército construirá los viveros para el programa Sembrando Vida y sostuvo un encuentro con Yadira de los Santos Robledo, delegada del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, así como con funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Adelantaron que durante los dos próximos meses, funcionarios de la Secretaría de Bienestar se mantendrán en la zona de la frontera sur para seguir, en territorio, los avances de las estrategias para apoyar a los migrantes que permanecen en nuestro país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse al dictamen que aprobaron los diputados sobre la Guardia Nacional. Dijo que como ya lo ha expresado con anterioridad, no está satisfecho con lo aprobado.

“Eso es una reedición de un plan fallido. Se creó la Policía Federal hace 20 años y miren el resultado. Al final de cuentas, la reforma terminó en lo mismo. Entonces no lo acepto, o sea, no lo considero conveniente”, dijo AMLO.

Refirió que como siempre lo ha hecho, prefiere hablar claro, por lo que dijo buscan convencer a los Senadores de rescatar el artículo transitorio que quedó fuera del dictamen, ya que aseguró se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad y la violencia.

“Quitaron un transitorio. Ya había un acuerdo y de repente aprueban sin ese transitorio y pensaron que, como ya está aprobado, iba yo a decir: ‘Muy bien, ya se aprobó la Guardia Nacional’”, dijo el mandatario.

López Obrador sostuvo que se necesita crear un nuevo cuerpo que funcione y que permita garantizar la paz y la tranquilidad, sin violar los derechos humanos. Sobre las críticas que ha recibido la Guardia Nacional y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, afirmó que no tiene ningún problema de conciencia de que el Ejército y la Marina ayuden a dichas tareas.

Insistió en que así como fue aprobado el dictamen, es un instrumento que “no nos ayuda del todo’.