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La Compañía de Jesús en México pidió este jueves al gobierno federal garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, donde la tarde del lunes fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico dentro de una iglesia en el municipio de Urique.

“Pedimos garantizar la seguridad para la comunidad de Cerocahui y diseñar un programa integral de rescate para regiones lastimadas por la violencia como la Sierra Tarahumara”, señaló en un comunicado la orden religiosa.

Confirmaron que los cuerpos encontrados la tarde de ayer por las autoridades sí corresponden a Javier Campos y Joaquín César Mora, asesinados cuando intentaban proteger a Fernando Palma, el guía turístico que era perseguido por un sicario.

Asimismo, luego de hacerse público que en los hechos podría haber otras víctimas de desaparición, hicieron un llamado a que la búsqueda de estas personas continúe, especialmente porque, recordaron, en México hay más de 100,000 personas desaparecidas.

“El hallazgo de nuestros hermanos a 72 horas de desaparición tras una búsqueda coordinada por los tres niveles de Gobierno refleja una atención intensa; al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que esta acción es poco accesible a la inmensa mayoría de familias cuyos casos no concitan atención pública”, precisaron.

Los religiosos afirmaron que seguirán sus labores como jesuitas de la sierra Tarahumara y acudirán a Cerocahui a refrendar su compromiso con la comunidad.

“En ese contexto, estaremos informando sobre las exequias de nuestros hermanos, sabedores y agradecidos porque muchos y muchas querrán acompañar ese momento para expresar así su rechazo a la violencia que lastima al país”, puntualizaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que el gobierno federal realiza una investigación a fondo sobre el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en el municipio de Urique, Chihuahua, que ocurrió al interior de una iglesia.

Señaló que aunque se trata de un asunto del fuero común, instruyó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asistir a la zona.

“Hay elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; actuó de inmediato. Hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones. (…) Se está haciendo el trabajo que nos corresponde con elementos suficientes del gobierno federal y vamos a tener resultados”, añadió AMLO.

El mandatario dijo que el caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, aunque reiteró que habrá apoyo de la federación, pues lo que «importa» es encontrar los cuerpos y detener a los responsables.

En ese sentido señaló que el presunto responsable de los asesinatos está acusado y cuenta con una orden de aprehensión desde 2018 por asesinar a un turista estadounidense.

“Se está pidiendo que si se tienen los elementos en la Fiscalía de Chihuahua o la Fiscalía General puedan sacar una ficha para la búsqueda de los responsables, que ayude en este asunto”, apuntó.

Además, confirmó que hay dos personas desaparecidas, entre ellas, la esposa de una de las víctimas, del guía de turistas que fue asesinado, por lo que integrantes de la Sedena continúan las operaciones de búsqueda.

Sin embargo, como se ha vuelto costumbre, el presidente recurrió a señalar al pasado para tratar de justificar lo ocurrido.

«Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado», acusó el mandatario.

Incluso dijo que esta situación que imperaba, es algo que saben la comunidad jesuitas así como los pobladores de Urique, donde ocurrieron lo hechos. También señaló que estas conductas delictivas son sabidas por otras comunidades como Chinipas y Creel. «Saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades», remató.

Añadió que la zona de la sierra tarahumara ha estado desde hace tiempo muy dominada por la delincuencia organizada. Puso como ejemplo lo sucedido en la Estación Creel, en 2008, cuando un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas.

Dos jesuitas fueron asesinados en un templo de Chihuahua, y sus cuerpos fueron sustraídos por personas armadas, informó el martes el gobierno.

Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó los homicidios de los dos religiosos e indicó que las muertes ocurrieron durante una persecución dentro de una iglesia del municipio Urique, en Chihuahua, quienes tras asesinar a un hombre atacaron a los religiosos.

 López Obrador precisó que las autoridades ya tienen información sobre los posibles responsables de los asesinatos y agregó que la zona donde ocurrieron los hechos tiene «bastante presencia de la delincuencia organizada».

La Compañía de Jesús dijo en un comunicado que los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar fueron asesinados el lunes en el templo de la comunidad de Cerocahui del municipio Urique, sin ofrecer más detalles de cómo ocurrieron los hechos.

Al condenar los homicidios la congregación religiosa informó que los cuerpos de Campos Morales y Mora Salazar fueron sustraídos por personas armadas y exigió justicia y la recuperación de los cadáveres.

La Compañía de Jesús demandó a las autoridades que de manera inmediata adopten medidas de protección para asegurar la vida de los religiosos de la comunidad de Cerocahui que, aseguraron, enfrenta «condiciones de violencia y olvido» de parte del Estado.

En tanto, el gobierno de Chihuahua condenó los asesinatos de los religioso, mientras se activaron los mecanismos de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para brindar seguridad a los pobladores del lugar.

Chihuahua es uno de los seis estados que concentra la mitad de los homicidios del país junto con Michoacán, Guanajuato, Baja California, México y Jalisco, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Autoridades de Puebla acusaron este martes a la expareja de la activista mexicoespañola Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo, de ordenarle a su sobrino matar a la abogada con la ayuda de otra persona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la detención de Javier «N», expareja de Monzón y excandidato a gobernador del estado en 2010, además de su sobrino Jair «N» y de Silvestre «N», estos dos últimos por ser los presuntos tripulantes de la motocicleta que persiguió a la activista.

El informe de la Fiscalía también expuso que Silvestre fue quien accionó una pistola, marca Pietro Beretta modelo 92 A1 de calibre 9 milímetros, con matrícula J78072Z, en seis ocasiones contra el cuerpo de la víctima, lo que le causó las lesiones que terminaron con su vida.

Monzón murió el 21 de mayo cuando su automóvil fue baleado por dos sujetos que la abordaron en una motocicleta mientras circulaba por San Pedro Cholula, localidad del estado de Puebla.

El asesinato de Monzón, conocida defensora de derechos humanos y abogada de mujeres, ha despertado protestas de grupos feministas en México y la condena del Gobierno español, el Consejo de la Abogacía Catalana, la Unión Europea (UE) y de las Naciones Unidas.

La polémica creció al revelarse que, días antes de su asesinato, la abogada fue a la Fiscalía a demandar la pensión alimenticia al padre de su hijo, López Zavala, exsecretario de Gobernación del estado con el exgobernador Mario Marín, acusado de operar una red de pederastia y torturar a la periodista que lo reveló, Lydia Cacho.

Tras la investigación, la Fiscalía informó ahora que se detectó que los sicarios se trasladaron a un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, donde escondieron la motocicleta, la ropa y cascos que portaban en el momento de los hechos. López Zavala presuntamente proporcionó el vehículo y el arma de fuego.

Después del presunto feminicidio, los sospechosos abordaron una camioneta, propiedad de Santiago «N», exsecretario particular de López Zavala, para reunirse con el político.

La FGE decomisó objetos utilizados para el crimen, como la motocicleta, el arma de fuego y el casco de Jair, además de la placa de circulación de la motocicleta, un teléfono celular y diversa documentación personal a nombre de él. Las autoridades creen que Jair recibió la pistola y la motocicleta de las propias manos de su tío.

Tras las declaraciones de los involucrados, las autoridades determinaron que desde abril estaban organizando este hecho, por lo que comenzaron a estudiar los movimientos que tenía la activista.

Al menos dos sicarios asesinaron a tiros este sábado a la activista y abogada Cecilia Monzón, mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula, Puebla.

La también feminista fue alcanzada por un par de sicarios que viajaban en una motocicleta quienes le dispararon en al menos tres ocasiones, agresión que le provocó la muerte.

Cecilia Monzón era conocida en el ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el partido Verde Ecologista (PVEM).

La exfuncionaria dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, como agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias; además, evidenció las omisiones del sistema penal y fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas que forman parte de la esfera política en Puebla.

Monzón fue víctima de las trabas que existen en el sistema judicial mexicano para resolver temas con enfoque de género, pues quedó pendiente una denuncia por pensión alimenticia en contra del priista Javier López Zavala, padre de su hijo.

El pasado 20 de mayo, la víctima denunció a la Fiscalía General del Estado que el proceso legal no avanzaba, pese a cumplir con todos los elementos de prueba.

Sin embargo, según medios y activistas locales, aseguran que el principal sospechoso del asesinato de Cecilia Monzón, es el diputado del PRI, Jorge Estefan Chidiac, a quien denunció penalmente en recientes días por falsificación de firma.

A raíz de su asesinato, cientos de mujeres se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato.

Colectivos, ciudadanas y activistas pidieron celeridad en el proceso de investigación para evitar que se le dé carpetazo y se pueda dar con los responsables de este hecho que daña y lastima a la sociedad poblana.

Durante su protesta, los colectivos feministas aprovecharon para pasar lista de las mujeres que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio durante lo que va de 2022, para recordar que no han tenido justicia y que no son olvidadas.

Al mismo tiempo, la familia y amigos más cercanos de Monzón velaron a la activista y ofrecieron una misa de cuerpo presente

Cabe destacar que las autoridades locales no han dado una postura oficial de la investigación que se realiza al respecto, aunque el gobierno estatal, en un comunicado, condenó el crimen y se comprometió a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

En el país, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de 1,000 feminicidios.

Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo esta mañana que era un tema muy doloroso y envió un abrazo a sus familiares; señaló que desde que el gobierno federal tuvo conocimiento de los hechos, ha actuado y se encuentra trabajando en coordinación con el gobierno de Puebla.

«Fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron sobre ella», dijo AMLO.

Por su parte el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, dijo que el gobierno federal entró en contacto con el gobernador de Puebla y el fiscal estatal. Adelantó que hay material importante para la identificación de los agresores, y señaló que ya se realizan entrevistas para tener más detalles y pruebas que permitan esclarecer los hechos.

Autoridades anunciaron este martes la detención de un presunto implicado en el doble asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, a quienes mataron el pasado 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó la detención de un individuo identificado como Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, a quien señalan como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

En su cuenta de Twitter, la fiscalía informó que fueron agentes ministeriales, de manera conjunta con elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión.

Al detenido lo consideran presunto responsable del crimen de Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y de García Olivera, reportera del mismo medio de comunicación.

“El Mara” será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que se defina su situación jurídica; es decir, se determine si es legal la aprehensión y, posteriormente, si es procesado.

Recordemos que tras el crimen, las autoridades revelaron que seguían cuatro líneas de investigación, dos de ellas relacionadas con los primeros indicios que se levantaron en el lugar de los hechos. Otra más tiene que ver con la actividad que desarrollaban las víctimas en el medio electrónico, y la cuarta está relacionada con la filtración de unos audios.

Con Mollinedo y García suman 11 los periodistas asesinados en nuestro país en lo que va de año; Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), solo reconoce 9 casos este año, con 19 presuntos responsables detenidos o buscados, y 16 vinculados a proceso penal.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado 1,945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, y 2 desapariciones, un 85% más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto.

Otro periodista fue encontrado sin vida ayer en Sinaloa, convirtiéndose en el noveno comunicador asesinado en el país en lo que va del año.

La Fiscalía de Sinaloa informó que el cuerpo de Luis Enrique Ramírez Ramos fue hallado en un camino de tierra cerca de Culiacán.

Luis Enrique Ramírez era columnista del diario El Debate, pero a lo largo de su carrera trabajó en diferentes medios de comunicación de Sinaloa como el Noroeste y Milenio, entre otros y en el año 2011 el periodista tuvo que salir de Culiacán luego de que asesinaran a un colega.

Durante ese lapso dejó el estado y se acogió al Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno federal debido a que su caso fue considerado como persecución política pero volvió a Sinaloa en 2012 y fundó el diario digital Fuentes Fidedignas.

El sitio de noticias para el que trabajaba Ramírez Ramos, «Fuentes Fidedignas», informó que había sido secuestrado cerca de su casa.

Ramírez Ramos aparece como «director fundador» en el directorio del sitio web, que ha reportado relativamente poco sobre la violencia a manos de cárteles del narcotráfico en la entidad. Sin embargo, Fuentes Fidedignas sí reporta sobre disputas políticas locales, que compañeros del gremio apuntan como un tema riesgoso para los periodistas en México.

El Comité para la Protección de los Periodistas lamentó el asesinato y llamó «urgentemente a las autoridades a investigar los hechos».

Francisco Chiquete, reportero de Culiacán, dijo que Ramírez Ramos era un periodista muy profesional y capaz, y señaló que desde 2015 había expresado temores sobre represalias por su trabajo. Sin embargo, Chiquete comentó que no estaba al tanto de que su colega enfrentara alguna amenaza reciente.

Muchos asesinatos de periodistas en los últimos años en México han sido atribuidos a los cárteles de la droga, y los periodistas de las ciudades más violentas del país, como Culiacán, a menudo evitan los temas de narcotráfico por su propia seguridad.

En una entrevista de 2015 con la estación de radio MVS luego del asesinato del reportero Humberto Millán, Ramírez Ramos dijo que él no escribía sobre narcos, ni bien ni mal, pero que Millán tampoco lo hacía y eso no fue suficiente para que siguiera vivo.

La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, confirmó la muerte del comunicador a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales y detalló que el cuerpo fue localizado en un camino de terracería por la carretera «El Ranchito».

«Nuestras sinceras condolencias a su familia y nuestro compromiso de trabajar en esclarecer este hecho», agregó en su cuenta de Twitter.

El Congreso del Estado de Sinaloa condenó el crimen del periodista y exigió en redes sociales a las autoridades correspondientes «un pronto esclarecimiento y se castigue al o a las personas responsables. Nos solidarizamos con su familia y gremio periodístico».

«ARTÍCULO 19 lamenta y condena la desaparición y posterior asesinato del columnista del diario El Debate y fundador del diario digital Fuentes Fidedignas, Luis Enrique Ramírez, en Culiacán, Sinaloa, e informa que documenta los hechos», posteó por su parte la organización, que pidió a la Fiscalía de Sinaloa esclarecer el asesinato.

Miles de estudiantes salieron a las calles este martes en Guanajuato capital, para exigir el esclarecimiento de la muerte de su compañero Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de la Guardia Nacional.

“¡Ángel no murió, la Guardia lo mató!” y “¡Me quiero titular, no quiero que le lleven mi cuerpo a mi mamá!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los alumnos de la Universidad de Guanajuato, donde Ángel Yael, de 19 años, estudiaba agronomía.

Fue el 27 de abril en Irapuato, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon en contra de la camioneta en la que circulaba Ángel, quien falleció en el lugar. En el ataque también resultó herida su compañera, Edith Alejandra Carrillo Franco, de 22 años, mientras que el conductor del vehículo, Aarón Eduardo Ramírez Jorge, de 19, salió ileso.

Derivado de este incidente, al menos dos agentes fueron detenidos. Sin embargo, uno de ellos, que había sido imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, fue liberado el pasado sábado, decisión que será apelada, según anunció la propia Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta semana en su mañanera que los responsables deben ser sancionados. «La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”, afirmó.

Los estudiantes se reunieron este martes por la mañana en las escalinatas del edificio central de la universidad, las cuales amanecieron con pintura roja derramada, simulando sangre. De ahí partieron hacia la Plaza de la Paz.

En la marcha también estuvo presente la mamá de Ángel Yael, Norma Lucía Rangel Sánchez, quien agradeció la solidaridad de los alumnos con su hijo fallecido. “Créanme que desde el cielo, mi hijo los estará apoyando”, dijo.

Será el próximo viernes cuando se reanude la audiencia de imputación en contra del elemento de la Guardia Nacional que está en prisión preventiva, como presunto responsable de la muerte del estudiante.

Los padres del estudiante que murió por disparos de arma de fuego de un agente de la Guardia Nacional el pasado miércoles en Irapuato, Guanajuato, exigieron justicia este domingo luego de que el elemento fuera liberado por un juez.

El agente estaba señalado como presunto responsable de matar a Ángel Yael Ignacio Rangel, alumno de la Universidad de Guanajuato, pero fue puesto en libertad luego de que el juez resolviera no abrir un juicio en su contra.

«Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune», dijo Norma Lucía Rangel Sánchez, madre de Ángel Yael en un video en redes sociales este domingo. «Estoy consciente que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que no haya un caso más, que ninguna madre tenga que vivir esto», agregó.

La tarde del 27 de abril, Ángel Yael, de 19 años y quien cursaba la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, murió luego de ser atacado a balazos por un agente de la Guardia Nacional. El elemento fue remitido a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, el sábado un juez federal de control decidió no abrir un juicio en su contra, por lo que fue puesto en libertad.

Tras esta decisión, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el cual criticó que el presunto responsable haya sido imputado por el delito de tentativa de homicidio, cuando en realidad el incidente acabó con la vida de Ángel Yael y además dejó a otra alumna herida.

Además, sostuvo que la imputación no coincide con los hechos narrados, tras el incidente, por la propia Guardia Nacional en un boletín.

«Como hemos insistido, hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones, y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido», apuntó la nota firmada por el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Luego de conocer la resolución del juez, los padres de Ángel Yael publicaron un video en el que reiteraron su exigencia de que haya justicia tras lo ocurrido con su hijo.

Además, informaron que no aceptarán la reunión que les ofreció la oficial mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, mientras no reciban una explicación que sea justa y congruente con los hechos sucedidos el 27 de abril.

«Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente», dijo la madre.

La mujer resaltó que esperan que el Ministerio Público federal, tras lo resuelto por el juez de control, emprenda acciones inmediatas, además de que haya una investigación profunda para esclarecer el crimen de su hijo.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este domingo, la Guardia Nacional señaló que la investigación para deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, «sigue su curso y no está concluida».

Además, dijo que colaborará con las autoridades correspondientes «y aportará todos los elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos» y que no habrá impunidad en este hecho u otro en el que esté involucrado alguno de sus integrantes.

La institución recordó tanto los agentes, sus armas y los vehículos oficiales, están disponibles para cuando sean requeridos por el Ministerio Público».

En tanto, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en este caso.

Además, dijo que «asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos».

Un total de ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas a tiros al interior de una vivienda del municipio de Tultepec, Estado de México, informaron este lunes las autoridades locales.

«La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio inició a la carpeta de investigación respecto del homicidio por disparo de arma de fuego de ocho personas al interior de un domicilio en la colonia La Cañada, municipio de Tultepec, siete fallecieron en el lugar y una más en el hospital», señaló la Fiscalía estatal.

La FGJEM agregó que de las víctimas, seis eran mujeres y dos hombres, además de que entre ellas hay cuatro menores de edad.

«Atendiendo los primeros dichos de vecinos del lugar, se desprende que se escucharon diversas detonaciones de arma de fuego. Aunado a ello, personal de esta institución realiza la inspección de la zona a efecto de ubicar la existencia de cámaras de vigilancia», informó la Fiscalía estatal.

La institución aseguró que se continúa con la «investigación correspondiente» para esclarecer el hecho, e indicó que ya se están llevando a cabo las labores pertinentes para poder obtener la identidad de las víctimas.

Esta ataque ocurre luego de que en el primer bimestre del año, el Estado de México registrara 380 homicidios dolosos, de los 4,697 homicidios dolosos.

Recordemos que México registró 33,315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO9, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Cuatro hombres fueron asesinados en un establecimiento comercial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde el pasado domingo fueron asesinadas a balazos 19 personas que se encontraban en un palenque clandestinos, y uno más que resultó herido murió horas más tarde.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el nuevo ataque fue perpetrado cerca de la medianoche de ayer por un grupo de sicarios que irrumpió en un local comercial dedicado a la instalación de equipos de sonido para automóviles, ubicado en la zona centro del municipio de Hidalgo.

Los sicarios dispararon diversos tipos de armas de fuego en contra de sus víctimas, asesinando en el acto a tres de ellas y provocando graves heridas a la cuarta, la cual murió cuando recibía atención médica en un hospital regional. Los agresores lograron huir tras el ataque.

Por otra parte, la Fiscalía dio a conocer que ya logró identificar a 19 de las 20 personas (17 hombres y 3 mujeres) que murieron el pasado domingo, en un palenque de gallos clandestino en el municipio de Zinapécuaro.

Entre las 19 víctimas identificadas se encuentran José Abiel A. y Salvador A. Padre e hijo que eran propietarios del rancho El Paraíso, lugar donde se llevó a cabo el palenque. Ambos, al igual que una mujer de nombre Melissa S., contaban con las nacionalidades mexicana y estadounidense.

La Fiscalía precisó que otro cuerpo corresponde a un varón que, de momento, solo ha sido identificado con el alias del ‘Chapo’, de presunta nacionalidad guatemalteca, por lo que el Gobierno de México ya pidió la colaboración de la embajada de Guatemala.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reveló este miércoles que entre las 20 víctimas se encuentran varias personas con antecedentes penales y presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes.

De las investigaciones que ha realizado la Fiscalía se desprende que el ataque al palenque fue perpetrado por un grupo de sicarios del cartel de Los Correa, que opera en los límites de Michoacán y el Estado de México, por supuestas venganzas contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al menos 20 muertos dejó un tiroteo la noche de ayer en Michoacán, estado que se ha visto rebasado por la violencia que deja el enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

«19 cuerpos sin vida (16 hombres y tres mujeres), que presentaban heridas producidas por disparo de arma de fuego» fueron hallados en la localidad de las Tinajas, indicó la madrugada de este lunes la Fiscalía General estatal (FGE) en un comunicado.

Sin embargo, un hombre murió mientras era trasladado para recibir atención médica «por lo que suman 20 las personas que murieron en esta agresión», dijo más tarde la FGE.

Además, la Fiscalía agregó que otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Según las autoridades, la FGE fue informada a las 22:30 locales de una «agresión perpetrada contra los asistentes a un palenque» y abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades trabajan «con el objetivo de capturar a los responsables de los hechos violentos registrados en un palenque clandestino en Zinapécuaro, donde hay varios heridos y fallecidos», indicó en Twitter la oficina de la secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Michoacán y Guanajuato son dos de los estados que más violencia registran en todo el país, debido a la guerra entre bandas rivales involucrados en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales como el comercio de combustibles robado, el llamado huachicol.

Michoacán también es la mayor región productora de aguacates del mundo y las amenazas proferidas vía telefónica el pasado mes contra un inspector estadounidense en la zona provocaron que Estados Unidos suspendiera las exportaciones durante más de una semana.

Apenas el mes pasado, un grupo armado asesinó a entre 10 y 17 personas durante un velorio, según reportes de prensa, en un ataque atribuido al enfrentamiento entre bandas rivales.

«Es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación», había dicho entonces el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía.

El gobierno no pudo determinar el número de fallecidos en esa masacre debido a la ausencia de los cuerpos, pero los perfiles genéticos de al menos once personas fueron hallados en el lugar.

En 2021, Michoacán registró 2,732 asesinatos, equivalente a poco más del 8% de los 33,315 homicidios dolosos ocurridos en todo México.

El 10 de marzo, el alcalde del municipio de Aguililla en Michoacán, César Valencia, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en una camioneta del ayuntamiento a plena luz del día.

Autoridades de Michoacán ofrecen una recompensa de 100,000 pesos a quien proporcione información que permita la captura de dos presuntos sicarios, involucrados en el asesinato del periodista Armando Linares López.

Adrián López Solís, fiscal general en Michoacán, informó que la Fiscalía estatal solicitará en las próximas horas la colaboración de la Interpol, ante la posibilidad de que ambos prófugos hayan abandonado o intenten huir de México.

El fiscal reveló que los dos presuntos asesinos fueron identificados como Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, de 21 y 39 años de edad respectivamente, en contra de quienes ya existen órdenes de arresto por el delito de homicidio calificado.

“Estamos solicitando, de manera oficial, la colaboración de las autoridades homólogas en el país para la difusión de la cédula (de búsqueda), y se hará lo propio ante la Dirección General de Asuntos Policiales Nacionales e Interpol, para la emisión de la ficha roja, con el fin de la búsqueda, localización y detención de estos sujetos”, dijo el fiscal de Michoacán en conferencia de prensa.

Armando Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, con sede en Zitácuaro, fue asesinado a tiros el pasado 15 de marzo, a las afueras de su casa.

Su muerte ocurrió luego de que el 31 de enero, Armando Linares alzara la voz por el asesinato de Roberto Toledo, reportero y colaborador de Monitor Michoacán. Las investigaciones por el crimen de Roberto Toledo permanecen sin avances.

La activista Patricia Rivera, defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Baja California, fue asesinada este fin de semana de un balazo en la cabeza en su domicilio, en Tijuana, Baja California.

Tres hombres irrumpieron en su casa, ubicada en la colonia Terrazas de la Presa, y dispararon en la cabeza a Rivera, de 59 años. El ataque tuvo lugar en la noche del sábado, aunque su muerte fue difundido hasta la noche de ayer.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California ha exigido a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que el crimen no quede impune.

Activistas de Tijuana han mostrado su rechazo al asesinato de Rivera, originaria del estado de Sonora y abogada de formación. Se especializó en Madrid en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Con el ataque a la activista, suman tres los asesinatos de periodistas o defensores de los derechos humanos en la entidad: Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, comunicadores, fueron asesinados en enero pasado en la entidad.

Durante el ataque y asesinato de Rivero, resultó lesionado un catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT).

Reporteros, fotógrafos y camarógrafos irrumpieron esta tarde en el Congreso de Michoacán, tras el asesinato a tiros de Armando Linares, periodista y director del portal de noticias Monitor Michoacán.

Los comunicadores michoacanos exigen a las fiscalías de la República y de Estado realizar las investigaciones a fondo para esclarecer el homicidio de Armando Linares, quien apenas el 31 de enero denunció amenazas en su contra tras el asesinato de Roberto Toledo, otro colaborador del mismo medio.

Antes de irrumpir en el Congreso estatal, los periodistas de Michoacán marcharon en la ciudad de Morelia, hasta llegar al Palacio de Gobierno.

Al encontrar las puertas cerradas, avanzaron hacia el Palacio Legislativo, donde irrumpieron hasta el pleno mientras los diputados locales realizaban una sesión ordinaria.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), primera encargada de las investigaciones del crimen de Armando Linares, no ha reportado ningún avance en el caso, que representa el segundo periodista asesinado en el año en Michoacán y el octavo caso a nivel nacional en 2022.

Al respecto, el presidente López Obrador indicó que mañana durante su conferencia matutina se informará sobre este asesinato, así como de todos los que han ocurrido en el año.

Este  miércoles se celebraron los servicios fúnebres de Linares en Zitácuaro, casi en la soledad y solo con la presencia de sus familiares cercanos.

Salatiel Arroyo Zamora, periodista y director del diario El Despertar de Zitácuaro, indicó que el gremio periodístico tiene una sensación de impotencia ante el crimen de Armando Linares, pero también un sentimiento de terror que impide a periodistas alzar un poco más la voz contra la violencia que impera no solo en esa ciudad, sino en todo el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó esta mañana el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, y aseguró que no habrá impunidad en el caso.

«Lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar», dijo el mandatario desde Palacio Nacional; adelantó que mañana, durante el informe de seguridad, se abordará el crimen.

Hace un mes y medio, un compañero de Armando Linares del mismo medio de comunicación, Roberto Toledo, también fue asesinado.

«Dos cosas les adelanto. Una que no son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo del ‘mátalos en caliente’ y segundo, cero impunidad», añadió López Obrador.

Como se ha vuelto costumbre, el presidente recordó acciones del pasado; dijo que cuando se desató la violencia con el presidente Felipe Calderón no había sistemas de protección a periodistas ni tampoco se clasificaban como feminicidios los asesinatos de mujeres. «Imperaba la impunidad», acusó.

«Ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina. Y tampoco se permite la impunidad. (…) Mi abrazo para los familiares y amigos de este periodista asesinado», remarcó.

«Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos. Esto es muy importante, porque si no los del Parlamento Europeo, que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro Gobierno, como lo hacen los periodistas mercenarios», retomó el mandatario.

López Obrador adelantó que en la información que tienen, se sabe que a los periodistas los mataron «bandas de delincuentes», que surgieron «en el periodo neoliberal».

«En ese lamentable caso, de tres periodistas de ese portal de noticias, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego esto no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales», añadió.

Luego de las declaraciones de AMLO, un periodista pidió que se «ahorrara» las condolencias, pues dijo, había mucha indignación entre el gremio periodístico de la entidad. El reportero habló de «emergencia nacional» y pidió una campaña de «prevención», más allá del mecanismo existente.

Al respecto, periodistas de Michoacán, exigieron al presidente seriedad para tratar el asesinato de Armando Linares.

A través de un posicionamiento en redes sociales, más de 140 reporteros, fotógrafos y camarógrafos adheridos al colectivo #NiUnoMásMichoacán, acusaron que la administración de López Obrador, el gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE), ignoraron las amenazas que denunció Armando Linares López el pasado 31 de enero, cuando sicarios también asesinaron a balazos a su compañero reportero Roberto Toledo, en un despacho jurídico del municipio de Zitácuaro.

«Este martes el compañero Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, fue asesinado en su hogar en Zitácuaro, frente a sus hijos. Armando denunció públicamente en diferentes momentos amenazas en su contra y de personal de Monitor Michoacán», apuntó el colectivo en su mensaje.

Recordó que el 31 de enero, Roberto Toledo Barrera, quien laboraba en Monitor Michoacán fue también cobardemente asesinado. «Tras el asesinato de Roberto fuimos testigos de la actuación institucional del gobierno Federal y el Estatal para desestimar las amenazas contra los compañeros de Monitor Michoacán».

Armando Linares López fue asesinado a balazos este martes frente a su familia, en el interior de su hogar ubicado en la colonia Carabanchel de Zitácuaro, colindante con el Estado de México.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras, desde el inicio de año hasta la fecha en México hay ocho periodistas asesinados por su labor, incluida la de Linares.

El gobierno de Michoacán, que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que colaborará con las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía, en torno al asesinato de Armando Linares.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Adrián López Solís, no reporta avances en las investigaciones por el asesinato de Armando Linares y su compañero reportero Roberto Toledo.