Un grupo de investigadores, académicos, exalumnos y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitieron un posicionamiento en que llamaron a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, a invalidar el título de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel.
“Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Rioboo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes”, expresaron en el documento difundido.
En el escrito, recordaron que la autonomía es un principio fundamental en la Universidad, por lo que es obligación de todas las personas que en ella estudian, se forman o trabajan, garantizar respetarla, ejercerla y cuidarla.
Los firmantes, entre los que aparecen consejeros universitarios, indicaron que desde hace semanas se hizo del conocimiento público un supuesto plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel, que autoridades universitarias resolvieron como existente, un fraude académico, y en consecuencia, no haber cumplido con los requisitos esenciales para la titulación con el grado de licenciatura en derecho exigibles en 1987.
“La exalumna en cuestión NO elaboró la tesis, la plagio como ya han determinado nuestras autoridades, por tanto, no sólo incumplió con los requisitos esenciales para su titulación, sino que cometió un delito que había quedado oculto hasta ahora por la conjunción de diversas voluntades que habría que investigar también”, se lee en el documento.
Destacaron que de manera “inexplicable”, el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, afirmó que la UNAM no cuenta con los mecanismos necesarios para anular un título obtenido de manera fraudulenta, lo cual afirmaron, es falso, ya que “no es necesario que se renuncie a la autonomía de nuestra Alma Mater y que se derive la solución de esta problemática a una instancia de la administración pública federal”.
Y aunque reconocieron que es cierto que el delito pudo haber prescrito, en los términos de interpretación tradicional del derecho mexicano, sus consecuencias podrían afectar gravemente a la UNAM.
“No hacerlo pone en riesgo la credibilidad todos los títulos emitidos por nuestra Alma Mater, que podrán ser objeto (de) duda y especulación. Debemos reforzar la confianza nacional en el trabajo de la UNAM, no permitir que la situaciones de esta naturaleza empañen el ejercicio honesto y responsable de una profesión”, añaden.
