Los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para facilitar su nueva investidura siguen levantando polémica en España, no sólo por la futura ley de amnistía, sino también por aspectos como la financiación regional y el reparto de impuestos con el Estado.
Y es que a cambio de los votos de los partidos separatistas, indispensables para acceder a un nuevo mandato como presidente del gobierno, el líder socialista hizo algunas grandes concesiones, además de comprometerse a impulsar una ley de amnistía para los independentistas procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en la tentativa secesionista de 2017.
A pedido de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partido independentista que gobierna ahora la región, Sánchez aceptó anular 15,000 millones de euros de la deuda contraída por Cataluña con el Estado tras la crisis financiera de 2008.
Pese a que los socialistas prometen que este acuerdo se extenderá también a todas las regiones que recurrieron a este fondo, el acuerdo levantó muchas suspicacias en muchas comunidades, tanto de izquierda como de derecha.
El pacto firmado con Juntos por Cataluña, la segunda gran formación independentista, prevé de su lado favorecer el regreso de las empresas que sacaron sus sedes de esta dinámica región del noreste español, a raíz del intento fallido de secesión de hace seis años, como Caixabank o Naturgy.
Los socialistas aseguran además en el texto que pretenden apostar por “medidas que permitan la autonomía financiera” de Cataluña y que faciliten su acceso a los mercados financieros, en respuesta a Junts, que reclama de su lado “la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan” en la región.
En tanto, la ley de amnistía en España anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La ley, que se registrará previsiblemente hoy en el Congreso, era una de las exigencias de los partidos independentistas catalanes para votar a favor en la investidura del líder socialista Pedro Sánchez, que tendrá lugar este miércoles y jueves, y en la que el presidente en funciones precisará de estos apoyos así como de otras formaciones regionalistas y nacionalistas.
El perdón se aplicará no solo a los líderes de los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas, sino también a directores de colegios del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante esa consulta considerada ilegal por la justicia española.
La proposición de ley establece un máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al proceso soberanista para aplicar la amnistía y especifica que su aplicación será “preferente y urgente” en dicho plazo y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten “no tendrán efectos suspensivos”.
La ley justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es “necesaria”, pero “en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”, por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.
Por tanto, añade, “esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”.
El perdón incluye una referencia directa al ex presidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica desde hace seis años, al señalar que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión” así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a otros tres dirigentes fugados.
