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Una jueza de Delaware accedió este miércoles a la petición del multimillonario Elon Musk para sumar las afirmaciones de un denunciante a su demanda contra Twitter, aunque negó la solicitud de retrasar el juicio con el que Musk pretende anular su acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares por la compañía.

“Estoy convencida de que incluso un retraso de cuatro semanas supondría un riesgo de mayor daño para Twitter”, escribió la jueza Kathaleen McCormick de la Corte de Equidad de Delaware.

La jueza señaló que la firma sufre actualmente la renuncia de muchos empleados y “se ha visto obligada por meses a funcionar en medio de las dificultades que supone un acuerdo de fusión rechazado” por la parte compradora.

El equipo legal de Musk argumentó en el tribunal que la justicia exigía retrasar el juicio de cinco días, cuyo inicio actualmente está programado para el 17 de octubre, para poder investigar las acusaciones de que Twitter falseó la seguridad de sus datos.

Y es que el mes pasado se hicieron públicas unas denuncias que proporcionaron a Musk, la persona más rica del mundo, nueva arma para reforzar lo que, según los expertos legales, era un intento a largo plazo de abandonar el acuerdo sin pagar una cuota de rescisión de 1,000 millones de dólares.

El antiguo jefe de seguridad de Twitter, Peiter Zatko, un hacker informático conocido como “Mudge”, dijo a los reguladores que la empresa representó falsamente que tenía un sólido plan de seguridad de datos.

Zatko envió un largo documento a las autoridades estadounidense a inicios de julio pero solo se conoció públicamente a fines de agosto. Los abogados de Musk pidieron incluir las acusaciones del ex empleado de Twitter en su defensa.

La jueza entendió que Musk tiene derecho a modificar su querella, aunque no se pronunciará aún sobre los “méritos” o pertinencia de estas acusaciones, hasta que hayan sido completamente fundamentados y contraargumentados por las partes.

Twitter demandó a Musk para que cumpla su acuerdo de abril de comprar la empresa por 54.20 dólares por acción.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que no se han podido refutar los argumentos de la iniciativa presidencial que reforma la Constitución en materia eléctrica, pese a que durante los cinco foros que se han desarrollado hasta el día de hoy, como parte del Parlamento Abierto, se le han manifestado los contra de la reforma y se han cuestionado algunos de los conceptos que la CFE ha presentado.

Las declaraciones de Bartlett se dieron en el marco del encuentro con las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en su reunión plenaria, celebrada ayer en el recinto legislativo de San Lázaro.

“Son malísimos, son muy mentirosos. La iniciativa del Presidente es muy clara en la exposición de motivos, y no han hecho la menor crítica a ella, se van a decir que ‘la energía sucia’, son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República”, dijo el funcionario.

Por otro lado, el funcionario señaló que la Cámara de Diputados tiene amplia apertura para que los sectores interesados participen en los foros del Parlamento Abierto sobre la citada reforma.

“De verdad hay toda clase de posibilidades de participación y está abierta a todos los sectores, a todos los interesados; es un Parlamento Abierto de verdad”, remató.

Y mientras Bartlett asistía a la plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro 5º del Parlamento Abierto en torno al análisis de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, denominado “Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica; participación del sector privado en la Industria Eléctrica”.

La jornada inició con el tema “El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional”, con la participación de especialistas.

El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez de Morena, resaltó que se trata de un tema sumamente interesante, con visiones amplias y distintas. Calificó este ejercicio como positivo y constructivo; “va a ser de mucha utilidad para las tres comisiones que vamos a intervenir en el dictamen y, por supuesto, posteriormente, en caso de llegar al Pleno, para los 500 diputadas y diputados que integramos la Cámara de Diputados”.

Francisco José Barnés de Castro, ex rector de la UNAM y socio director de Cifra2 Consultores, firma especializada en energía y medio ambiente, afirmó que la reforma propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional.

Señaló que es mucho más restrictiva para el sector privado, cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a la CFE, a las inversiones existentes en más de 800 centrales eléctricas se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, y cancela todos los permisos de generación y los contratos de la CFE con el sector privado.

Por su parte Óscar Moreno Silva, abogado o especializado en infraestructura y proyectos de energía, calificó como preocupante que en los transitorios se cancelen los permisos de generación el día que entre en vigor la reforma, ya que tiene una afectación grave a inversionistas, pues es una expropiación de facto, debido a que estos permisos habían sido otorgados mediante proceso de ley.

Mónica Rodríguez Díaz, consultora senior y encargada de las cuentas para el sector energético en la firma Integralia Consultores, enfatizó que “no requerimos una hipercentralización de la industria eléctrica, sino herramientas regulatorias y políticas en manos de todos los participantes de la industria que ayuden a mitigar la crisis climática”.

El vocero de la campaña del candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, Javier Lozano, emitió un breve mensaje a  través de sus redes sociales en el que desmintió los argumentos que Ricardo Anaya dio para explicar la compra-venta del inmueble por el que ha sido acusado de lavado de dinero.

 

 

Lozano dijo que con sólo tres datos se podía constatar que Anaya miente, pues basado en la escritura pública se sabe que quien firmó el contrato de compra-venta fue Luis Alberto López López, a quienes los denunciantes reconocen como chofer de Manuel Barreiro, y no el arquitecto Juan Carlos Reyes García como Anaya aseguró en sus explicaciones.

 

El segundo argumento que Lozano expone, es que la empresa Manhattan Master Plan Development, misma que se utilizó para comprar la nave industrial en cuestión, fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa fantasma, que a decir del colaborador de José Antonio Meade, son utilizadas por quienes se dedican a evadir impuestos y lavar dinero.

 

El tercer dato que el ex panista revela es que el capital social de la empresa, según consta en la escritura pública, es de 10 mil pesos, 5 mil pesos aportados por Luis Alberto López López y otros 5 mil pesos por María Amada Ramírez Vega, quien también es señalada de ser empleada de Barreiro. Además de que con 51 días de creación y con un capital social bajo como el descrito, logró que se le diera un crédito para comprar por 54 millones de pesos la propiedad de Anaya.

 

“Que conste que se los dije, Ricardo Anaya miente, y está metido en lavado de dinero”, remató el poblano.