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Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

Miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El lunes, los padres de los jóvenes acusaron al Presidente López Obrador, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran no ha entregado toda la información del caso, tal como denunció en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ese día, Rosales dijo a medios al salir de la reunión que la Secretaría de Gobernación de México está ofreciendo una narrativa similar a la llamada “Verdad Histórica” que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, respecto al caso de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Ayer, el abogado volvió a detallar que la declaración presentada el lunes a los padres y que hoy se presentará a medios de comunicación recurre a pruebas que ya se desestimaron y no avanza en el objetivo principal de los familiares, que es saber qué sucedió y conocer el paradero de los jóvenes.

Recordemos que el 20 de septiembre, los padres se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que ya está toda la información en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, respondió el presidente ayer.

La marcha, la más multitudinaria de los últimos años, salió la tarde de ayer desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo, donde Palacio Nacional fue resguardado con vallas metálicas.

Los padres, visiblemente agotados después de una semana de actividades de protesta en la Ciudad de México, y nueve años en la lucha, marcharon al frente de la movilización y se pararon frente al antimonumento de los 43 estudiantes, donde realizaron un conteo como recordatorio ante la larga ausencia de sus hijos.

Al llegar al Zócalo hicieron un mitin donde recordaron que su prioridad es conocer el paradero de sus hijos y exigieron una vez más que se continúen las investigaciones de manera rigorosa y seria, alejándose de la Verdad Histórica, además de insistir en la necesidad de que el Ejército libere la información faltante.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Admitió tener “diferencias” sobre el rol del Ejército con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hecho que cumple 9 años sin resolverse en medio de señalamientos contra las Fuerzas Armadas por obstruir la investigación.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, dijo el mandatario.

Los padres de los desaparecidos acusaron ayer al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, añadió López Obrador.

Según el mandatario, los padres se negaron la tarde de ayer a recibir un informe que él les envió en el que prometió un reporte del Ejército sobre cuántas fojas y expedientes se han entregado, el compromiso de buscar más documentos, y la publicación de las grabaciones que compartió Estados Unidos sobre el caso.

López Obrador prometió publicar toda la información este martes, y atribuyó a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.

“Podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno federal “colaborar efectivamente y entregar toda la información” sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“La ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances solo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”, expuso en un comunicado.

Al presidente López Obrador se le acaba el tiempo para que cumpla con su promesa de resolver el caso como se comprometió, en su último año de mandato, pues su administración terminará en octubre de 2024.

El organismo reconoció que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) han permitido identificar a 434 actores relevantes, y detener a 132 presuntos responsables, incluyendo a 14 militares.

Pero matizó que “lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana que el Ejército “ha entregado toda la información” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto luego de su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, afirmó el mandatario.

Ayer el mandatario se reunió con los familiares de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el que los padres le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó a la salida de la reunión que “el presidente ha protegido mucho al Ejército desde hace tiempo”. López Obrador defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque prometió una revisión.

“Ellos sostienen eso, pero la Defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando desde ayer es una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía. O, en efecto, faltaba entregar otra información, o ya no hay más”, explicó.

El encuentro llegó a días de que se cumpla el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla su promesa de aclarar el caso y conocer el paradero de los normalistas, antes de que termine su mandato, el 1 de octubre de 2024.

“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto, y por eso quería también la reunión ayer con ellos, para informarles, y quiero entregarles el lunes a cada uno, cada madre y cada padre, un expediente”, añadió.

Y es que explicó que luego del encuentro de ayer, se acordó volverse a reunir el próximo lunes donde darán respuesta a los planteamientos que hicieron ayer. Aclaró que no estará presente en la nueva reunión pues tiene “otras cosas” que atender.

El mandatario prometió que la Secretaría de Gobernación entregará “un acopio” de lo que se ha entregado “para no seguir ahondando diferencias” con los padres y “para que no haya desinformación”. Se comprometió a que los documentos no están “testados o con renglones tachados”.

Cuestionado sobre si se dará a conocer la información que se intercambie con los familiares, López Obrador dijo que una vez que lo tengan, los padres serán libres de hacerlo público.

AMLO argumentó que “esto no es nada más un asunto social, profundamente humanitario”, pues recordó que sus “adversarios” han usado el tema para “dañar” a su Gobierno.

“No queremos que estos falsarios, pseudodefensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército”, defendió una vez el presidente.

López Obrador defendió los resultados al señalar que hay decenas de militares detenidos, incluyendo dos generales. En ese sentido, se revelaron dos cartas dirigidas al titular de Sedena, donde se le instruye procesar a elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.

Recordemos que la Comisión de la Verdad, creada por el actual gobierno, concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, desmintiendo así la llamada Verdad Histórica de la administración pasada.

Organizaciones civiles acusaron al General Rafael Hernández Nieto de recibir “tratamiento preferencial” para seguir fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El General “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indica un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas” en el actual sexenio.

El General está detenido por presunta delincuencia organizada desde del mes pasado, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, Guerrero, donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Las asociaciones recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, señalaron.

El hecho ocurre mientras crece la polémica desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado proteger al Ejército al señalar que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales y el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Sin embargo, las ONG señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.

Autoridades detuvieron a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó este lunes sobre la detención del exfuncionario.

“La madrugada del 25 de junio, la Fiscalía General de la República detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, dijo Encinas.

Además, recordó que Ramírez Gutiérrez está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

El exfuncionario cuenta con dos órdenes de aprehensión y una de reaprehensión, pero hasta ahora la FGR no ha revelado los cargos por los que fue detenido.

En julio de 2019, Ramírez Gutiérrez renunció a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la SEIDO.

Como encargado de esta unidad, participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, así como en diversas averiguaciones sobre delincuencia organizada.

Recordemos que la investigación oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la que participó el funcionario, apuntó como “verdad histórica” que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y echó abajo la versión oficial, además de denunciar el uso de tortura en las investigaciones de este caso.

La semana pasada, 8 militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron detenidos por su posible implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Estas detenciones se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados del mismo delito.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó de nuevo al exprocurador Jesús Murillo Karam, en esta ocasión por un supuesto delito de torturas en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, integrante de Guerreros Unidos, quien participó en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que Murillo Karam se encuentra detenido desde agosto de 2022. Se trata del primer político de alto nivel apresado e imputado por la desaparición en 2014 de los estudiantes.

Ayer, en la audiencia inicial que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Murillo Karam compareció por videoconferencia desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido.

Murillo Karam fue imputado por los delitos de tortura, desaparición forzosa y coalición de servidores públicos, en los que habría incurrido para fabricar la conocida “Verdad histórica”, versión del gobierno para ocultar la participación de varias estructuras del Estado en los hechos.

En el caso de ‘El Cepillo’, la Fiscalía sostiene que fue torturado durante los interrogatorios para que corroborara la versión oficial y prueba de ello es una grabación en la que el sicario aparece en un cuarto esposado y encapuchado, siendo amenazado por el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia.

La defensa legal de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia donde el juez decidirá si se le vincula a proceso, se retomará el próximo viernes.

A inicios de mes, los abogados del ex funcionario alertaron que el estado de salud de su cliente era delicado, por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Debido a estos padecimientos, Murillo Karam ha tenido que ser trasladado en diversas ocasiones a centros hospitalarios; sin embargo, ha tenido que regresar al reclusorio donde también recibe atención médica.

Siete policías estatales y dos agentes municipales, fueron detenidos este miércoles por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, reportaron autoridades federales y estatales.

La detención ocurrió alrededor del mediodía de ayer, pero se confirmó por la noche por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG), que mediante un comunicado anunció su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se cumplió una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, confirmó la SSPG.

La dependencia precisó que la detención estuvo a cargo la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cuyo operativo también participó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con versiones periodísticas, los agentes de la Policía Estatal habrían sido detenidos mientras participaban en un curso en las instalaciones de la Universidad Policial (Unipol) en Chilpancingo, capital del estado.

Tras su detención, los agentes fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR, en donde la vigilancia se mantuvo a cargo de agentes de la Marina y de la AIC, quienes ocuparon vehículos de la misma Policía Estatal. Sobre la detención de los policías de Iguala no se dieron detalles.

Trascendió que hay otras órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de miembros de las mismas corporaciones y que se podrían cumplimentar en las próximas horas.

Recordemos que hace un año, en marzo de 2022, fue detenido en Nayarit el militar retirado Leonardo Vázquez Pérez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes.

La FGR lo acusa de su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalada de participar en el ataque.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos. Tiempo después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.

El encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según una nota de The New York Times.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó este miércoles a la Presidencia de la República revelar el expediente que compartió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe publicar los documentos que él dijo haber recibido en mayo de 2021, tras una reunión virtual con Harris, sobre los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014.

“En el INAI impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño”, argumentó la comisionada Norma Julieta del Río.

López Obrador pidió el expediente a Harris como parte de la investigación de la Comisión de la Verdad de se creó en su gobierno, y que en agosto pasado determinó que el caso de Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Dicho expediente, entregado por el gobierno de Estados Unidos, incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país a Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas.

El INAI justificó su decisión porque el caso “es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido” México.

“Quienes integramos este pleno hemos impulsado en todas y cada una de nuestras ponencias la apertura de toda la información relacionada con el caso Ayotzinapa”, añadió la comisionada Del Río.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos.

Pero, después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias en dicho reporte.

A esto se suma que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según indicó el diario estadounidense, The New York Times.

Recordemos que según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con el GIEI, que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron ayer una denuncia pena contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegando el uso de pruebas falsas.

Esta denuncia podría afectar el proceso de la investigación, con la que se ha comprometido el presidente López Obrador, e incluso alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.

El general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel fueron quienes presentaron la denuncia.

Los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.

Independiente de las investigaciones que adelanta la comisión gubernamental, la Fiscalía General de la República avanza desde hace varios años un proceso que llevó a las detenciones de algunos exfuncionarios y los militares.

A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 normalistas.

Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González señaló a Encinas de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.

“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones. y la reputación del Ejército”, sostuvo el abogado en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre quiénes podrían ser alcanzados por la acción judicial, González afirmó que todo dependerá de lo que decida la Fiscalía.

Luego del pronunciamiento de los abogados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, afirmó que los militares acusados “buscan confundir” con la “anuencia del mando”.

La organización dijo que la no verificación de parte del informe de la Comisión de la Verdad “no resta valor a pruebas de acusación” sobre colusión entre el narco y miembros del Ejército.

Y es que la investigación sobre la desaparición de los normalistas se vio envuelta en polémica la semana pasada luego que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, cuestionó la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad.

Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que dijeron, complica la verificación de las evidencias.

Por su parte Encinas defendió las acciones de la Comisión y afirmó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que se ha desatado una “intensa campaña” para “desacreditar el trabajo y las investigaciones”.

Recordemos que el subsecretario de Gobernación presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió este martes en defensa de la investigación de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de los cuestionamientos que hiciera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El mandatario afirmó que los elementos que presentó la Comisión de la Verdad de su Gobierno en agosto pasado son “sólidos” aunque el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló inconsistencias en al menos 181 de un total de 400 capturas de pantalla usadas como evidencia.

“Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

Ayer, el GIEI dijo que tras un peritaje, no era posible garantizar “la originalidad de los mensajes” de sospechosos en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

López Obrador respondió que el GIEI se dividió y que es “un asunto complejo”, al denunciar que hay “intereses de por medio”.

“Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica, imagínense lo que ha costado el descubrir lo que sucedió realmente”, apuntó.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad que reconoció que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y que los da por muertos.

Además, la semana pasada, el diario estadounidense The New York Times publicó que “el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo” mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”.

Ante los cuestionamientos que se le han hecho, el presidente reiteró que se le tiene “toda la confianza” a Encinas, a quien llamó un “hombre íntegro, recto, e incapaz de falsear información”.

“Se tienen todos los elementos para sostener la investigación, y se van a seguir haciendo averiguaciones, y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, añadió AMLO..

Sobre los padres de los 43 jóvenes, López Obrador dijo entender “su situación tan delicada, tan triste”. “Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”, remató.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa señaló este lunes inconsistencias en el último informe del gobierno sobre la desaparición.

Tras un peritaje, el GIEI determinó que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes” de chat de presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

Recordemos que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentó el pasado agosto su último informe en el que, además de reconocer que fue un “crimen de Estado” con funcionarios implicados de todos los niveles, compartieron más de 400 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, de las que “al menos 181” presentan inconsistencias, según el GIEI.

En una conferencia de prensa este lunes, dijeron que en primer lugar “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros, su autenticidad y tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo donde se encuentra configurada la copia del screenshot (captura)”.

Asimismo, indicaron que aunque visualmente la versión de la aplicación es la utilizada entre 2012 y 2015, en ese momento no existía la posibilidad de videollamada, pero sí aparece el icono.

Igualmente, tampoco existía la posibilidad de la doble verificación azul (confirmación de mensaje enviado y recibido), pero sí aparece en la imagen.

Por otra parte, hay capturas que se generaron anteriormente a la fecha en la que se señala que se enviaron los mensajes.

“Los mensajes analizados no pueden considerarse como prueba digital”, detalló Francisco Cox Vial, uno de los cuatro expertos del GIEI. “Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”, consideró Angela Buitrago, otra de las integrantes.

A pesar de esto, el grupo insistió en que las más de 80 órdenes de captura solicitadas por la unidad especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) no se emitieron como consecuencia del informe, sino de la investigación de la propia unidad, por lo que sí deben ejecutarse al haber elementos suficientes que las sustentan.

“El GIEI valora de forma positiva la entrega del material para hacer el peritaje y la disposición a que se revise. Además, pide compromiso de la Comisión de la Verdad y que en su actuación en el futuro entregue la información al GIEI antes de dar cualquier paso. La consistencia de la información tiene que basarse en los estándares mas altos”, aseveró Claudia Paz y Paz.

El GIEI, que había prolongado por un mes sus actividades, detalló que a partir de este momento quedarán solo dos de los cuatro expertos, Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago, para ejecutar un mecanismo de seguimiento del caso, ante el movimiento suscitado tras la publicación del informe el 18 de agosto y de que la FGR cancelara más de 20 de las 80 órdenes de captura solicitadas.

Además, el GIEI consideró necesario que permanezcan porque el nuevo equipo de la unidad especializada que llegó después de la renuncia del ahora exfiscal especial Omar Gómez Trejo en septiembre “no tiene conocimiento suficiente del caso”.

Carlos Martín Beristain opinó que México está ante una oportunidad de demostrar que la voluntad política junto con independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la Justicia.

Asimismo, expresó que con la investigación se juega la respuesta digna a los familiares, que no solo tienen a sus hijos desaparecidos, sino que han sido víctimas de mentiras y versiones distorsionadas de las autoridades.

“La desaparición forzada no se cierra hasta que se ha dado respuesta al derecho a la verdad y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos”, terminó el experto.

Recordemos que el New York Times publicó la semana pasada una entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la comisión del caso Ayotzinapa, en la que el funcionario asegura que las capturas podrían ser falsas, aunque días después rechazó haber descalificado el informe.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes obstáculos o resistencias de parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a las denuncias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración”, aseguró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador respondió así a las acusaciones que el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera ayer, en donde alertó de la intromisión y obstrucción de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército para investigar el “crimen de Estado” de los estudiantes.

Los expertos del GIEI afirmaron que las intromisiones en la FGR derivaron en la renuncia esta semana del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, además de que señalaron que en la fiscalía “se ha tratado de frenar las investigaciones” y “se han dado órdenes de no judicializar”.

El presidente afirmó que el fiscal siempre ha colaborado desde que él asumió el gobierno en diciembre de 2018 con la promesa de resolver la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero ni del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) porque hablé con ellos y les pedí apoyo y colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo: ‘es que no podemos llegar tan alto'”, sostuvo.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario, derivado del reporte de la Comisión de la Verdad del Gobierno que reconoció el pasado 18 de agosto que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército.

Sin embargo, el reporte también generó indignación. Los padres de los jóvenes han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas, después de que la FGR cancelara la semana pasada 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“Cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe, y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa con información de ese informe, y no dudo de que en la fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión”, argumentó López Obrador.

El mandatario también sostuvo que a la Comisión de la Verdad se le entregó “toda la información que solicitaron”, aunque el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas no han querido abrir todos los archivos, que incluyen pruebas de que espiaron a criminales, estudiantes y autoridades la noche de la desaparición.

“Yo personalmente hablé con el secretario (de la Defensa Nacional), con el almirante (de la Marina), con todos, para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos, y por eso también se avanzó”, defendió.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la intromisión y obstrucción de la Fiscalía y el Ejército para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El GIEI lamentó la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló, sin consultarlo, 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“No es solo su renuncia, es por qué renuncia, y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho”, indicó la abogada Claudia Paz.

El GIEI, que concluye su mandato mañana 30 de septiembre aunque ha pedido una prórroga, ofreció una conferencia tras el informe del pasado 18 de agosto de la Comisión para la Verdad del Gobierno, que reconoció que la desaparición fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Ángela Buitrago denunció que en la FGR “los hechos concretos sí es categóricamente que se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.

Mientras que Francisco Cox acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de “romper” el acuerdo que en junio de 2019 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Desde un inicio, observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales”, aseveró.

Recordemos que el GIEI difundió una investigación en marzo pasado que muestra que el Ejército intervino con programas de espionaje como Pegasus las comunicaciones de autoridades, el cártel de Guerreros Unidos y familias de los estudiantes, incluso en tiempo real mientras ocurrían los crímenes.

Buitrago reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ordenado revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), pero las Fuerzas Armadas muestran resistencia.

“Las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos e interceptaciones, y niegan que ellos hayan realizado, el Ejército en particular, estas actividades, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de la documentación que recuperamos”, comentó.

La abogada Paz aseguró que “estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal (Guerreros Unidos) con militares, con menciones específicas a personas que están ya consignadas y a otras. También se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado”.

Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa importante de campaña a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: que de llegar a la presidencia daría con sus hijos y el crimen de aquel 26 de septiembre del 2014 quedaría resuelto. Ya en la presidencia, López Obrador se ha topado con un enorme dilema. Si quiere cumplirle a los padres esta promesa, tiene que quedar mal con el Ejército.

¿Por qué? Porque el informe que dio a conocer hace unos días el subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa culpa a integrantes del ejército de haber asesinado a algunos de los 43 desaparecidos. Por ello la FGR giró 20 órdenes de aprehensión en contra de militares. El dilema es pues: o queda bien con los padres de los 43 o queda bien con el ejército.

¿Cómo se le salió tanto de control el asunto de Ayotzinapa a este gobierno? ¿Cómo llegan al octavo aniversario tan mal parados?

Primero, lejos de haber claridad respecto a lo ocurrido en Iguala esa noche, hay mayor confusión.

Segundo, el Ejército claramente no está contento con la versión del subsecretario Alejandro Encinas. En esta versión, que al ser del Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, es la del gobierno, integrantes del Ejército quedan señalados de haber participado en la tragedia de Iguala. Es tan claro el descontento de los militares con la versión gubernamental que han presionado para que se retiren las órdenes de aprehensión en contra de sus elementos. Lo han logrado ya en 16 de ellas, lo que no ha deber sido un sapo fácil de tragar para el Fiscal Gertz Manero. Además, le otorgaron una muy buena y exclusiva entrevista a mi colega, Jorge Fernández Menéndez, con el General José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 batallón del Ejército con sede en Iguala.

El General ha sido señalado por Encinas como uno de los responsables de lo ocurrido en Ayotzinapa. En concreto, de haber ordenado la ejecución de seis de los estudiantes. La entrevista ocurrió en los locutorios del Campo Militar número Uno en donde se encuentra Rodríguez Pérez quien se presentó voluntariamente ante las autoridades castrenses al ser señalado por Encinas. Lo hizo como una forma de aclarar su nombre ante estas acusaciones.

La entrevista es muy clara y es evidente que ocurre como un esfuerzo de los militares por defenderse de los señalamientos que ha hecho sobre ellos el gobierno de López Obrador. El presidente parece que no entendió cuando la detención de Salvador Cienfuegos que en el ejército no hay sexenios. Los del pasado y los del presente son los mismos y no les gusta un ataque del gobierno.

Tercero, todos, incluyendo a los padres de los 43, hemos visto como este gobierno ha decidido politizar la justicia. Al excarcelar al Cabo Gil, integrante de Guerreros Unidos quien confesó haber participado en la desaparición de los normalistas, y al detener al exprocurador, Jesús Murillo Karam, queda de manifiesto que lo último que le importa al gobierno es la justicia.

Cuarto, la Unidad Especial de Investigación y Litigación se ha quedado ahora sin su titular. El fiscal Omar Gómez Trejo decidió renunciar. Algunos dicen que nunca debió haber sido nombrado fiscal; otros que renunció porque no quiso seguir siendo parte del show político en el que se ha convertido el caso Ayotzinapa. La gota que derramó el vaso, según esta versión, fue el descontento con el retiro de las ordenes de aprehensión a los militares.

¡Cómo ha dado vueltas este caso! Pasamos de un López Obrador que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegaba a cualquier mitin con su coro para que contaran hasta 43 y cerraran con “Vivos se los llevaron; vivos los queremos” a un presidente arrinconado entre cumplir con su promesa de campaña o cumplirle al ejército al dejarlo al margen de las investigaciones.

Columna completa en El Universal

El fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, contestó el mandatario luego de ser consultado sobre el tema.

La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 tras llegar al poder el presidente López Obrador, se confirmó luego de que se supiera que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos y militares por su relación con el caso, porque “no estaban en el informe” de la comisión de la verdad.

La renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre.

López Obrador detalló que el Fiscal prefirió dejar el cargo ya que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

“Hubo diferencias, y yo apoyó que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento”, defendió el presidente.

López Obrador envió un mensaje a los padres y familiares de los normalistas respecto a que la investigación continuará pese a las presiones que el gobierno federal está recibiendo.

“Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo de que tengan confianza, de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean (…) estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir”, enfatizó.

El presidente se refirió también a sus adversarios, los “conservadores y corruptos” que ordenaron el crimen; les dijo que pese a todos los intentos que haga, “no descarrilarán” la investigación que se sigue.