Tag

asesinados

Browsing

Al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados en febrero, con lo que suman 10 en el primer bimestre del año, informó este viernes la organización civil Data Cívica.

El número de homicidios relacionados con la violencia política se eleva a 36 al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalla el informe ‘Votar entre balas’.

Entre los aspirantes asesinados en febrero hay uno de Acción Nacional, tres de Morena y uno más del Partido Verde, aliado del Gobierno.

Los candidatos fallecidos Jaime Vera, aspirante del PVEM a la alcaldía de Mascota en Jalisco; Yair Martín Romero, candidato a diputado federal de Morena del Estado de México, y Manuel Hernández, quien buscaba ser diputado local en Veracruz por Morena.

La lista la completan Miguel Ángel Zavala, de Morena, y Armando Pérez Luna, del PAN, quienes aspiraban a ser presidentes municipales de Maravatío en Michoacán.

Además, Data Cívica registró un ataque armado, una amenaza y un atentado contra otros aspirantes, tanto del oficialismo como de la oposición.

“En febrero registramos el mismo nivel de violencia contra aspirantes a cargos de elección que en enero: 5 asesinatos y otras 3 agresiones que no resultaron letales (atentado, ataque armado y amenaza). Aunque hubo muchos más homicidios de funcionarios del área de seguridad”, señaló el informe.

En total, de Data Cívica registró 58 eventos asociados con la violencia político-criminal en febrero, incluyendo amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados y secuestros.

Los 10 asesinatos del primer bimestre de 2024 se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral.

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización documentó 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos. Al tomar en cuenta también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.

Esta semana, un aspirante a una alcaldía en Chiapas, fue asesinado y su esposa e hijo resultaron heridos por disparos de arma de fuego.

La muerte del político se da a dos días del homicidio de otro precandidato en Guerrero, en medio de una escalada de la violencia en plena campaña.

El cuerpo sin vida de Diego Pérez Méndez, quien era precandidato del PRI para la alcaldía de San Juan Cancuc, fue hallado ayer en las cercanías de la comunidad de Yalvanté del municipio de San Chamula, indicó la Fiscalía General de Chiapas.

En el lugar también se encontró a la esposa e hijo de Pérez Méndez con lesiones por armada de fuego, precisó la Fiscalía.

El pasado martes fue asesinado a balazos Tomás Morales quien aspiraba a competir por Morena para la alcaldía de Chilapa de Álvarez en Guerrero.

Según medios locales, Morales fue interceptado por un hombre cuando llegaba a su casa quien, sin mediar palabras, le disparó a la cabeza.

A inicios de mes, Alfredo González, precandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac de Guerrero, murió tras ser tiroteado dentro de su vehículo. El ataque contra González ocurrió una semana después del asesinato de dos precandidatos para la alcaldía del municipio Maravatío en Michoacán, el médico Miguel Ángel Zavala y el líder transportista Armado Pérez Luna.

El gobierno federal reportó este jueves que 260 periodistas han sido asesinados en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos en lo que va de a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, encargado de presentar el informe, reconoció 13 asesinatos de comunicadores en lo que va del año, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones registra 18.

Además, el funcionario citó que en el sexenio de Felipe Calderón hubo 101 homicidios de periodistas, mientras que en el de Enrique Peña Nieto se registraron 96.

“Hemos registrado cómo prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos, (representan) cerca del 40% de las agresiones, que van desde las amenazas, los golpes, los robos, etcétera”, dijo Encinas.

El subsecretario defendió el combate a la impunidad, al sostener que de los 13 casos que el gobierno reconoce este año, suman 32 personas detenidas, de las que 21 están procesadas y tres más están sentenciadas.

“Nos estamos enfrentando, encarando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios, donde por ejemplo, hasta el año 2021 solamente se habían emitido seis sentencias contra los perpetradores”, defendió Alejandro Encinas.

Además, el subsecretario reportó la existencia de 1,768 personas beneficiarias por el Mecanismo de Protección a Periodistas, mientras que en 2018 solo había 789.

A la fecha, aseveró, este gobierno ha destinado más de 1,800 millones de pesos en medidas de protección, mientras que en todo el sexenio anterior solo se erogaron 782 millones.

Adelantó que para 2023, hay un presupuesto previsto de 569 millones de pesos, un aumento anual de 46%, acompañado de un aumento aprobado este año del 70% en las plazas para pertenecer al mecanismo.

 

Alejandro Encinas también aprovechó para informar que desde el inicio de la gestión de López Obrador, se ha denunciado la desaparición de 103,833 personas, pero de ese total se han hallado a 59,709, por lo que 44,124 permanecen desaparecidas.

“Si bien el número de personas desaparecidas sigue un registro importante de crecimiento, es mayor ya afortunadamente el número de personas localizadas”, sostuvo el funcionario.

El registro oficial del gobierno reporta 106,780 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha, según citó el subsecretario, después de que México rebasó la cifra de más 100,000 desaparecidos en mayo pasado.

De ese total, más del 40%, 44,124 desapariciones, corresponden al sexenio de López Obrador, comparado con las 36,725 personas no localizadas del sexenio de Enrique Peña Nieto y las 17,425 de la administración de Felipe Calderón.

Encinas argumentó que en los sexenios anteriores, “el Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales”.

El subsecretario defendió que este gobierno ha implementado el “Programa nacional de derechos humanos”, reinstauró el Sistema Nacional de Búsqueda e instaló comisiones estatales de búsqueda que han recibido en todo el sexenio 1,800 millones de pesos.

Añadió que el gobierno ha realizado en 3,356 jornadas de búsqueda, en 28 estados y más de 400 municipios, y creó un registro de fosas clandestinas y cuerpos exhumado que ha reportado 2,386 pozos y 4,180 cadáveres.

La tarde de este viernes, la Fiscalía de Michoacán informó este viernes que se han identificado a 12 de las 19 personas que fueron asesinadas y cuyos cuerpos amanecieron en distintos puntos de Uruapan en la madrugada del jueves.

De los cuerpos identificados, ocho ya fueron dados a sus respectivos familiares, mientras que el resto continúan con las diligencias protocolarias.

Los cadáveres que fueron entregados corresponden a: Joshua R., Gabriel H., Cinthia Lizbeth N., Miguel Ángel J., Luis Alberto G., Guadalupe S., Javier C. y Luis Alberto T. Todos ellos tenían su domicilio en la ciudad de Uruapan.

La Fiscalía estatal señaló que continuará con los trabajos de investigación respectivos, a efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Además, la dependencia solicitó información a las autoridades de Guanajuato, con relación a la detención de supuestos integrantes de una célula criminal que, de acuerdo con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, podrían estar relacionados con los hechos ocurridos en Uruapan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo dijo este viernes que Alon Azulay y Benjamín Yeshurun Sutchi, los dos israelíes que fueron asesinados el miércoles en Plaza Artz, estaban involucrados en lavado de dinero.

El funcionario dijo que la información preliminar apunta a que el ataque se trató de un “ajuste de cuentas” entre integrantes del crimen organizado.
“(Puede ser) por intereses diversos: disputas por relaciones con organizaciones y por territorios, pero fundamentalmente por lavado de dinero”.

Alfonso Durazo explicó que uno de los ciudadanos de Israel cumplió una sentencia en México y posteriormente fue expulsado.

“Sin embargo, una vez cumplida su sanción, no hay razón para negarle el reingreso”, indicó el funcionario.

El funcionario agregó que la entrada al país para el ciudadano israelí tampoco se evitó porque no existía una “ficha roja” de la Interpol que alertara sobre sus actividades delictivas.

El miércoles se registró una balacera en Plaza Artz, cuyo saldo fue de dos personas fallecidas y dos más que resultaron heridas. Además, fue detenida la mujer que disparó a los dos ciudadanos de origen israelí que perdieron la vida.

Autoridades informaron el mismo día que uno de los hombres murió en el lugar y el otro fue llevado al hospital, donde falleció a causa de sus heridas.

Uno de ellos fue identificado por las autoridades como Alon Azulay, quien contaba con un permiso de residencia temporal emitido por el Instituto Nacional de Migración, así como con un permiso para trabajar en el país.