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México, especialmente el sureste, se prepara para presenciar mañana el eclipse solar anular, denominado “el anillo de fuego”, que se apreciará de mejor forma desde el suroeste de Yucatán, el centro-norte de Campeche y el sur de Quintana Roo.

Después de este sábado, “el anillo de fuego” se volverá a registrar el 9 de noviembre de 2292, es decir, dentro de 269 años.

El suceso astronómico, que para los mayas prehispánicos era de gran relevancia, comenzará a las 9:51 hora local y terminará a las 13:17, con una duración total de tres horas con 26 minutos y nueve segundos.

En concreto, “el anillo de fuego” comenzará a las 12:21 hora local y terminará a las 12:26, por lo que el máximo esplendor será a las 12:24 hora local.

Según el astrónomo y matemático Eddie Salazar Gamboa, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en la zonas sur de México habrá un mayor lapso de observación.

“Serán más de cuatro minutos, específicamente en los municipios de Campeche, Campeche; Chetumal, Quintana Roo, y Maxcanú, Yucatán”, detalló en entrevista con la agencia Efe.

En el resto del país, el fenómeno también será visible, pero como un eclipse parcial, que cubrirá entre 80% y 53% la luz solar dependiendo de la ubicación desde donde se observe.

En el caso de la Ciudad de México, la Luna cubrirá un 70% del sol, mientras que en Monterrey el Sol se oscurecerá en un 83%.

Especialistas han advertido que aunque parezca que durante un eclipse el disco solar desaparece a causa de la Luna y que su intensidad se apaga, por lo que se crea que puede ser observado de manera directa, no es así del todo.

Alrededor del satélite se forma un halo que emite luz con la misma cantidad de rayos infrarrojos y ultravioleta de siempre, de ahí que el riesgo de daño a la retina siga presente, pese a la aparente oscuridad.

Académicos de la UNAM señalan que mirar al Sol durante el eclipse solar puede quemar nuestra retina tal y como haría una lupa al concentrar un haz de luz sobre la superficie de un papel.

FOTO: UNAM

La coalición ‘Va por México’ que integran el PRD, PRI y PAN, llamaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a anular la elección a la gubernatura de Michoacán, alegando múltiples violaciones a la ley, alentadas por dirigentes y militantes de Morena, partido que habría ganado la gubernatura con el candidato Alfredo Ramírez Bedolla.

Acusaron que Morena evitó que el proceso sucediera en libertad y de manera democrática en la entidad.

“Nuestra denuncia es clara: la intromisión de grupos delictivos favorecieron al candidato de Morena durante el cómputo del voto en las urnas”, señalaron los partidos en un comunicado conjunto, que llega a días de que el Tribunal Electoral califique la elección.

En la impugnación presentada, señalaron que el clima de violencia provocó, entre otras cosas, que varios de los candidatos renunciaran a sus respectivos registros o simplemente no hicieran campañas, particularmente en los municipios y distritos de Tierra Caliente.

Afirmaron que documentaron que días previos a la jornada electoral, la delincuencia amenazó a funcionarios de casilla, a representantes de casillas de los partidos que integran la coalición, así como a la población para que no fueran a votar o para que lo hiciera en favor del candidato de Morena; incluso dijo que se llegó al extremo de secuestrar a funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas o robar la documentación electoral para regresar más tarde con las urnas rellenas de votos a favor del candidato de Morena.

Indicaron que pesar de que la coalición PRI, PAN, PRD ganó en 8 distritos electorales federales de los 12 que tiene el estado, y en 16 distritos locales de los 24, en los municipios y distritos de la Tierra Caliente Morena le dio la vuelta a la elección.

“El triunfo que se adjudicó Morena es ilegal, y si se deja pasar constituirá un precedente sumamente peligroso para que sean los grupos criminales los que definan quienes serán los gobernantes y representantes populares (…) no permitir que el crimen organizado decida quién gana o no una elección y, por lo tanto, decida quién nos gobierna”, señalaron los partidos.

El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, saludó esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de echar para atrás la llamada Ley Bonilla.

El dirigente partidísta indicó que no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo, en referencia a que los bajacalifornianos votaron por Bonilla para un periodo sólo de dos años.

“Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas”, sostuvo Ramírez Cuéllar.

Por su parte el coordinador de los Diputados federales de Morena, Mario Delgado, no dejó pasar la oportunidad de señalar al PAN de ser el partido que avaló, en su mayoría la ‘Ley Bonilla’.

“Llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el Congreso de Baja California”, dijo Delgado. Además dijo, el fallo de la Corte garantiza que hay autonomía real y auténtica división de poderes.

Quien se manifestó al respecto fue el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien indicó que la decisión de los ministros de la Supre Corte garantizaba la legalidad y la división de poderes.

Incluso dijo, que la decisión histórica de la Corte sorprendió a “escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República”.

Por su parte el grupo parlamentario del PT  en Diputados, celebró la resolución de la Suprema Corte, pues consideró que la ‘Ley Bonilla’ era “un hecho fraudulento que atentaba contra la certeza electoral y la legalidad jurídica de México”.

Coincidieron en que fue una decisión correcta el anular la reforma que permitía a Jaime Bonilla mantenerse en el cargo hasta el 2024 y no sólo por dos años como inicialmente estaba plasmado en la ley, y que fue por como votaron los ciudadanos de Baja California.

Aseguraron que para las y los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación, “la democracia tiene que ser la máxima responsabilidad, pues está en nuestras manos respetar la confianza de quienes nos dieron su voto”.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que su candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, impugnó ante el Tribunal de Justicia Electoral de la entidad el triunfo de Jaime Bonilla, abanderado de Morena, debido a violaciones a la Constitución  y a disposiciones en materia electoral.

La denuncia señala que fue ilegal el otorgamiento de la constancia de mayoría que realizó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California a favor de Jaime Bonilla, pues existe documentación que acredita que el morenista no cumple con la temporalidad de residencia efectiva de 15 años.

El PRD detalló que Jaime Bonilla ostentó la doble ciudadanía mexicana-estadounidense entre 2000 y 2011, desempeñándose como Director de Agua de Otay, California; incluso, se integró a las filas del Partido Republicano de los Estados Unidos. Adicional, en 2012 fue diputado electo plurinominal. De ese mismo año al 2016 se inscribió para participar electoralmente al cargo del director de Agua de Otay”.

Ante dichas irregularidades, la denuncia presentada refiere que el candidato de Morena violó “el Artículo 41 de la Constitución Política de Baja California, la cual exige que todo candidato a gobernador debe tener una vecindad en el estado, con residencia efectiva, de por lo menos 15 años inmediatos anteriores al día de la elección”.

Al respecto, el candidato Jaime Martínez Veloz acusó que Bonilla ha permanecido engañando a las autoridades de ambos países (México y Estados Unidos) ya que está registrado y certificado como votante del estado de California hasta el año 2018.

Este lunes se informó que el Décimo Cuarto Tribal en Materia Administrativa anuló una de las inhabilitaciones impuestas por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la empresa Odebrecht, en la que se imponía una condena para no recibir contratos públicos, por irregularidades en contratos con Pemex.

Y es que de acuerdo a una investigación del diario Reforma, la decisión del Tribunal llegó luego de concluir que la Unidad de Responsabilidades de Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento que se siguió a los abogados de Odebrecht, lo que habría impedido que se defendieran de manera adecuada.

Al respecto, la SFP informó que respetará las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se repondrá el procedimiento.

Explicó que la resolución tiene que ver con una cuestión de “forma y no prejuzga sobre el fondo del asunto”, por lo que no compromete ninguna de las otras siete sanciones impuestas sobre este tema, tres contra la empresa y/o sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra un servidor público de Petróleos Mexicanos.

“Una vez desahogadas las pruebas que ordenó la instancia jurisdiccional, la SFP emitirá la resolución que en derecho corresponda”, enfatizó la dependencia.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO