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La Fiscalía General de Estado de Morelos (FGE Morelos) minimizó la opinión forense que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a la muerte de Ariadna Fernanda, en la que determinó que su fallecimiento se debió golpes en la cabeza que recibió y no por broncoaspiración por intoxicación alcohólica.

La fiscalía morelense reiteró «que está comprometida y del lado de la víctimas y contra la violencia de género», además de que se dijo «siempre abierta y dispuesta» a colaborar con todas y cada una de la autoridades para que se sancionen a los culpables.

La dependencia que encabeza Uriel Carmona Gándara indicó que la FGR contiene una «respetable opinión», pero que no está emitida dentro de un procedimiento normativamente establecido.

En ese sentido, enfatizó que «esa opinión forense no es jurídicamente vinculante» para la investigación que continúa abierta en Morelos o para el proceso judicial de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México. Enfatizó que «no existe pugna» entre ambas fiscalías.

La FGE Morelos aclaró que no ha sido requerida formalmente por la FGR para entregarle información o constancias procesales del asunto de Ariadna Fernanda, además de que tampoco se ha “sometido” al análisis pericial de la FGR en relación con la causa del fallecimiento de la joven.

«Solamente las autoridades jurisdicionales, jueces y magistrados, tienen la facultad de determinar cuál de los dos resultados forenses deberá prevalecer, y esto dentro del proceso penal que se sigue por el delito de feminicidio en la Ciudad de México», señaló la fiscalía estatal.

También dijo que desconoce los trabajos forenses que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como los estudios que sustentan la opinión de la FGR. Reiteró que el dictamen de la FGJCDMX se ha solicitado oficialmente, y al momento no se ha entregado.

Insistió en que la necropsia practicada estuvo a cargo de un equipo de forenses integrado por mujeres profesionales, aplicando los protocolos de investigación con perspectiva de género que corresponden al delito de feminicidio, respaldando el trabajo y dictamen presentado.

El periodista Pedro Pablo Kumul fue asesinado a balazos el lunes en Xalapa, Veracruz, informó este martes el medio para el que trabajaba.

Kumul es el decimonoveno comunicador asesinado en nuestro país en lo que va de año, según cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aunque dicha cifra difiere de las muertes que reconoce el gobierno federal.

El periodista era reportero y locutor de AX Noticias, medio en redes sociales que informó este martes de su asesinato a través de un comunicado y que exigió al gobernador del estado, Cuitláhuac García, investigar el crimen para dar con los responsables.

«Lamentamos el terrible suceso que aconteció esta tarde en la localidad del Castillo donde perdió la vida nuestro amigo, locutor y reportero de este medio de comunicación, AX Noticias, y de Es Amor 104.5 HD», informó el medio en su mensaje.

El crimen tuvo lugar la tarde de ayer en la localidad de El Castillo cuando, según informaron medios locales, le dispararon en varias ocasiones mientras conducía el taxi en el que también trabajaba, el cual acabó estrellado contra un poste de luz y donde fue hallado sin vida.

En el momento de los hechos, Kumul iba acompañado por su pareja sentimental, quien se salvó del ataque.

Los presuntos asesinos, según los mismos medios, huyeron del lugar antes de que llegaran los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fuerza Civil y Fuerzas Federales.

«En AX Multimedios nos unimos en oración y acompañamos con mucho amor y respeto a la familia de nuestro compañero», añadió el medio de comunicación en el que trabajaba el periodista.

De acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa, son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en México en 2022. Con este último, son 155 los comunicadores asesinados en posible relación con su labor periodística en el país desde 2000, según la organización Artículo 19.

La comunidad jesuita en México lamentó que, después de cinco meses del asesinato de dos sacerdotes y un guía turístico en el norte del país, el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en el país.

“A cinco meses del asesinato de nuestros hermanos Javier (Campos) y Joaquín (Mora), junto con Pedro Palma, los jesuitas de México lamentamos que el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en la Sierra Tarahumara”, señalaron en un comunicado.

El 21 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que un día antes los sacerdotes fueron asesinados dentro de una iglesia en Cerocahui, en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua.

“Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes», sostuvo entonces.

Las muertes de los religiosos fueron condenadas por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

Días después del asesinato, el mandatario prometió una investigación «a fondo» y ofreció recompensa por el presunto homicida.

Sin embargo, la comunidad jesuita en México señaló que, «a más de 150 días de los dolorosos hechos, la paz no ha llegado a Cerocahui, como recientemente declaró la Secretaría de Seguridad Pública Estatal».

En este sentido, los jesuitas enfatizaron que, «en la comunidad prevalece la inseguridad, el miedo de que la situación quede en el olvido y de que el perpetrador regrese a la zona».

Además, reprocharon que mientras no haya justicia no se podrá hablar de paz y reconciliación, dos estandartes de la estrategia de seguridad del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

También aprovecharon para insistir en su llamado a los diferentes niveles de gobierno, a fin de que se dé continuidad a la seguridad en el territorio serrano y se alcance la justicia que tanto añoran las comunidades.

«Nos sumamos al manifiesto de la Diócesis de Tarahumara, quien ha convocado a construir ‘un país donde verdaderamente reine la verdad y la justicia que nos lleven a la verdadera paz y amor’», concluyeron los jesuitas.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) presentó ayer los avances que se tienen en la investigación del caso de una joven que fue encontrada sin vida en Morelos, revelando que la mujer murió por un trauma múltiple.

En un breve mensaje a medios, la titular de la FGJCDMX informó que el cuerpo de la joven, a quien se ha identificado como Ariadna Fernanda López Díaz, presentaba diversas lesiones por golpes y una nueva necropsia determinó que el motivo de la muerte fue un trauma múltiple que se clasifica como mortal.

Según reportes, la joven desapareció tras asistir a un bar de la colonia Condesa, donde fue vista por última vez el pasado 30 de octubre; posteriormente abordó un taxi y un día después fue encontrada sin vida.

Apenas el viernes de la semana pasada, la Fiscalía General de Morelos descartó que la muerte de la joven se tratara de un feminicidio, e incluso señaló que su deceso se debió a una broncoaspiración, supuestamente provocada por el exceso en el consumo de alcohol.

Sin embargo, la FGJCDMX aseveró que luego de la necropsia, la cual fue solicitada por la familia de la joven, se determinó que el motivo del fallecimiento “fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal”.

La Fiscalía capitalina detalló que detectives tuvieron acceso a imágenes de cámaras particulares de videovigilancia de un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur, donde aparece que el 31 de octubre por la mañana un hombre salió de un departamento cargando al hombro a una mujer que se veía inconsciente e inmóvil.

Posteriormente, el individuo, identificado como Rautel “N” se dirigió al estacionamiento para subir a la mujer a una camioneta.

De acuerdo con la Fiscalía, tras obtener una autorización judicial, investigadores realizaron un cateo al inmueble referido donde, a pesar de haber sido limpiado, expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales encontraron, con pruebas de luminiscencia, presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la habitación.

Por la mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las autoridades lograron ubicar y detener en Ecatepec, Estado de México, a Vanessa “N”, quien presuntamente estaría implicada en la muerte de Ariadna.

“La investigación realizada es sólida y clara, y nuestro compromiso es detener a todos los responsables”, apuntó en su cuenta de Twitter.

Hoy por la madrugada, Rautel «N», segundo implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda, se se presentó en la Fiscalía especializada en Feminicidio de Nuevo León, donde se dijo inocente.

«Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en dios que sabe que soy inocente», dijo el implicado quien llegó acompañado de abogados.

Rautel «N» llamó a sus amigos a salir a las calles y ayudarle a difundir que es inocente, incluso si es necesario que hagan algún movimiento para que la gente sepa quién es.

Seis policías murieron este miércoles en un ataque armado en el municipio de Calera, en Zacatecas, uno de los estados con más violencia del país.

Los elementos de la policía municipal estaban ejercitándose en una unidad deportiva cuando sujetos aún no identificados los agredieron con armas de fuego; se reportó que en un primer momento murieron cinco de los agentes, según reportó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas.

«Minutos después, el director y el subdirector de esta misma corporación, a su arribo al lugar de la agresión, también fueron lesionados; lamentablemente cuando eran trasladados a recibir atención médica, el director también murió, contabilizándose a este momento seis policías sin vida», detallaron las autoridades.

El organismo, parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, indicó que aún continúan las acciones operativas y la investigación está en curso, por lo que «por el momento es la información que puede ser brindada».

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, expresó en redes sociales su pésame por el «cobarde ataque» y aseveró que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz «que actúe con oportunidad y eficiencia para dar con los culpables».

«Quienes se encuentran al frente de la estrategia para brindar paz a las y los zacatecanos cuentan con todo el respaldo del Gobierno que encabezo. En este, como en todos los casos de violencia que atentan contra su integridad, haremos lo necesario para que la justicia prevalezca», sostuvo el gobernador.

Zacatecas es el estado con la mayor tasa de homicidios, 109 por cada 100,000 habitantes en 2021, y es también una de las seis entidades territoriales del país en alerta de viaje por el gobierno de Estados Unidos por su incremento de la violencia.

De enero a agosto han sido asesinadas en México 20,722 personas, un promedio de 85 por día, de las cuales 861 fueron ultimadas en Zacatecas. En el mismo período han sido asesinados 37 policías en Zacatecas, según la ONG Causa en Común.

Desde 2000 se disputan Zacatecas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por cuyo jefe, Nemesio Oseguera «El Mencho», Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, y el de Sinaloa, que sobrevivió a la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Zacatecas es una ruta estratégica hacia el mercado de drogas estadounidense y los puertos del Pacífico y el Golfo de México.

El periodista Fredid Román fue asesinado la tarde de ayer en Chilpancingo, Guerrero, con lo que suman 15 comunicadores muertos en lo que va del 2022 en nuestro país.

Román fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su automóvil en la colonia Progreso, de Chilpancingo, capital del estado.

De acuerdo con reportes de la Policía Estatal, Fredid Román quedó herido al interior del vehículo. Sin embargo, cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, el periodista ya había fallecido por los impactos de bala recibidos en distintas partes del cuerpo.

«Personal ministerial y de los servicios periciales se trasladaron al lugar de los hechos para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos», informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

Además, las autoridades confirmaron que se dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de «homicidio por arma de fuego, en contra de quienes resulten responsables, en agravio de Fredid ‘N'».

Actualmente Román redactaba la columna La Realidad Escrita con circulación en medios locales. Anteriormente fue fundador del extinto diario impreso La Realidad; también dirigió Expresión Popular y colaboró en distintos medios de comunicación en el estado.

Publicó su último artículo horas antes de ser asesinado, en el hablaba sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa secuestrados, torturados y asesinados la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, también en el estado de Guerrero.

En su artículo ‘Crimen de Estado’ criticaba la decisión de exculpar al que fuera presidente, Enrique Peña Peña Nieto, y al que era ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, «jefes político y militar» de Jesús Murillo Karam, encargado de aquel caso y que fue detenido tras la investigación de una comisión sobre aquello.

La Fiscalía de Guerrero señaló que una de las líneas de investigación que se siguen podría estar relacionada con el asesinato del hijo de Fredid Román, ocurrido en Ocotito, Chilpancingo, el pasado 1 de julio, más no por su ejercicio periodístico.

La asociación Club de Periodistas de Guerrero manifestó en un escrito que, si bien su colega no tocaba temas de violencia, en días pasados acudió a la FGE a exigir justicia por el asesinato de uno de sus familiares.

«A la Fiscalía General de Guerrero le exigimos pronta investigación del homicidio así como de una presunta filtración de la exigencia de justicia que hizo nuestro compañero ante ese órgano de procuración de justicia», dice el documento.

En tanto, la FGE de Guerrero sostuvo que «efectúa trabajos de investigación y seguimiento para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que se aplique la ley a los responsables de diversos delitos».

Con el asesinato de Fredid Román suman 16 periodistas asesinados en Guerrero del año 2000 a la fecha, y es el segundo asesinado en el actual gobierno estatal.

Recientemente, el representante adjunto en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que “el número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde el 2000 al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística. Mientras que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han contabilizado alrededor de 2,000 agresiones contra la prensa, incluyendo 40 asesinatos, 15 en lo que va de este año.

Al respecto, esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente se refirió al asesinado como un «lamentable caso» y dijo que ya se está atendiendo.

Envío un abrazo a los familiares y amigos de Fredid Román, y expresó su tristeza por el crimen.

«Ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos durante la reunión de seguridad, y pasado mañana ya les tenemos informe, lo mismo de otros casos, o sea que se está avanzando», remató.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este viernes el crimen del periodista Juan Arjón López, asesinado en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena y llama a esclarecer el asesinato del periodista Juan Arjón López en Sonora”, dijo el organismo en un comunicado.

El martes, el cuerpo de Arjón López, titular del programa “A qué le temes”, fue encontrado sin vida, a una semana de que fuera visto por última vez. Fue localizado a unos kilómetros de la frontera con Arizona, Estados Unidos.

ONU-DH recordó que el reportero divulgaba, entre otros temas, denuncias ciudadanas de la zona de San Luis Río Colorado, así como reportes de hechos policiacos y, adicionalmente, trabajaba en un restaurante de su localidad.

Señaló que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, la causa de muerte de Arjón López indicaría que podría tratarse de un homicidio por traumatismo craneoencefálico, además de presentar otras marcas de golpes violentos en su cuerpo.

El crimen del reportero independiente se convirtió en el decimocuarto asesinato que ocurre en el país contra periodistas en lo que va de 2022, aunque el gobierno federal reconoce 12, de los que ayer informó hay 29 detenidos o buscados, de los cuales 21 ya han sido vinculados a proceso.

“El número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”, comentó Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.

Peña Palacios refirió que una de las medidas más eficientes contra la reiteración de los homicidios y agresiones “es la lucha contra la impunidad, es decir, llevar a los autores tanto materiales como intelectuales ante la justicia”, añadió.

La ONU-DH, que expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares del reportero, instó a que no se descarte la labor periodística de Arjón López como una de las líneas de la investigación, “recordando que los antecedentes personales de la víctima no anulan los riesgos específicos que enfrentan las y los periodistas”.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde 2000, al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística. Desde que el presidente López Obrador llegó al poder se han contabilizado alrededor de 2,000 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 39 asesinatos.

Un médico cubano fue asesinado a tiros en un hospital en el Estado de México, confirmaron autoridades locales.

El doctor, cuyo nombre no fue divulgado, pero que una mujer que se identificó en Facebook como la hermana del médico lo identificó como Ernesto Oliva Legra, fue asesinado el viernes junto con una enfermera y otra mujer en un hospital de Ecatepec, precisaron las autoridades esta semana.

El crimen ocurre en medio de críticas al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de traer a médicos cubanos a zonas donde no hay médicos disponibles, principalmente por ser plazas en localidades peligrosas o remotas.

El médico cubano asesinado en el municipio mexiquense al parecer llevaba tiempo en el país y no era parte del programa actual.

Sin embargo, su muerte despertó interrogantes sobre si algunas zonas de México son demasiado peligrosas para los médicos cubanos al igual que para los nacionales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo que dos hombres armados irrumpieron en el hospital en la madrugada del viernes y preguntaron en la recepción por una paciente. Al no poder ubicarla, los individuos obligaron a la recepcionista a abrir la puerta de una zona médica del segundo piso, donde abrieron fuego, matando a la enfermera y a otra mujer, e hiriendo al médico.

El médico falleció a causa de las heridas en otro hospital donde era atendido. La prensa local reportó que la otra víctima era una mujer que estaba visitando a un familiar en tratamiento. Anteriormente, miembros de pandillas han irrumpido en hospitales para matar a rivales heridos.

En julio, graduados de la Facultad de Medicina y otros residentes protestaron en todo el país luego del asesinato a tiros a mediados de mes de Erick David Andrade, un pasante de 24 años de edad que estaba atendiendo a un paciente en Durango.

Andrade estaba por terminar el «servicio social» exigido a todo estudiante de medicina antes de poner ingresar a una residencia o pasantía. Días antes, el 11 de julio, una anestesióloga fue asesinada a tiros en su vivienda en Chihuahua.

Críticos han presentado recursos judiciales contra el plan de contratar a más de 500 médicos cubanos, de los cuales más de 100 ya han llegado a México y están trabajando en los estados de Nayarit y Colima.

Una de las demandas sostiene que el gobierno no ha demostrado que los médicos cubanos tienen la capacidad o el entrenamiento para trabajar en México, y que la mayor parte del salario de los médicos terminará en las arcas del gobierno cubano.

Este miércoles se reportó el asesinato del periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, quien fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato.

De acuerdo con las primeras versiones, el periodista se encontraba en un bar, propiedad de su familia, cuando un grupo armado llegó al lugar y abrió fuego. No fue la única persona que perdió la vida; en total se reporta la muerte de cuatro de los presentes, mientras que dos más resultaron heridos.

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas y Artículo 19 informaron sobre el asesinato, aunque señalaron que tiene conocimiento que el periodista tenía antecedentes de amenazas.

Artículo 19 pidió a FEADLE de la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y considerar su labor informativa como móvil del crimen.

También hizo un llamado al Mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas a contactar a familiares y colega de Ernesto a fin de otorgar las medidas de protección necesarias.

“Exigimos al Estado Mexicano actuar de manera urgente para frenar este fenómeno (asesinatos de periodistas) y nos unimos al dolor de la familia, amigxs y colegas de Ernesto.

Ernesto Méndez fue colaborador del medio Zona Franca y El Correo. Su muerte sumaría 13 periodistas asesinados en lo que va del año, aunque el gobierno federal solo reconoce 10.

Apenas ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa, entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa in memoriam a 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha.

Los 13 periodistas asesinados en México, a quienes se les confirió el Gran Premio a la Libertad de Prensa son: Sheila Johana García Olivera y Yessenia Mollinedo Falconi, asesinadas en mayo en Veracruz; Luis Enrique Ramírez, muerto en Sonora en mayo; Armando Linares, fallecido en marzo en Michoacán; Juan Carlos Muñiz, asesinado en marzo en Zacatecas; Heber López Vásquez, muerto en febrero en Oaxaca; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en Baja California en enero; José Luis Gamboa, fallecido en enero en Veracruz; Alfredo Cardoso Echeverría y Fredy López Arévalo, asesinados en octubre del 2021 en Guerrero y Chiapas respectivamente.

Además, se reconoció a Roberto Toledo y Jorge Camero, asesinados en enero y marzo de este año en Sonora y Michoacán respectivamente, aunque sus crímenes no son reconocidos por el gobierno en relación con su profesión.

La otra muerte que no fue reconocida por SIP pero que sucedió este año es la de Antonio de la Cruz, quien fue asesinado a finales de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Shinzo Abe, primer ministro japonés que más tiempo permaneció en funciones, y tras dejar el cargo mantuvo una gran influencia y poder político, fue asesinado este viernes mientras pronunciaba un discurso de campaña.

Amado por los conservadores, odiado por muchos progresistas, ninguna de sus políticas provocó mayores divisiones que su sueño, finalmente infructuoso, de reformar la constitución, por la cual Japón renuncia a la guerra.

El disparo que le arrebató la vida se dio minutos después de que Abe empezó a hablar en el acto político en Nara y horas después lo declararon muerto en un hospital.

La policía arrestó al sospechoso de efectuar el disparo en el lugar de los hechos, situación que conmocionó a todo Japón, uno de los países más seguros y con las leyes de control de armamentos más estrictas del mundo.

Cerca del sospechoso se halló un artefacto de doble caño que parecía ser un arma de fabricación casera.

Abe, un político de raza al que educaron para que siguiera los pasos de su abuelo, el ex primer ministro Nobusuke Kishi, fue quizás la personalidad más polémica y compleja de la historia reciente de Japón. Provocó la furia tanto de los progresistas en el país como de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial con su campaña belicosa para reformar las fuerzas armadas y su posición revisionista de que el veredicto de la historia por el pasado brutal de Japón fue injusto con el país.

Al mismo tiempo, revitalizó la economía japonesa, encabezó los esfuerzos para que cumpliera un papel más destacado en Asia y fue uno de los pocos faros de estabilidad política hasta su renuncia hace dos años por razones de salud.

«Es la figura política más imponente de las últimas décadas», aseguró Dave Leheny, politólogo en la Universidad Waseda. «Quería que Japón recibiera en el escenario global el respeto que, según él, merecía. Además, quería que Japón dejara de tener que pedir perdón por la Segunda Guerra Mundial».

La televisión pública NHK trasmitió un dramático video de Abe cuando pronunciaba un discurso en una estación ferroviaria en la ciudad occidental de Nara. Estaba de pie, con traje azul marino y alzaba el puño cuando resonaron los disparos.

Se vio a los guardias de seguridad derribar a un hombre de camisa gris y someterlo contra el pavimento. Al caer, Abe se llevó las manos al pecho, con la camisa manchada de sangre.

La policía de la prefectura de Nara confirmó el arresto del sospechoso, al que identificó como Tetsuya Yamagami, de 41 años. NHK informó que fue marinero de la Armada japonesa durante tres años a principios del 2000.

Abe renunció a la jefatura de gobierno en 2020 porque dijo que la colitis ulcerosa que padecía desde la adolescencia había resurgido. Dijo a la prensa en ese momento que le resultaba «desgarrador» no haber alcanzado muchos de sus objetivos, como la reforma constitucional, la normalización de las relaciones con Corea del Norte, la solución de disputas por islas con sus vecinos y la firma de un tratado de paz con Rusia para poner formalmente fin a las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial.

Al renunciar, era el primer ministro de mayor permanencia contando los días consecutivos en funciones. Superó el récord de su tío abuelo Eisaku Sato, que cumplió 2.798 días en el cargo de 1964 a 1972.

Tras el asesinato, las fuerzas políticas de Japón informaron que seguirán adelante con las elecciones del domingo a la Cámara de Consejeros de Japón, la cámara alta de la Dieta o el Congreso japonés.

El primero en confirmarlo fue el secretario general del partido Liberal Democrático (PLD) al que pertenecía Abe, quien ha ratificado que la formación proseguirá con los actos de campaña previstos para el sábado «para demostrar que el país no va a sucumbir al miedo».

A continuación, el primer ministro de Japón y presidente del PLD, Fumio Kishida, ha insistido en que las elecciones se desarrollarán según lo previsto. «Las elecciones son el pilar de la democracia y la democracia hay que defenderla», ha declarado Kishida.

«No podemos rendirnos ante la violencia y por esta razón seguiremos luchando en la campaña electoral hasta el final. Espero que el pueblo de Japón piense en ello y trabaje duro para proteger a nuestra democracia», apuntó.

Twitter y Facebook anunciaron que ambas plataformas de redes sociales eliminarán cualquier video del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe que infrinja sus reglas sobre contenido dañino.

En las redes sociales circulaban varios videos del ataque que mostraban a un hombre armado disparando dos veces un arma en contra de Abe. Algunos solo mostraban los momentos antes y después del ataque, mientras que otros mostraron ambos disparos.

Meta dijo que estaba eliminando los videos que mostraban el momento del ataque y que había desactivado las cuentas de Facebook e Instagram del sospechoso; en tanto Twitter dijo que sus equipos de aplicación de las normas estaban trabajando para «abordar el contenido dañino» relacionado con el ataque y «eliminar de manera proactiva» el material que viola sus reglas, que incluyen restricciones en contenido delicado, como la violencia explícita.

Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden afirmó que el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe era una «tragedia para Japón y todos los que lo conocieron».

Biden, que se dijo «atónito, conmocionado y profundamente entristecido» por la noticia. Rindió homenaje en un comunicado a un hombre que había «dedicado su vida» a servir al pueblo japonés.

También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó sus condolencias a amigos y familiares del ex primer ministro, así como al pueblo de Japón, por el asesinato del político, que calificó como «muy lamentable».

El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moïse, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.

Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los responsables y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.

El 7 de julio del año pasado, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.

Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.

Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.

No es todo. La justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.

Además, el parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moïse no había convocado elección alguna.  Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.

La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial. Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.

Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.

Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan «serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República», según dijo.

Una breve ceremonia tuvo lugar esta mañana en el jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital. «A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias», dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.

En medio de las críticas a la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de «abrazos, no balazos», y a que ha desmentido que haya una ola generalizada de violencia en el país, siete personas, familiares entre sí, fueron asesinadas este fin de semana en Veracruz.

Según la Fiscalía estatal, tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, fueron baleados en su domicilio del municipio de Boca del Río. Los cuerpos fueron encontrados el domingo.

Las víctimas «son integrantes de una sola familia que se dedicaba al negocio de las carnicerías por medio de una cadena de establecimientos», dijo a la agencia AFP una fuente de la Guardia Nacional.

Las autoridades encontraron los cuerpos luego de que la Policía recibiera un reporte telefónico sobre un herido de bala en la vivienda donde se cometieron los crímenes. El hombre falleció cuando era trasladado a un hospital.

México es golpeado por una fuerte crisis de violencia. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mayo pasado fueron asesinadas 12,737 personas.

La mayoría de los asesinatos son atribuidas a choques entre bandas del crimen organizado, involucradas en delitos como narcotráfico, robo de combustible, secuestro y extorsión, entre otros.

El pasado sábado, un oficial del Ejército murió durante un operativo en el que fueron capturados tres presuntos narcotraficantes en la ciudad de Caborca, Sonora, informó esta mañana durante su conferencia el presidente López Obrador.

Los cuestionamientos a la estrategia de seguridad se intensificaron después de que el pasado 27 de junio dos sacerdotes jesuitas fueran asesinados dentro de una iglesia en una comunidad del estado de Chihuahua.

«Estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia», reiteró AMLO al defender su estrategia de seguridad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves en que hay una campaña en contra de su administración desde hace algún tiempo, en donde sus detractores son capaces de inventar cualquier cosa, apoyados por los medios.

Indicó que el caso más claro es el de los sacerdotes jesuitas asesinados, que si bien calificó como lamentables, sirvieron para que de inmediato se lanzara la campaña en contra del gobierno.

«Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: ‘Esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona y, aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores tenía protección o actuaba con tolerancia’. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo», reclamó AMLO.

Criticó que los propios sacerdotes, compañeros de los que perdieron la vida, salieran con expresiones como «ya no nos alcanzan los abrazos», cuestionando directamente la estrategia de seguridad del gobierno federal.

«¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?», contestó el presidente

Preguntó por qué no actuaron o cuestionaron de esa manera durante el sexenio de Felipe Calderón.

«¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, cuando se decía a los altos mandos del Ejército: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad», añadió el mandatario.

En ese sentido, pidió tener cuidado con mezclar asuntos de otra naturaleza con la «politiquería». Dijo que una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra mentir o levantar falsos testimonios.

López Obrador aprovechó para señalar que el Papa Francisco, un hombre con convicciones, un verdadero cristiano, y uno de los mejores Papas que ha habido en la historia de la Iglesia católica, es el único que ha actuado con prudencia en torno a este caso.

«Francisco, excepcional. Y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México, porque en la Independencia el Papa no estaba de acuerdo. Bueno, aunque existe la polémica, se excomulgo a Hidalgo y a Morelos, a los padres de nuestra patria (…) muy distinto a lo del Papa Francisco, un gran dirigente político, religioso, humano», remató.

El periodista Antonio de la Cruz fue asesinado este miércoles en las inmediaciones de su domicilio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los primeros reportes señalan que De la Cruz fue atacado en el fraccionamiento Puerta de Tamatán, resultado heridas también su esposa y su hija.

El grupo editorial Expreso-La Razón, de donde Antonio de la Cruz era colaborador, exigió a las autoridades hacer justicia, y que el crimen no sea otro más que quede impune.

Por su parte el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas, afirmó en un breve encuentro con los medios que los principales sospechosos del asesinato «son los del gobierno del estado».

«Es un lamentable que estos cabrones del gobierno hayan asesinado a un hombre de bien (…) comprobado lo tengo», dijo al exigir al Fiscal del Estado que se haga justicia.

Indicó que Antonio denunciaba los actos de corrupción del gobierno estatal actual, aunque negó que haya recibido amenazas de muerte previamente.

Con la muerte de Antonio de la Cruz, suman 12 los periodistas asesinados en lo que va del año. Se contabiliza la muerte de otros comunicadores en lo que va de 2022:

  • José Luis Gamboa Arenas, de Veracruz.
  • Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, de Baja California.
  • Roberto Toledo y Armando Linares, de Michoacán.
  • Heber López, de Oaxaca.
  • Jorge Luis Camero Zazueta, en Sonora
  • Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas
  • Luis Enrique Ramírez Ramos, Sinaloa
  • Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, de Veracruz.

Sin embargo, para el gobierno federal, la cifra de comunicadores asesinados en relación a su labor se reduce a nueve.

La Compañía de Jesús en México pidió este jueves al gobierno federal garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, donde la tarde del lunes fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico dentro de una iglesia en el municipio de Urique.

“Pedimos garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui y diseñar un programa integral de rescate para regiones lastimadas por la violencia como la Sierra Tarahumara”, señaló en un comunicado la orden religiosa.

Confirmaron que los cuerpos encontrados la tarde de ayer por las autoridades sí corresponden a Javier Campos y Joaquín César Mora, asesinados cuando intentaban proteger a Fernando Palma, el guía turístico que era perseguido por un sicario.

Asimismo, luego de hacerse público que en los hechos podría haber otras víctimas de desaparición, hicieron un llamado a que la búsqueda de estas personas continúe, especialmente porque, recordaron, en México hay más de 100,000 personas desaparecidas.

“El hallazgo de nuestros hermanos a 72 horas de desaparición tras una búsqueda coordinada por los tres niveles de Gobierno refleja una atención intensa; al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que esta acción es poco accesible a la inmensa mayoría de familias cuyos casos no concitan atención pública”, precisaron.

Los religiosos afirmaron que seguirán sus labores como jesuitas de la sierra Tarahumara y acudirán a Cerocahui a refrendar su compromiso con la comunidad.

“En ese contexto, estaremos informando sobre las exequias de nuestros hermanos, sabedores y agradecidos porque muchos y muchas querrán acompañar ese momento para expresar así su rechazo a la violencia que lastima al país”, puntualizaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el gobierno federal realiza una investigación a fondo sobre el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en el municipio de Urique, Chihuahua, que ocurrió al interior de una iglesia.

Señaló que aunque se trata de un asunto del fuero común, instruyó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asistir a la zona.

“Hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones. (…) Se está haciendo el trabajo que nos corresponde con elementos suficientes del gobierno federal y vamos a tener resultados”, añadió AMLO.

El mandatario dijo que el caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, aunque reiteró que habrá apoyo de la federación, pues lo que «importa» es encontrar los cuerpos y detener a los responsables.

En ese sentido señaló que el presunto responsable de los asesinatos está acusado y cuenta con una orden de aprehensión desde 2018 por asesinar a un turista estadounidense.

“Se está pidiendo que si se tienen los elementos en la Fiscalía de Chihuahua o la Fiscalía General puedan sacar una ficha para la búsqueda de los responsables, que ayude en este asunto”, apuntó.

Además, confirmó que hay dos personas desaparecidas, entre ellas, la esposa de una de las víctimas, del guía de turistas que fue asesinado, por lo que integrantes de la Sedena continúan las operaciones de búsqueda.

Sin embargo, como se ha vuelto costumbre, el presidente recurrió a señalar al pasado para tratar de justificar lo ocurrido.

«Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado», acusó el mandatario.

Incluso dijo que esta situación que imperaba, es algo que saben la comunidad jesuitas así como los pobladores de Urique, donde ocurrieron lo hechos. También señaló que estas conductas delictivas son sabidas por otras comunidades como Chinipas y Creel. «Saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades», remató.

Añadió que la zona de la sierra tarahumara ha estado desde hace tiempo muy dominada por la delincuencia organizada. Puso como ejemplo lo sucedido en la Estación Creel, en 2008, cuando un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas.