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La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que contempla diversos cambios a la reforma laboral, entre los que se encuentra la libertad y la democracia sindical de los trabajadores.

Luego de someterlo a votación ante el Pleno, el dictamen fue avalado por 417 diputados, mientras que una legisladora del PAN votó en contra, y se registraron 29 abstenciones.

Las leyes que se reforman son: Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Seguro Social (IMSS).

Tras su aprobación en lo general, la Mesa Directiva informó que se presentaron 104 reservas para discutirse en lo particular.

El PAN, quien fue uno de los grupos parlamentarios que más se opuso al dictamen, acusó que se estaba de “rodillas” ante el gobierno de los Estados Unidos, pues dijeron hubo presión por parte del país vecino para que se aprobara, todo relacionado con la ratificación del T-MEC.

Lamentaron que ante las presiones, faltó tiempo para el análisis y discusión de la reforma, la cual calificaron como “avanzada”, misma que ahora “queda corta”.

El tema que causó división entre la bancada de Morena, y que fue apoyado por la bancada del PT, fue del outsourcing. Solicitaban que el outsourcing y la subcontratación desaparecieran del proyecto. “No al outsourcing”, “No a la subcontratación”, “basta de sindicatos charros”, reclamaron con pancartas.

Luego de más de tres horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló, sin cambios, la minuta de reforma constitucional, devuelta por el Senado de la República, que crea la Guardia Nacional.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 463 votos a favor, uno en contra (de la diputada sin partido Ana Lucía Riojas Martínez) y cero abstenciones.

Ahora, la Cámara turnó la reforma constitucional a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen señala que la Guardia Nacional, que se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Militar y Naval, estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional en la materia.

Estipula que la formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una formación policial. Adicional establece un periodo de cinco años para que el Ejecutivo federal pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, en tanto la nueva corporación desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

El análisis de la minuta inició a las 12:55 horas, con la fundamentación del dictamen. Posteriormente inició la discusión en lo general y al término prosiguió la votación nominal en lo general y en lo particular, dado que no se presentaron reservas de modificación.

El pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen original y lo envió al Senado, donde fue sujeto de diversas modificaciones, las cuales finalmente se aprobaron el 21 de febrero pasado.

Entre los cambios destacó la eliminación de la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Guardia Nacional, donde participarían militares.

 

Las Comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, aprobaron las minutas del dictamen de Ley de Seguridad Interior.

 

La Senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que es urgente darle viabilidad al marco normativo, pues en la última década el país ha atravesado por una crisis rebasa el umbral de la seguridad pública, y pone en riesgo la seguridad interior, como es la delincuencia organizada, generadora de delitos derivados del narcotráfico, entre otros.

 

Por su parte el Senador Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que el debate ha sido amplio y por muchos años se escucharon todas las opiniones y voces respecto a este delicado asunto y negó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o “fast track” para aprobar este proyecto.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, manifestó que los cambios son insuficientes y no generan ningún tipo de control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos; sólo se trata de cubrir la inconstitucionalidad de la Ley, fomentan la opacidad y no cumplen con las expectativas de los organismos internacionales y especialistas.

 

Quien también hizo un planteamiento al respecto, fue el Senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, quien sostuvo que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los Senadores, sino que han solicitado un marco jurídico para servir mejor a México.

 

Al interior de la Cámara, hubo Senadores que se manifestaron en contra, argumentando que Ley busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad, regresar al país al presidencialismo autoritario con facultades metaconstitucionales y no garantiza la paz, la seguridad ciudadana ni da certeza jurídica.