La Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo era erradicar la pobreza alimentaria, quedó únicamente en el plano aspiracional.
Así lo deja ver la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al destacar que ese programa no fue acompañado de una ley para reglamentar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
En el segundo informe de la cuenta pública 2017, del que da cuenta el diario La Jornada, se tacha de inercial la operación del programa, a lo que se suma que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) incluyó 2.3 millones de personas en los registros de condición de pobreza más que la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La ASF recordó que el programa se aplicó en México para cubrir las carencias de la población sin ingresos económicos suficientes y para resolver la desarticulación de los programas de otros sexenios.
Y aunque los diseños normativo, programático-presupuestal, institucional, metodológico y de evaluación que lo conforman, en lo general, fueron congruentes entre sí y con el problema público, a cinco años de haberse implementado, persisten inconsistencias “que han limitado el cumplimiento de los objetivos de erradicar la pobreza extrema alimentaria así como cumplir con la meta de cero hambre para 2018”, señala la ASF.
A esto se suma que en ninguna legislación se definió la población objetivo; tampoco se homologaron los apoyos a otorgar ni se definieron las funciones y responsabilidades entre los gobiernos federal, estatal y local para su aplicación.
