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El fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista», contestó el mandatario luego de ser consultado sobre el tema.

La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 tras llegar al poder el presidente López Obrador, se confirmó luego de que se supiera que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos y militares por su relación con el caso, porque «no estaban en el informe» de la comisión de la verdad.

La renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre.

López Obrador detalló que el Fiscal prefirió dejar el cargo ya que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

«Hubo diferencias, y yo apoyó que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento», defendió el presidente.

López Obrador envió un mensaje a los padres y familiares de los normalistas respecto a que la investigación continuará pese a las presiones que el gobierno federal está recibiendo.

«Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo de que tengan confianza, de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean (…) estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir», enfatizó.

El presidente se refirió también a sus adversarios, los «conservadores y corruptos» que ordenaron el crimen; les dijo que pese a todos los intentos que haga, «no descarrilarán» la investigación que se sigue.

Con las fotografías de sus hijos en sus pechos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 participaron este lunes en la enésima marcha para exigir justicia.

Poco después de las 16:00 horas, tal como estaba anunciado, partió el contingente que se dio cita en la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma

Ahí se reunieron los padres de los desaparecidos, y diversos activistas que participarían en la que han llamado la Jornada Nacional de Lucha a 8 años de los hechos.

El contingente, que fue nutriéndose conforme avanzaba, hizo paradas en puntos estratégicos como el antimonumento a los 43 que se ubica en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez. Algunos de los grupos que se fueron uniendo provenían de distintas escuelas de la UNAM, como facultades de Ciudad Universoitaria o preparatorias y CCH’s.

En su avance, se escuchaban consignas como «vivos se los llevaron, vivos los queremos», «presentación con vida», «castigo a los culpables», «fue el Ejército», entre otras.

Otra de las paradas fue en la glorieta de los desparecidos, casi en el cruce con Insurgentes.

Paralelamente, en la plancha del Zócalo se seguían acomodando las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional, pues será el punto donde la marcha finalice. En redes sociales se difundieron imágenes de cómo las autoridades volvieron a resguardar la residencia del Presidente., quien por la mañana pidió a quienes saldrían a las calles hacerlo en paz y no recurrir a la violencia.

Como suele suceder, un grupo de encapuchados que se ubican en la cola del contingente, comenzaron a realizar pintas en monumentos y edificios sobre Reforma.

Finalmente, el contingente llegó a la plancha del Zócalo, donde realizaron un mitin para exigir justicia y reiterar el llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos, pidiendo que no se proteja a nadie, en referencia al Ejército.

Ese fue uno de los planteamientos que se hicieron desde la plancha del Zócalo. «Cuando se llegó al punto de tocar al Ejército, ahí todo se vino para abajo, todos se echaron la bola», indicaron los familiares.

Mientras tanto y separándose de las protestas violentas, las familias insistieron en que lo que les ha dado fuerza en estos años es la gente.

En las últimas semanas, la Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en la actual administración, calificó el caso de «crimen de Estado» porque según indicó autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron involucradas en las desapariciones y su encubriento y ofreció nuevos datos que confirmaban la participación del ejército en los hechos.

También hubo detenciones importantes de tres militares, entre ellos un mando en la zona y ahora general retirado, y la del ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencias.

Pero algunas sentencias absolutorias, la filtración al diario Reforma de datos del informe de la Comisión que no se dieron a conocer a las familias o la anulación de 21 órdenes de captura, 16 de ellas de militares, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ha indignado a los padres.

Al respecto, el Centro Prodh, ONG de derechos humanos encargada de representar legalmente a las familias de los estudiantes, calificó ese tipo de actuaciones como muy inusuales y preocupantes.

El punto más delicado sigue siendo el Ejército, la institución contra la que los padres arremetieron desde hace ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que hoy es un día de luto nacional, al conmemorarse ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario reafirmó que el gobierno federal mantiene el compromiso de conocer la verdad sobre este caso.

«Vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado; se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Vamos a continuar haciendo justicia”, subrayó en su conferencia matutina.

Como lo ha venido haciendo, López Obrador salió en defensa del Ejército tras las filtraciones de este fin de semana, en relación al papel de los militares en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, aunque descartó que las detenciones de algunos oficiales puedan afectar a la institución.

AMLO afirmó que los cuatro militares detenidos por el caso, entre ellos un general retirado, deben asumir su responsabilidad, pero sostuvo que «eso no significa que es toda la institución la responsable».  Atribuyó los ataques al Ejército a acciones que buscan desprestigiarlo.

Y es que recordemos que a mediados de este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones. Hasta la fecha han sido arrestados cuatro integrantes del Ejército por el caso de Ayotzinapa.

Rodríguez Pérez, quien enfrenta un proceso por delincuencia organizada, fue mencionado por el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la muerte de seis de los 43 normalistas.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad , que difundió este fin de semana en su totalidad Reforma, hay mensajes telefónicos que revelan que hubo militares que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala.

Al ser preguntado sobre la decisión que tomó a Fiscalía General de la República (FGR) de retirar 21 órdenes de detención por el caso, entre ellas las de 16 militares, López Obrador respondió que se van a investigar esas medidas y admitió que «hay diferencias», pero optó por no entrar en detalles; se limitó a decir que eso «no quita que la investigación continúe».

La FGR anunció semanas atrás que había emitido 83 órdenes de detención, entre las que figuraba la del ex Procurador General, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, el pasado fin de semana se conoció que el Ministerio Público retiró 21 de esas 83 órdenes.

Tras la polémica que se generó por la publicación del contenido del informe de la Comisión por parte de Reforma, López Obrador afirmó que en esa acción hubo «mala fe», pero sostuvo que no se deben ocultar las cosas y planteó que hay que revisar por qué se ocultaron algunas partes del informe cuando fue presentado el mes pasado.

“Yo ofrezco disculpas no solo por eso (filtración), sino por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres”, expresó el mandatario.

Descartó que la filtración del informe pueda afectar los procesos judiciales por supuesta violación al debido proceso e indicó que un asunto de procedimiento no puede impedir que se haga justicia. «No vamos a dejar de exigir castigo a los responsables», insistió.

Sostuvo que a pesar de los obstáculos y grupos de intereses creados, el gobierno federal mantiene la voluntad de esclarecer estos hechos bajo la política cero impunidad y cero corrupción.

Hace unos minutos, luego de aplicar movilizaciones «hormiga» en distintos puntos de la Ciudad, comenzó la mega marcha en la CDMX por el octavo aniversario de las desapariciones de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Algunos puntos afectados son: Paseo de la Reforma, distintos puntos del primer cuadro de la Ciudad, Insurgentes, entre otros. Algunos puntos al sur de la capital como Ciudad Universitaria y otros centros de estudios.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en compañía de estudiantes, realizaron este viernes una manifestación que terminó en choques con policías y ataques con petardos y cohetes al Campo Militar Número 1, ubicado en los límites de la CDMX y el EdoMex.

Con pancartas y  fotos de los rostros de los desaparecidos, los inconformes gritaron consignas como “fue el Estado”, “asesinos” y “nos faltan 43”.

Los estudiantes y familiares aseguraron que a ocho años de los hechos siguen en pie de lucha hasta dar con la verdad.

Los inconformes exigieron que se abran los archivos militares del caso y entregar a los elementos involucrados en la desaparición de los jóvenes, además de que se acabe con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos.

Tras el mitin, algunos manifestantes lanzaron cohetones y petardos a las instalaciones militares e, incluso, derribaron una de las puertas del Campo Militar, mientras que los elementos de la policía militar repelieron las agresiones con piedras y agua.

Esta decisión causó diversas críticas pues los chorros de agua alcanzaron únicamente a periodistas que cubrían los hechos.

Desde la semana pasada, familiares y activistas empezaron con las manifestaciones previo al aniversario de la desaparición de los normalistas.

El miércoles, cientos de personas protestaron también y vandalizaron la Embajada de Israel en México, a cuyo gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

Ayer, otro grupo se manifestó frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) donde se usaron bombas molotov y se agredió a policías con diversos objetos como piedras. Además, ayer también un juez concedió un amparo provisional a Murillo Karam para protegerlo de su procesamiento por el caso.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.

Foto: Twitter @antimonumenta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este viernes que hay «intereses» detrás de las protestas violentas que se han producido esta semana por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el próximo lunes cumple 8 años de que ocurriera.

“Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al Gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables», declaró.

El mandatario se refirió a las manifestaciones de esta semana en la Ciudad de México, donde activistas han vandalizado la Embajada de Israel, bloqueado vialidades primarias como Paseo de la Reforma e Insurgentes y herir a un grupo de policía frente a la instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), todos estos actos en protesta por el caso Ayotzinapa.

La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un «crimen de Estado» y que no hay indicios de que estén vivos.

López Obrador, quien prometió esclarecer el crimen al asumir el poder en 2018, argumentó que en las protestas están queriendo «enrarecer la situación» porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto.

«¿Dónde está la no violencia, la resistencia civil pacífica? Encapuchados, tirando piedras, ahí es el conservadurismo, o lo que suele pasar, que los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia», criticó.

Los activistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tienen planeado este viernes un mitin en el Campo Militar Número 1 ante las acusaciones de que el gobierno ha encubierto la participación del Ejército.

«Quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo les digo: no, no somos iguales. Además, si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica», comentó López Obrador.

AMLO remató indicando que su gobierno no es como los anteriores, por lo que nunca a reprimir y siempre va a estar del lado de la justicia. «No traigan bombas molotov, no traigan piedras».

Un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales.

El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el pasado 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.

«Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11:00 horas del 11 de octubre», establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su proceso judicial por el caso de la desaparición de los estudiantes-

El juez reconoció además «la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso».

Diversos medios han señalado que los abogados de Murillo Karam también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva que le fue dictada.

El arresto de Murillo Karam, el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa, ocurrió tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» con autoridades involucradas de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el caso Ayotzinapa a días de que se cumplan ocho años de los hechos.

Israel llamará a consultas al embajador de México después de que ayer activistas vandalizaran la embajada israelí en la Ciudad de México exigiendo la extradición de Tomás Zerón, acusado de ocultar pruebas en el caso de los 43 normalidas de Ayotzinapa.

«Fue citado para que explique la posición de su Gobierno», dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel a la agencia Efe este jueves.

Y es que ayer, un grupo de activistas y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron pintas y destrozos en la embajada de Israel, a cuyo gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de irregularidades en el caso.

A días del octavo aniversario de la desaparición, cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática. Y aunque la protesta se inició de forma pacífica, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar las paredes y a golpear las cámaras de seguridad del recinto.

Los manifestantes acompañaron sus reclamos con gritos de «Palestina libre» y «Viva Palestina» e incluso pintaron «Palestina vive» y «Muerte al sionismo» en las paredes.

En un mensaje publicado en redes sociales, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, indicó que el futuro de la relación diplomática entre México e Israel se mantienen firme pese a los hechos ocurridos ayer.

«Compartimos el dolor de los familiares y respetamos el compromiso» del gobierno federal de conocer la verdad sobre lo ocurrido en Ayotzinapa.

Enfatizó que Israel examina la petición de extradición, aunque en todo momento debe atender sus obligaciones jurídicas internacionales.

Lamentó que ayer durante la protesta se ejerciera violencia y se expresaran mensajes que no tenían relación alguna con el caso de los normalistas.

Recordemos que México anunció en septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Pero el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición. El diario The New York Times publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar abusos contra los derechos en los territorios palestinos.

Foto: S. Servin vía @Foro_TV

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

www.jorgefernandezmenendez.com

 

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca sorpresivamente fue declarado inocente de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, aunque permanecerá en la cárcel porque tiene otros tres procesos en su contra por delincuencia organizada, por su relación con el cártel de Guerreros Unidos.

Es una decisión judicial incomprensible. Existen todo tipo de testimonios de la relación de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, con Guerreros Unidos y de la participación de ambos en el secuestro y desaparición de los jóvenes. Pero pareciera que estamos ante una ola que se olvida de los verdaderos responsables, la mayoría de los sicarios ya están en libertad, para buscar culpables en la política.

Hagamos un poco de memoria para comprender esta decisión que se viene madurando desde hace años, porque hoy parecía que varios de los principales actores políticos tienen amnesia respecto a lo realmente sucedido en Iguala aquel 26 de septiembre de 2014. Los principales protagonistas de aquella tragedia fueron el entonces presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda; los grupos criminales Guerreros Unidos y los Rojos; las relaciones de esos grupos con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero; la participación de dirigentes del PRD y Morena en la región, y detrás de todos ellos la producción de marihuana y goma de opio en la zona.

Comencemos con los esposos Abarca. Hace 30 años, José Luis Abarca recorría el país vendiendo aretes, collares y pulseritas de oro y plata. También vendía sombreros que traía con su abuelo Isidoro desde Toluca a Iguala. Pero unos 15 años atrás, repentinamente, Abarca y su familia se hicieron millonarios. Después de vender durante años sombreros y joyas casa por casa, Abarca un día anunció que invertiría de 300 millones de pesos en la construcción de una plaza comercial en Iguala, la plaza Tamarindos. Era 2008 y para esa fecha ya tenía seis locales comerciales, que en el 2015 se habían transformado en 19 en Guerrero y otros seis en Morelos. Se había convertido en el mayor comerciante de oro de Iguala.

Abarca conoció a la que sería su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la tienda que tenía su abuelo, donde también vendía vestidos de novia. María de los Ángeles y su madre, Leonor, llegaban a la tienda a vender vestidos que ellas mismas hacían. Pero en unos pocos años, también María de los Ángeles se hizo una mujer poderosa y rica. Y como José Luis, con ambiciones políticas.

Ambos coquetearon en alguna época con el PRI pero encontraron cobijo en el PRD. Abarca se hizo candidato del PRD cuando aún no era militante de ese partido y fue impuesto a otros grupos por un acuerdo en el que participaron el entonces secretario de salud de Ángel Aguirre, el ex senador Lázaro Mazón, quien se convirtió en el principal operador de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, y la dirigencia del partido que entonces encabezaba Jesús Zambrano.

Lázaro Mazón, un día llevó a un aspirante externo, José Luis Abarca, ante la dirigencia del PRD, y amenazó con abandonar el partido si no aceptaban a su protegido como candidato en Iguala. La relación de Mazón con los Abarca era vieja. Cuando ambos eran jóvenes, la tía de Abarca le surtía a Lázaro piezas de oro para que pudiera venderlas y así fue como Mazón pudo financiar la carrera de medicina. La relación con Aguirre nació en el 2011, cuando el entonces candidato hacia campaña en Iguala y Abarca le pidió al coordinador de campaña, su compadre Mazón, que le permitiera organizarle un evento en el centro joyero. El 9 de enero de 2011 ahí llegó Aguirre. Fue Abarca quien encabezó el evento, y comprometió su apoyo y el de otros joyeros para el candidato. A partir de ese día, Abarca y María de los Ángeles se involucraron por completo en la campaña, no sólo con apoyo moral sino también aportando millones de pesos.

Para esas fechas María de los Ángeles ya era uno de los principales líderes de la organización criminal Guerreros Unidos en Iguala, y durante los siguientes años se convirtió en la verdadera jefa del cártel en la región, más allá de su propio marido. Sus decisiones pasaban por encima de José Luis y todo el mundo lo sabía. Ella era quien tenía el control de la policía y de los empleados del ayuntamiento. A María de los Ángeles Pineda, en Iguala le decían la guerrera… por su dureza con los empleados y por su relación con el cártel que encabezaron sus hermanos.

La Guerrera, unos días antes de la tragedia de Iguala, prácticamente había alcanzado su objetivo. El 7 de septiembre había sido designada consejera estatal del PRD, cobijada por Nueva Izquierda, por el gobernador Aguirre, incluso por Mazón que ya estaba en Morena y no había dudas de que sería la aspirante a la alcaldía de Iguala en reemplazo de su esposo.

Al mismo tiempo que los Abarca y los Pineda avanzaban en su carrera política y se integraban a las altas esferas de la política guerrerense, el grupo criminal de los Guerreros Unidos, se hizo dueño de Iguala, y desde ahí terminaron controlando 14 municipios en el norte del estado y la Tierra Caliente, además de distintas regiones de Morelos y del Estado de México. Pero todo eso era parte de una larga historia familiar que había nacido años atrás, cuando María de los Ángeles, sus hermanos y sus padres eran parte del cártel de los Beltrán Leyva. Mañana se la contaremos.

Foto: Twitter @J_Fdz_Menendez

Tres militares fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida Guerrero en 2014, informaron este jueves autoridades federales.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante su intervención en la conferencia matutina de Palacio Nacional, que entre los detenido está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrieron las desapariciones.

Adelantó que se espera que se concrete una cuarta orden de captura de otro oficial, aunque no mencionó los nombres de los uniformados.

El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 era el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la «bodega vieja» y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como «el coronel» comentó que «ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes».

El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas telefónicas de emergencia que acreditan que seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de «crimen de Estado» tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Tras el anuncio hecho por Encinas, fue detenido y encarcelado quien fuera titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, también adelantó que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez que liberó en primera instancia al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y 19 personas más, vinculados al caso Ayotzinapa, y quienes también fueran señalados como presuntos responsables en el informe de la Comisión de la Verdad.

“Sobre el fallo de un juez de control de Matamoros, Tamaulipas en contra de José Luis Abarca generó la absolución por secuestro agravado por el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y 19 personas más, esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal”, dijo el funcionario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 «no va a detenerse» ante el reciente reclamo de los familiares, que aún exigen presentarlos con vida.

“Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están pidiendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda», sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la marcha del viernes pasado de los padres de los 43 jóvenes en la que exigieron pruebas «objetivas, científicas e indubitables» de que están muertos, como da por hecho el informe presentado hace dos semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

López Obrador, quien creó la Comisión para la Verdad al asumir la presidencia, prometió que «se le va a dar continuidad» a la investigación, porque «es un compromiso con los padres», pero defendió los hallazgo de la investigación.

“Lo que nos interesa mucho mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero tiene que tenerse certeza completa”, añadió.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un «crimen de Estado» y que no hay indicios de que estén vivos.

El mandatario prometió que “de conformidad con la investigación, se sabe quiénes participaron», por lo que «no va a haber impunidad y todos los que participaron van a ser juzgados», tanto en su desaparición como en el presunto encubrimiento que hicieron las autoridades del caso.

“Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y ya se están aplicado. Pero es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos, y luego es el encubrimiento», manifestó.

Al respecto, este lunes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno federal garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga «una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas».

Esto, indicó, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas».

Recordemos que hasta ahora, el detenido de mayor perfil es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso, y quien desde el viernes pasado permanece en prisión y fue vinculado a proceso.

La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la llama Verdad Histórica, como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Guerrero.

El gobierno federal negó que haya un uso político del informe que presentó la semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que concluyó que se trató de un «crimen de Estado».

«Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad», dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

El subsecretario defendió el informe, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

El subsecretario reconoció que hay un «contenido político», pero consiste en «esclarecer un crimen de Estado». Detalló que las indagatorias se dividen en dos momentos: los antecedentes y hechos de la desaparición y la intervención de autoridades de diferentes órdenes de gobierno que encubrieron el crimen.

Explicó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa cuenta con 41 mil 168 documentos proporcionados por instituciones como las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de testimonios de sobrevivientes.

Además se llevó a cabo el análisis de comunicaciones con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos durante las horas críticas de la desaparición los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El ejercicio permitió ubicar 206 mil registros y 116 números telefónicos de personas clave vinculadas a la red de autoridades y policías municipales.

Alejandro Encinas calificó de «absolutamente falso» el que el informe no diga «nada nuevo» y que solo se base en una fuente de información como los detractores del gobierno, incluido el propio Murillo Karam, han señalado.

Negó que el informe sea igual a la llamada Verdad Histórica, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

«La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones», aseveró.

Señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.

Pese a los avances presumidos, reconoció que aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas. «¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas», añadió.

El subsecretario aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tiene acceso a toda la información recabada sobre el caso.

Un juez determinó esta tarde que existen elementos suficientes para procesar penalmente al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, por diversos delitos en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con información difundida por el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF), Murillo Karam fue vinculado a un proceso penal por los delitos de por desaparición forzada y tortura.

Además, el exfuncionario deberá responder en un juicio por delitos contra la administración de justicia, según decidió el juez en la audiencia que se celebró este miércoles en el Reclusorio Norte.

Durante la audiencia, que dio inicio poco después de las 09:00 horas, el excolaborador del sexenio pasado dijo que la llamada «Verdad Histórica» no había podido ser refutada. «Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores,  pudo haber fallas, y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar».

Murillo, quien también fue diputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, fue detenido el viernes pasado, convirtiéndose así en la aprehensión del exfuncionario de más alto rango hasta el momento por el caso de la desaparición de los estudiantes.

Murillo Karam estuvo a cargo de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto. En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del gobierno federal por resolver lo sucedido.

Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los normalistas de la escuela de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero por órdenes de un grupo criminal. Ahora, fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la Verdad Histórica.

Y es que dar con el paradero de los normalistas fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, quien relanzó las investigaciones tras asumir el cargo a fines de 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañañana que el extiular de la extienda Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso desde el pasado viernes por el caso Ayotzinapa, debe hablar, incluso bajo criterios legales que le beneficien.

Durante su conferencia matutina, AMLO consideró que Murillo Karam podría acogerse al llamado criterio de oportunidad, una figura legal que permite a un testigo declarar bajo protección o con negociación de penas más reducidas.

«Sí, todos (los involucrados en el caso). Inclusive sin acogerse (al criterio de oportunidad) este es un asunto de dignidad, si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar», respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador se refirió a la audiencia que tiene inició esta mañana en la que su defensa busca presentar las pruebas que demuestren su inocencia, aunque también podrían procesarlo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la llamada Verdad Histórica, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

En este contexto, López Obrador le pidió que en la audiencia ofrezca más detalles del caso. «Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden», manifestó López Obrador.

La audiencia del exprocurador, que inició pasadas las 09:00 hrs en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ocurre tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que los normalistas estén vivos.

Recordemos que el criterio de oportunidad fue otorgado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el objetivo de que revelara información sobre actos ilícitos cometidos por servidores públicos de más alto rango.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil del caso hasta ahora, mientras el gobierno busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

«El mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Zerón, de acuerdo con la versión pública, y dada a conocer por la Fiscalía», dijo el presidente, por lo que reiteró su llamado al gobierno de Israel para colaborar con la extradición de Zerón.

«No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta, diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar» dijo AMLO, aunque lamentó que ya se ha haya demorado mucho dicho proceso.

López Obrador también se comprometió a entregar «toda la información, completa» de la Comisión de la Verdad que él ordenó crear en 2018 al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un juez mexicano ordenó garantizar la salud física y mental, así como las comunicaciones de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien fue detenido por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal, en la Ciudad de México, Antonio González, señaló en su resolución judicial que la salud del exprocurador debe ser cuidada en un contexto en el que todavía persiste la pandemia de COVID-19.

El juez indicó que Luis Ángel Hernández, director del Reclusorio Norte, donde se encuentra Murillo Karam desde el sábado, “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica» del detenido.

«Por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”, añadió.

González también le concedió a Murillo una “suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación”, aunque eso no implica su libertad porque se mantiene una orden de prisión preventiva por alto riesgo de fuga.

Además, se ordenó permitir el acceso de familiares, abogados y autorizados.

Fue el pasado viernes, cuando la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada Verdad Histórica.

El exprocurador enfrentó su primera audiencia el sábado, en donde se le concedió una segunda audiencia para el mañana a las 08:00 horas, con el fin de que su defensa presente las pruebas que lo deslinden del “crimen de Estado”.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que habría intervenido Murillo Karam, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 normalistas fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el periodista Jorge Fernández Menéndez sobre la detención Murillo Karam en relación al caso Ayotzinapa, su relevancia e implicaciones políticas, y qué se podría esperar; además del proceso que se le sigue a Rosario Robles.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue respaldado este lunes por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que su nombre se mencionara como parte de la audiencia contra el extitular de las PGR, Jesús Murillo Karam, debido a su presunta participación en un encuentro para crear la llamada verdad histórica de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

«Es un hombre íntegro (…), ha desempeñado un papel sumamente importante para beneficio de las familias en la ciudad», dijo Sheinbaum en un evento al confirmar a la prensa que García Harfuch seguirá al frente de la dependencia.

Y es que un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob), difundido el pasado jueves, señala a diversas autoridades de haber entorpecido las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Tras conocerse el informe, el viernes fue capturado el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsable de las indagaciones, acusado de «desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia».

En la acusación contra el exfuncionario, la FGR señaló a García Harfuch de haber participado, junto con una treintena de autoridades, en una reunión en Guerrero el 7 de octubre de 2014 en la que se habría acordado una línea de investigación que excluía la supuesta responsabilidad de militares.

«Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica'», aseguró en Twitter García Harfuch, uno de los funcionarios mejor evaluados y con más notoriedad en la administración de Sheinbaum, y quien en aquel momento era comisionado de la Policía Federal en Guerrero.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se limitó al decir que «van a salir muchos nombres y eso no responsabiliza a nadie», al ser consultado sobre el funcionario capitalino.

En el mismo sentido se expresó Claudia Sheinbaum, quien defendió que en varias veces ocasiones, su colaborador ha dado la explicación de que él no estaba en Guerrero cuando sucedieron los hechos.

«Entonces, ahora ha hecho una opinión y además es muy importante decir que en la Ciudad de México y desde que él integra, porque él es un hombre íntegro, nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los Derechos Humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las condiciones que tenemos, que es respeto a los Derechos Humanos, seguridad a la población, pero por encima de todo, siempre la verdad y la justicia», añadió la mandataria capitalina.

Recordemos que el 26 de junio de 2020, García Harfuch sobrevivió a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad de México, en el que murieron tres personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que no habrá impunidad para las personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e indicó que todos están siendo juzgados, esto tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que existe una “gran corresponsabilidad” de muchas personas en la desaparición de los estudiantes, ocurrida en Guerrero el 26 de septiembre de 2014, pero dijo que quienes participaron de manera directa “son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra».

Cuestionado sobre si debería detenerse al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el mandatario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) o los jueces los que determinarán si hay otros involucrados.

“Lo van a decidir en absoluta libertad, lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables aparecen nuevas versiones más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, apuntó el mandatario.

Negó que las órdenes de aprehensión hayan tardado en presentarse, pues aseguró que se hizo una “investigación minuciosa” y que se actuó “con mucho profesionalismo”, refiriéndose así al informe presentado el pasado jueves por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó que el acto fue un «crimen de Estado».

“Fueron muchos expertos nacionales y extranjeros, y se hizo una investigación a fondo, y ellos sin injerencia de ningún funcionario público, ni del presidente, elaboraron el informe, y ellos sin injerencia de nadie, ni del presidente, hicieron la lista de los que consideraban responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes, como del ocultamiento de los hechos”, sostuvo.

El presidente hizo estas declaraciones cuestionado sobre la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Murillo Karam, el pasado viernes acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

López Obrador indicó que más allá de las pruebas que se presenten, el exfuncionario reconoció ser el responsable de la investigación que derivó en la “verdad histórica”.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención independientemente de las declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, dijo López Obrador al presentar un fragmento del mensaje que ofreció el ahora titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero en una reunión con los padres de los normalistas.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

El presidente López Obrador adelantó que pedirá al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que comparta mayores detalles, lo “sustancial” del caso, para que no quede “ninguna duda” sobre la investigación de lo ocurrido con la desaparición de los normalistas.