Cada vez que en México surge una discusión pública importante terminamos atrapados en la misma lógica. Hay que escoger un bando. Esta vez pasa con el derecho de las audiencias. Para el gobierno, los nuevos lineamientos buscan proteger a los ciudadanos de la mentira y garantizar información veraz. Para sus críticos, son un mecanismo de censura. Como casi todo en tiempos de polarización, el debate se ha reducido a dos trincheras.

Para no colocarme en ninguna, pongo sobre la mesa cinco casos que, desde mi punto de vista, impiden otorgarle al gobierno el beneficio de la duda cuando asegura que solo quiere blindar a los ciudadanos de las mentiras de los medios.

Primero. Durante casi tres décadas cualquier ciudadano podía acudir al INAI cuando una dependencia federal se negaba a entregar información pública. Era un árbitro imperfecto, pero independiente. Ese árbitro desapareció por decisión del propio gobierno y la información pública se ha convertido cada vez más en patrimonio exclusivo del poder.

Segundo. Tras la cena que la FIFA organizó el 10 de junio en el Castillo de Chapultepec se quiso conocer el convenio y el uso de un recinto histórico. La respuesta fue cerrar la puerta. El INAH reservó hasta 2031 los documentos que sustentan la autorización e incluso el comprobante del pago de 1.3 millones de pesos que hizo la FIFA. ¿Por qué la opacidad?

Tercero. Existe un patrón en la forma de comunicar desde el poder. Cuando en julio volvió a salirse de la vía un tren del Corredor Interoceánico, en el mismo tramo donde en diciembre de 2025 un descarrilamiento dejó 14 muertos y 98 heridos, la presidenta dijo que "más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente". Lo mismo pasa con los apagones, que para la presidenta son interrupciones del servicio eléctrico y ahora sobre las refinerías clandestinas, que son más bien centros de procesamiento de combustible. Las palabras también construyen realidad.

Cuarto. La Línea 12 del Metro. El gobierno capitalino contrató a la empresa noruega DNV para investigar las causas del colapso que dejó 26 muertos. Cuando las conclusiones señalaron fallas de diseño, construcción y supervisión, en lugar de asumirlas optó por desacreditar a la empresa y rescindir el contrato. El problema no es solamente la información falsa, sino la reacción cuando la información verdadera resulta políticamente inconveniente.

Quinto. La reserva de información sobre proyectos emblemáticos. Desde el sexenio pasado el gobierno recurre a la figura de seguridad nacional para limitar el acceso a información de obras prioritarias como el Tren Maya. Es un patrón que conocemos desde que Andrés Manuel López Obrador, como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, reservó la información sobre los segundos pisos del Periférico.

Por supuesto que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz. Nadie podría estar en contra de ese principio. El problema es que el diseño actual coloca al gobierno como el garante de esa verdad. ¿Con qué autoridad moral pretende asumir ese papel un gobierno que ha reducido los espacios para verificar sus propias afirmaciones?

La mejor defensa contra la mentira nunca será darle más poder al Estado para decidir qué puede decirse. La mejor defensa siempre ha sido una ciudadanía con acceso a documentos, contratos, datos abiertos y periodistas capaces de contrastar versiones. La verdad necesita evidencia. Y la evidencia necesita transparencia.

Columna publicada en El Universal