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El periodista Gerardo Torres Rentería fue asesinado a balazos en la noche de ayer en Acapulco, Guerrero, informó la organización Alianza de Medios.

“Este día se confirmó el asesinato de Gerardo Torres Rentería”, quien fuera corresponsal de la agencia Reuters y de cadenas como TV Azteca y Telemundo, informó la organización en sus redes.

Detallaron que el ataque ocurrió en la colonia Icacos, del puerto de Acapulco, a donde llegaron elementos de la policía, para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de algún sospechoso, de acuerdo con los reportes preliminares.

Indicó que todavía está pendiente la confirmación de la vinculación del crimen con su labor periodística, pero de confirmarse, Torres Rentería sería el segundo periodista asesinado en México, en lo que va de 2023.

Recordemos que el pasado 12 de febrero, el periodista y activista de derechos humanos y ambientalista, Abisaí Pérez Romero, fue asesinado en Tula, Hidalgo.

Y es que en 2022, México se convirtió en el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 13 casos, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con la organización Artículo 19, un total de 157 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 en posible relación con su labor.

De estos, 37 han ocurrido durante el actual mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

Estados Unidos negó este jueves estar detrás del supuesto ataque ucraniano al Kremlin, y aseguró también que ni anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras.

“Nosotros no tenemos nada que ver con eso, Peskov miente”, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en declaraciones a la cadena MSNBC, en alusión a la acusación directa contra Estados Unidos lanzada por el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Kirby señaló que aunque todavía “no se sabe lo que pasó”, Washington no ha tenido nada que ver con lo ocurrido.

En una rueda de prensa posterior, recalcó que el Ejecutivo estadounidense está intentando recabar información pero todavía no tiene “ninguna prueba determinante” y adelantó que “tal vez nunca llegue a saberse qué sucedió”.

“La reacción de (el presidente ruso, Vladímir) Putin a ese supuesto ataque depende de él. (…) Desde el principio, los rusos han intentado hacer pasar esta guerra como una especie de combate de Occidente contra Rusia, de la OTAN contra Rusia, de Estados Unidos contra Rusia. Esto encaja en eso”, recalcó el funcionario.

Kirby aclaró que antes del inicio de la invasión, en febrero de 2022, Rusia “tenía opciones diplomáticas sobre la mesa y decidió ignorar todas las posibilidades” y optar por la guerra, por lo que “no se debería esperar que se resuelva la investigación” sobre este último incidente.

Sobre el hecho de que Ucrania decida atacar a Rusia en su territorio, el portavoz había afirmado a la cadena MSNBC que Estados Unidos “no dicta” la forma en que Ucrania se defiende.

“Nosotros no dictamos los términos en los que ellos (los ucranianos) se defienden o las operaciones que dirigen. Sin embargo, hemos sido claros, no animamos ni posibilitamos que Ucrania ataque fuera de sus fronteras”, dijo.

Kirby respondió así a las acusaciones de Peskov, quien este mismo jueves dijo que Washington estaba detrás del ataque ucraniano al Kremlin y de otros atentados en territorio ruso.

“Sabemos que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria. Estados Unidos “decide los objetivos y los medios, y Kiev ejecuta”, sostuvo.

El portavoz ruso recalcó que está en marcha una “investigación exhaustiva” del ataque con drones contra el Kremlin y que la respuesta rusa será “equilibrada y correspondiente a los intereses” del país.

Una madre que buscaba a su hijo desaparecido en Guanajuato, fue asesinada este martes en la comunidad San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, donde desapareció su hijo en abril de 2020.

La madre buscadora se convirtió así en la primera activista de su tipo en perder la vida este año.

Teresa Magueyal era una delas miles de mujeres que se movilizan por el país con la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos,.

Fue asesinada en la misma localidad donde el 6 de abril de 2020 desapareció su hijo, según informó el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Una Promesa por Cumplir.

“Hoy otra madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo”, señaló el colectivo mediante un comunicado publicado en redes sociales.

“Condenamos su cobarde asesinato y exigimos a las autoridades que investiguen de manera inmediata a los culpables de este terrible hecho. Asimismo pedimos que garanticen las medidas de reparación para su familia y mecanismos de no repetición, pues en Guanajuato las mujeres que buscamos no estamos seguras, nos matan a la luz del día en espacios públicos y total impunidad”, agregaron las activistas.

Según las primeras investigaciones, el ataque se produjo a las afueras de un jardín de niños en la comunidad San Miguel Octopan y ocurrió a las 11:00 hora local, cuando Magueyal estaba ubicada a un costado de la escuela con el mismo nombre.

Teresa Magueyal era integrante del colectivo que lamentó, al que se unió tras la desaparición de su hijo José Luis Apaseo Magueyal, quien fue visto por última vez el 6 de abril de 2020, precisamente en San Miguel Octopan.

De acuerdo con registros de varias organizaciones, en el estado de Guanajuato existen más de 3,500 desaparecidos.

En 2022, según cifras de gobierno federal, fueron asesinadas 5 activistas buscadoras de personas desaparecidas.

Foto: Twitter @FundarMexico

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que el cadáver que fue encontrado en Choix, Sinaloa, sí corresponde a José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua.

“Se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa, una comunidad rural, ya se confirma por los estudios, me acaban de pasar la información”, dijo el mandatario al interrumpir su conferencia de prensa.

Portillo Gil era el principal sospechoso de matar a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma, el pasado 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua.

La confirmación de López Obrador llega después de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGEC) había notificado el miércoles que estaba confirmando la identidad del cuerpo.

En su momento, AMLO comentó que “al parecer se trató de una ejecución” y que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revisarían si se trata del responsable de la muerte de los jesuitas.

Recordemos que el 20 de junio de 2022, los sacerdotes Campos Morales, de 79 años, y Mora Salazar, de 80, intentaron auxiliar y brindar protección al guía de turistas Palma, quien entró a una iglesia en la sierra Tarahumara de Chihuahua mientras huía de personas armadas, por lo que fueron asesinados los tres.

Organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México condenaron el asesinato. Al menos siete sacerdotes habían sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

El mandatario prometió una investigación “a fondo” y ofreció recompensa por el presunto homicida, pero también criticó a la Iglesia y a la comunidad jesuita por no denunciar la violencia en sexenios pasados.

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, que la hermana de “El Chueco” había reconocido en un inicio, la Compañía de Jesús en México emitió un pronunciamiento para advertir que su muerte no significaba justicia, por lo que pidió al gobierno acatar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la Justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara”, sentenció la comunidad jesuita.

El Cartel del Golfo entregó a cinco presuntos miembros del grupo Escorpión, a quienes señala como responsables del secuestro de los cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales fueron asesinados.

Según informaron medios locales este jueves, los cinco supuestos delincuentes aparecieron junto a una nota firmada por el grupo perteneciente al Cártel del Golfo, en el que condena los hechos y se disculpa con la sociedad por la muerte de dos de los estadounidenses y de una mexicana de 33 años, víctima de una bala perdida en el momento del secuestro.

Esto refuerza una de las líneas que sigue el gobierno federal, en la que no se descarta que el secuestro de los cuatro estadounidenses pudiera estar relacionado con operaciones de narcotráfico que las víctimas estuvieran realizando en nuestro país.

Reportes periodísticos señalan que los cuatro secuestrados tienen antecedentes penales relacionados con el tráfico, venta y consumo de drogas, así como portación de armas de fuego en Estados Unidos.

No obstante, el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, aseguró el pasado martes en una conferencia de prensa que la principal línea de investigación con la que estaban trabajando era de la de una “confusión” por parte de los delincuentes.

Según expuso una fuente de la administración estadounidense conocedora del caso a la cadena de televisión CNN, podrían haberles confundido con narcotraficantes haitianos.

Además, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas anunció este jueves que autoridades mexicanas aseguraron una clínica y una ambulancia que supuestamente fueron utilizadas para dar atención a las víctimas mientras permanecían privadas de su libertad.

Hasta el momento tan solo hay un detenido, José Guadalupe “N”, de 23 años y que realizaba labores de vigilancia en la casa en la que fueron localizadas las víctimas.

De momento se desconoce qué ha sucedido con los cinco supuestos implicados entregados por el cártel.

Los cuatro estadounidenses fueron secuestrados el pasado viernes, pero no fue hasta el domingo que se tuvo conocimiento del caso, cuando el Buró de Investigación Federal estadounidenses (FBI) emitió un comunicado.

Fueron encontrados el martes, cuando se confirmó que dos de ellos habían sido asesinados, mientras que los otros dos fueron repatriados a Estados Unidos.

El caso ha elevado la presión en Washington para que México actúe contra los cárteles de la droga, incluyendo una propuesta de congresistas republicanos para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó esta mañana de “ofensa” e “intervencionismo”.

La Fiscalía General de Estado de Morelos (FGE Morelos) minimizó la opinión forense que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a la muerte de Ariadna Fernanda, en la que determinó que su fallecimiento se debió golpes en la cabeza que recibió y no por broncoaspiración por intoxicación alcohólica.

La fiscalía morelense reiteró “que está comprometida y del lado de la víctimas y contra la violencia de género”, además de que se dijo “siempre abierta y dispuesta” a colaborar con todas y cada una de la autoridades para que se sancionen a los culpables.

La dependencia que encabeza Uriel Carmona Gándara indicó que la FGR contiene una “respetable opinión”, pero que no está emitida dentro de un procedimiento normativamente establecido.

En ese sentido, enfatizó que “esa opinión forense no es jurídicamente vinculante” para la investigación que continúa abierta en Morelos o para el proceso judicial de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México. Enfatizó que “no existe pugna” entre ambas fiscalías.

La FGE Morelos aclaró que no ha sido requerida formalmente por la FGR para entregarle información o constancias procesales del asunto de Ariadna Fernanda, además de que tampoco se ha “sometido” al análisis pericial de la FGR en relación con la causa del fallecimiento de la joven.

“Solamente las autoridades jurisdicionales, jueces y magistrados, tienen la facultad de determinar cuál de los dos resultados forenses deberá prevalecer, y esto dentro del proceso penal que se sigue por el delito de feminicidio en la Ciudad de México”, señaló la fiscalía estatal.

También dijo que desconoce los trabajos forenses que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como los estudios que sustentan la opinión de la FGR. Reiteró que el dictamen de la FGJCDMX se ha solicitado oficialmente, y al momento no se ha entregado.

Insistió en que la necropsia practicada estuvo a cargo de un equipo de forenses integrado por mujeres profesionales, aplicando los protocolos de investigación con perspectiva de género que corresponden al delito de feminicidio, respaldando el trabajo y dictamen presentado.

El periodista Pedro Pablo Kumul fue asesinado a balazos el lunes en Xalapa, Veracruz, informó este martes el medio para el que trabajaba.

Kumul es el decimonoveno comunicador asesinado en nuestro país en lo que va de año, según cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aunque dicha cifra difiere de las muertes que reconoce el gobierno federal.

El periodista era reportero y locutor de AX Noticias, medio en redes sociales que informó este martes de su asesinato a través de un comunicado y que exigió al gobernador del estado, Cuitláhuac García, investigar el crimen para dar con los responsables.

“Lamentamos el terrible suceso que aconteció esta tarde en la localidad del Castillo donde perdió la vida nuestro amigo, locutor y reportero de este medio de comunicación, AX Noticias, y de Es Amor 104.5 HD”, informó el medio en su mensaje.

El crimen tuvo lugar la tarde de ayer en la localidad de El Castillo cuando, según informaron medios locales, le dispararon en varias ocasiones mientras conducía el taxi en el que también trabajaba, el cual acabó estrellado contra un poste de luz y donde fue hallado sin vida.

En el momento de los hechos, Kumul iba acompañado por su pareja sentimental, quien se salvó del ataque.

Los presuntos asesinos, según los mismos medios, huyeron del lugar antes de que llegaran los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fuerza Civil y Fuerzas Federales.

“En AX Multimedios nos unimos en oración y acompañamos con mucho amor y respeto a la familia de nuestro compañero”, añadió el medio de comunicación en el que trabajaba el periodista.

De acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa, son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en México en 2022. Con este último, son 155 los comunicadores asesinados en posible relación con su labor periodística en el país desde 2000, según la organización Artículo 19.

La comunidad jesuita en México lamentó que, después de cinco meses del asesinato de dos sacerdotes y un guía turístico en el norte del país, el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en el país.

“A cinco meses del asesinato de nuestros hermanos Javier (Campos) y Joaquín (Mora), junto con Pedro Palma, los jesuitas de México lamentamos que el caso siga impune y que la inseguridad prevalezca en la Sierra Tarahumara”, señalaron en un comunicado.

El 21 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que un día antes los sacerdotes fueron asesinados dentro de una iglesia en Cerocahui, en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua.

“Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes”, sostuvo entonces.

Las muertes de los religiosos fueron condenadas por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración del presidente López Obrador.

Días después del asesinato, el mandatario prometió una investigación “a fondo” y ofreció recompensa por el presunto homicida.

Sin embargo, la comunidad jesuita en México señaló que, “a más de 150 días de los dolorosos hechos, la paz no ha llegado a Cerocahui, como recientemente declaró la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”.

En este sentido, los jesuitas enfatizaron que, “en la comunidad prevalece la inseguridad, el miedo de que la situación quede en el olvido y de que el perpetrador regrese a la zona”.

Además, reprocharon que mientras no haya justicia no se podrá hablar de paz y reconciliación, dos estandartes de la estrategia de seguridad del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

También aprovecharon para insistir en su llamado a los diferentes niveles de gobierno, a fin de que se dé continuidad a la seguridad en el territorio serrano y se alcance la justicia que tanto añoran las comunidades.

“Nos sumamos al manifiesto de la Diócesis de Tarahumara, quien ha convocado a construir ‘un país donde verdaderamente reine la verdad y la justicia que nos lleven a la verdadera paz y amor’”, concluyeron los jesuitas.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) presentó ayer los avances que se tienen en la investigación del caso de una joven que fue encontrada sin vida en Morelos, revelando que la mujer murió por un trauma múltiple.

En un breve mensaje a medios, la titular de la FGJCDMX informó que el cuerpo de la joven, a quien se ha identificado como Ariadna Fernanda López Díaz, presentaba diversas lesiones por golpes y una nueva necropsia determinó que el motivo de la muerte fue un trauma múltiple que se clasifica como mortal.

Según reportes, la joven desapareció tras asistir a un bar de la colonia Condesa, donde fue vista por última vez el pasado 30 de octubre; posteriormente abordó un taxi y un día después fue encontrada sin vida.

Apenas el viernes de la semana pasada, la Fiscalía General de Morelos descartó que la muerte de la joven se tratara de un feminicidio, e incluso señaló que su deceso se debió a una broncoaspiración, supuestamente provocada por el exceso en el consumo de alcohol.

Sin embargo, la FGJCDMX aseveró que luego de la necropsia, la cual fue solicitada por la familia de la joven, se determinó que el motivo del fallecimiento “fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal”.

La Fiscalía capitalina detalló que detectives tuvieron acceso a imágenes de cámaras particulares de videovigilancia de un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur, donde aparece que el 31 de octubre por la mañana un hombre salió de un departamento cargando al hombro a una mujer que se veía inconsciente e inmóvil.

Posteriormente, el individuo, identificado como Rautel “N” se dirigió al estacionamiento para subir a la mujer a una camioneta.

De acuerdo con la Fiscalía, tras obtener una autorización judicial, investigadores realizaron un cateo al inmueble referido donde, a pesar de haber sido limpiado, expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales encontraron, con pruebas de luminiscencia, presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la habitación.

Por la mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las autoridades lograron ubicar y detener en Ecatepec, Estado de México, a Vanessa “N”, quien presuntamente estaría implicada en la muerte de Ariadna.

“La investigación realizada es sólida y clara, y nuestro compromiso es detener a todos los responsables”, apuntó en su cuenta de Twitter.

Hoy por la madrugada, Rautel “N”, segundo implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda, se se presentó en la Fiscalía especializada en Feminicidio de Nuevo León, donde se dijo inocente.

“Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en dios que sabe que soy inocente”, dijo el implicado quien llegó acompañado de abogados.

Rautel “N” llamó a sus amigos a salir a las calles y ayudarle a difundir que es inocente, incluso si es necesario que hagan algún movimiento para que la gente sepa quién es.

Seis policías murieron este miércoles en un ataque armado en el municipio de Calera, en Zacatecas, uno de los estados con más violencia del país.

Los elementos de la policía municipal estaban ejercitándose en una unidad deportiva cuando sujetos aún no identificados los agredieron con armas de fuego; se reportó que en un primer momento murieron cinco de los agentes, según reportó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas.

“Minutos después, el director y el subdirector de esta misma corporación, a su arribo al lugar de la agresión, también fueron lesionados; lamentablemente cuando eran trasladados a recibir atención médica, el director también murió, contabilizándose a este momento seis policías sin vida”, detallaron las autoridades.

El organismo, parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, indicó que aún continúan las acciones operativas y la investigación está en curso, por lo que “por el momento es la información que puede ser brindada”.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, expresó en redes sociales su pésame por el “cobarde ataque” y aseveró que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz “que actúe con oportunidad y eficiencia para dar con los culpables”.

“Quienes se encuentran al frente de la estrategia para brindar paz a las y los zacatecanos cuentan con todo el respaldo del Gobierno que encabezo. En este, como en todos los casos de violencia que atentan contra su integridad, haremos lo necesario para que la justicia prevalezca”, sostuvo el gobernador.

Zacatecas es el estado con la mayor tasa de homicidios, 109 por cada 100,000 habitantes en 2021, y es también una de las seis entidades territoriales del país en alerta de viaje por el gobierno de Estados Unidos por su incremento de la violencia.

De enero a agosto han sido asesinadas en México 20,722 personas, un promedio de 85 por día, de las cuales 861 fueron ultimadas en Zacatecas. En el mismo período han sido asesinados 37 policías en Zacatecas, según la ONG Causa en Común.

Desde 2000 se disputan Zacatecas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por cuyo jefe, Nemesio Oseguera “El Mencho”, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, y el de Sinaloa, que sobrevivió a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Zacatecas es una ruta estratégica hacia el mercado de drogas estadounidense y los puertos del Pacífico y el Golfo de México.

El periodista Fredid Román fue asesinado la tarde de ayer en Chilpancingo, Guerrero, con lo que suman 15 comunicadores muertos en lo que va del 2022 en nuestro país.

Román fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su automóvil en la colonia Progreso, de Chilpancingo, capital del estado.

De acuerdo con reportes de la Policía Estatal, Fredid Román quedó herido al interior del vehículo. Sin embargo, cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, el periodista ya había fallecido por los impactos de bala recibidos en distintas partes del cuerpo.

“Personal ministerial y de los servicios periciales se trasladaron al lugar de los hechos para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos”, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

Además, las autoridades confirmaron que se dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de “homicidio por arma de fuego, en contra de quienes resulten responsables, en agravio de Fredid ‘N'”.

Actualmente Román redactaba la columna La Realidad Escrita con circulación en medios locales. Anteriormente fue fundador del extinto diario impreso La Realidad; también dirigió Expresión Popular y colaboró en distintos medios de comunicación en el estado.

Publicó su último artículo horas antes de ser asesinado, en el hablaba sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa secuestrados, torturados y asesinados la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, también en el estado de Guerrero.

En su artículo ‘Crimen de Estado’ criticaba la decisión de exculpar al que fuera presidente, Enrique Peña Peña Nieto, y al que era ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, “jefes político y militar” de Jesús Murillo Karam, encargado de aquel caso y que fue detenido tras la investigación de una comisión sobre aquello.

La Fiscalía de Guerrero señaló que una de las líneas de investigación que se siguen podría estar relacionada con el asesinato del hijo de Fredid Román, ocurrido en Ocotito, Chilpancingo, el pasado 1 de julio, más no por su ejercicio periodístico.

La asociación Club de Periodistas de Guerrero manifestó en un escrito que, si bien su colega no tocaba temas de violencia, en días pasados acudió a la FGE a exigir justicia por el asesinato de uno de sus familiares.

“A la Fiscalía General de Guerrero le exigimos pronta investigación del homicidio así como de una presunta filtración de la exigencia de justicia que hizo nuestro compañero ante ese órgano de procuración de justicia”, dice el documento.

En tanto, la FGE de Guerrero sostuvo que “efectúa trabajos de investigación y seguimiento para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que se aplique la ley a los responsables de diversos delitos”.

Con el asesinato de Fredid Román suman 16 periodistas asesinados en Guerrero del año 2000 a la fecha, y es el segundo asesinado en el actual gobierno estatal.

Recientemente, el representante adjunto en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que “el número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde el 2000 al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística. Mientras que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han contabilizado alrededor de 2,000 agresiones contra la prensa, incluyendo 40 asesinatos, 15 en lo que va de este año.

Al respecto, esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente se refirió al asesinado como un “lamentable caso” y dijo que ya se está atendiendo.

Envío un abrazo a los familiares y amigos de Fredid Román, y expresó su tristeza por el crimen.

“Ya estamos trabajando, hoy en la mañana lo tratamos durante la reunión de seguridad, y pasado mañana ya les tenemos informe, lo mismo de otros casos, o sea que se está avanzando”, remató.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este viernes el crimen del periodista Juan Arjón López, asesinado en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena y llama a esclarecer el asesinato del periodista Juan Arjón López en Sonora”, dijo el organismo en un comunicado.

El martes, el cuerpo de Arjón López, titular del programa “A qué le temes”, fue encontrado sin vida, a una semana de que fuera visto por última vez. Fue localizado a unos kilómetros de la frontera con Arizona, Estados Unidos.

ONU-DH recordó que el reportero divulgaba, entre otros temas, denuncias ciudadanas de la zona de San Luis Río Colorado, así como reportes de hechos policiacos y, adicionalmente, trabajaba en un restaurante de su localidad.

Señaló que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, la causa de muerte de Arjón López indicaría que podría tratarse de un homicidio por traumatismo craneoencefálico, además de presentar otras marcas de golpes violentos en su cuerpo.

El crimen del reportero independiente se convirtió en el decimocuarto asesinato que ocurre en el país contra periodistas en lo que va de 2022, aunque el gobierno federal reconoce 12, de los que ayer informó hay 29 detenidos o buscados, de los cuales 21 ya han sido vinculados a proceso.

“El número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”, comentó Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.

Peña Palacios refirió que una de las medidas más eficientes contra la reiteración de los homicidios y agresiones “es la lucha contra la impunidad, es decir, llevar a los autores tanto materiales como intelectuales ante la justicia”, añadió.

La ONU-DH, que expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares del reportero, instó a que no se descarte la labor periodística de Arjón López como una de las líneas de la investigación, “recordando que los antecedentes personales de la víctima no anulan los riesgos específicos que enfrentan las y los periodistas”.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde 2000, al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística. Desde que el presidente López Obrador llegó al poder se han contabilizado alrededor de 2,000 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 39 asesinatos.

Un médico cubano fue asesinado a tiros en un hospital en el Estado de México, confirmaron autoridades locales.

El doctor, cuyo nombre no fue divulgado, pero que una mujer que se identificó en Facebook como la hermana del médico lo identificó como Ernesto Oliva Legra, fue asesinado el viernes junto con una enfermera y otra mujer en un hospital de Ecatepec, precisaron las autoridades esta semana.

El crimen ocurre en medio de críticas al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de traer a médicos cubanos a zonas donde no hay médicos disponibles, principalmente por ser plazas en localidades peligrosas o remotas.

El médico cubano asesinado en el municipio mexiquense al parecer llevaba tiempo en el país y no era parte del programa actual.

Sin embargo, su muerte despertó interrogantes sobre si algunas zonas de México son demasiado peligrosas para los médicos cubanos al igual que para los nacionales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo que dos hombres armados irrumpieron en el hospital en la madrugada del viernes y preguntaron en la recepción por una paciente. Al no poder ubicarla, los individuos obligaron a la recepcionista a abrir la puerta de una zona médica del segundo piso, donde abrieron fuego, matando a la enfermera y a otra mujer, e hiriendo al médico.

El médico falleció a causa de las heridas en otro hospital donde era atendido. La prensa local reportó que la otra víctima era una mujer que estaba visitando a un familiar en tratamiento. Anteriormente, miembros de pandillas han irrumpido en hospitales para matar a rivales heridos.

En julio, graduados de la Facultad de Medicina y otros residentes protestaron en todo el país luego del asesinato a tiros a mediados de mes de Erick David Andrade, un pasante de 24 años de edad que estaba atendiendo a un paciente en Durango.

Andrade estaba por terminar el “servicio social” exigido a todo estudiante de medicina antes de poner ingresar a una residencia o pasantía. Días antes, el 11 de julio, una anestesióloga fue asesinada a tiros en su vivienda en Chihuahua.

Críticos han presentado recursos judiciales contra el plan de contratar a más de 500 médicos cubanos, de los cuales más de 100 ya han llegado a México y están trabajando en los estados de Nayarit y Colima.

Una de las demandas sostiene que el gobierno no ha demostrado que los médicos cubanos tienen la capacidad o el entrenamiento para trabajar en México, y que la mayor parte del salario de los médicos terminará en las arcas del gobierno cubano.

Este miércoles se reportó el asesinato del periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, quien fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato.

De acuerdo con las primeras versiones, el periodista se encontraba en un bar, propiedad de su familia, cuando un grupo armado llegó al lugar y abrió fuego. No fue la única persona que perdió la vida; en total se reporta la muerte de cuatro de los presentes, mientras que dos más resultaron heridos.

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas y Artículo 19 informaron sobre el asesinato, aunque señalaron que tiene conocimiento que el periodista tenía antecedentes de amenazas.

Artículo 19 pidió a FEADLE de la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso y considerar su labor informativa como móvil del crimen.

También hizo un llamado al Mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas a contactar a familiares y colega de Ernesto a fin de otorgar las medidas de protección necesarias.

“Exigimos al Estado Mexicano actuar de manera urgente para frenar este fenómeno (asesinatos de periodistas) y nos unimos al dolor de la familia, amigxs y colegas de Ernesto.

Ernesto Méndez fue colaborador del medio Zona Franca y El Correo. Su muerte sumaría 13 periodistas asesinados en lo que va del año, aunque el gobierno federal solo reconoce 10.

Apenas ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa, entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa in memoriam a 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha.

Los 13 periodistas asesinados en México, a quienes se les confirió el Gran Premio a la Libertad de Prensa son: Sheila Johana García Olivera y Yessenia Mollinedo Falconi, asesinadas en mayo en Veracruz; Luis Enrique Ramírez, muerto en Sonora en mayo; Armando Linares, fallecido en marzo en Michoacán; Juan Carlos Muñiz, asesinado en marzo en Zacatecas; Heber López Vásquez, muerto en febrero en Oaxaca; Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en Baja California en enero; José Luis Gamboa, fallecido en enero en Veracruz; Alfredo Cardoso Echeverría y Fredy López Arévalo, asesinados en octubre del 2021 en Guerrero y Chiapas respectivamente.

Además, se reconoció a Roberto Toledo y Jorge Camero, asesinados en enero y marzo de este año en Sonora y Michoacán respectivamente, aunque sus crímenes no son reconocidos por el gobierno en relación con su profesión.

La otra muerte que no fue reconocida por SIP pero que sucedió este año es la de Antonio de la Cruz, quien fue asesinado a finales de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Shinzo Abe, primer ministro japonés que más tiempo permaneció en funciones, y tras dejar el cargo mantuvo una gran influencia y poder político, fue asesinado este viernes mientras pronunciaba un discurso de campaña.

Amado por los conservadores, odiado por muchos progresistas, ninguna de sus políticas provocó mayores divisiones que su sueño, finalmente infructuoso, de reformar la constitución, por la cual Japón renuncia a la guerra.

El disparo que le arrebató la vida se dio minutos después de que Abe empezó a hablar en el acto político en Nara y horas después lo declararon muerto en un hospital.

La policía arrestó al sospechoso de efectuar el disparo en el lugar de los hechos, situación que conmocionó a todo Japón, uno de los países más seguros y con las leyes de control de armamentos más estrictas del mundo.

Cerca del sospechoso se halló un artefacto de doble caño que parecía ser un arma de fabricación casera.

Abe, un político de raza al que educaron para que siguiera los pasos de su abuelo, el ex primer ministro Nobusuke Kishi, fue quizás la personalidad más polémica y compleja de la historia reciente de Japón. Provocó la furia tanto de los progresistas en el país como de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial con su campaña belicosa para reformar las fuerzas armadas y su posición revisionista de que el veredicto de la historia por el pasado brutal de Japón fue injusto con el país.

Al mismo tiempo, revitalizó la economía japonesa, encabezó los esfuerzos para que cumpliera un papel más destacado en Asia y fue uno de los pocos faros de estabilidad política hasta su renuncia hace dos años por razones de salud.

“Es la figura política más imponente de las últimas décadas”, aseguró Dave Leheny, politólogo en la Universidad Waseda. “Quería que Japón recibiera en el escenario global el respeto que, según él, merecía. Además, quería que Japón dejara de tener que pedir perdón por la Segunda Guerra Mundial”.

La televisión pública NHK trasmitió un dramático video de Abe cuando pronunciaba un discurso en una estación ferroviaria en la ciudad occidental de Nara. Estaba de pie, con traje azul marino y alzaba el puño cuando resonaron los disparos.

Se vio a los guardias de seguridad derribar a un hombre de camisa gris y someterlo contra el pavimento. Al caer, Abe se llevó las manos al pecho, con la camisa manchada de sangre.

La policía de la prefectura de Nara confirmó el arresto del sospechoso, al que identificó como Tetsuya Yamagami, de 41 años. NHK informó que fue marinero de la Armada japonesa durante tres años a principios del 2000.

Abe renunció a la jefatura de gobierno en 2020 porque dijo que la colitis ulcerosa que padecía desde la adolescencia había resurgido. Dijo a la prensa en ese momento que le resultaba “desgarrador” no haber alcanzado muchos de sus objetivos, como la reforma constitucional, la normalización de las relaciones con Corea del Norte, la solución de disputas por islas con sus vecinos y la firma de un tratado de paz con Rusia para poner formalmente fin a las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial.

Al renunciar, era el primer ministro de mayor permanencia contando los días consecutivos en funciones. Superó el récord de su tío abuelo Eisaku Sato, que cumplió 2.798 días en el cargo de 1964 a 1972.

Tras el asesinato, las fuerzas políticas de Japón informaron que seguirán adelante con las elecciones del domingo a la Cámara de Consejeros de Japón, la cámara alta de la Dieta o el Congreso japonés.

El primero en confirmarlo fue el secretario general del partido Liberal Democrático (PLD) al que pertenecía Abe, quien ha ratificado que la formación proseguirá con los actos de campaña previstos para el sábado “para demostrar que el país no va a sucumbir al miedo”.

A continuación, el primer ministro de Japón y presidente del PLD, Fumio Kishida, ha insistido en que las elecciones se desarrollarán según lo previsto. “Las elecciones son el pilar de la democracia y la democracia hay que defenderla”, ha declarado Kishida.

“No podemos rendirnos ante la violencia y por esta razón seguiremos luchando en la campaña electoral hasta el final. Espero que el pueblo de Japón piense en ello y trabaje duro para proteger a nuestra democracia”, apuntó.

Twitter y Facebook anunciaron que ambas plataformas de redes sociales eliminarán cualquier video del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe que infrinja sus reglas sobre contenido dañino.

En las redes sociales circulaban varios videos del ataque que mostraban a un hombre armado disparando dos veces un arma en contra de Abe. Algunos solo mostraban los momentos antes y después del ataque, mientras que otros mostraron ambos disparos.

Meta dijo que estaba eliminando los videos que mostraban el momento del ataque y que había desactivado las cuentas de Facebook e Instagram del sospechoso; en tanto Twitter dijo que sus equipos de aplicación de las normas estaban trabajando para “abordar el contenido dañino” relacionado con el ataque y “eliminar de manera proactiva” el material que viola sus reglas, que incluyen restricciones en contenido delicado, como la violencia explícita.

Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden afirmó que el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe era una “tragedia para Japón y todos los que lo conocieron”.

Biden, que se dijo “atónito, conmocionado y profundamente entristecido” por la noticia. Rindió homenaje en un comunicado a un hombre que había “dedicado su vida” a servir al pueblo japonés.

También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó sus condolencias a amigos y familiares del ex primer ministro, así como al pueblo de Japón, por el asesinato del político, que calificó como “muy lamentable”.

El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moïse, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.

Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los responsables y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.

El 7 de julio del año pasado, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.

Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.

Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.

No es todo. La justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.

Además, el parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moïse no había convocado elección alguna.  Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.

La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial. Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.

Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.

Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan “serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República”, según dijo.

Una breve ceremonia tuvo lugar esta mañana en el jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital. “A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias”, dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.