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Julian Assange, que lleva casi 14 años en cautiverio en el Reino Unido, deberá esperar varias semanas más para saber si es extraditado a Estados Unidos o puede apelar su caso ante la Justicia inglesa, después de que el Tribunal Superior de Londres decidió aplazar su decisión y pedir garantías a Washington.

La Corte tenía que pronunciarse este martes sobre si autorizaba la apelación del periodista australiano o daba luz verde a su entrega a Estados Unidos, que lo solicita por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a través del portal que él fundó, WikiLeaks.

Sin embargo, los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson optaron por pedir a Estados Unidos una serie de garantías antes de tomar un decisión final, por lo que el informático no será extraditado inmediatamente.

Según un extenso dictamen divulgado hoy por escrito, los magistrados han otorgado al Gobierno de Estados Unidos tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, relativa a la protección de la libertad de expresión.

También pidieron garantías de que Assange no se verá perjudicado en el juicio por razón de su nacionalidad, de que se le concederán las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense y de que no se le impondrá la pena de muerte.

En caso de que los jueces no reciban tales garantías, se concederá al periodista el permiso para apelar, pero si EUA ofrece los avales requeridos, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una audiencia el próximo 20 de mayo, a fin de tomar una decisión sobre la apelación.

No obstante, los jueces desestimaron en su dictamen de hoy algunos motivos de la solicitud de apelación, incluidos los argumentos de Assange de que su caso responde a sus opiniones políticas.

La extradición del fundador de WikiLeaks fue firmada en junio de 2022 por la entonces ministra británica de Interior Priti Patel.

Tras conocerse la decisión de hoy, la esposa del periodista, Stella Assange, dijo que su marido es un “prisionero político”. “Él es periodista y es perseguido porque expuso el verdadero coste de la guerra” y este caso “es una señal a todos de que si expones los intereses que impulsan la guerra, vendrán a por ti”, agregó.

Stella Assange consideró que el proceso contra su marido es “una vergüenza para cualquier país democrático” y que “Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día”.

Recordemos que Washington pide la entrega de Assange tras sus revelaciones de su portal, que entre los años 2010 y 2011 dio a conocer supuestos crímenes de guerra de EE.UU. en Irak y Afganistán. Según la defensa de Assange, esos delitos están penados con 175 años de prisión en Estados Unidos.

Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que ha quedado archivado. En 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, pero fue arrestado en 2019 por la Policía británica, una vez que ese país le retiró su estatus de asilo, y desde entonces ha estado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este lunes su libertad y su restitución como jefe de Estado en una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que estudia cinco demandas de habeas corpus presentadas por su defensa para que se suspenda una de las dos órdenes de prisión preventiva que pesan sobre él.

“Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”, dijo Castillo al intervenir virtualmente desde la prisión en la que se encuentra.

Expuso que no hubo ninguna flagrancia en sus acciones del 7 de diciembre de 2022, fecha de su fallido autogolpe de Estado, y que el argumento de que se iba a fugar no es válido, porque su trayecto a la Embajada de México en Lima, en cuyo recorrido fue arrestado por su escolta, tenía como fin poner a su familia en resguardo.

“He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno”, indicó.

Reiteró que las autoridades se “han ensañado” con él y que ha sentido el odio en carne propia.

La defensa del expresidente solicitó que declare nula la pena de 18 meses prisión preventiva por el fallido autogolpe, se de la inmediata libertad de Castillo y “se reponga el estado anterior” a la detención de este, para que pueda ejercer de nuevo la presidencia en el período 2021-2026.

Explicó que la motivación de los habeas corpus presentados atienden a la vulneración de la libertad individual de su representado y que el proceso judicial tiene “falta de coherencia narrativa” e insuficientes justificaciones del delito de flagrancia, porque no se ha detallado el tipo de esta.

Por su parte, varios representantes de la Fiscalía recordaron que la detención del expresidente fue legítima, puesto que el 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un discurso que pretendía romper el orden constitucional y que más tarde este intentó fugarse, por lo que debería permanecer en prisión preventiva.

Además de la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, la Corte Suprema de Perú ha ratificado la decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por un caso de corrupción y tráfico de influencias.

La defensa de Genaro García Luna, declarado culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico en Nueva York en febrero pasado, anunció que pedirá una repetición del juicio contra el exsecretario de seguridad pública, tras obtener nueva pruebas.

“Desde el veredicto, varias personas, entre ellas antiguos agentes de las fuerzas del orden, se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos nuevas pruebas favorables a la defensa que podrían dar lugar a la presentación de una moción en virtud de la norma 33 (para pedir la celebración de un nuevo juicio)”, asegura el abogado de García Luna, César de Castro, en un escrito dirigido al juez.

Por ello, De Castro y su equipo ha solicitado un aplazamiento de tres meses para que se dicte sentencia.

La defensa asegura que necesita tiempo extra para continuar desarrollando las pruebas para sustentar una potencial moción de acuerdo con la mencionada norma 33 que estipula que el acusado puede solicitar un nuevo juicio si se descubren nuevas pruebas que así lo ameriten.

De aceptarse dicho aplazamiento, también afectaría a la fecha de la sentencia, programada para el 27 de junio.

Recordemos que el pasado 21 de febrero, un jurado declaró culpable a García Luna de cuatro cargos de narcotráfico más un quinto de mentir a las autoridades.

Los declararon culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

García Luna trabajó vivía, desde 2012, en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viajaba habitualmente a México.

El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, ha estado en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentó ante el Tribunal Superior de Londres el recurso con el que intenta impedir que se haga efectiva su extradición a Estados Unidos, autorizada hace dos semanas por el gobierno de Reino Unido.

Assange tenía hasta este viernes para apelar el visto bueno de la ministra del Interior, Priti Patel, a su extradición. El Tribunal Superior confirmó a la radiotelevisión pública BBC que se concretó el recurso por parte e Assange.

Recordemos que sus abogados ya habían anticipado que agotarían todas las vías judiciales.

Un grupo de seguidores de Assange se ha concentrado precisamente este viernes ante el Ministerio del Interior para protestar contra la detención del fundador de Wikileaks y rendirle homenaje por su cumpleaños, ya que el domingo cumplirá 51 años.

Assange se enfrenta en Estados Unidos a 18 cargos penales y deberá responder por acusaciones de espionaje si finalmente es trasladado a dicho país. Se enfrenta a un total de 175 años entre rejas, aunque el gobierno estadounidense sostiene que probablemente sería condenado a una pena de entre cuatro y seis años.

Assange permanece encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue arrestado después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres.

El fundador de Wikileaks se refugió en un primer momento en la Embajada para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia Estados Unidos.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que pedirá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, mediar en el caso de Assange, luego de que el gobierno británico diera luz verde a su extradición a Estados Unidos.

López Obrador salió una vez más en defensa de Assange, al que consideró un “preso de conciencia”, y afirmó que era “decepcionante” que lo envíen a Estados Unidos para condenarlo a cadena perpetua.

“Quiero plantear que voy a pedir al presidente Biden que se atienda esta asunto, estoy consciente que va en contra de grupos duros, severos, que hay en Estadios Unidos, como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo.”, dijo AMLO tras cuestionar el proceso que se ha seguido en Estados Unidos contra Assange.

López Obrador reiteró el ofrecimiento de asilo para el fundador de WikiLeaks en caso de que sea liberado y exhortó a las Naciones Unidas (ONU) a pronunciarse sobre el caso.

“México le abre las puertas a Assange en el caso de que se resuelva liberarlo, hay mecanismos para hacerlo”, sostuvo.

La Fiscalía General de la República (FGR) manifestó su apoyo al Ministerio Público Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo, quienes estuvieron al frente del proceso que se seguía en contra de abogados y un asesor financiero ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, mismo que fue desechado por un juez este jueves.

La Fiscalía “se opone terminantemente a la resolución ilegal del Juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna”, dijo la FGR en un comunicado.

Alegó que el juez descalificó y agredió groseramente al ministerio público, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora. Dijo que Delgadillo Padierna se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del Scherer Ibarra, quien no estaba imputado, aunque dijo que sí existían una serie de pruebas sobre su participación en los delitos de los que se le imputaron a los abogados.

Delgadillo Padierna inválido esta mañana el proceso que la FGR presentó en contra de Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez, acusados por Juan Collado de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

Subrayó que el abogado defensor del caso, Alejandro “R”, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio Scherer. El abogado, días antes de la audiencia, afirmó públicamente que se iba a “acabar esta venganza”, resultando extraño que el juez coincidiera y calificara la imputación de “venganza”, sin que hubiera prueba alguna de ello.

La Fiscalía advirtió que presentará de inmediato el recurso de apelación en contra de la resolución del juez. Además, dijo que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento”, sostuvo la dependencia, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Finalizó señalando que la conducta inadmisible del juez en este caso no habrá de inhibir al Ministerio Público a judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia.

Un juez ordenó este martes revisar la prisión preventiva impuesta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido por ser el principal implicado en el país del escándalo de sobornos de Odebrecht, toda vez que indicara que el juez de control que impuso la medida cautelar no estuvo bien justificada.

En un comunicado que confirmó el hecho, el gobierno federal anunció un recurso legal para evitar que Lozoya salga del Reclusorio Norte, donde está detenido desde noviembre pasado.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está presentando amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio ‘N’, dictada por el juez en el proceso de Odebrecht”, avisó esta dependencia.

El fallo actual no implica la salida inmediata de Lozoya; el asunto se decidirá en una audiencia prevista para la tarde de este miércoles.

“Dicha revocación del tribunal unitario es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución; no obstante la UIF solicita la suspensión por la vía de amparo”, concluyó el breve comunicado.

La decisión llega después de que el sábado un juez mexicano ordenó liberar a Lozoya por un caso distinto, el de la compra de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados que adquirió como director de Pemex con un presunto sobreprecio de 500 millones de dólares a cambio de supuestos sobornos.

Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España, y México lo extraditó como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

Antes, el exdirector de Pemex llevó su proceso en libertad por el “criterio de oportunidad”, que lo trataba como testigo protegido para denunciar una red de corrupción que abarcaba a Peña Nieto y a políticos de la oposición.

Lozoya está acusado de recibir presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Peña Nieto. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió este mes una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

Un Tribunal de Apelación de Estados Unidos confirmó este martes la cadena perpetua impuesta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la que fue condenado en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros cargos.

Ante el recurso presentado por la defensa de “El Chapo” para anular el juicio, el Tribunal de Apelación concluyó que “el juez Brian Cogan realizó un juicio de tres meses diligente y justo”.

Por estas razones, el fallo resultante es afirmativo”, se lee el fallo del juez Jon O. Newman del segundo circuito del Tribunal de Apelaciones de Brooklyn.

Un días después de conocerse la sentencia, la defensa apeló para pedir un nuevo juicio bajo el argumento de que el realizado en 2019 se vio empañado “por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial”.

Ninguno de las 10 apelaciones presentadas por la defensa del narcotraficante mexicano tienen “fundamentos” para revisar el fallo dictado por el juez Gogan, indicó Newman.

La defensa basó su pedido en que uno de los jurados, bajo condición de anonimato, contó al sitio de noticias Vice que él y otros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

Asimismo, se dijo que el aislamiento total de “El Chapo” desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

Recordemos que el 18 de julio de 2019, “El Chapo” fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado. Se le condenó a cadena perpetua, y fue llevado a la cárcel máxima seguridad ADX Florence.

El gobierno estadounidense lo acusa de haber introducido en el país durante un cuarto de siglo 1,44 toneladas de pasta de cocaína, 222 kg de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y “cantidades” de metanfetaminas.

Tras una apelación de la Fiscalía capitalina, un tribunal aumentó la condena de 31 a 36 años de la dueña del colegio Enrique Rébsamen, que colapsó durante el sismo el 19 de septiembre de 2017 y que causó 26 muertos, 19 de ellos menores de edad.

“Tras interponer recurso de apelación contra la sentencia de 31 años de cárcel, dictada a Mónica “N” por su responsabilidad penal en el delito de homicidio culposo, se logró que magistrados de la Tercera Sala Penal aumentaran la condena a 36 años, cuatro meses y dos días de prisión”, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Además, a la condenada se le impuso un pago por multa de casi 143,000 pesos.

“Lo anterior fue resuelto por la autoridad judicial, a partir de las apelaciones y solicitud de audiencia de alegatos aclaratorios, interpuestas en su momento por el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos”, indicó la dependencia.

El representante social de la Fiscalía capitalina aportó datos probatorios que permitieron incrementar el grado de culpabilidad de la sentenciada, quien era propietaria del colegio.

Se detalló que el Ministerio Público logró acreditar que dicho centro educativo fue construido con irregularidades en su edificación y documentación. “Dichas negligencias coadyuvaron en que colapsara durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que causó la muerte de 19 menores de edad y siete personas adultas”, apuntó.

Y es que en octubre de 2020, un tribunal condenó a 31 años a Mónica García Villegas, propietaria del colegio colapsado Rébsamen. Una sentencia que ahora ha aumentado de condena. Adicional, el pasado 14 de julio, un juez condenó a 208 años de prisión al ingeniero Juan Mario Velarde por la muerte de 26 personas en el derrumbe del colegio.

Un tribunal federal confirmó este lunes la condena de 9 años de prisión impuesta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México fue emitida ante e recurso de apelación presentado por la defensa del expriísta, contra la sentencia del 26 de septiembre de 2018 en la que fue condenado a 9 años de prisión, al decomiso de 40 propiedades y a pagar 58 mil pesos como multa.

Sin embargo, lo que sorprendió este lunes es la decisión de la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, de anular la medida de decomiso de las 40 propiedades ligadas a Duarte.

La magistrada indicó que la anulación de la medida de decomiso a los inmuebles se debe a que dichas propiedades pertenecen a personas que aún no han sido condenadas.

Duarte cumple este 20202, 3 años de permanecer en prisión, mismos que se tomarán en cuenta sobre la compurgación de su pena, por lo que de los nueve años de condena que recibió, solo le restan por cumplir seis.

Este miércoles, Jeffrey Lichtman, jefe de los abogados que defendieron a Joaquín “El Chapo” Guzmán, señaló que esperarán la sentencia que se le dicte a su cliente para apelar las condiciones de reclusión del mismo.

“Lo que estamos esperando en este momento es que se dicte sentencia, ya se le declaró culpable de los diez cargos que se imputaron, ahora se dicta sentencia y una vez que sepamos cuál es esa sentencia vamos a presentar algún recurso de apelación”, dijo Lichtman en entrevista con Televisa.

El abogado del capo mexicano, declarado culpable de diez cargos en una corte de Nueva York, dijo que su cliente ha estado completamente aislado durante dos años, por lo que se quieren negociar sus condiciones de reclusión.

Denunció que a su cliente se le tiene en una situación muy complicada y eso es lo que se quiere negociar.

“Ha sido muy duro y muy triste como se le tiene”, señaló el líder de los abogados del jefe del Cártel de Sinaloa.

Lichtman expresó su temor de que esa situación de aislamiento vaya a continuar. Añadió que una vez que Guzmán Loera salga de Nueva York no va a poder tener visitas, podrá ver a sus hijos muy pocas veces, además de que los guardias que lo cuidan no hablan español, por lo que será muy difícil para él convivir con la población carcelaria.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de cambiar la presunción de cadena perpetua, el abogado explicó que a su cliente se le halló culpable de liderar un grupo criminal y ese cargo aporta a la cadena perpetua. Asimismo, dijo que prácticamente todos los cargos de los que se le declaró culpable traen consigo la cadena perpetua, pero siempre se tiene alguna oportunidad de apelar.

Insistió en que lo que se tiene que negociar son las condiciones de reclusión y consideró que ahí se tienen buenas oportunidades de apelación.

Señaló que se apelará la sentencia porque se cometieron muchísimos errores durante el proceso y desde la extradición.

El Presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, presentó un nuevo recurso de apelación ante la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) referente a la pérdida de su registro.

“Confiamos en los argumentos: firmamos y entregamos Juicio de Apelación de 615 hojas, 21 anexos y tres cajas de pruebas”, dijo Flores Cervantes cuando acudió a la oficialia de partes del Instituto a presentar el recurso, con la intención de que sea remitido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Acompañado de Berlín Rodríguez Soria, representante propietario del partido ante el INE, Flores indicó que lo que se busca con este nuevo recurso es que se reconozca que no hubo un conteo y distribución adecuada de los votos que la alianza “Juntos Haremos Historia” obtuvo el pasado 1 de julio.

“Esto aún no se acaba. Somos PES y la verdad es nuestra fuerza”, expresó el dirigente a través de sus redes sociales. 

Recordemos que el Consejo General del INE aprobó el pasado 12 de septiembre el dictamen por el cual se procedía a la pérdida del registro del PES, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria.

Esta mañana el PRI presentó una apelación y un juicio de protección de derechos a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de marcha atrás a la prohibición que hiciera el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la realización de debates en medios de comunicación entre candidatos en este periodo de intercampañas.

 

 

La representante del PRI ante el INE, Claudia Pastor, acudió a las oficinas del Tribunal junto al coordinador jurídico de la campaña de Meade, Emilio Suárez, quien al entregar los documentos pertinentes, argumentó que la prohibición de debates viola de los derechos político y electorales de los ciudadanos a conocer a los candidatos.

 

Al ser cuestionada sobre si su insistencia en los debates se debe a que apuestan a su capacidad de oratoria, la priísta negó que sea la única forma de empatar con el candidato de Morena; descartó que sean la única manera, pero dijo que finalmente los debates son la forma democrática por excelencia de contrastar ideas y afirmó que conforme avance la campaña y vayan conociendo cada vez más a Meade, que es el más preparado, se podría percibir de mejor manera a través de los debates.

 

Cabe señalar que si bien los instrumentos jurídicos fueron interpuestos por el PRI, Meade firmó el documento del juicio de protección de los derechos político electorales.

 

Con información de Reforma / Foto: @ReporteNivelUno

La defensa del ex gobernador Roberto Borge, detenido en Panamá desde el pasado junio y a quien México reclama por supuesta corrupción, indicó hoy a la agencia EFE que se encuentra a la espera de que la justicia panameña resuelva cuatro recursos contra su detención y extradición.

El abogado Carlos Carrillo explicó que el equipo de defensa del exgobernador ha interpuesto desde el pasado septiembre tres recursos de “hábeas corpus” ante el pleno del Supremo panameño para denunciar la supuesta ilegalidad de su detención y sus “inhumanas” condiciones de reclusión.

“Desde hace 47 días, mi cliente está en un cárcel transitoria denominada ‘La Chirona’, que es clandestina y se encuentra en la sede principal de la Policía Nacional. Esa cárcel no está bajo la vigilancia del sistema penitenciario, sino que depende directamente del director de la policía, algo contrario al sistema interamericano de derechos humanos”, aseguró.

Borge, a quien la Fiscalía mexicana acusa de distintos delitos de corrupción, estaba detenido en la cárcel de El Renacer, a orillas del canal interoceánico, pero fue trasladado el pasado 21 de septiembre a la sede central de la Policía Nacional por existir riesgo de fuga, según las autoridades.

Carrillo también recordó que la defensa interpuso a principios de octubre un incidente de objeciones en la Sala Segunda de lo Penal del máximo tribunal contra la decisión de la Cancillería panameña de extraditar al exgobernador mexicano. “No hay un término establecido por ley para que la Corte se pronuncie sobre los ‘hábeas corpus’. En el caso del incidente de objeciones, estamos aguardando que la Sala lo resuelva o bien en un
escrito o bien nos cite para una nueva audiencia”, apuntó el defensor.

Carrillo indicó Borge “está enjaulado en una celda de aproximadamente 2 metros cuadrados. No es posible que en Panamá exista una cárcel clandestina de esta categoría que dependa exclusivamente del director de la Policía Nacional”, denunció el abogado.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

El equipo defensor del ex gobernador Javier Duarte presentaron un recurso de apelación en contra de la decisión del juez federal que determinó vincular a proceso al priísta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

Los abogados de Duarte presentaron la apelación vía electrónica al juez de control Gerardo Moreno García con sede en el Reclusorio Norte, en la que argumentó que no se garantizó la defensa del político, pues la medida carecía de los requisitos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

El equipo legal del ex gobernador indicaron que durante la audiencia inicial fueron informados del desvío al erario por una suma de 38.5 millones de pesos, mientras que en la reciente audiencia la PGR retomó la misma acusación pero por un monto de  mil 650 millones, por lo que no se vieron limitados para presentar pruebas de descargo o solicitar aclaración del monto expuesto.

 

Ahora será el juez de control quien remitirá la impugnación a un tribunal unitario penal de la Ciudad de México, quien tendrá que definir si el fallo de vinculación a proceso debe ser confirmado, modificado o revocado.

 

Con información de Animal Político / Foto: Archivo APO