Este lunes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, encabezó una conferencia de prensa con motivo de los 100 primeros días de sus administración.
Indicó que a pesar de que en la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, se le concede y se le autoriza a proponer la reorganización de dicha Institución en un plazo de un año, se optó por dar a conocer el proceso de diagnóstico, evaluación y propuestas que ya se tienen en la institución.
“Voy a informar a ustedes cuál es el estado en el que se recibió esta Institución; en cada uno de sus rubros; señalaré también qué hemos hecho hasta el momento para resolver lo que corresponde; y cuál es el avance en nuestra visión autónoma en la procuración de justicia, para cambiar, profunda y realmente, la función de procurar justicia para todos, acabando con el modelo tan negativo que hemos sufrido los mexicanos”, indicó Gertz Manero.
Detalló que a su llegada a la institución, se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, sin resolver. Además no se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas.
Al respecto dijo que el promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados.
Otro de los problemas encontrados fue que no existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados. Tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público.
No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse. Adicional, tampoco existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes.
Enfatizó que no existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente. Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.
Sobre la estructura administrativa que se encontró, Gertz Manero explicó que existía una evidente anarquía en la estructura administrativa, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.
Tal como se ha sucedido en otras dependencias, dijo que se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad.
Puntualizó que se halló una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas, para uso de altos funcionarios y sus allegados.
Entre los problemas que también se detectaron, están la compras multimillonarias de aeronaves; la falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria; gastos de Seguridad Pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa; la falta de control adecuado en la asistencia del personal, un mal ejercicio del gasto en las Delegaciones Estatales, entre otros.
Respecto a las acciones que se han llevado a cabo en los 100 primeros días de trabajo, el Fiscal General de la República indicó que se creó un modelo de Oficialía de Partes Única en cada área central de la Institución, y en cada estado; el inició un análisis de cargas de trabajo y resultados en las áreas sustantivas del Ministerio Público y de apoyo administrativo, a fin de reconocer al personal que desempeña de manera sobresaliente su función y, al mismo tiempo, para poder exigir que todos los Agentes del Ministerio Público se responsabilicen del trámite y de los resultados de las carpetas de investigación que se les asignen.
Se creó exprofeso un programa de operación y seguimiento de la acción penal denominado “Sistema de Evaluación de Resultados” (SER); sobre la fuerza policial que estaba dedicada a prestar servicios de protección y de seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y otras personas, se han recuperado más de 320 elementos.
Precisó que del primero de diciembre a la fecha, el Gobierno Federal y sus organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, han sido los principales denunciantes.
Dijo que hasta el momento, se han judicializado más de 400 casos, con más de 620 detenidos.
Adicional se ha llevado a cabo una revisión general de las 26 mil plazas autorizadas, con el propósito de reorientar al mayor número de servidores públicos en el apoyo a víctimas y ofendidos, en la presentación de sus denuncias y en el seguimiento de éstas.
También se lleva a cabo una política diaria de control en los gastos de operación, y se están analizando contratos y convenios inoperantes o de alto costo y cualquier otro gasto superfluo.
“Todas las tareas emprendidas no serán fructíferas, si no cambiamos en forma permanente e irreversible, las estructuras básicas de la procuración de justicia, ya que en el mismo momento en que los corruptos y los enemigos de la democracia lo puedan realizar, le darán marcha atrás a todo lo que se haya logrado”, dijo Gertz Manero.
Por ello, explicó, han considerado tres premisas básicas: La prontitud en la justicia; la reparación inmediata del daño y, el establecimiento de los controles sociales para abatir el crecimiento desmedido del fenómeno delictivo.
