La jueza del Noveno Distrito, con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión indefinida contra la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tal como se aprobó en el Congreso respondiendo a una propuesta del gobierno federal.
Así, la jueza ordenó devolver el control de la coorporación policial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La decisión se basa en un recurso de Ángel Castro Gómez, representante de la organización de defensa de Derechos Humanos Uniendo Caminos México.
Castro alegó que cambio incrementa el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los Derechos
Humanos, ya que la militarización de la Guardia Nacional genera un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
El recurso hace énfasis en que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución.
En ese sentido, la jueza recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles.
En tanto, el gobierno, incluida la Sedena, argumentaron que la suspensión debía negarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social, ya que impide la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de Defensa.
Sin embargo, la jueza considera que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana, por lo que ordenó suspender así también la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales y devolver los bienes y
recursos transferidos hasta ahora.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, explicó la jueza.
Recordemos que el pasado 13 de octubre, la jueza ya había otorgado una suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que se interpusieron con el fin de que se declarara inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
El 19 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito de Guanajuato revocó la suspensión provisional.
Ahora, con una suspensión definitiva, la medida supone un serio revés para la gobierno de la Cuarta Transformación y para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsor de la Guardia Nacional.
